Expediente Nº J-2012-1135

ONPE - APP

Lima, diecinueve de diciembre de dos mil doce

VISTO en audiencia pública, de fecha 19 de diciembre de 2012, el recurso de apelación interpuesto por el partido político Alianza para el Progreso contra la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE, del 28 de agosto de 2012, que declaró infundadas las nulidades deducidas contra la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE, que sancionó al citado partido político por infracción de las normas sobre financiamiento de los partidos políticos, e infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE, teniendo a la vista el Expediente Nº J-2012-735, y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Procedimiento efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y pronunciamiento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2011

Mediante la Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011 (fojas 128 a 129 del Expediente Nº J-2011-735), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante, la ONPE) dispuso iniciar procedimiento sancionador contra el partido político Alianza para el Progreso, por la presunta infracción del artículo 30 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos (en adelante LPP), al recibir de la Universidad Cesar Vallejo S.A.C. dos aportes que superaron el límite legal permitido durante el ejercicio 2010. El monto imputado como aporte en exceso fue de S/. 226 744,00 (doscientos veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles).

Por ello, con fecha 25 de agosto de 2011, la ONPE emitió la Resolución Jefatural Nº 160-2011-J/ONPE (fojas 79 a 84 del Expediente Nº J-2011-735), mediante la cual sancionó al citado partido político con una multa ascendente a S/. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles), suma que equivale a diez veces el monto otorgado en exceso por la referida universidad.

Contra dicha decisión, el partido político Alianza para el Progreso, a través de su personero legal, interpuso, con fecha 9 de setiembre de 2011, recurso de reconsideración. Dicho recurso fue declarado infundado mediante la Resolución Jefatural Nº 197-2011-J/ONPE, de fecha 17 de octubre de 2011 (fojas 32 a 38 del Expediente J-2011-735).

Con fecha 25 de octubre de 2011, el partido político Alianza para el Progreso interpuso recurso de apelación contra la resolución jefatural antes citada.

En razón del recurso de apelación interpuesto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución Nº 0815-2011-JNE, del 12 de diciembre de 2011, declaró nulas las Resoluciones Jefaturales Nº 130- 2011-J/ONPE –por la que se dispuso el inicio de procedimiento sancionador contra el partido político APP–; Nº 160-2011-J/ONPE –por medio de la cual se sancionó al referido partido político con S/. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles)–; y Nº 197-2011-J/ONPE, esta última mediante la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 160-2011-J/ONPE.

Los fundamentos en que se amparó este órgano colegiado fueron los siguientes:

a) El procedimiento sancionador iniciado por la ONPE en contra del partido político Alianza para el Progreso solo estaba relacionado al primer y segundo aporte, esto es, S/. 160 000,00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles) y S/. 282 744,00 (doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), respectivamente, mas no se incluyó el tercer aporte.

b) Tal hecho evidenció una clara transgresión al principio de legalidad, toda vez que la ONPE, al reservarse la atribución de iniciar un nuevo y posterior procedimiento administrativo sancionador por un tercer aporte detectado de la Universidad César Vallejo, distorsionó la naturaleza misma de la infracción retirándole su configuración única y anual.

c) Así también, dicha actuación de la ONPE constituye una amenaza cierta e inminente que se cierne sobre el principio de non bis in ídem procesal que le asiste al partido político Alianza para el Progreso, toda vez que se establece la posibilidad de que se sancione a una misma persona (partido político Alianza para el Progreso), por los mismos hechos (el aporte individual que excede el tope establecido en la LPP durante el mismo periodo anual) y en atención al mismo fundamento (artículo 36, inciso c de la LPP).

En la citada resolución, este órgano colegiado estableció, además, que la ONPE tendría, como máximo, hasta el mes de junio de 2012, para tramitar, resolver y notificar su decisión de sanción al partido político Alianza para el Progreso.

Posteriormente, en el mes de marzo de 2012, en cumplimiento de la Resolución Nº 0815 – 2011 – JNE, emitida por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE emitió un nuevo informe sobre el exceso de aportaciones recibidas por el partido político Alianza para el Progreso, durante el año 2010, de parte de la Universidad César Vallejo S.A.C., en la cual se concluyó lo siguiente (fojas 108 a 117 del Expediente Nº J. 2012-1135):

a) El partido político Alianza para el Progreso recibió durante el primer semestre del año 2010 aportaciones en efectivo de la Universidad César Vallejo S.A.C., por un monto total de S/. 160 000,00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles).

b) El partido político Alianza para el Progreso recibió durante el año 2010 aportaciones de la Universidad César Vallejo, en especie, por un monto de S/. 995 544,00 (novecientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100) que resulta de la suma de S/. 282 744,00 (doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) y S/. 712 800,00 (setecientos doce mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), que fueron utilizados en la publicidad política emitida en su favor entre el 19 de agosto y el 1 de octubre de 2010.

c) El total de aportaciones, en efectivo y en especie, recibidas por el partido político antes citado, durante el año 2010, asciende a la suma de S/. 1 155 544.00 (un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), suma que proviene de las aportaciones en efectivo por un monto de S/. 160 000,00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles), y de las aportaciones en especie ascendente a la suma de S/. 995 544 (novecientos noventa y cinco quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles).

d) Las aportaciones efectuadas por la Universidad César Vallejo al partido político Alianza para el Progreso durante el año 2010, que asciende a la suma de S/. 1 155 544,00 (un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), exceden en S/. 939 544,00 (novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) el tope máximo permitido por la LPP.

Finalmente, en el mencionado informe se señala que el citado partido político recibió durante el año 2010 aportaciones en exceso que, de acuerdo con el artículo 36 de la LPP y el artículo 81, numeral 1, del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, están sujetas a una multa no menor de diez veces ni mayor de treinta veces el monto de la contribución recibida.

Inicio de procedimiento e imposición de sanción en el año 2012

Mediante la Resolución Jefatural Nº 075-2012-J/ONPE, de fecha 17 de abril de 2012 (fojas 175 a 177), y teniendo en cuenta el informe antes detallado, la ONPE dispuso nuevamente iniciar procedimiento sancionador contra el partido político Alianza para el Progreso por la presunta infracción del artículo 30 de la LPP, al recibir aportes que superaron el límite legal permitido durante el ejercicio 2010. Para ello se señaló que el exceso de aportaciones recibido por la Universidad Cesar Vallejo S.A.C. era de S/. 939 544,00 (novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles).

Con fecha 3 de mayo de 2012, el partido político Alianza para el Progreso, absolvió el traslado (fojas 180 a 188) de la Resolución Jefatural Nº 075-2012-J/ONPE, luego de lo cual la ONPE emitió, con fecha 28 de junio de 2012, la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE (fojas 50 a 57), a través de la cual sancionó al citado partido político con una multa ascendente a S/. 9 395 440,00 (nueve millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 00/100), suma que equivale a diez veces el monto del exceso de parte de la Universidad César Vallejo S.A.C. durante el año 2010.

Recurso de reconsideración y nulidad de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE

Posteriormente, con fecha 17 de julio de 2012, el partido político Alianza para el Progreso interpuso recurso de reconsideración y dedujo la nulidad del acto de notificación y la nulidad de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE e ineficacia del acto administrativo que contiene y, finalmente, solicitó la prescripción de la acción sancionadora (fojas 62 a 79).

a) En cuanto a la notificación de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE, esta deviene en nula, toda vez que se efectuó fuera del plazo extraordinario concedido por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución Nº 0815-2011-JNE, que dispuso que la entidad tramite, resuelva y notifique su decisión de sanción al partido político, como máximo hasta junio de 2012. En virtud de dicho exceso en la notificación, la acción sancionadora de la ONPE prescribió.

b) En cuanto al fondo de la controversia, señala que en ninguna de las cláusulas del Contrato Nº 341159 se estipula que parte de la publicidad contratada se va a utilizar a favor del partido político Alianza para el Progreso; además, se tiene la comunicación efectuada por la Universidad César Vallejo, a través de la cual se señala que nunca realizó comunicación alguna con el citado partido político sobre aportes de publicidad.

c) La universidad antes señalada ni el grupo Radio Programas del Perú se comunicaron con la tesorera del partido político sobre el referido contrato, o alguna modificación o adenda al mismo, menos aún sobre algún aporte.

 d) El señor César Acuña Peralta tiene la calidad de persona natural distinta a la persona jurídica de Alianza para el Progreso y carece de facultades para contratar, pues solo la tiene el personero del partido político.

Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE, del 28 de agosto de 2012

Con fecha 28 de agosto de 2012, la ONPE, a través de la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE (fojas 28 a 34), declaró infundado el recurso de reconsideración, bajo los siguientes argumentos:

a) Respecto a la nulidad deducida

La Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE fue notificada dentro del plazo establecido por el artículo 24 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG), que señala que toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco días, a partir de la expedición del acto que se notifique. En ese sentido, al estar debidamente notificada, y dentro de los plazos legales, no es posible amparar la solicitud de prescripción.

b) Respecto al fondo de la controversia

• La ONPE, siguiendo su proceso de investigación y de sanción, dentro del marco del literal c del artículo 36 de la LPP, determinó, previo informe, la existencia de contribuciones individuales superiores a los topes establecidos en el artículo 30 del cuerpo legal antes citado, motivo por el cual impuso la multa correspondiente.

• La ONPE, no está calificando los hechos sucedidos como contratos de naturaleza civil, laboral o comercial u otros, pues no tiene competencia para ello. Lo que ha hecho es una aplicación exclusiva de la ley de la materia.

• No es necesario acreditar el consentimiento o recepción de parte de la tesorera del partido político Alianza para el Progreso, por cuanto el Contrato Nº 341159 y la orden de Publicidad Nº 255, fueron suscritos por el señor César Acuña Peralta, persona que reúne la calidad de presidente de la Universidad César Vallejo y presidente - fundador del partido político antes citado.

• El análisis de la infracción cometida está centrado en el hecho material e inobjetable de que el partido político recibió aportes en exceso por parte de la Universidad César Vallejo.

Recurso de apelación contra la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE

Con fecha 4 de setiembre de 2012, el partido político Alianza para el Progreso a través de su apoderado y personero legal, interpuso recurso de apelación contra la decisión de la ONPE, de declarar infundado el recurso de reconsideración, y en consecuencia, confirmar la sanción de multa impuesta (fojas 1 a 26).

Los fundamentos alegados en el recurso de apelación son los siguientes:

Respecto a la nulidad

a) Solicita la nulidad de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE, toda vez que dicha resolución fue emitida el 28 de junio de 2012 y notificada el 2 de julio de 2012, esto es, fuera del plazo concedido por el Jurado Nacional de Elecciones.

b) Desde la fecha de presentación de sus descargos, vale decir, el 5 de agosto de 2011, hasta la supuesta expedición de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ ONPE, a través de la cual, le impone la sanción de multa, transcurrió más de un año, contraviniendo lo dispuesto en la LPP, que establece el plazo de ocho meses contados a partir del recibo de la documentación de la organización política, para pronunciarse sobre su regularización y adecuación y, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

c) No se ha tenido en cuenta que el Código Civil es de aplicación supletoria a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes; no hacerlo atenta directamente contra el principio de legalidad, incurriendo en causal de nulidad.

Respecto al fondo de la controversia

d) En el caso de autos jamás existió aceptación por parte del partido político respecto al aporte de la Universidad César Vallejo, toda vez que, tal como lo informa el gerente comercial del grupo Radio Programas del Perú S.A. la ONPE, no ha suscrito ningún tipo de contrato publicitario con el partido político Alianza para el Progreso.

e) Está acreditado que ni la universidad antes mencionada ni el grupo Radio Programas del Perú S.A. informaron a la tesorera sobre el referido contrato o alguna modificación o adenda, menos aún de algún aporte.

f) El partido político tampoco realizó a través de su tesorera, que es la única persona autorizada por el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de fondos partidarios, aceptación alguna del supuesto aporte realizado.

g) Si bien es cierto el señor César Acuña Peralta es el presidente del partido político, carece de facultades para contratar publicidad a nombre de este, pues la atribución que le confiere el artículo 21, numeral 9, del Estatuto Partidario, es la de aprobar y autorizar la difusión de las propuestas y planteamientos del partido a través de los medios de comunicación, mas no contratar.

h) En ninguna parte del Contrato Nº 341159 se establece que la publicidad era para el partido político, por lo que la Orden Nº 255-1 no se pudo ejecutar en el marco del contrato antes citado.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

La potestad sancionadora de la Administración y la prohibición de la reformatio in peius dentro del marco del debido procedimiento

1. El debido proceso, como derecho fundamental, exige el cumplimiento de una serie de previsiones y garantías desde el momento en que la persona es sometida a un procedimiento en el que se discuten sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado.

Una de esas garantías es que la potestad sancionadora de la Administración tiene límites y, precisamente, uno de esos límites es la sujeción de la Administración al debido procedimiento reconocido en el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que al respecto establece que «[l]os administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer pruebas y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (...)». Así configurado, el debido procedimiento es una manifestación del derecho al debido proceso, reconocido como derecho fundamental en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha señalado en su sentencia Nº 6785-2006-PA/TC, que «el debido procedimiento administrativo (...) es una manifestación del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución y supone una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la administración, lo que implica el derecho a impugnar sus decisiones(...). Asimismo, significa el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercidas en la práctica».

El Estado, por tanto, tiene el deber de respetar y garantizar la vigencia efectiva del derecho al debido procedimiento cuando los ciudadanos se encuentran sometidos a un procedimiento sancionador. Tal exigencia constitucional supone garantizar al ciudadano no solo la posibilidad de acceder a los recursos, ejerciendo plenamente su derecho a la defensa e interponiendo medios impugnatorios, sino, además, de que una vez ejercida tal facultad, este no vea agravada su posición jurídica, o perjudicada su situación procesal, pues, de ser así, se vaciaría de contenido la finalidad de los recursos impugnatorios afectando el derecho de defensa. Como sostiene el profesor Fernando de la Rúa: «que el no agravamiento de la situación obtenida por el recurrente, que garantiza la prohibición, es consecuencia del objeto defensivo del recurso, ya que de lo contrario, se privaría al recurso de su finalidad específica, esto es, de obtener una ventaja o un resultado más favorable del proceso» [De la Rúa, Fernando. Teoría General del Proceso. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1991, p. 124.].

2. La prohibición de la reformatio in peius o reforma peyorativa como una garantía frente al poder punitivo del Estado, como otras garantías, esencialmente tiene una naturaleza penal, sin embargo, proyecta sus efectos también al ámbito administrativo. En efecto, «la prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto constitucional que forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se aumente la sanción impuesta en la primera instancia. En este sentido, (...) la garantía constitucional de la prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo sancionador y, en general, en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya establecido un sistema de recursos para su impugnación» (Exp. Nº 1803-2004-AA/TC).

Así, la prohibición de la reformatio in peius es una garantía que establece límites al poder sancionador del Estado en un doble sentido. Por un lado, la actividad del órgano revisor queda limitada a lo propuesto por el impugnante, quedando a salvo de que la instancia revisora exceda los términos en que fue propuesto el recurso, y por otro lado, que no se adopte una decisión o se imponga una sanción que termine siendo más gravosa para el recurrente.

3. En ese sentido, el artículo 370 del Código Procesal Civil establece que:

El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa. Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación.

Por su parte, el artículo 217, de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que:

217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

4. Por tanto, admitir que el Tribunal que decide el recurso tiene la facultad para modificar de oficio, en perjuicio y sin audiencia del recurrente, la sentencia o decisión íntegramente aceptada por la parte recurrida, sería tanto como autorizar que el recurrente pueda ser penalizado por el hecho mismo de interponer su recurso, lo que supone introducir un elemento disuasivo del ejercicio del derecho a los recursos legalmente previstos (Exp. Nº 1918-2002-HC/TC).

Análisis del Caso

5. Determinar si se vulneró la prohibición de la reformatio in peius que asiste, como garantía procesal, al administrado, exige la evaluación integral de los hechos, pruebas y actos suscitados en el trámite del presente procedimiento sancionador y sus antecedentes, puesto que el entidades de la Administración Pública actúan, según el artículo IV, numeral 1.1 del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines que le fueron conferidas. Esto implica no solo el cumplimiento del derecho al debido procedimiento que asiste a los ciudadanos, sino también que la Administración, al ejercer su potestad sancionadora, obre dentro de los límites que le son impuestos por la Constitución y la ley, en aras de la protección del interés general y también, conforme lo prescribe el artículo III del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, garantizando los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

6. En ese contexto, se tiene de los actuados que, mediante Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011, la ONPE dispuso se inicie procedimiento sancionador contra el partido político Alianza para el Progreso, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 30 de la LPP. Luego, en ejercicio de sus potestades sancionatorias, le impuso, mediante Resolución Jefatural Nº 160-2011 –J/ONPE, una multa de S/. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100) debido a que se estableció que el referido partido político había recibido aportes en exceso, y por tanto, con infracción del artículo 30 de la Ley Nº 28094.

7. Tanto el recurso de reconsideración como el de apelación contra la referida sanción, fueron desestimados, primero mediante Resolución Jefatural Nº 197-2011-J/ ONPE que declaró infundado el recurso, y luego mediante Resolución Nº 0815-2011-JNE, que declaró nulas todas las resoluciones expedidas por la Jefatura de la ONPE. Por ello, en virtud de dichas decisiones –expedidas en revisión– la Jefatura de la ONPE ha vuelto a expedir una nueva resolución, la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ ONPE, de fecha 28 de junio de 2012, esta vez imponiendo sanción al partido político impugnante por S/. 9 395 440,00 (nueve millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles).

8. Aquí, cabe destacar que el partido político Alianza para el Progreso, según las normas procedimentales respectivas, ejerció su derecho a impugnar; no obstante, el resultado de dicho ejercicio resulto ser más gravoso. En efecto, la sanción inicial consistente en una multa de S/. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100), resultó, luego del ejercicio de su derecho a impugnar, en una sanción ascendente a una suma mayor, hecho que, como se ha indicado, implica claramente una infracción del principio de la prohibición constitucional de la reformatio in peius.

9. En efecto, dado que la prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius, se orienta precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho a recurrir de las personas que se hallan sometidas a un procedimiento sancionador, no puede soslayarse, en el presente caso, el hecho de que el partido político sancionado luego de ejercer su derecho a interponer recursos, vio agravada su situación, pues el monto de la multa que le había sido impuesta fue sustancialmente incrementada, afectándose con ello sus derechos constitucionales al debido proceso, en particular la prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius.

10. Cabe precisar que según el numeral 1 del artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, «[s]on vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La Contravención a la Constitución, a las leyes o normas reglamentarias». En consecuencia, tanto las Resoluciones Jefaturales Nº 107-2012-J/ONPE que impone la sanción allí precisada, así como la resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE, que desestima el recurso de reconsideración, incurren en nulidad insalvable por contravenir la Constitución Política del Estado, en particular por vulnerar el derecho al debido proceso y la garantía constitucional de la reformatio in peius.

Consideraciones adicionales

11. Dado que existe un pronunciamiento que produce la nulidad de las resoluciones impugnadas, es evidente que carece de objeto emitir pronunciamiento alguno respecto de la nulidad alegada por el partido recurrente, respecto de la acto de notificación de la Resolución Jefatural Nº 107-2012-J/ONPE y respecto de los demás argumentos que sustentan la impugnación referido a la Resolución Jefatural Nº 152-2012-J/ONPE.

Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE EN MAYORIA