I. INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, publicado el 16 de octubre del 2021 en el diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los diez ejes de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. Estos ejes que orientarán y guiarán el quehacer del Estado para los próximos años, contribuyendo al cierre de brechas, así como a la atención de las necesidades de la población son: 1) generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria; 2) reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural; 3) impulso de la ciencia, tecnología e innovación; 4) fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes; 5) descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil; 6) fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo; 7) gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno; 8) gobierno y transformación digital con equidad; 9) conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada; y, 10) Estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural.

Los 10 ejes planteados son consistentes con los demás instrumentos de gestión del país y cuentan a su vez con líneas de intervención y lineamientos prioritarios de aplicación inmediata por todas las entidades públicas en el marco de sus respectivas competencias.

Entre los lineamientos prioritarios se encuentran el fortalecimiento de las acciones de lucha contra la pandemia por la COVID-19, la promoción del empleo decente y la empleabilidad, el fortalecimiento del ordenamiento territorial, el fortalecimiento del sistema democrático apuntando a la consolidación de la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la participación política de los ciudadanos, el impulso del diálogo y la concertación social como garantía de la gobernabilidad y la democracia, el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital, los derechos de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, entre otros.

En las disposiciones finales complementarias se establece que a partir de la vigencia de esta norma los ministros de Estado aprobarán, en el marco de sus competencias, los objetivos nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno durante el presente periodo gubernamental, en tanto, la Presidencia de Consejo de Ministros y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico propondrán las mejoras en los mecanismos de recolección de información con énfasis en los registros administrativos para la implementación y seguimiento de los ejes de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026.

II. PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El proceso de modernización de la gestión pública está basado en 3 ejes transversales que son: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Asimismo, se cimienta en 5 pilares centrales: 1) políticas públicas, planes estratégicos y operativos; 2) presupuesto por resultados; 3) gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; 4) servicio civil meritocrático; y, 5) sistema de información, seguimiento, moni toreo, evaluación y gestión del conocimiento.

La política de modernización de la gestión pública busca que las entidades públicas reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta bien definida de cómo lograrlos, por lo que todas las instituciones estatales sin importar su tamaño ni su sector deben dedicar sus esfuerzos a trabajar coordinadamente, con un enfoque real de servicio al ciudadano y al desarrollo regional y local.

Las políticas públicas, por tanto, pueden definirse como todas las acciones que desde el Estado se realizan para intervenir en una situación problemática o de carencia y solucionarla o al menos mejorarla. Deben ser propuestas gubernamentales intencionales, propositivas, planificadas y no solo reactivas ni casuales (Aguilar,1993).

El acercamiento al ciudadano para formular políticas públicas es vital. Conocer las necesidades y particularidades de los ciudadanos para establecer con certeza qué servicios necesitan y cómo mejorar la prestación de estos es la piedra angular puesto que estos deben estar organizados desde la mirada del ciudadano y no desde la entidad, para lograrlo resulta imprescindible alinear las prioridades de la agenda gubernamental con las prioridades de los ciudadanos.

En este contexto, las políticas públicas priorizadas con el presupuesto 2021 fueron educación, salud y atención a la emergencia de la COVID-19, reducción de la violencia contra la mujer, alivio a la pobreza y reactivaciones económicas: políticas que deben continuar siendo priorizadas en el presupuesto 2022.

III. POLÍTICAS DE ESTADO, POLÍTICAS NACIONALES Y POLÍTICA DE GOBIERNO EN PERÚ

Partamos de lo general a lo específico. Según el Centro de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, proponen los cambios necesarios en aspectos sociales, políticos y económicos para alcanzar el bien común en un marco de desarrollo sostenible y la afirmación de la gobernabilidad democrática.

Las políticas de Estado han sido resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional en el año 2002, espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos, conformado por el gobierno en sus tres niveles, los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y las organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional. Estas políticas se organizaron alrededor de cuatro grandes ejes u objetivos: 1) fortalecimiento de la democracia y Estado de derecho; 2) desarrollo con equidad y justicia social; 3) promoción de la competitividad del país; y, 4) afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Actualmente se cuenta con 35 políticas de Estado.

En agosto de 2021, se firmó el documento titulado Consensos por el Perú 2021, que tiene como puntos focales de atención: 1) construcción de un sistema unificado de salud; 2) educación pública y privada de calidad, educación pública gratuita que elimina brechas y asegura el acceso a la educación virtual; 3) lucha contra la pobreza y la pobreza extrema; 4) crecimiento económico sostenible con empleo digno; 5) reforma política; y, 6) reforma del Sistema de Administración de Justicia (Acuerdo Nacional, 2021).

Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno. El artículo 4, numeral 1 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de “diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la Política General de Gobierno y se componen a su vez por un conjunto de políticas sectoriales y son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades y niveles de gobierno, como lo indica su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y modificatorias.

Ejemplos de políticas nacionales son: 1) Política Nacional de Competitividad y Productividad (MEF), aprobada el 31 de diciembre de 2018; 2) Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado (MININTER), aprobada el 17 de julio de 2019; 3) Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PCM), aprobada el 14 de diciembre de 2020; entre otras.

La política de gobierno está relacionada con la manera como el gobierno de turno cumple con sus obligaciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en salud, educación, alimentación, vivienda, ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus deberes, etc.; debiendo estar acorde a su agenda y plan de gobierno. Así, tenemos que la política gubernamental al bicentenario comprende entre sus principales lineamientos a la integridad y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población y la descentralización efectiva para el desarrollo.

Respecto a la Política General de Gobierno, el artículo 118 de la Constitución Política del Perú dispone que el Presidente de la República dirige la política general de gobierno, establece también que dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión (artículo 130).

La Política General de Gobierno al 2021 está integrada por cinco ejes: 1) integridad y lucha contra la corrupción; 2) fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; 3) crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; 4) desarrollo social y bienestar de la población; y, 5) descentralización efectiva para el desarrollo. Cuenta además con dieciocho lineamientos y guarda consistencia con el marco de políticas y planes del país.

IV. ¿MÁS DE LO MISMO?

La visión del Perú al 2050, disponible en el portal de CEPLAN (2019) es:

Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia.

Es importante partir de este punto para poder analizar si el contenido del Decreto Supremo N° 164-2021-PCM está acorde con la visión país.

Un país es más desarrollado si existe una buena combinación entre ingresos económicos altos y un Estado capaz de proveer a sus ciudadanos bienes y servicios públicos con efectividad, que sean capaces de mejorar realmente la vida del poblador. En este sentido, la Política General de Gobierno 2021-2026 debe ser analizada en cuanto a su aporte a la gobernabilidad democrática como primer paso para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, la priorización en la generación de condiciones de bienestar en favor del ciudadano, el fortalecimiento de las capacidades de quienes deben implementar y ejecutar las políticas, la estabilidad macroeconómica y la competitividad del sector privado.

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia los sectores prioritarios donde la política de gobierno debe intervenir con inmediatez y eficiencia: educación, salud y empleo, siendo así, el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM establece en sus primeros ejes aspectos vitales para redimir la crisis y lograr el desarrollo conjunto. Sin embargo, aún existen dudas y críticas respecto a si esta vez las cosas serán diferentes o será más bien más de lo mismo.

Las reformas que desde el Estado han pretendido implementarse desde inicios del siglo XXI y aún antes fracasan principalmente debido a tres fatores. El primero de estas, es que son hechas sin la planificación correspondiente, por lo tanto no han tenido el suficiente tiempo para madurar y para adaptarse a la realidad de un país tan diverso, diferenciado y difícil y, lo que es peor: al ver que no alcanzan los resultados requeridos en el tiempo establecido se eliminan o dan un giro radical por lo que siguen siendo ineficientes. Por otro lado, el exceso de regulaciones y normas

tan cambiantes que, acompañadas de controles inmensamente rígidos y poco realistas ofrecen poca estabilidad legal para iniciativas privadas, e incluso para el quehacer público constituyen un segundo factor. Finalmente, pero no menos importante, es la poca importancia que se le da a la meritocracia, el exceso de personal de confianza en el Estado y la constante rotación de equipos tecnocráticos que conllevan a hacer lento e ineficiente al Estado y que vuelven a las reformas insostenibles en el tiempo.

V. ¿CUÁL ES EL FUTURO?

Desde mi experiencia trabajando en el Estado y con sectores vulnerables que perciben a su Estado como lejano y desinteresado, pienso que si bien esta nueva Política General de Gobierno tiene muy buenas intenciones, será más de lo mismo, porque se continúa con acciones que han demostrado su poca eficiencia y utilidad como, por ejemplo, el trabajo aislado con grupos: mujer, niños, niñas y adolescentes, madres gestantes o adultos mayores en vez de trabajar con grupos familiares o; el intentar erradicar la violencia de género aumentando las penas o dando servicio legal, de acompañamiento o de protección en vez de empoderar económicamente a estas personas para que no permanezcan obligadas por las circunstancias sometiéndose a un compañero violento.

Por otro lado, tengo muchas dudas. En un país donde existen zonas sin acceso a energía eléctrica y, por ende, a internet ¿cómo promover la transformación digital? Por otro parte, existiendo en el Gobierno personas incluso prontuariadas trabajando como asesores o habiendo sido elegidas autoridades, ¿cómo erradicar la corrupción? O existiendo instituciones especialmente a nivel regional y local donde los presupuestos no se ejecutan eficientemente e incluso se devuelve dinero pese a que sus zonas están declaradas en pobreza o extrema pobreza, ¿cómo hablar de bienestar? Finalmente, con tantos compatriotas e incluso extranjeros sin trabajo que aceptan laborar, aun cuando se les paga menos que el sueldo mínimo, ¿cómo promover empleos dignos?

Importante también es no descuidar que las políticas públicas deben elaborarse bajo enfoques interculturales, diferenciales e inclusivos, totalmente articuladas para evitar duplicidades, permitiendo una mejor comunicación de las mismas a la población, concibiendo un componente de participación ciudadana tanto en su elaboración como en su evaluación. Solo así lograremos trabajar con, por y para nuestros ciudadanos, incidiendo positiva y efectivamente en la mejora de sus condiciones y calidad de vida.

REFERENCIAS

Acuerdo Nacional. (20 de agosto de 2021). Sesión 131: Acuerdo Nacional presentó los Consensos por el Perú. Recuperado de https://www.acuerdonacional.pe/2021/08/ sesion-131-acuerdo-nacional-presento-los-consensos-por-el-peru/

Aguilar, L. (1993). El estudio de las políticas públicas. México D. F.: Porrúa.

CEPLAN. (2019). Visión del Perú al 2050. Recuperado de https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/

Decreto Supremo N° 164-2021-PCM. Política General de Gobierno. SPIJ. Recuperado de: https://spij.minjus.gob. pe/spij-ext-web/detallenorma/H1294525