I. INTRODUCCIÓN

El sector público y las empresas privadas cada vez tienen una necesidad mayor de hablar el mismo idioma, de comunicarse, entenderse y contribuir en el desarrollo del país de manera conjunta; ese idioma es necesario que tienda a ser único, pues sus esfuerzos debieran tener un mismo fin. Este puede ser un ideal, pero como todo ideal debemos tender a que se realice, a pesar de que se mantenga en el tiempo como una utopía.

Hemos visto que existen buenas experiencias en el acercamiento de los sectores público y privado, experiencias exitosas en algunos sectores específicos; en nuestra región de América Latina, algunas instituciones como el BID, PNUD y Banco Mundial han sistematizado estas experiencias con el fin de que sean replicadas como buenas prácticas. El fin principal de sistematizarlas en nuestros países es que los gobiernos deben tomar mayor conciencia que al promover políticas públicas que simplifiquen los procedimientos para impulsar la inversión e integración económica, alentando la actividad empresarial privada, el resultado debiera ser seguro: mayor desarrollo y mejores ciudadanos, además de promover que las políticas públicas no sean de corto plazo, sino más bien trasciendan los gobiernos de turno, obedeciendo a su esencia.

En este contexto, después de 1989, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Panamá, entre otros, intentaron impulsar la inversión privada y la eliminación de barreras burocráticas que permitan una actividad empresarial privada ágil y transparente, contribuyendo, de ese modo, a una mejor comunicación entre las empresas y los gobiernos. Si bien una tendencia en nuestra región es que nuestros países han permitido y flexibilizado que sus nacionales, personas naturales, puedan transitar libremente cruzando sus fronteras sin mayor exigencia, que puedan trabajar en otros países bajo ciertas condiciones, inscribir signos distintivos, entre otros aspectos que promueven la actividad económica de estos ciudadanos, estas facilidades de desarrollar derechos se dan principalmente por la voluntad de construir plataformas tecnológicas que sirvan a las demandas ciudadanas e inspira[1]das en esta voluntad pública de atender necesidades concretas.

II. LA NECESIDAD DEL USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Nos encontramos ante la necesidad de establecer mecanismos eficaces que permitan el intercambio de información entre las autoridades nacionales de los países, para facilitar el tránsito, comercio, inversión privada, entre otros aspectos; no cabe duda que también esto redunda directamente en contribuir otros aspectos estratégicos para la región, como la seguridad en sus distintas dimensiones.

Vemos entonces cómo se vuelve una necesidad que los gobiernos promuevan e impulsen el desarrollo de plataformas tecnológicas que permitan no solo una buena comunicación entre el sector privado y público, sino que promuevan el desarrollo de la ciudadanía en nuestros países.

Si bien el sector privado permanentemente se encuentra en este esfuerzo de ser más eficiente tecnológicamente, los gobiernos no se han quedado atrás; por ello, con el desarrollo de políticas públicas que alientan el intercambio de información se permitirá contar con información actual y más confiable, para evaluar y controlar las demás políticas que se desarrollen en los países.

El otrora senador Obama al llegar a la Casa Blanca cambió el estilo y los contenidos impuestos por su predecesor, el presidente republicano Bush, para hacer realidad sus promesas de campaña: el gobierno abierto. Por primera vez se creó un blog oficial y espacios para que los ciudadanos se informen y relacionen directamente con el equipo presidencial.

El presidente Obama, al asumir el poder, ejecutó, inmediatamente, su promesa de campaña: mayor comunicación con todos los ciudadanos, verdadera transparencia informativa de la administración y, asimismo, participación directa. El eje de su campaña fue: “Durante mucho tiempo ha habido demasiado secreto”, y para acabar con eso decretó una aplicación lo más abierta posible de la Freedom of Information Act, es decir, la ley que permite a los ciudadanos acceder a la información pública. “En caso de duda, prevalece la apertura”, fue el principio de la nueva política. Ello llevó a la transparencia en la administración, participación y colaboración de los ciudadanos. Las claves de su campaña electoral y una estrategia para consultar leyes a los ciudadanos antes de su aprobación, recibir iniciativas y hacer accesible la información oficial renunciando al copyright para permitir su reutilización a través de una licencia creative commons.

El Instituto Nacional de Administración Pública de México ha señalado que:

El gobierno abierto surge como una respuesta del Estado y la sociedad para atender la diversificación, complejidad y novedad de las demandas que provienen de la articulación de dos factores convergentes: una ciudadanía cada vez más informada y empoderada, gracias al uso de dispositivos digitales, y unas instituciones del Estado cuya división de poderes e instancias de intermediación social –como los sindicatos o los partidos políticos– presentan rendimientos decrecientes. Desafección y desencanto ciudadano por el sistema político democrático, y lejanía o distanciamiento de parte de las instituciones, que no logran comprender el cambio cultural que se suscita en el seno de la sociedad. (INAP, 2017, p. 1)

Asimismo, el instituto mexicano advierte, sobre el gobierno abierto, que:

Se está transformando, rápidamente, en una corriente de pensamiento global referido a la gestión pública, que se distingue de las que la antecedieron. Dada su juventud, los conceptos que lo definen se encuentran en proceso de gestación. Es por ello que tomamos dos definiciones plenamente autorizadas: una es prescriptiva, y la ofrece el INAI: “un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social”. (INAP, 2017, p. 1)

La tecnología referida a los equipos electrónicos debiera permitirnos alcanzar el bien común y el bienestar general a través de una coherente política pública que debe ejecutar el Poder Ejecutivo: la interconectividad. Es así que el gobierno abierto viene a ser un nuevo modelo de relación entre los gobernantes y los administrados en el que debe haber transparencia y las acciones del gobierno (en sus tres niveles) deben estar orientadas a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas y así alcanzar el valor público y que los administrados sean mejores ciudadanos, en un marco en donde realmente el principio de rendición de cuentas sea considerado como lo que es, un principio trasversal de los derechos humanos.

III. VALOR PÚBLICO

El concepto de valor público debe entenderse como el valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones, pero también se crea valor, sobre todo, a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad (Moreno, 2009).

Escobar (2016), señala:

El concepto de valor público se encuentra referido al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población.

El Estado debe buscar la entera satisfacción de sus ciudadanos, siempre a través de políticas de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un oportuno y eficiente servicio al ciudadano.

Una eficiente gestión pública debe estar coordinada y alineada para cumplir grandes objetivos de Estado, por lo cual es vital para las entidades conocer a sus públicos objetivo, tenerlos categorizados e identificados de manera oportuna (…)

Uno de los enfoques para la formulación y ejecución de políticas públicas se basa en decisiones colectivas que parten de la elección racional, en la cual, las partes involucradas –tanto gerentes públicos como ejecutores de política, usuarios, ciudadanos y sociedad civil en general– buscan la maximización de sus beneficios.

IV. GOBIERNO ABIERTO

Al respecto, el paradigma del gobierno abierto propuesto por Obama tiene la misma trascendencia que el glásnost, en la extinta Unión Soviética, que pretendió abrir las políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas en la URSS. Esa apertura permitió saber la verdad sobre temas nunca antes tocados o discutidos en la ex URSS.

El gobierno abierto trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público (Gutiérrez-Rubí, 2011).

Por otro lado, un gobierno abierto es un gobierno que se interconecta con el mundo, innova con los ciudadanos, comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones y no se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada que trabaja en red (Tapscott, 2010).

Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente. (Calderón y Lorenzo, 2010). La relación que se establece entre el ciudadano y el gobierno, a través del gobierno abierto es no solo más transparente, sino más democrática, justa y equitativa.

El concepto que maneja la CEPAL se acerca mucho al de sociedad abierta, en la que todos los órganos del Estado no mantienen secretos entre sí o tampoco para el público. Ni el Gobierno, bajo el modelo peruano, en sus tres niveles, ni la sociedad son autoritarios y el conocimiento común o social pertenece a todos y responden a los deseos e inquietudes de la ciudadanía con sistemas políticos transparentes y flexibles. Asimismo, es evidente que el Estado y la administración pública en el siglo XXI tienen el gran reto de profundizar la democracia, pero también señala una suerte de tridimensionalismo en que la sociología, el Derecho y la filosofía se den la mano, así lo señala Gregorio Montero (2017):

El progreso social en estos tiempos, está determinado por la forma en que se vinculan las instituciones públicas con los ciudadanos. Debe reconocerse la nueva posición que estos ocupan en esa relación, para que haya una sólida consolidación del Estado en sus otras dimensiones: lo social, lo jurídico y la justicia. Ahora bien, no es posible hablar de democratización del Estado, si no se logra acercar las instituciones a la gente y hacer que la acción del gobierno, en sus tres niveles como en el caso del Perú, se traduzca en bienestar para las personas. Hoy se habla de la democracia electrónica, como una nueva oportunidad que ofrecen las herramientas tecnológicas disponibles. (p. 54)

En lo que respecta a la posición de Montero, lo que él propone se acerca a lo que se llama el valor público, es decir, reformular el enfoque tradicional de la gestión pública, la cual basa su eficacia y eficiencia en los mandatos políticos de coyuntura o los intereses clientelistas y en gestores públicos con mentalidad de burócratas y no en gerentes sociales, con un claro liderazgo en la prestación de servicios públicos.

El valor público está centrado al valor que los ciudadanos obtienen de las actividades que realizan a diario, las entidades y los servidores públicos. Un servicio público tiene un fin y un valor que el público le asigna. Por estas consideraciones, los servicios públicos deben ser prestados y proveídos de manera eficiente y confiable (teniendo en cuenta el principio de predictibilidad), además deben responder a lo que el ciudadano necesita y espera del aparato público.

En este contexto un gobierno abierto debe estructurarse sobre pilares sólidos para una sociedad, ellos son: la participación ciudadana, la transparencia, la tecnología de la información y la colaboración.

En este punto un tema vinculado al gobierno abierto, es el Estado democrático de derecho y los derechos humanos de primera generación, es decir, el derecho al libre acceso a la información que tienen los ciudadanos. Es imprescindible, entonces, señalar que el Estado de derecho nace en el contexto de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y su finalidad fue, y sigue siendo, el respeto a la norma jurídica.

Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente Proceso de Nuremberg, el Estado de derecho entró en crisis y allí aparece el Estado constitucional, cuyo fin en sí es la protección de la dignidad humana y el despliegue de los derechos humanos de primera generación y segunda generación. Es por ello que instaurar un gobierno abierto importa ser un Estado constitucional. En este contexto, Montero (2017) cuando habla de, las garantías para los ciudadanos y su vinculación con la reforma del Estado y el buen gobierno, sostiene:

(…) También se desarrollaron las garantías ciudadanas y se pusieron en marcha iniciativas encaminadas a aumentar la eficacia de las instituciones estatales. Se emprendieron procesos de reforma del Estado, como mecanismos válidos para adaptar las instituciones públicas a los nuevos y crecientes desafíos y metas. Muchos afirman, con razón, que los elementos y contenidos del gobierno abierto no son nada nuevo, pues han estado presentes, aunque de forma aislada, en los ingentes esfuerzos que se realizan desde hace bastante tiempo por avanzar hacia la buena administración y el buen gobierno. (p. 55)

Es así que para consolidar el gobierno abierto es innegable que previamente se debe construir dicho proyecto sobre la base de un Estado constitucional, el respeto de los derechos fundamentales y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Cabe precisar que el concepto de sociedad abierta es anterior al concepto de gobierno abierto y anterior, también, a la aparición de lo que hoy se denomina: gobierno electrónico. La sociedad abierta es un término introducido por el filósofo francés Henri Bergson, quien señaló en su libro Las dos fuentes de la moral y de la religión (1932) que ese tipo de sociedades tienen gobiernos que responden a las necesidades cotidianas del público y son abiertos, es decir, nada se oculta a la sociedad, las decisiones de gobierno son conocidas por todos y, además, en libertad, y se respeta, sin restricciones, los derechos humanos (Fojón, 2002).

Respecto a los perfiles que debe tener el Estado del siglo XXI, se han construido, pilares como: 1. la democracia participativa, es decir, la participación ciudadana en la toma de decisiones; la transparencia; 2. la tecnología de la información; 3. la colaboración, todos ellos ligados a la legalidad, la igualdad, la eficiencia, la responsabilidad, entre otros valores.

V. EL GOBIERNO ABIERTO, EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LA INTEROPERABILIDAD

Es necesario integrar los conceptos de gobierno abierto, de gobierno electrónico y de interoperabilidad. Entendemos que la interoperabilidad es la “habilidad” entendida como la capacidad, de dos o más organizaciones, de naturaleza y función distinta, para intercambiar información entre ellas y utilizarla en beneficio mutuo y de la colectividad.

El neologismo: interoperabilidad es producto de los tiempos contemporáneos y de la nueva mirada a la administración del Estado a través de la electrónica. La Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA y su Departamento para la Gestión Pública Efectiva y la Guía de Gobierno Electrónico señalan sobre las tecnologías de información y el e-government, unidos a la transparencia y la integridad, lo siguiente:

La tecnología de la información presenta una recolección sistematizada de experiencias en las cuales se utilizan tecnologías de información como apoyo de actividades gubernamentales (e-government) que se encuentran actualmente en ejecución en el grupo de países como: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Guatemala y Costa Rica. Estos modelos de experiencias pueden servir de base para el desarrollo de soluciones similares en otros países, teniendo en cuenta la importancia del uso de las Tics para incrementar la eficiencia y efectividad de las funciones públicas, facilitar la relación gobierno-ciudadanos y fortalecer las estrategias nacionales de promoción de la transparencia y la integridad. (OEA, 2018)

Como se puede apreciar, nuestro país participa activamente del grupo de países que utilizan las tecnologías de información para desarrollar las actividades de la administración pública. Al usar las tecnologías de la información se fomenta el desarrollo de una sociedad del conocimiento, favoreciendo, los procesos de modernización del Estado y, con ellos, una mayor eficiencia y transparencia en la gestión y en la provisión de servicios en el sector público, con el fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de todas las personas.

En este contexto, un concepto de gobierno electrónico: es el uso de las TIC, para promover un gobierno más eficiente, más eficaz y facilitar los servicios públicos, haciéndolos más accesibles, esto convierte al gobierno en más responsable ante los ciudadanos, incorporando el concepto de eficacia que describe Karen Mokate del BID.

Karen Mokate enseña que la palabra eficacia viene del latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que significa ‘hacer o lograr’. Mokate, además, recurre al Diccionario de la Real Academia Española y señala que, eficacia significa ‘virtud, actividad, fuerza y poder para obrar’. Mokate no se queda con la definición oficial de la Academia, acude a la académica

más prestigiosa, la doctora María Moliner, quien interpreta esa definición y sugiere que eficacia “se aplica a las cosas o personas que pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas” (BID, 2002, p. 2).

Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. Es así que Mokate, aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, señala que la eficacia de una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Mokate concluye que un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara (BID, 2002, p. 2).

El gobierno electrónico, entonces, se refiere al empleo de la internet y las TIC, para poder lograr una mejor prestación de los servicios públicos que ofrece el Estado, mediante el acceso público a la información oficial para establecer una fluida comunicación entre todos los niveles del Estado y los ciudadanos.

Por otro lado, en el Perú existe:

(…) La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien con la participación de:

a. La Intendencia Nacional de Sistemas de Información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT);

b. La Oficina de Informática del Ministerio Público; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC);

c. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (PCM, s/f, p. 4)

En ese contexto dichas entidades han elaborado un documento con el propósito de establecer los lineamientos, políticas, estándares y especificaciones para la interoperabilidad electrónica del Estado peruano, que se explicará en el siguiente punto (PCM, s/f, p. 4).

Para entender el concepto de interoperabilidad del citado documento, es necesario señalar lo siguiente:

La Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) fue creada por Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM, es la infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos, entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles. Entre otras bondades la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), permite el intercambio electrónico de datos entre las entidades públicas, mejorando su gestión y permitiendo la implementación intensiva de servicios públicos en línea con alto impacto en los ciudadanos, al reducir los tiempos y los costos en su desarrollo, implementación y uso. (Carbajal y Falcón, 2017)

En el año 2016 se promulgó la Ley Nº 30506, que delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización; se promulgó el Decreto Legislativo N° 1246, que aprobó diversas medidas de simplificación administrativa. Asimismo, en el año 2017 se promulgaron los Decretos Supremos N° 051-2017-PCM y N° 067-2017- PCM, que tienen por objeto ampliar la información para la implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano y establecer plazos aplicables a la entidad de la administración pública respectivamente, en el marco del Decreto Legislativo N° 1246 (Carbajal y Falcón, 2017).

Por otro lado, conforme lo señala el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1246, la interoperabilidad entre entidades de la administración pública es aquella acción de estas entidades encargadas de interconectarse, que permitan el accesos o suministren la información o contengan base de datos actualizado que administren, recaben, sistematicen, creen o poseen respecto de los usuarios o administrados, que las demás entidades requieran necesariamente para la tramitación de procedimientos administrativos o para actos de administración interna, todo ello de manera gratuita y permanente. La finalidad de la plataforma de interoperabilidad del Estado es permitir la implementación de servicios públicos por medios electrónicos seguros y el intercambio electrónico de datos entre entidades del estado a través del internet, telefonía móvil, y otros medios electrónicos disponibles (Carbajal y Falcón, 2017).

El propósito del documento:

(…) es contar con un instrumento técnico-guía, que contenga políticas y especificaciones que deben desplegar las entidades del Estado a fin de hacer posible la interoperabilidad de sus servicios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1029, que modificó la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444) y la Ley del Silencio Administrativo (Ley Nº 29060), específicamente relacionado con la Primera y Segunda Disposiciones Complementarias y Finales. Se ha considerado, en este documento, los siguientes aspectos:

a. Interconexión.

b. Seguridad.

c. Organización e intercambio de informaciones.

d. Medios de acceso.

e. Áreas de integración para gobierno electrónico. (PCM, s/f, p. 4)

Entonces, el gobierno electrónico en el Perú es una realidad que integra y hace óptimo los procesos y servicios, es decir, la interoperabilidad le permite facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y el desarrollo de sus actividades al servicio del ciudadano, de esa forma se transforma, radicalmente, la gestión del Estado peruano, aumentando la competitividad, así como el desarrollo empresarial. Pero ¿es así en la realidad actual? ¿La PIDE es eficiente y permite este intercambio entre las entidades públicas y el ciudadano?

Solo una experiencia, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tuvo la necesidad de crear su propia plataforma para que los ciudadanos se comuniquen en forma eficiente y puedan desarrollar sus derechos, pero no a través de la PIDE, sino con una plataforma independiente.

Para la mejor comprensión y precisión de lo que es gobierno electrónico, tecnologías de información y comunicación, acceso a la información y las fases por las que discurre la aplicación del gobierno electrónico, es necesario recordar lo que la OEA sostiene:

El “gobierno electrónico” se puede definir como el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), que usan las instituciones de gobierno, para mejorar, cualitativamente, los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia de la gestión pública e incrementar, sustantivamente, la transparencia del sector público y la participación ciudadana. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el gobierno electrónico están íntimamente relacionadas con la organización y función del gobierno en lo que se refiere a los siguientes aspectos: acceso a la información. Prestación de servicios y realización de trámites. Participación ciudadana. Optimización del uso de los recursos para el logro de los objetivos trazados. (OEA, 2018)

Respecto de las fases por las que transita la aplicación del gobierno electrónico, la (OEA, 2018), ha señalado:

Fase uno, la presencia de muchas empresas del Estado que se encuentran en esta etapa, en la que se limitan a utilizar las tics, para ofrecer información básica al público. [Esta etapa ya ha sido superada respecto de los registros públicos en el Perú].

Fase dos, la interacción, aquí se amplía la capacidad de las empresas de ofrecer servicios a través de las TICs, de tal manera que el ciudadano [el administrado de Perú y Colombia], puede acceder a la información crítica, diligenciar formatos que puede obtener de la web y establecer contacto vía correo electrónico. Hasta este nivel ya han llegado una gran cantidad de instituciones públicas, [Esta etapa, también ya ha sido superada respecto de los registros públicos en el Perú].

Fase tres, la transacción, en esta fase se encuentran las instituciones más avanzadas en materia de tecnología, se han incorporado aplicaciones de auto servicio para que el ciudadano pueda realizar trámites completos en línea, [Esta es la etapa en la que está implementando actualmente los registros públicos de Perú].

Es entonces que las entidades públicas y las empresas están en plena capacidad para avanzar aún más en la interoperabilidad que se requiere para que superen los obstáculos que presentan actualmente, promuevan la transparencia sin sufrir lo que generan las barreras burocráticas.

Hay otras fases como la fase de transformación y la fase de transformación ciudadana. Un ejemplo de la fase de transformación se expresa en la ventanilla única, que en el Perú opera desde el año 2014 en el área de comercio exterior, asimismo, la ventanilla única opera también en el sector de turismo¹.

La OCDE ha sostenido que para dichos fines en el contexto internacional se emplea la Cooperación Regulatoria Internacional (CRI) para denominar a cualquier acuerdo o arreglo formal o informal entre los países, ya sea de manera bilateral, regional o multilateral, que busque promover algún tipo de cooperación en el diseño, seguimiento, aplicación o gestión posterior de la regulación (OCDE, 2012).

Mendoza, en el texto Las estrategias de simplificación administrativa como herramientas para mejorar la entrega de servicios públicos, ha señalado que, al generar este tipo de acuerdos, un país puede aceptar que un usuario de la regulación pueda optar por cumplir con la misma regulación en cualquier país integrante de dicho acuerdo y que esto sea válido para los demás. De esta forma, se reduce la carga administrativa de un doble cumplimiento normativo y de certificación del sector privado lo que per[1]mite y favorece el libre intercambio de mercancías (2017, p. 68).

Otro requerimiento indispensable para la instauración y funcionamiento de un sistema de gobierno electrónico integrado e interoperable, entre los distintos servicios públicos nacionales, y también internacional, está relacionado con el capital humano, es necesario capacitar al personal directivo y administrativo para proporcionar servicios públicos en el marco de la interoperabilidad (Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado: 2017).

Es así que enfrentamos un potencial desaprovechado del gobierno digital para la prestación de servicios y los beneficios para las empresas y el intercambio de información.

El uso del canal digital, dicen Roseth, Reyes y Santiso (2018),

Puede ayudar a solucionar varios de los problemas con los trámites: en general, son más rápidos, son más baratos de prestar y son menos vulnerables a la corrupción. Sin embargo, el uso del canal digital aún es incipiente en la región: solamente el 7 % de las personas realizó su último trámite al menos parcialmente en línea, y un 4 % efectuó su último trámite en línea de principio a fin (…)

¿Qué explica el uso tan escaso de trámites digitales? Hay cuatro posibles explicaciones:

1. Baja disponibilidad: solamente tres de 25 países de la región tienen más del 50 % de los trámites disponibles para empezar en línea, y muchos carecen de herramientas básicas que facilitan la digitalización de trámites, como la interoperabilidad y firma digital.

2. Brechas de capacidad: muchos ciudadanos no pueden acceder a los trámites que están disponibles, debido a la falta de identidad legal, de conectividad a banda ancha, de bancarización (acceso a tarjeta de débito o crédito, necesario para realizar pagos por trámites en línea), y de alfabetización digital.

3. Malas experiencias en línea: aunque haya trámites en línea, y aunque las personas puedan acceder a ellos, están mal diseñados y llevan a malas experiencias.

4. Preferencias: muchas personas prefieren el canal presencial, en parte por los tres impedimentos anteriores y en parte por el deseo de contacto humano. (p. 97).

Los trámites digitales son más rápidos y transparentes, limitan las oportunidades de corrupción; el principal beneficio de la digitalización de trámites es el ahorro de tiempo para los ciudadanos:

Los trámites completamente digitales –los que no requieren ninguna interacción física– que están funcionando actualmente en América Latina y el Caribe, se demoran en promedio un 74 % menos que los trámites presenciales (según resultados de una regresión que controla por el tipo de trámite, el país y características individuales). Esta diferencia es fundamental porque, el tiempo es el atributo de un trámite más importante para los ciudadanos. (Roseth, B.; Reyes, Á. y Santiso, C., 2018, p. 100)

Finalmente, debo resaltar que a pesar de los beneficios de los trámites completamente digitales, debe mencionarse, también, que los trámites parcialmente digitales generan ahorros de tiempo mucho menos importantes. Este dato es relevante dado que en la mayoría de los países de la subregión sudamericana, el número de trámites que se puede hacer en línea, de principio a fin, es pequeño en comparación con los trámites que se pueden comenzar en línea.

Asimismo, es necesario, resaltar, dicen: Roseth, Reyes y Santiso (2018):

(…) la necesidad de redoblar los esfuerzos hacia una digitalización completa del trámite, lo cual depende, en gran medida, del grado de intercambio automático de información entre las entidades públicas a través de la interoperabilidad. Como se demostrará más adelante, en muchos países, hay interoperabilidad, pero la interoperabilidad aún es incipiente. (p. 102).

Además de los beneficios que brinda a los ciudadanos, el trámite digital ofrece potenciales beneficios para el gobierno (nacional, regional y municipal).

En particular puede ser una gran fuente de ahorros; el costo operativo de prestación de un trámite digital oscila entre el 1,5 % y el 5 % de lo que cuesta prestar un trámite de manera presencial. Tomando el caso de México, si los 400 millones de trámites federales y estatales que se efectúan al año se hicieran en línea, se ahorrarían US$3.500 millones, frente a lo que sería el costo de depender únicamente del trámite presencial. Debe notarse que en estos cálculos y los descritos a continuación los costos considerados incluyen principalmente los asociados a la prestación directa (front office) y ponen menos énfasis en las funciones de apoyo y gestión (back office) que posibilitan la prestación. (Roseth, B.; Reyes, Á. y Santiso, C., 2018., p. 103)

Al ofrecer un trámite en línea,

(…) se pueden eliminar varias oportunidades para la corrupción que existen en la prestación del servicio presencial, en particular la discrecionalidad que puede ejercer el funcionario o servidor público y la posibilidad de solicitar un soborno a cambio del acceso, la rapidez en el mismo u otro trato preferencial. Un trámite digital es uniforme para todos los usuarios, basado en reglas, fácilmente rastreable, e impersonal.

En algunos casos, el uso de tecnologías avanzadas como blockchain puede ayudar a mitigar el riesgo de la falsificación o modificación indebida de documentos importantes, como ha sido el objetivo de la República de Georgia² con los registros de propiedad. Finalmente, cabe destacar que poner transacciones en línea no resuelve del todo la posibilidad de corrupción. Un estudio de la India encontró que poner algunas transacciones redujo, en efecto, la tasa de soborno del 30 % a menos del 1 % en algunos casos, pero en otros la reducción fue prácticamente nula, debido a fallas en el sistema informático que llevaron a que los ciudadanos buscarán a los funcionarios o servidores públicos en persona, para sobornarlos y, de esa forma, acelerar sus trámites. (Roseth, B.; Reyes, Á. y Santiso, C., 2018, p. 105).

Ello implica entender la interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada esto es, que los agentes sean capaces de comprender la información recabada y emplearla para retroalimentar los sistemas interconectados a fin de afianzar su operatividad y seguridad. Es evidente que en las últimas décadas las TIC, han demostrado ser las herramientas necesarias que deben estar al servicio de la transparencia, además de permitir construir una relación más armoniosa del Estado con el ciudadano.

Por ejemplo, la conexión entre procesos de registro y de identificación ciudadana abre nuevas posibilidades para transacciones más simples y seguras, facilitando el acceso a derechos y beneficios sociales. La realidad nos enseña que debemos tener en cuenta que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de crear mecanismos para lograr la cooperación regulatoria internacional a fin de que el Estado genere desarrollo y democratice la información permitiendo el acceso de todos los usuarios a la misma. Esos criterios son:

1. Agilidad en los servicios para alcanzar la rapidez de los mismos.

2. Transparencia que lleva al gobierno abierto y a los datos abiertos.

3. Seguridad, para enfrentar la ciberdelincuencia y adoptar los criterios de seguridad informática.

4. Eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios que ofrece el Estado.

5. Accesibilidad, para reducir los altos costos de transacción en el trámite que realiza el ciudadano en el Estado.

6. Hacerle la vida más fácil al ciudadano. (Roseth, B.; Reyes, Á. y Santiso, C., 2018, p. 46)

Es inevitable considerar el modelo de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades; este documento, del 14 de junio del año 2017, plantea la constitución de una plataforma europea común capaz de brindar servicios uniformes y centralizados en los distintos países de los Estados miembros.

Al respecto, es oportuno señalar cómo funciona en la Unión Europea³. La plataforma está regulada en el artículo 22, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades; dicho artículo lleva como nomen iuris, sistema de interconexión de registros. En él se establece una plataforma central europea. Asimismo, el sistema de interconexión de registros constará de: los registros de los estados miembros (los miembros de la Unión Europea), la plataforma, el portal como punto de acceso electrónico europeo. La Directiva del Parlamento Europeo, señala, expresamente, que los estados miembros garantizarán la interoperabilidad de sus registros dentro del sistema de interconexión de registros, por medio de dicha plataforma. (Directiva UE 2017/1132, p. 64).

VI. CONCLUSIÓN

En conclusión, el gobierno abierto es una herramienta necesaria que los próximos gobernantes estarán obligados a implementar, si es que tienen una voluntad de que los ciudadanos participen activamente en la construcción de las políticas públicas, en el marco de gobiernos transparentes y, sobre todo, haciendo un uso correcto y eficiente de los recursos, sobre todo de las inversiones que atiendan los derechos básicos de la población.

Es una receta obvia, aparentemente fácil, pero si queremos no repetir los resultados de los últimos gobiernos y si el nuevo presidente no desea continuar el paso de sus predecesores, este es el único camino a seguir.

REFERENCIAS

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Bárcena, A. (2015). Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la ceremonia de inauguración de la III Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. Recuperado de http:// www.cepal.org/es/discursos/iii-conferencia-regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe (acceso 21 de diciembre del 2018).

Calderón, C. (2012). Por qué un gobierno abierto. El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad. Documentos de Proyecto (LC/W.465), G. Concha y A. Naser (eds.). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

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NOTA

1 Ver: https://www.vuce.gob.pe/resena.html.

2 A finales de 2017, la República de Georgia estaba desarrollando un proyecto piloto para el registro de propiedades de tierras en blockchain. En el marco de su lucha contra la corrupción y su historia de amenazas bélicas con vecinos, los atributos de inmutabilidad, trazabilidad y transparencia que podrían ofrecer algunas tecnologías de blockchain resultaban especialmente valiosos para el país.

3 Los objetivos de la Unión Europea son: promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos; (…) promover el progreso científico y tecnológico; reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión cuenta actualmente con 28 países miembros.