En consecuencia, y delimitando el petitorio de la municipalidad demandante, afirmamos que la pretensión directa es la inaplicación de la Ley N° 29764 que efectivizó la transferencia del terreno materia de litis de su propiedad a favor de la SBN para que sea finalmente adjudicada a favor de Apemives conforme a lo previsto por la Ley N° 28153^[1].

Es decir, la verificación a través del Tribunal Constitucional si la cuestionada norma autoaplicativa amenaza o afecta derechos fundamentales de la municipalidad demandante, y en tanto ello fuera así corresponderá la aplicación de lo previsto por el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, referido a las normas autoaplicativas contraria o incompatible con la Constitución, además de la inaplicación de la norma, la misma que de acuerdo a sus características son de aplicación inmediata e incondicional.

Es por ello, que más allá de las limitaciones que ejerce el Máximo Tribunal en materia constitucional, sobre la procedencia de admitir una acción de garantía contra normas autoaplicativas, existe además un problema relacionado justamente a este tipo de leyes cuya finalidad o necesidad está relacionada al bien común, pero que se contrapone o en muchos casos con los derechos fundamentales, como en el presente caso, pues más allá de la titularidad de un bien inmueble, así como el fin común que el presente caso ambas entidades la sostienen, se debe verificar los alcances y efectos de una norma autoaplicativa sin afectar los derechos fundamentales.

II. PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LA PRESENTE CONTROVERSIA

El Tribunal Constitucional en principio expide una sentencia a partir de la presente controversia sin cuestionar en lo absoluto la norma legal en cuestión, sino su aplicación efectiva que se contrapone por sus efectos a los derechos fundamentales de la municipalidad demandante.

Asimismo, el Tribunal Constitucional, antes de desarrollar el análisis de la controversia, previamente deja en claro la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas de derecho público, reconociendo mediante su propia jurisprudencia que las personas jurídicas tanto públicas como privadas son titulares de algunos derechos fundamentales, así tenemos la invocada STC Exp. N° 00905-2001-AA/TC, complementada en parte con la STC Exp. N° 04972-2006-PA/TC que justamente estableció una lista de los derechos fundamentales atribuibles a las personas jurídicas privadas y, por ende, sean protegidas a través de una acción de amparo; sin embargo, con relación a las personas jurídicas de derecho público no es sino a través de la STC Exp. N° 2939-2004-AA/TC, de fecha 13 de enero de 2005, que comprobó la vulneración del derecho fundamental al debido procedimiento administrativo de una persona jurídica pública, en los seguidos por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo contra Osinergmin, donde el fundamento se encuentra justamente en reconocer a las personas jurídicas, independientemente de su naturaleza pública o privada, que puedan ser titulares de derechos fundamentales y que en esa medida puedan solicitar su tutela mediante los procesos constitucionales.

En tal sentido, queda resuelto lo relacionado a la intervención de personas jurídicas de derecho público que gozan de derechos fundamentales; y, por tanto, tengan derecho de tutela a través de una acción de garantía que busca proteger sus derechos fundamentales, argumento que se origina a partir de que si bien existen determinados derechos que por su naturaleza solo puede ser titular la persona humana, existen también otros derechos que igualmente pueden ser titulares las personas jurídicas, correspondiendo al juzgador verificar el derecho amenazado o vulnerado, indicando expresamente que tal reconocimiento de derechos fundamentales sobre las personas de derecho público no implica de ninguna manera posicionar en el mismo nivel del Estado y la persona humana, la misma que continúa siendo el fin supremo de la sociedad y el Estado.

Quedando esclarecido los temas de carácter procesal respecto a la posibilidad de invocar el derecho de tutela efectiva a través de una acción de garantía, que albergue protección a derechos fundamentales, cuyo titular es una persona jurídica de derecho público, el Tribunal Constitucional al momento de resolver el tema de fondo, sostiene que forma parte ya de su jurisprudencia lo relacionado a garantizar la existencia e integridad de la propiedad de la persona, sea natural o jurídica, donde el ordenamiento jurídico reconoce que el titular puede gozar, usar, explotar y disponer de su propiedad, pero también reconoce que el derecho de propiedad puede ser pleno e irrevocable, pleno en el sentido de que le confiere a su titular propietario un conjunto de atribuciones que puede ejercer de manera independiente dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; e irrevocable en el sentido de que la extinción o transmisión del derecho de propiedad depende de la propia voluntad de su titular y no un hecho ajeno o causa extraña o por el solo querer de terceros, salvo las excepciones previstas por la misma Constitución, y que solamente en el presente caso nos llevó a la expropiación, que procede en materia de seguridad nacional o por exigencias de necesidad pública, cuyo procedimiento se circunscribe a cumplir con ciertos requisitos como el hecho de justificar la necesidad de expropiar declarada por ley, y efectuar el pago de un justiprecio del área o terreno a expropiar, caso contrario estamos ante la vulneración del derecho de propiedad, argumento que determina la decisión final, al indicar la ley materia de análisis aplicada por la SBN afectó, sin duda alguna, el derecho de propiedad de la municipalidad demandante, pues de la revisión y estudio de la citada Ley N° 29764, esta no declara ninguna expropiación, tampoco expresa los motivos de su ejecución, como tampoco determina el reconocimiento de alguna indemnización, procediendo a amparar el derecho de propiedad, significando una sentencia que garantiza el derecho de propiedad, sin discutir la legalidad de una norma imperativa y autoaplicativa, que originó la colisión de dos entidades de derecho público.

CONCLUSIONES

• El Tribunal Constitucional, a través de la presente sentencia, mantiene su posición garantista respecto a proteger los derechos fundamentales de las personas naturales, y las personas jurídicas privadas y de derecho público, sin hacer distingo alguno para acceder a la tutela efectiva.

• La sentencia materia de análisis resuelve un conflicto sobre los efectos de una ley autoaplicativa e imperativa, sin cuestionar su validez y vigencia, pues aclara que lo resuelto parte de verificar si los efectos o ejecución de dicha norma afectan los derechos fundamentales.

• La sentencia del Tribunal refuerza la jurisprudencia con relación al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

• La sentencia en estudio, expone de manera legal la procedencia del procedimiento de expropiación como la única excepción que tiene el Estado de poder transferir y tomar posesión de bienes inmuebles por necesidad pública; sin embargo, hace énfasis que por más imperativa que sea una ley de expropiación, esta siempre debe reconocer el justiprecio de un bien despojado a un tercero sea persona natural o jurídica privada o de derecho público.

• El Tribunal Constitucional reconoce la autonomía de los gobiernos locales, quienes son competentes para administrar sus bienes, conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

COMENTARIOS FINALES

1. La presente sentencia materia de análisis, señala que la ley objeto de litis ha transgredido la posición estable en materia de transferencia de bienes municipales protegido además de la Constitución, por la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972); cuyos artículos 195 y 196.1 de la Constitución Política infieren expresamente que los bienes inmuebles de los gobiernos locales corresponden específica y excluyentemente a la municipalidad, contando con autonomía para administrarlo, lo que resulta concordante con los artículos 59 y 64 de la Ley Orgánica de Municipalidades que sostienen las dos únicas formas o modalidades para transferir los bienes municipales.

2. Asimismo, corresponde comentar que, sin duda alguna, estamos ante una sentencia que refuerza la jurisprudencia en materia de derecho de propiedad, y delimita a las leyes autoaplicativas e imperativas que de manera abusiva y sin sustento alguno procuran la ejecución de acciones que vulneran de manera evidente los derechos fundamentales, salvo las excepciones que fueron bien expuestas por el Tribunal durante el desarrollo de la sentencia y que sin marcan de manera reiterativa la protección del derecho de propiedad.

3. De otro lado, la Superintendencia de Bienes Nacionales exigió la aplicación de una ley que más allá de tener la fuerza legal de su aplicación inmediata, contravenía a su propia ley, pues conforme a lo previsto por el artículo 9 de la Ley N° 29515, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, indica en forma expresa que la transferencia de propiedad de los gobiernos locales se sujeta a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, se debió sujetar a lo previsto por el artículo 59 y 64 referido a la disposición de bienes municipales como las únicas formas de transferir los bienes municipales.

4. Finalmente, debo expresar que con la presente sentencia, el Tribunal Constitucional, resolvió una problemática relacionada con el enfrentamiento entre dos entidades del Estado relacionado no solamente con el hecho de dar cumplimiento a una ley de carácter autoaplicativa y de cumplimiento inmediato, sino también de reforzar o debilitar el derecho de propiedad, a partir de verificar la vulneración o afectación de los posibles derechos fundamentales, superando las cuestiones de forma, así como la vigencia y cumplimiento de una ley, la misma que nunca fue discutida por el Tribunal, sino verificar si la misma finalmente afectó los derechos fundamentales del accionante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tribunal Constitucional del Perú. STC Exp. N° 00905-2001-AI/TC.

Tribunal Constitucional del Perú. STC Exp. N° 04972-2006-PA/TC.

Tribunal Constitucional del Perú. STC Exp. N° 02939-2004-AA/TC.

Tribunal Constitucional del Perú. STC Exp. N° 03631-2015-PA/TC.

^[1] El artículo 1 de la Ley N° 28183 establece lo siguiente: “La presente Ley tiene por objeto regular el establecimiento, la promoción y el desarrollo de Parques Industriales”.