Lima, 13 de julio 2012

VISTO: El Informe Defensorial Nº 157, denominado “Sistema Penal Juvenil”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, a través del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

ANTECEDENTES:

Desde 1996, la Defensoría del Pueblo viene supervisando de manera permanente la situación de los adolescentes infractores de la ley penal internados en los Centros Juveniles ubicados en el ámbito nacional. En el Informe Defensorial Nº 123, “La Situación de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal Privados de Libertad” (Supervisión de los Centros Juveniles), publicado en el año 2007 y en el Informe de Adjuntía Nº 001-2011-DP/ADHPD, “Supervisión del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima” (enero 2011), se formularon recomendaciones para que se incremente el número de personal destinado a las labores de tratamiento, se realicen mejoras en la infraestructura, así como en las condiciones de internamiento, entre otros aspectos.

CONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la Defensoría del Pueblo en el Sistema Penitenciario. De acuerdo con lo establecido por el artículo 162º de la Constitución Política del Perú y en el artículo 1º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde a esta institución la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos. En el caso de los adolescentes infractores a la ley penal, la labor se enmarca en las disposiciones de la “Convención sobre los Derechos del Niño” y el “Código de los Niños y Adolescentes”.

Segundo.- Contenido del Informe Defensorial. El presente Informe Defensorial contiene los resultados de la supervisión defensorial realizada, entre febrero y junio del 2012, a los nueve centros juveniles que albergan a la totalidad de adolescentes infractores privados de libertad en el país, lo que permitió evaluar los aspectos básicos del sistema de tratamiento a dichos adolescentes. Para esta labor, la Defensoría del Pueblo contó con la plena colaboración de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, así como de las autoridades y del personal de cada uno de los centros.

Tercero.- Fundamentos del Sistema Penal Juvenil.

De acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, el ordenamiento jurídico del Perú asume el modelo de la «Doctrina de la Protección Integral», enfoque que reconoce al menor de edad como ser humano y sujeto de derechos, teniendo en función a su edad, un procedimiento judicial especial y con las garantías de la Ley Penal. La aplicación de las medidas socioeducativas en un Centro Juvenil debe aplicarse en consideración a la gravedad de las infracciones y las condiciones personales, familiares y sociales del adolescente.

Cuarto.- Política Criminal del Sistema Penal Juvenil. En el plano normativo, en los últimos cinco años se han producido algunas modificaciones al Código de los Niños y Adolescentes. Las más importantes son el incremento de la medida socioeducativa de internamiento, de tres a seis años (aplicable a todas las infracciones). Asimismo, se ha variado la edad mínima a partir de la cual el adolescente puede ser procesado por cometer una infracción penal. De esta manera, sólo los adolescentes entre 14 a 18 años pueden ser sometidos a un proceso judicial por dicho motivo.

Durante el mismo período se han propuesto diversas modificaciones con relación a la situación de los adolescentes infractores y los Centros Juveniles. La Defensoría del Pueblo ha señalado su posición con relación a las principales

a) Se ha propuesto trasladar la administración de los Centros Juveniles de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), conforme sucedió hasta el año 1996. Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera que ello resultaría inconveniente en razón de la función propia del Inabif, que no es un organismo especializado en el tratamiento del adolescente infractor ni en la ejecución de una medida privativa de libertad. Por ende, el proyecto debe ser revisado. Además, se recomienda considerar que la Gerencia de Centros Juveniles se constituya en un órgano autónomo, con similares prerrogativas, atribuciones administrativas y presupuestales que el Instituto Nacional Penitenciario.

b) Se ha propuesto disminuir la edad de imputabilidad penal por debajo de los 18 años. La Defensoría del Pueblo recuerda que ello vulnera la disposición de la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos del Niño ha establecido al respecto.

c) Se ha elaborado un proyecto de Nuevo Código de los Niños y Adolescentes que, con relación al tratamiento de la infracción penal, establece cambios en el proceso a seguirse (adecuándolo a la reforma procesal penal de adultos), en las medidas socioeducativas, promoción de la justicia juvenil restaurativa, entre otros aspectos. La Defensoría del Pueblo ha participado en la Comisión que elaboró el citado proyecto.

Quinto.- Los Centros Juveniles a nivel nacional. Los Centros Juveniles a cargo de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, albergan a los adolescentes infractores, aplicando el “Sistema de Reinserción Social del Adolescente en confl icto con la ley penal”. En la actualidad existen nueve centros que desarrollan el sistema cerrado (internación en un Centro Juvenil) y un Servicio de Orientación al Adolescente (en Lima) para aplicar el sistema abierto (medidas socioeducativas no privativas de la libertad).

En los siete centros juveniles del interior del país se desarrollan en simultáneo, el sistema abierto y el cerrado. La falta de infraestructura y personal propios, para el desarrollo del sistema abierto en el ámbito nacional, constituye todavía un desafío pendiente.

De los nueve centros juveniles que desarrollan el sistema cerrado, ocho albergan a varones y uno a mujeres adolescentes infractoras, que provienen de distintas regiones, principalmente de Lima y el Callao.

Sexto.- Adolescentes atendidos por los Centros Juveniles. De acuerdo con la información de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, a mayo del 2012 existen 2,278 adolescentes atendidos por el Servicio de Reinserción Social del Adolescente Infractor: 1,558 bajo la modalidad del sistema cerrado (68.4%) y 720 en la modalidad del sistema abierto (31.6%).

Séptimo.- Medidas socioeducativas dictadas por los jueces. Del total de resoluciones judiciales emitidas por la comisión de una infracción (2,019), en el 64.5% (1,302) se dictó internamiento y sólo en el 35.5% (717) medidas no privativas de libertad. La reducida aplicación de medidas no privativas de libertad se mantiene en un porcentaje similar al del Informe Defensorial Nº 123.

Octavo.- Características personales de los adolescentes infractores internos en los Centros Juveniles. Al respecto se puede señalar que: a) La edad más presente entre los adolescentes es de 17 años (32.9%); a continuación aparece el grupo de 16 años (24,3%). b) En cuanto al nivel de instrucción, el 56.4% de adolescentes no ha culminado la secundaria y el 24% no ha completado estudios primarios. c) Respecto a su procedencia, el 35.4% de los adolescentes provienen de Lima; el 5.3%, del Callao 7%, de Piura; el 5.7%, de La Libertad; el 4.4%, de Junín; el 4.4%, de Ica; el 4.3%, de Ayacucho; y el 33.3% proviene del resto de regiones. El 0.2% procede del extranjero.

Noveno.- Características jurídicas de los adolescentes infractores internos en los Centros Juveniles. Al respecto se puede señalar que:

a) En cuanto a su situación jurídica, el 83.6% agrupa a sentenciados y el 16.4% a procesados.

b) En cuanto al sexo de los adolescentes internos; el 96.8% está integrado por varones y el 3.2% por mujeres.

c) El grupo de infracciones más frecuentes son aquellas contra el patrimonio (60.1%), violación sexual (18.9%); infracciones contra el cuerpo, la vida y la salud (16.6%); tráfico ilícito de drogas (6.4%); y pandillaje pernicioso (1.2%).

d) La gran mayoría de las medidas de internamiento no superan los tres años (81.5%) y sólo el 18.5% oscila entre 3 y 6 años. El 34.5% de sentencias son menores a los 12 meses, lo que origina que los recursos de los centros juveniles sean utilizados en situaciones que podrían ameritar medidas no privativas de libertad.

e) El mandato judicial de detención es ordenado mayoritariamente por los jueces del Distrito Judicial de Lima Norte (13.5%), Lima (12.7%), Piura (7%), Callao (5.9%) y La Libertad (5.7%).

f) El nivel de reincidencia dentro del sistema cerrado es del 8.7%. Esto considera la comisión de infracciones de un adolescente hasta cumplir los 18 años de edad. En el Informe Defensorial Nº 123, el porcentaje alcanzaba el 7.4%.

g) Con relación a la reincidencia después de alcanzar la mayoría de edad, debemos señalar que el Instituto Nacional Penitenciario ha realizado un cruce de información, en base a la relación de los 144 adolescentes egresados del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, entre el 2006 y 2012, que completaron los cuatro Programas del Servicio de Reinserción Social del Adolescente Infractor (es decir, aquellos jóvenes que han cumplido internamiento mayor a dos años por infracciones de considerable gravedad). De éstos, solo 2 han ingresado a un establecimiento penitenciario de adultos, lo que implica una tasa de reincidencia del 1.4%. Atendiendo a las particularidades de esta muestra, se puede afirmar que el tratamiento de los centros juveniles presenta resultados positivos, en los casos de infracciones graves.

Décimo.- Información respecto a los antecedentes de las infracciones penales. Se mantiene la falta de una articulación funcional entre los registros de información con que cuenta la administración penitenciaria (INPE) y la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial para el intercambio y análisis de información sobre los antecedentes de infracciones y la comisión de delitos. Asimismo, se mantiene la inexistencia de un Registro Nacional del Adolescente Infractor, conforme lo establece el artículo 159º del Código de los Niños y Adolescentes.

Décimo primero.- Resultados de la supervisión de los Centros Juveniles. La Defensoría del Pueblo ha podido constatar lo siguiente:

a) Existe una mejora en la infraestructura con relación a la que se reportó en el Informe Defensorial Nº 123 (2007) gracias a las acciones que ha desarrollado la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial desde el año 2011, labor que se ha podido apreciar en cada uno de los centros visitados. Ello ha permitido mejorar las condiciones de detención de los adolescentes y las áreas de trabajo del personal, entre otros aspectos. Se han refaccionado diversos ambientes como dormitorios, talleres, aulas y servicios higiénicos. En el caso del Centro Juvenil de Varones de Lima se ha ampliado la capacidad de albergue.

b) Existen otras obras que mejoran la situación de los centros juveniles: construcción de salas de juzgamiento, instalación de equipos para audiencias mediante videoconferencias, implementación de talleres, entre otros.

c) De los nueve centros juveniles, ocho presentan una infraestructura aceptable y sólo el Centro Juvenil El Tambo (Huancayo) se encuentra en mal estado debido –principalmente- a la antigüedad de su construcción. Sobre este último, debe señalarse que se encuentra en trámite un proyecto de estudio de inversión privada para el mejoramiento de su infraestructura.

d) La infraestructura de seguridad se ha mejorado con la inclusión de cámaras de seguridad, construcción de casetas, entre otros aspectos, que se ha podido verifican en todos los centros juveniles.

e) Si bien se constata un incremento del personal de 18% en los últimos meses, aún no se cuenta con el personal de tratamiento suficiente para una atención adecuada de los centros juveniles en el sistema cerrado. Para ello se requiere un aumento presupuestal.

f) Es necesario destacar la implementación del convenio entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Poder Judicial para la construcción de ambientes y la incorporación de profesionales para el tratamiento de los adolescentes consumidores de drogas. En la actualidad, Devida cuenta con 12 psicólogos en todo el territorio nacional, de los cuales 5 laboran en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, donde existen altas tasas de adolescentes con problemas de adicción.

g) Existe un importante compromiso del personal de los Centros Juveniles y de los propios adolescentes. En esa medida, los ambientes construidos son de mucha utilidad para desarrollar los programas de tratamiento y la reincorporación del adolescente infractor.

Décimo Segundo.- Evaluación de la supervisión de los Centros Juveniles. Las visitas a los Centros Juveniles permiten señalar que:

a) De acuerdo con la información sobre la capacidad de albergue proporcionada por la Gerencia de Centros Juveniles, existe cierta sobrepoblación en algunos centros juveniles: Centro Juvenil de Lima (32.1%), Trujillo (13.6%), El Tambo (Huancayo) (12.7%), Pucallpa (11%), Miguel Grau (Piura) (8.5%) y Marcavalle (Cusco) (2.1%). Es necesario construir criterios objetivos de medición de dicha capacidad, considerando tanto el número de camas, como el resto de condiciones físicas para el desarrollo de los programas de tratamiento, personal profesional de tratamiento existente, entre otros.

b) Si bien el nivel de sobrepoblación no es crítico, en comparación con el sistema penitenciario adulto, el aumento de adolescentes con medida de internación (que no es atribuible a la Gerencia de Centros Juveniles) requiere incrementar la capacidad de atención de los Centros Juveniles, estableciendo una línea de proyección, a fin de prever el aumento de la capacidad de albergue y del personal, especialmente de tratamiento.

c) Las condiciones de seguridad de los Centros Juveniles aún requieren mejoras adicionales a las realizadas en los últimos meses, tanto en la infraestructura como en la instalación de destacamentos policiales a las afueras de los centros juveniles. A ello se suma la necesidad de mejorar en algunos centros juveniles los muros perimétricos, equipo para la revisión de visitas y paquetes, separación física entre los diversos programas de tratamiento separación física del área administrativa con la destinada a las actividades de los adolescentes, entre otros.

d) Es urgente la iniciación de obras de infraestructura integrales en el Centro Juvenil de El Tambo (Huancayo) y Trujillo.

e) Es necesario desarrollar mayores esfuerzos para incrementar el personal de los centros juveniles, especialmente los de tratamiento, requiriéndose además la mejora de la infraestructura. Este personal también demanda una mejora remunerativa, programas de capacitación permanentes y evaluación periódica, para determinar las capacidades laborales, entre otros.

f) El personal de los Centros Juveniles del interior del país realiza tratamiento de los adolescentes internados y de aquellos que se encuentran con medida no privativa de libertad, por lo que su labor se ve adicionalmente recargada. Se debe considerar este factor al momento de establecer el incremento de personal y los programas de capacitación.

Décimo Tercero.- El Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. En enero del 2011, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe de Adjuntía Nº 001-2011/ DP-ADHP, en el que se señalaba como los principales problemas: la deficiente infraestructura, sobrepoblación e insuficiencia de personal. La supervisión realizada en junio del 2012, permite afirmar que se han realizado importantes esfuerzos para rehabilitar y ampliar la infraestructura. Asimismo se ha incrementado el número del personal del Centro Juvenil. Estas acciones se deben mantener para garantizar su adecuado funcionamiento.

Décimo Cuarto.- El Centro Juvenil Santa Margarita.

En dicho centro se observan mejoras en la infraestructura. Adicionalmente se han construido nuevas aulas, así como un wawawasi que alberga actualmente a siete bebes, hijos de las adolescentes madres.

Décimo Quinto.- Los programas de formación laboral. La formación laboral que reciben los adolescentes en los talleres de los Centros Juveniles sólo pueden recibir certificación del Centro Juvenil, en tanto no están instituidos como Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro). Ello impide que dicha certificación pueda ser útil cuando el adolescente recupere su libertad y pretenda demostrar su capacitación laboral, generando estigmatización y discriminación.

Si bien se han observado avances importantes, existen algunos retos que el Estado peruano debe asumir, para lograr articular una política integral de atención a favor del adolescente infractor.

SE RESUELVE: