El voto en discordia parcial del señor vocal Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio es el siguiente:

El vocal que suscribe el presente voto difi ere parcialmente del pronunciamiento en mayoría emitido en el presente procedimiento, toda vez que: (i) por una parte, coincide con la referida decisión en el sentido que declaró la nulidad de la Resolución 2626-2018/CC2, en tanto se verificó la vulneración al debido procedimiento consistente en que la primera instancia no valoró la totalidad de los argumentos planteados por Mondelez Perú S.A. (en adelante, Mondelez); y, (ii) por otra parte, discrepa con la evaluación de responsabilidad administrativa efectuada contra Mondelez por la presunta infracción del artículo 37º del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código).

Con respecto a la posición discrepante, se sustenta dicho criterio bajo los siguientes fundamentos:

Sobre la responsabilidad administrativa de Mondelez por el etiquetado de alimentos manufacturados con insumos transgénicos

1. Para efectos de poder desarrollar con suficiente claridad el presente acápite, corresponde otorgar un alcance sobre aquellos conceptos y fi guras que ocuparán un lugar trascendental en las conclusiones vertidas sobre el hecho materia de discusión en este procedimiento.

2. En la medida que la materia controvertida de este caso recae sobre un aspecto técnico –al versar sobre temas como el etiquetado de productos manufacturados y los alimentos genéticamente modificados–, será necesario contextualizar los conceptos y fi guras involucradas, en tanto ello brindará a los administrados un cabal entendimiento de la posición adoptada en este voto ante la pretensión formulada por Aspec en su escrito de denuncia.

3. Bajo dicha óptica, se procederá a iniciar su evaluación con una breve introducción de la biotecnología moderna y su aplicación en la producción alimenticia, haciendo énfasis, en su vinculación e influencia sobre nuestro marco jurídico. Posteriormente, se efectuará una descripción de la vinculación de esta tecnología en materia de protección al consumidor, así como los antecedentes del Indecopi sobre esta temática. Finalmente, y una vez delimitado el alcance del tema de fondo, se realizará un análisis de la conducta controvertida bajo la aplicación del Principio de Tipicidad, atendiendo de esta manera, los cuestionamientos y argumentos planteados por las partes del presente procedimiento.

a) La biotecnología moderna y su aplicación en la producción alimenticia

4. En términos generales, la aparición de la biotecnología moderna63 –consistente en el análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN), el ácido ribonucleico (ARN), las proteínas, la genómica, la bioinformática y la ingeniería genética aplicadas a la modificación genética de organismos vivos64– como herramienta científica en el desarrollo de la sociedad no ha estado ajena al debate y la discusión.

5. Dada la naturaleza multidisciplinaria de esta área científica –empleada en la biología, química, y, sectores como la agricultura, farmacia, alimentos, ciencias forestales, medicina, entre otros– se hace evidente que se trata de un tipo de tecnología que afecta, casi en su totalidad, la actividad humana.

6. Tal como sostienen Luján y Moreno, la biotecnología, al tratarse de una herramienta que opera directamente con organismos vivos posee un poderoso valor simbólico, lo cual hace que pueda tener peculiares y revolucionarios efectos en la conformación socio-económica de la sociedad del siglo XXI, como, por ejemplo, en los siguientes temas: (i) aspectos éticos relacionados con la vida humana en la práctica médica; (ii) aspectos jurídicos relativos a los límites de los derechos de propiedad intelectual; (iii) cuestiones ambientales relacionadas con los posibles efectos de la diseminación de organismos modificados genéticamente; (iv) implicaciones para la seguridad y salud de los trabajadores de empresas biotecnológicas y de sus productos; (v) valoración de las repercusiones socioeconómicas de las nuevas tecnologías; y, (vi) cuestiones relativas a la formación, información y participación ciudadana en la toma de decisiones y a la elección de alternativas relacionadas con la biotecnología65.

7. Ahora bien, conforme se había anticipado en líneas anteriores, en la actualidad, la industria alimenticia está estrechamente vinculada con la aplicación de la biotecnología moderna, pues su utilización presenta nuevas oportunidades y desafíos para la salud y desarrollo humano. Esto se ve reflejado en la adopción de distintas características sobre vegetales a los cuales se les añadió rasgos genéticos de otros organismos vivos para, por ejemplo, velar por la tolerancia a la sequía, la sal o las plagas.

8. La inclusión de rasgos novedosos en los alimentos genéticamente modificados ofrece un potencial aumento de la productividad agrícola, mejor calidad y características de nutrición o procesamiento; sin embargo, ello no resulta necesariamente aplicable en todos los casos, sobre todo en aquellos donde se utilizan genes o rasgos más novedosos, respecto de los cuales aún se desconoce antecedente alguno sobre su inocuidad66.

9. Esta incertidumbre viene a configurarse como una de las principales razones por las cuales, en determinados países, existe cierta resistencia política y social a la utilización de alimentos genéticamente modificados, lo cual se refleja en la instauración de una respectiva regulación normativa.

10. De manera particular, este escenario no ha sido ajeno al caso peruano, toda vez que, mediante la Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de Tecnología, se buscó normar el uso de la biotecnología moderna con la finalidad de: (i) proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica; (ii) promover la seguridad en la investigación y desarrollo de la biotecnología en sus aplicaciones para la producción y prestación de servicios;

(iii) regular, administrar y controlar los riesgos derivados del uso y liberación de organismos genéticamente modificados; y, (iv) regular el intercambio y la comercialización de los organismos genéticamente modificados.

11. Si bien dicha disposición legislativa no está estrictamente orientada a normar la utilización de alimentos genéticamente modificados (alimentos transgénicos); lo cierto es que, desde una perspectiva general, demuestra que, en nuestro país, existe una cierta política de cuidado y prevención sobre la aplicación de la biotecnología moderna en distintos sectores. En efecto, bajo la aplicación del Principio Precautorio, se busca evaluar los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica que pueda originar la liberación intencionada de un organismo genéticamente modificado, y, en caso de detectarse una amenaza, desautorizar su liberación y uso67.

12. La activación del Principio Precautorio está supeditada a la concurrencia de dos (2) principales presupuestos: (i) la existencia de incertidumbre o de información científica inconclusa e insuficiente; y, (ii) la posible existencia de un daño grave o irreversible68. Claramente, dicho principio está regido por una lógica en la cual resulta más sensato optar por no realizar o permitir una determinada actividad ante la posibilidad de que sus consecuencias sean más costosas para la sociedad.

13. Ello implica destacar, de forma preliminar, que la aplicación del Principio Precautorio está sujeta a la constitución y desarrollo de un adecuado sistema de identificación de riesgos negativos de los organismos genéticamente modificados. No obstante, tal como lo reconocen distintas fuentes, ello aún no se encuentra debidamente consolidado en nuestro país, toda vez que “(...) para poder llevar a cabo estos análisis, se requieren una serie de capacidades que aún estamos construyendo como país. Necesitamos un adecuado presupuesto en cada una de las entidades que tienen competencia para regular la biotecnología moderna, procedimientos claros e incluidos en los instrumentos de gestión de estas entidades, desarrollar reglamentos sectoriales, personal suficiente y capacitado, laboratorios equipados, conocimiento actualizado de cultivos que podrían verse potencialmente afectados por la introducción de OVM, entre otros”69.

14. Conforme lo destaca la propia Exposición de Motivos del Decreto Supremo 008-2012-MINAM, Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, “(...) actualmente, el Perú no cuenta con las capacidades técnicas y estructurales suficientes que permitan una adecuada evaluación y control de las actividades de liberación al ambiente de OVM. Tampoco cuenta con información detallada sobre la situación actual de la biodiversidad nativa que permita establecer las líneas de base, un factor fundamental en toda evaluación y gestión de riesgos (...)”.

15. Lo dicho hasta estas líneas permite grafi car el alto grado de incidencia que posee la aplicación de la biotecnología comercial en el ámbito social y económico de un país. Tal como se resumió brevemente, el caso peruano no se encuentra aislado de esta realidad, pues, a través de los últimos años fue incorporando distintas disposiciones normativas que puedan regular la investigación y uso de los organismos genéticamente modificados, siendo aún una tarea pendiente el desarrollo de un sistema integral de detección de este tipo de organismos en los distintos sectores de nuestra industria.

b) El etiquetado de alimentos con insumos transgénicos en el Perú

16. El etiquetado de alimentos guarda su finalidad en el amparo y protección al derecho a la salud, medio ambiente e información de los consumidores. Dentro del ámbito de la bioseguridad, el etiquetado viene a ser parte de una política pública que vela por que los consumidores puedan tener acceso a datos relevantes de la fabricación de alimentos manufacturados, específicamente, de aquellos que utilizaron insumos transgénicos para su respectiva producción.

17. Hay que precisar en este punto que el etiquetado de alimentos con componentes transgénicos a nivel internacional no posee una postura unívoca, careciéndose así de un consenso respecto de la adopción de un método y/o criterio universal en su regulación. Básicamente, podemos encontrar regímenes de etiquetado opcional y obligatorio, diferenciando en este último grupo aquellas políticas inspiradas en la aplicación del Principio Precautorio; y, de otro lado, aquellas regidas por el Principio de Equivalencia Sustancial.

18. Con respecto a la política de etiquetado influenciada por el Principio Precautorio, ésta se encuentra caracterizada, tal como se puede desprender del previo desarrollo del referido principio, por una finalidad preventiva de traslado de información a los consumidores respecto de componentes sobre los cuales existe un cierto nivel de incertidumbre sobre su afectación a la salud. En este principio se pone especial atención a la trazabilidad del producto, esto es, la cadena de producción del mismo, para así poder detectar, y, de ser el caso, informar sobre la utilización de insumos transgénicos durante el proceso de fabricación.

19. Cabe resaltar que, a modo de ejemplo, en la Unión Europea –región que aplica el Principio Precautorio en el etiquetado de sus productos alimenticios–, mediante la emisión de su Reglamento 1829/2003, se establecieron una serie de disposiciones legales en el etiquetado de productos, las cuales definían aspectos como: (a) el tipo de trazabilidad que debía informarse en el etiquetado; (b) la existencia de un umbral mínimo de presencia accidental;

(c) el tipo de frase que se utilizaría en el etiquetado; (d) el establecimiento de excepciones; (e) la aplicación particular de la norma según el tamaño de etiqueta; (f) la delegación del proceso de detección a cargo de un laboratorio comunitario de referencia; y/u otros detalles70.

20. Por otro lado, en la regulación regida por el Principio de Equivalencia Sustancial, se pone énfasis en el análisis del producto final, y no sobre el proceso de trazabilidad. Bajo la aplicación de este principio, la evaluación esencial radica en la detección de que el producto final con insumo transgénico sea sustancialmente distinto a aquel producto tradicional, puesto que, sólo en ese caso, será obligatorio informar en su etiquetado el insumo transgénico utilizado.

21. En el caso peruano, el artículo 37º del Código establece que los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas71. En efecto, no resulta controvertido que, conforme se desprende de la lectura de la disposición normativa del Código, existe un reconocimiento legal consistente en señalar que la utilización de insumos transgénicos en la elaboración de alimentos se configura como información de naturaleza relevante para los consumidores.

22. Ello viene a ser consecuencia, especialmente, del ya mencionado Principio Precautorio, mediante el cual se prioriza el ejercicio del derecho a la transparencia que poseen los consumidores sobre un aspecto de particular trascendencia, no solo por la incertidumbre de los potenciales efectos negativos que pueden tener los componentes transgénicos en los alimentos, sino también, en atención a motivaciones de distinta índole –pero no por ello, menos relevantes– como el respeto de credo y costumbre de los consumidores.

23. Pese a que el Código no desarrolla aquel régimen o principio que vincula la disposición legal de etiquetado de productos alimenticios con componentes transgénicos; a mi criterio, resulta razonable colegir que dicha exigencia se encuentra influenciada por la aplicación del Principio Precautorio, más aún cuando el régimen general de cuidado y prevención sobre la aplicación de la biotecnología moderna está expresamente justificado bajo el amparo de este principio.

24. Ahora bien, tal como se vio en el caso de la Unión Europea, la aplicación de un régimen vinculado al Principio Precautorio implica, a su vez, tener un desarrollo normativo y técnico de distintos factores, como, por ejemplo, aquella política de detección de alimentos genéticamente modificados, la modalidad de etiquetado, el tipo de frase a utilizar, la existencia o no de excepciones, entre otros aspectos de similar relevancia para su adecuado cumplimiento y ejecución. En caso contrario, aun cuando nuestra legislación contemple una obligación legal sobre esta temática, la misma tendrá claras limitaciones para su eventual fiscalización.

25. Concretamente, en el caso materia de análisis, dentro del cual se evalúa la responsabilidad administrativa de un proveedor –con la posibilidad de imponer una eventual sanción– resulta de obligatoria concurrencia la inclusión de elementos que permitan, por un lado, al administrado tener certeza sobre su conducta en el mercado; y, por otro lado, a la Autoridad tener conocimiento sobre su labor de fiscalización, tomando en cuenta para ello el ámbito objetivo y subjetivo de la norma competente.

26. Dicho esto, y, una vez esclarecido el ámbito teórico de los alimentos genéticamente modificados en nuestro país, corresponde analizar si el ordenamiento jurídico relacionado a esta materia se encuentra adecuadamente desarrollado. Para ello, es de impostergable necesidad hacer una valoración preliminar de la importancia del cumplimiento del Principio de Tipicidad dentro de los procedimientos administrativos en los cuales existe la posibilidad de imponer una determinada sanción ante la eventual configuración de una conducta infractora.

c) Sobre el Principio de Tipicidad

27. El numeral 4 del artículo 248º del TUO de la LPAG contempla al Principio de Tipicidad como uno de los principales pilares del procedimiento sancionador, señalando que solo se constituyen como conductas sancionables aquellas infracciones previstas en normas con rango de ley mediante su tipificación, sin admitir interpretación extensiva o análoga. A su vez, indica que las disposiciones reglamentarias pueden especificar o graduar determinadas conductas o sanciones, sin constituir con ello nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo disposición contraria72.

28. El Principio de Tipicidad tiene su justificación en una doble necesidad, ya que, en primer lugar, guarda su fundamento en aquella disposición constitucional consistente en señalar que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ésta no prohíbe; y, en segundo lugar, tiene un correlato evidente en la seguridad jurídica, en tanto permite que los administrados tengan un conocimiento certero de las consecuencias respecto de los actos que ejecutan73.

29. En palabras de Morón74, el cumplimiento de este principio exige la concurrencia de tres (3) aspectos: (i) la reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la Administración; (ii) la exigencia de certeza y exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de las infracciones administrativas; y, (iii) la interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos.

30. Para efectos del presente caso, conviene detenernos en el segundo aspecto mencionado, puesto que el mismo hace énfasis en aquella exigencia relacionada con la exhaustividad de la formulación del supuesto infractor contenido en una determinada norma. Ello implica que la redacción de esta disposición debe describir específica y taxativamente todos los elementos de la conducta, en tanto dichas características se configurarán en una garantía plena del administrado, quien actuará en conformidad con lo contemplado en una disposición legal.

31. Conviene subrayar que este desarrollo teórico guarda plena congruencia con aquella perspectiva expuesta por el Tribunal

Constitucional, entidad que subrayó que “(...) el subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal”75. (Subrayado agregado)

32. A su vez, el supremo intérprete de la Constitución señaló que se vulnera el subprincipio de tipicidad o taxatividad cuando, pese a que la infracción o delito está previsto en una norma con rango de ley, la descripción de la conducta punible no cumple con los estándares mínimos de precisión. Dicho esto, queda claro que, al momento de evaluar la responsabilidad administrativa, la Autoridad deberá valorar, de modo previo, que la conducta controvertida cumpla con aquella disposición mínima de claridad y exhaustividad requerida para exigir su cumplimiento.

33. Hay que manifestar que, a mi parecer, el cumplimiento de dicho requisito se hace más evidente respecto de aquellas disposiciones legales que guardan un matiz técnico particular. En efecto, aun cuando el Principio de Tipicidad resulte de aplicación general para todo tipo de conductas; lo cierto es que su eficacia es más apremiante en aquellos supuestos en los cuales el supuesto de hecho regulado posea una mayor complejidad en su desarrollo.

34. A mayor abundamiento, debe considerarse que existen disposiciones legales que contemplan una determinada base fáctica que resulta de fácil comprensión para los administrados, aun cuando ésta pueda ser identificada con una redacción, a simple vista, genérica. Pese a esta característica, se prioriza el entendimiento de la norma, siempre que para su ejecución no sea necesario efectuar una interpretación alambicada y/o análoga ante el eventual escenario de un vacío legal, puesto que, con ello, no se atentaría contra la finalidad que persigue el Principio de Tipicidad.

35. No obstante, existen otro tipo de situaciones en las cuales, el administrado necesitará de elementos adicionales para poder obtener certeza sobre la conducta que el legislador tuvo la intención de regular. Ello puede deberse a distintos factores, pudiendo encontrarse entre ellos, por ejemplo, la complejidad de la materia normada. Dentro de este tipo de supuesto, tal como se indicó en líneas anteriores, será de impostergable necesidad tener un nivel de detalle tal que se permita al administrado conocer sobre el modo y consecuencias de una determinada conducta, sea esto contemplado en la misma norma con rango de ley, o, a través de su respectivo reglamento.

36. Bajo estas consideraciones, corresponde evaluar si, en el caso concreto, existe un marco jurídico que sea adecuado para la aplicación de las disposiciones relacionadas con el etiquetado de alimentos con insumos transgénicos, y, de ser ese el caso, verificar si la obligación contenida en el artículo 37º del Código resulta exigible a Mondelez.

d) Análisis del caso concreto

37. Tal como se precisó en párrafos previos, específicamente, en aquel acápite referido al etiquetado de alimentos con elementos transgénicos, anticipé que la disposición legal contemplada en el artículo 37º del Código se encuentra estrechamente vinculada a la aplicación del Principio Precautorio; ello, en la medida de que la política de vigilancia y supervisión de la biotecnología moderna está expresamente regida bajo la influencia del referido principio, el cual, además, está reconocido por nuestro país mediante la suscripción de distintos tratados internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica de Río de Janeiro.

38. Partiendo de esta premisa, si bien la política dirigida por el Principio Precautorio en materia de etiquetado de alimentos tiene por finalidad otorgar la mayor transparencia a los consumidores respecto de aquellos componentes transgénicos que hayan podido ser utilizados en la trazabilidad de un determinado producto –ya sea esto por una incertidumbre sobre la inocuidad de este tipo de componentes, o, en atención a cuestiones más subjetivas como la ética, credo o costumbre–; de otro lado, también es cierto que su ejecución no desconoce el necesario desarrollo de disposiciones técnicas, no sólo para el desarrollo de su finalidad, sino también para establecer un adecuado régimen de supervisión y fiscalización.

39. Esto último viene a ser ejemplificado en el caso europeo76, pues, como se desarrolló en el párrafo 19 de este voto, su legislación sobre etiquetado de alimentos con insumos transgénicos definía aspectos, tales como: (a) el tipo de trazabilidad que debía informarse en el etiquetado; (b) la existencia de un umbral mínimo de presencia accidental; (c) el tipo de frase que se utilizaría en el etiquetado; (d) el establecimiento de excepciones; (e) la aplicación particular de la norma según el tamaño de etiqueta; (f) la delegación del proceso de detección a cargo de un laboratorio comunitario de referencia; y/u otros detalles.

40. Incluso esta realidad no es ajena al caso expuesto por Aspec en su escrito de denuncia, toda vez que, en Ecuador, país que se expone como ejemplo de etiquetado para el producto denominado “Chips Ahoy!”, posee una regulación que contempla disposiciones técnicas respecto del rotulado de los alimentos manufacturados con componentes transgénicos.

41. En efecto, pese a que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador contiene una disposición legal amplia77 –como el caso del artículo 37º del Código peruano–; lo cierto es que, adicionalmente, dicho país cuenta con otras normas –el Acuerdo 0000452278, el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 02279 y el NTE INEN 1334-180–que, de modo conjunto, complementan su regulación brindando datos sobre los siguientes factores: información sobre la frase específica que debe emplearse, la determinación de un umbral mínimo (0,9%), la referencia de existencia o no de excepciones y/u otros.

42. Como bien se puede observar, resulta razonable que, ante la búsqueda de aplicar una regulación sobre una materia que arraiga cierta complejidad exista un marco legal que compense el desarrollo necesario para que su fiscalización y supervisión pueda ser de pleno conocimiento y certeza para los administrados y para la autoridad competente; ello, incluso sin tomar en cuenta el eventual escenario del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, donde es más apremiante la configuración de esta circunstancia.

43. En el caso peruano, en materia de etiquetado de productos alimenticios con insumos transgénicos, únicamente existe la disposición legal contenida en el artículo 37º del Código, cuya redacción es la siguiente: “los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas”. A mi criterio, dicha norma, por sí misma, resulta insuficiente para poder otorgar al administrado predictibilidad sobre la conducta que debe desarrollar en el mercado.

44. Conforme se indicó en el párrafo 31 de este voto, pese a que pueden existir situaciones en las cuales ciertas disposiciones amplias y/ o genéricas pueden generar válidamente obligaciones en los administrados, ello va a estar supeditado a la propia necesidad de que la materia regulada tenga un mayor desarrollo normativo que la complemente. Estrictamente, el tema de etiquetado de productos alimenticios con productos transgénicos se configura como una materia de primordial desarrollo normativo por la complejidad que embarga su contenido.

45. Dicha complejidad viene a estar justificada por la información que debe existir respecto de su adecuada ejecución, toda vez que, como se vio en otras legislaciones que se rigen bajo la aplicación del Principio Precautorio, la regulación del etiquetado de transgénicos necesita, mínimamente, de cierto desarrollo técnico-normativo que haga factible su fiscalización en los distintos sectores económicos.

46. Resulta importante destacar que, a modo de ejemplo, el último proyecto de reglamento elaborado por el Indecopi –remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros– determina aspectos que, de ser potencialmente aprobados, otorgarían a los administrados información sobre: el ámbito de aplicación subjetivo del artículo 37º del Código, la frase que debe ser empleada de acuerdo al tamaño de la etiqueta; la existencia o no de un umbral mínimo; la acreditación de los métodos de ensayo que sean empleados por los administrados; el otorgamiento de un plazo de adecuación; entre otros.

47. Dicho esto, conviene reiterar en este punto que lo mencionado hasta estas líneas guarda una mayor trascendencia en el marco de un procedimiento administrativo en el cual, eventualmente, se puede imponer una sanción por la comisión de una conducta infractora. Justamente, bajo el cumplimiento del Principio de Tipicidad, considero que el Indecopi se encuentra limitado de poder evaluar la responsabilidad administrativa de Mondelez, puesto que, dicha actuación contravendría potencialmente una garantía del debido procedimiento.

48. A mayor abundamiento, sostengo que el Indecopi, aun cuando guarda competencia para la supervisión del etiquetado de productos manufacturados como el investigado en este procedimiento; de otro lado, no tiene la función de poder establecer aquellas disposiciones técnicas que resulten necesarias para complementar la obligación contenida en el artículo 37º del Código, toda vez que ello embarga una tarea multidisciplinaria y conjunta encargada a distintas entidades del Estado.

49. Por su parte, en su escrito de denuncia, Aspec hizo mención de la Resolución 936-2010/SC2-INDECOPI para alegar la exigibilidad y cumplimiento del artículo 37º del Código. Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que el sentido del presente pronunciamiento no es diametralmente opuesto a aquella resolución traída a colación por la parte denunciante. En efecto, en dicho pronunciamiento la Sala, con distinta conformación, precisó que la utilización de insumos transgénicos en la fabricación de alimentos se configuraba como información relevante, y, por ende, debía ser consignada en el etiquetado de los productos; siendo esta una cuestión que no ha sido negada en los fundamentos expuestos de esta decisión, toda vez que ello resulta claro a la luz de lo dispuesto en el artículo 37º del Código.

50. Una cuestión distinta recae en el hecho de afirmar que, aun cuando exista una conducta tipificada que reconozca la relevancia de informar sobre el contenido transgénico dentro del etiquetado de productos, el supuesto normativo empleado no cumpla con aquel requisito de exhaustividad y precisión que amerita la complejidad de la materia regulada. Al respecto, tal como se manifestó previamente, considero que, en el marco de un procedimiento administrativo como el desarrollado en este caso, el Indecopi no está en la posibilidad de evaluar la responsabilidad de Mondelez, puesto que ello se configuraría como una eventual transgresión al Principio de Tipicidad.

51. De otro lado, Aspec manifestó que el contenido del artículo 37º del Código era exigible a partir del 1 de marzo de 2011, según la Cuarta Disposición Complementaria Final del referido cuerpo normativo. Sobre este punto, conviene precisar que, si bien el artículo 37º no está expresamente supeditado a la emisión de un reglamento; no debe omitirse el hecho de que, tal como se sustentó previamente, la fórmula legislativa contenida no resulta ser suficientemente clara para la materia que pretende abarcar, razón por la cual, en el marco de evaluación de responsabilidad administrativa –y eventual imposición de una sanción–, el Indecopi no cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar dicha labor, puesto que, en caso contrario vulneraría una garantía del debido procedimiento del proveedor denunciado.

52. Por las razones expuestas, en vía de integración, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta contra Mondelez por presunta infracción del artículo 37º del Código, al haberse verificado que, la conducta sancionable contenida en la disposición normativa imputada no cumple con aquel requisito de certeza y exhaustividad que amerita la complejidad de la materia regulada (etiquetado de productos alimenticios con componentes transgénicos), razón por la que no resulta posible evaluar la responsabilidad administrativa del proveedor investigado, en tanto ello implicaría la eventual vulneración del Principio de Tipicidad.

53. En ese sentido, y, dado el amparo de la pretensión de Mondelez, carece de objeto emitir pronunciamiento alguno respecto de los demás argumentos expuestos por dicha parte en este procedimiento; así como también no se emitirá algún tipo de manifestación sobre los alegatos del recurso de apelación formulado por Aspec, toda vez que ello recaía sobre aspectos tales como la sanción impuesta por la Comisión y el otorgamiento de un porcentaje sobre la misma; cuestiones que no han sido determinadas en la presente instancia.

Sobre la remisión de la presente resolución a la PCM

54. Siendo consciente de la relevancia de la cuestión controvertida en este procedimiento, toda vez que, tal como se desarrolló en el análisis de fondo, la influencia de la biotecnología moderna en nuestra sociedad no ha estado alejada del debate académico y científico contemporáneo. Ello se puede ver reflejado aún más en la utilización de este tipo de tecnología dentro de la industria alimentaria, lo cual conlleva el desarrollo de alimentos genéticamente modificados, y, su eventual uso como insumos dentro de productos manufacturados que son de consumo masivo.

55. Atendiendo a dicha situación, el artículo 37º del Código justificó su inclusión como una disposición normativa que tuvo como finalidad trasladar a los consumidores información de carácter relevante en el etiquetado respecto de la utilización de insumos transgénicos para la elaboración de productos alimenticios. Resulta necesario precisar que dicho mandato legal no presume, a prima facie, la falta de inocuidad de alimentos transgénicos, sino que, ante la incertidumbre y/o falta de consenso científico existente sobre los efectos de su consumo, el legislador contempló como una obligación de los proveedores el deber de informar a los consumidores respecto del uso de este tipo de insumos dentro de su proceso de fabricación.

56. Claramente esta realidad es de mi entero conocimiento, reconociendo el pleno derecho que tienen los consumidores de obtener información, a través del etiquetado, sobre la utilización de transgénicos en la elaboración de productos alimenticios, no sólo por la aplicación del denominado Principio Precautorio, sino también por cuestiones ideológicas y de credo de los consumidores, relacionada con la aparición de la biotecnología moderna en nuestra sociedad.

57. Sin embargo, tampoco puede resultar ajena otra realidad consistente en la falta de un desarrollo normativo suficiente que permita a entidades como el Indecopi ejercer una función de supervisión y fiscalización adecuada de una conducta tipificada. En efecto, dada la complejidad de la materia, la fórmula normativa contemplada en el artículo 37º del Código, por sí misma, no es suficiente para poder evaluar la responsabilidad administrativa de un proveedor; pues, en caso contrario, el Indecopi estaría transgrediendo el Principio de Tipicidad, el cual vela por el correcto ejercicio de la función sancionadora tomando como base un determinado tipo jurídico que cumpla con aquel requisito de certeza y exhaustividad.

58. Bajo esta circunstancia, debe advertirse que, parte de lo previsto por el legislador en la Tercera Disposición Complementaria Final estuvo dirigido a reglamentar el artículo 37º del Código, siendo ello plasmado, posteriormente, con la conformación de un Grupo de Trabajo constituido por la PCM, tal como se puede ver reflejado en las Resoluciones Ministeriales 328-2010-PCM y 397-2010-PCM del 11 de octubre y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

59. En ese orden de ideas, sin perjuicio de lo resuelto en el presente pronunciamiento, conviene precisar que, la exposición de mi voto no es indiferente a la relevancia de la materia controvertida en este caso, razón por la cual, de haber sido éste aprobado en mayoría, hubiera correspondido remitir una copia de esta decisión a la PCM –como órgano al que se encuentra

adscrito el Grupo Multisectorial encargado de elaborar el anteproyecto del Reglamento del Código– con la finalidad de exhortar a que dicha entidad, en el ámbito de su competencia, adoptara las acciones de gestión correspondientes para atender la problemática de aplicación y desarrollo normativo del artículo 37º del referido cuerpo legal.

OSWALDO DEL CARMEN HUNDSKOPF EXEBIO

1 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 10º.- Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14º.

(...)

2 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004- 2019-JUS. Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos.- Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

3 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO

004-2019-JUS. Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.-

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

4 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-

2019-JUS. Artículo 198º.- Contenido de la resolución.

(...)

198.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de Oficio un nuevo procedimiento, si procede.

Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo.

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

(...)

5 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. Artículo 5º.-Objeto o contenido del acto administrativo.

(...)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de Oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

6 TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 010-93-JUS. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo VII.- Juez y Derecho. El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.

Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 010-93-JUS. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo 122º.- Contenido y suscripción de las resoluciones. Las resoluciones judiciales contienen:

(...)

3. La relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos.

7 Revisión de los fundamentos 32 a 46 de la Resolución 2626-2018/CC2 del 13 de noviembre de 2018.

8 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 227º.- Resolución.

(...)

227.2. Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

9 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Capítulo II. De los derechos sociales y económicos.

Artículo 7º.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

11 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente 2064-2004-AA/TC del 4 de julio de 2005.

12 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de las Personas. Concebido y Personas Naturales”. Editorial Rodhas. 7ma Edición. 2014. P. 258.

13 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente 5842-2006-PHC/TC del 7 de noviembre de 2008.

14 LEÓN FLORIÁN, Felipe. “El derecho a la salud en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano”. Revista: Pensamiento Constitucional. Edición 19. 2014.

P. 401.

15 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo 13º.- Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles Oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

16 RODRÍGUEZ YUNTA, Eduardo. “Reflexión Bioética sobre el uso de Organismos Genéticamente Modificados”. Bioethikos. 2010. Pp. 222-227.

17 Fuente: Real Academia Española. Ver el siguiente enlace: https://dle.rae.es/?id=LXrOqrN.

18 VILELA CARBAJAL, Jorge Eduardo. “El Derecho a la Información en la Protección al Consumidor. Especial referencia a la Contratación Bancaria”. Derecho & Sociedad. Edición 34. Pg. 119.

19 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

20 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Título Preliminar. Artículo IV.- Definiciones.

(...)

7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.

21 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Título Preliminar. Artículo II. –Finalidad.

El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.

22 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo V. Principios.-

(...)

4. Principio de Corrección de la Asimetría.- Las normas de protección al consumidor buscan corregir las distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación relevante, que coloquen a los segundos en una situación de desventaja respecto de los primeros al momento de actuar en el mercado.

23 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1º.- Derecho de los consumidores.

1.1. En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. (...).

24 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 2º.- Información relevante.

2.1. El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.

(...)

25 En el presente pronunciamiento, se hará alusión indistinta de los términos etiquetado y rotulado, pues, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1304, Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados, establece lo siguiente:

“TERCERA.- Referencia al rotulado.

Toda referencia al término rotulado contenido en otras disposiciones normativas vigentes debe ser entendida como etiquetado”.

26 DECRETO LEGISLATIVO 1304. LEY DE ETIQUETADO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS. Artículo 2º.- Definiciones:

Para efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende por:

(...)

2.2 Etiquetado: Marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en bajo relieve o adherido al producto, su envase o empaque. El etiquetado contiene la información exigida en el artículo 3.

27 DECRETO LEGISLATIVO 1304. LEY DE ETIQUETADO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS.

Artículo 1º.- Objeto de la Ley.

El objeto de la presente Ley es establecer, de manera obligatoria, el etiquetado para los productos industriales manufacturados, para uso o consumo final, que sean comercializados en el territorio nacional, a fin de salvaguardar el derecho a la información de los usuarios y consumidores; así como otorgar al Ministerio de la Producción las competencias para supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales manufacturados para uso o consumo final, con excepción del etiquetado, en el marco de sus competencias.

28 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 2º.- Información acerca de los productos envasados.

10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes.

10.2 Es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como sancionar las infracciones, únicamente si el producto se encuentra a disposición del consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se restringe a las listas de productos que pudieran contemplar normas sectoriales de rotulado, resultando aplicables las exigencias establecidas en la presente norma a todos los productos destinados a los consumidores.

29 DECRETO LEGISLATIVO 1304. LEY DE ETIQUETADO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS.

Artículo 3º.- Información del etiquetado.

El etiquetado debe contener la siguiente información:

a) Nombre o denominación del producto.

b) País de fabricación.

c) Si el producto es perecible:

c.1 Fecha de vencimiento.

c.2 Condiciones de conservación.

c.3 Observaciones.

d) Condición del producto, en caso se trate de un producto defectuoso, usado, reconstruido o remanufacturado.

e) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda.

f) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado.

g) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su número de Registro

Único de Contribuyente (RUC).

h) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando éstos sean previsibles.

i) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable.

La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano, en forma clara y en lugar visible. La información de los incisos c.2 y c3 y los literales d), e), f), g), y h) e i) deberán estar obligatoriamente en castellano.

La información referida al país de fabricación y fecha de vencimiento debe consignarse con caracteres indelebles, en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del producto.

30 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MÉXICO. Biotecnología y Bioseguridad en México. Ver el siguiente enlace web: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunicacion/divulgacion/Que_es_la_Biotecnologia.pdf.

31 Definida como las medidas destinadas a evitar los riesgos para la salud y la seguridad humana y para la conservación del medio ambiente derivados del uso de organismos infecciosos o genéticamente modificados en investigación y en las prácticas comerciales. Fuente: Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Genéticamente Modificados. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Para mayor información, puede revisarse el siguiente enlace web: http://www.fao.org/3/a-i0110s.pdf.

32 HERBERT, Martha y otros. “Alimentos transgénicos. Incertidumbres y riesgos basados en evidencias”. Revista Acta Académica. Noviembre 2016. Pp. 129-145.

33 LUQUE POLO, Kitiara. “Seguridad Alimentaria y alimentos transgénicos”. Observatorio Medioambiental. ISSN: 1139-1987. Noviembre 2017. Pp. 59-75.

34 LOLAS STEPKE, Fernando. “Biotecnologías y ética: con especial referencia a la ingeniería genética”. ISSN 0716-1840. Revista Atenea. Marzo 2010. Pp. 13-24.

35 Parte del referido Convenio establece lo siguiente:

“(...) Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancias de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”.

36 LEY 27104. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA. Artículo 10º.- Principio Precautorio.

El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que ocasione la liberación intencionada de un determinado OVM y, de existir amenazas, será desautorizada su liberación y uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstáculo técnico o restricción encubierta al comercio.

37 LANEGRA, Iván. “La regulación de la incertidumbre: un análisis crítico del Principio Precautorio”. Derecho & Sociedad. Edición 35. Pp. 99-103.

38 RUBIO CORREA, Marcial. “La vigencia y Validez de las Normas Jurídicas en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Themis. Edición 51. Pp. 8-9.

39 Sentencia del Tribunal Constitucional en el marco del Expediente 0014-2003-AI/TC del 10 de diciembre de 2003.

40 RUBIO CORREA, Marcial. “La vigencia y Validez de las Normas Jurídicas en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Themis. Edición 51. P. 9.

41 RUBIO CORREA, Marcial. “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho”. Décima Edición. Fondo Editorial PUCP. P. 104.

42 Sentencia del Tribunal Constitucional en el marco del Expediente 0017-2005-PI/TC del 22 de enero de 2007.

43 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Disposiciones Complementarias Finales. -

(...)

CUARTA.- Vigencia del Código.

El presente Código entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo señalado en los párrafos siguientes.

Los artículos 36 y 37 entran en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código.

El subcapítulo III del capítulo III del título V sobre el procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor entra en vigencia a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código, y es de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de dicha fecha.

44 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Disposiciones Complementarias Finales. -

(...)

TERCERA.- Reglamentación posterior.

En el plazo de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo expide las disposiciones reglamentarias de lo dispuesto en el artículo 37; del Sistema de Arbitraje de Consumo creado en los artículos del 137 al 144; del Registro de Infracciones y Sanciones establecido en el artículo 119; del fondo para el financiamiento y la difusión de los derechos de los consumidores a que se refieren los párrafos 131.5

y 131.6 del artículo 131; de la reglamentación de los procedimientos judiciales por intereses colectivos de los consumidores a que se refiere el párrafo 131.8 del referido artículo; del artículo 150 sobre el libro de reclamaciones; y de las condiciones del destino del monto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores a que se refiere el párrafo 156.2 del artículo 156.

45 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

46 Mes de marzo de 2018, fecha de presentación de la denuncia formulada por Aspec.

47 ARRIETA PONGO, Alejandro. “Estudio comparativo de los alcances de la doctrina de los actos propios frente al principio de protección de la Confianza legítima”.

Revista: Ita Ius Esto. Año: 2012. Piura, Perú. Pp. 47-48. En dicho artículo, el autor sostiene lo siguiente:

“(...) Para la aplicación del principio de Confianza la doctrina exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que exista una determinada acción estatal generadora de la Confianza que se pretende proteger.

b) Que el particular haya manifestado su Confianza sobre aquella actuación de los poderes públicos mediante signos externos concretos y constatables (realizando gastos o inversiones, por ejemplo).

c) Que la Confianza creada (que será objeto de protección) sea legítima, esto es, conforme con el ordenamiento jurídico.

d) Que exista una actuación estatal posterior que rompe con la Confianza previamente creada o incluso alentada”.

48 Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 15 de diciembre de 1994, en el siguiente enlace web:http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=103371&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=175160.

49 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. “Venire contra factum proprium non valet”. Revista de Documentación Administrativa. Año: 2005. Pp. 228-229.

50 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 114º.- Medidas correctivas. Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de Oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de Oficio o a pedido de parte.

51 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras.

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. (...).

Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.

(...).

52 RESOLUCIÓN 076-2017-INDECOPI/COD. Aprueban Directiva 006-2017/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”. 4.8. De las medidas correctivas.

En los supuestos en que el órgano resolutivo considere lo acordado por las partes durante la relación de consumo al dictar una o varias medidas correctivas; debe atender a que las mismas no contravengan las disposiciones recogidas en los Título II y III del Código referidos a los contratos de consumo y métodos comerciales abusivos.

En caso se ordenen medidas correctivas o medidas cautelares, la Resolución Final deberá apercibir al obligado, a presentar los medios probatorios que acrediten su cumplimiento en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato; bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código.

Si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la administración, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de Oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva conforme a lo establecido en el numeral 4.11 de la presente Directiva.

53 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 110º.- Sanciones administrativas. El órgano resolutivo puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere al artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera: (...)

54 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112º.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.

2. La probabilidad de detección de la infracción.

3. El daño resultante de la infracción.

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

(...)

55 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. TÍTULO IV. CAPÍTULO III. Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento califi cado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

d) EI perjuicio económico causado;

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

56 A modo de ejemplo, ver la Resolución 0219-2018/SPC-INDECOPI del 2 de febrero de 2018.

57 DIRECTIVA 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, NORMAS SOBRE REGISTRO, RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Artículo 26º.- Porcentaje disponible.

La firma del Convenio de Cooperación Institucional otorga la posibilidad al INDECOPI de entregar a la Asociación de Consumidores un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos por afectación a los intereses colectivos o difusos promovidos por ellas. Dicho porcentaje no podrá exceder del 50% del valor de la multa impuesta. Los montos entregados constituyen fondos públicos, de conformidad con lo señalado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

58 DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 7º.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118º del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

59 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 410º.- Costas. Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.

60 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 411º.- Costos. Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.

61 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 119º.- Registro de infracciones y sanciones.

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

62 DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 43º.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Ofi cinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modifi cada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Ofi cina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

63 De acuerdo con la definición de la Comisión del Codex Alimentarius, se define a la biotecnología moderna como la aplicación de: (i) técnicas in vitro de ácido nucleico, incluido el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos; o, (ii) la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de reproducción o recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicionales.

64 ORTIZ, Rodomiro. La adopción de la biotecnología moderna y su compatibilidad con una agricultura sustentable. IDESIA. Volumen 30. Pp. 3-10. Año: 2012.

65 LUJAN, José Luis y MORENO, Luis. Biotecnología y Sociedad: Conflicto, Desarrollo y Regulación. Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Pp. 93-105.

66 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – Departamento de Inocuidad de los Alimentos. Biotecnología Moderna de los Alimentos, Salud y Desarrollo

Humano: estudio basado en evidencias. Año: 2005.

67 LEY 27104. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA. Artículo 10º.- Principio Precautorio.

El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que ocasione la liberación intencionada de un determinado OVM y, de existir amenazas, será desautorizada su liberación y uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstáculo técnico o restricción encubierta al comercio.

68 LAPEÑA, Isabel. Genéticamente Modificado. Principio Precautorio y Derechos del Consumidor en el Perú. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 2004. P.

21.

69 Para mayor desarrollo, puede visualizarse el siguiente enlace web: https://www.actualidadambiental.pe/el-abc-sobre-la-moratoria-a-los-transgenicos/.

70 REGLAMENTO 1829/2003. REGLAMENTO SOBRE ALIMENTOS Y PIENSOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. Sección 2. Etiquetado. Artículo 12º.- Ámbito de aplicación.

1. La presente sección se aplicará a los alimentos que vayan a suministrarse como tales al consumidor final o a las colectividades en la Comunidad y que: a) contengan o estén compuestos por OMG, o b) se hayan producido a partir de OMG o contengan ingredientes producidos a partir de estos organismos.

2. La presente sección no se aplicará a los alimentos que contengan material que, a su vez, contenga o esté compuesto por OMG o haya sido producido a partir de estos organismos, siempre que el contenido de dicho material no supere el 0,9 % de los ingredientes del alimento considerados individualmente o de los alimentos consistentes en un solo ingrediente, y a condición de que esta presencia sea accidental o técnicamente inevitable.

3. Para determinar que la presencia de este material es accidental o técnicamente inevitable, los operadores deberán poder proporcionar pruebas a las autoridades competentes que les demuestren de manera satisfactoria que han adoptado las medidas apropiadas para evitar la presencia de dicho material.

4. En su caso, podrán fijarse umbrales adecuados más bajos de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 35, en particular respecto de los alimentos que contengan o consistan en OMG o con objeto de tomar en consideración los avances de la ciencia y la tecnología.

71 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 37º. - Etiquetado de alimentos genéticamente modificados. Los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas.

72 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

73 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. P. 814. Año: 2011.

74 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Tomo II. P. 419. Año: 2019.

75 Expediente 0020-2015-PI/TC correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad iniciado por el Colegio de Abogados de Arequipa contra diversas disposiciones de le Ley 29622, que modifi ca la Ley 27758, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

76 En el caso europeo, además, se impuso una moratoria de facto que duró desde el año 1998 a 2004, la cual se vio justificada por la implementación de una legislación sobre que el etiquetado y seguimiento de productos transgénicos era el adecuado para garantizar el derecho de sus ciudadanos.

77 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ECUADOR. Artículo 13º.- Producción y Transgénica. Si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas.

78 Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano.

79 Reglamento Técnico Ecuatoriano sobre Rotulado de Productos Alimenticios Procesados, Envasados y Empaquetados.

80 Norma Técnica Ecuatoriana sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano.

1 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 10º.- Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14º.

(...)

2 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004- 2019-JUS. Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos.- Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

3 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO

004-2019-JUS. Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.-

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

4 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-

2019-JUS. Artículo 198º.- Contenido de la resolución.

(...)

198.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de Oficio un nuevo procedimiento, si procede.

Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo.

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

(...)

5 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. Artículo 5º.-Objeto o contenido del acto administrativo.

(...)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de Oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

6 TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 010-93-JUS. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo VII.- Juez y Derecho. El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.

Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 010-93-JUS. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo 122º.- Contenido y suscripción de las resoluciones. Las resoluciones judiciales contienen:

(...)

3. La relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos.

7 Revisión de los fundamentos 32 a 46 de la Resolución 2626-2018/CC2 del 13 de noviembre de 2018.

8 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 227º.- Resolución.

(...)

227.2. Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

9 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Capítulo II. De los derechos sociales y económicos.

Artículo 7º.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

11 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente 2064-2004-AA/TC del 4 de julio de 2005.

12 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de las Personas. Concebido y Personas Naturales”. Editorial Rodhas. 7ma Edición. 2014. P. 258.

13 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente 5842-2006-PHC/TC del 7 de noviembre de 2008.

14 LEÓN FLORIÁN, Felipe. “El derecho a la salud en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano”. Revista: Pensamiento Constitucional. Edición 19. 2014.

P. 401.

15 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo 13º.- Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles Oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

16 RODRÍGUEZ YUNTA, Eduardo. “Reflexión Bioética sobre el uso de Organismos Genéticamente Modificados”. Bioethikos. 2010. Pp. 222-227.

17 Fuente: Real Academia Española. Ver el siguiente enlace: https://dle.rae.es/?id=LXrOqrN.

18 VILELA CARBAJAL, Jorge Eduardo. “El Derecho a la Información en la Protección al Consumidor. Especial referencia a la Contratación Bancaria”. Derecho & Sociedad. Edición 34. Pg. 119.

19 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

20 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Título Preliminar. Artículo IV.- Definiciones.

(...)

7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.

21 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Título Preliminar. Artículo II. –Finalidad.

El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.

22 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo V. Principios.-

(...)

4. Principio de Corrección de la Asimetría.- Las normas de protección al consumidor buscan corregir las distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación relevante, que coloquen a los segundos en una situación de desventaja respecto de los primeros al momento de actuar en el mercado.

23 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1º.- Derecho de los consumidores.

1.1. En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. (...).

24 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 2º.- Información relevante.

2.1. El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.

(...)

25 En el presente pronunciamiento, se hará alusión indistinta de los términos etiquetado y rotulado, pues, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1304, Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados, establece lo siguiente:

“TERCERA.- Referencia al rotulado.

Toda referencia al término rotulado contenido en otras disposiciones normativas vigentes debe ser entendida como etiquetado”.

26 DECRETO LEGISLATIVO 1304. LEY DE ETIQUETADO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS. Artículo 2º.- Definiciones:

Para efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende por:

(...)

2.2 Etiquetado: Marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en bajo relieve o adherido al producto, su envase o empaque. El etiquetado contiene la información exigida en el artículo 3.

27 DECRETO LEGISLATIVO 1304. LEY DE ETIQUETADO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS.

Artículo 1º.- Objeto de la Ley.

El objeto de la presente Ley es establecer, de manera obligatoria, el etiquetado para los productos industriales manufacturados, para uso o consumo final, que sean comercializados en el territorio nacional, a fin de salvaguardar el derecho a la información de los usuarios y consumidores; así como otorgar al Ministerio de la Producción las competencias para supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales manufacturados para uso o consumo final, con excepción del etiquetado, en el marco de sus competencias.

28 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 2º.- Información acerca de los productos envasados.

10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes.

10.2 Es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como sancionar las infracciones, únicamente si el producto se encuentra a disposición del consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se restringe a las listas de productos que pudieran contemplar normas sectoriales de rotulado, resultando aplicables las exigencias establecidas en la presente norma a todos los productos destinados a los consumidores.

29 DECRETO LEGISLATIVO 1304. LEY DE ETIQUETADO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS.

Artículo 3º.- Información del etiquetado.

El etiquetado debe contener la siguiente información:

a) Nombre o denominación del producto.

b) País de fabricación.

c) Si el producto es perecible:

c.1 Fecha de vencimiento.

c.2 Condiciones de conservación.

c.3 Observaciones.

d) Condición del producto, en caso se trate de un producto defectuoso, usado, reconstruido o remanufacturado.

e) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda.

f) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado.

g) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su número de Registro

Único de Contribuyente (RUC).

h) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando éstos sean previsibles.

i) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable.

La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano, en forma clara y en lugar visible. La información de los incisos c.2 y c3 y los literales d), e), f), g), y h) e i) deberán estar obligatoriamente en castellano.

La información referida al país de fabricación y fecha de vencimiento debe consignarse con caracteres indelebles, en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del producto.

30 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MÉXICO. Biotecnología y Bioseguridad en México. Ver el siguiente enlace web: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunicacion/divulgacion/Que_es_la_Biotecnologia.pdf.

31 Definida como las medidas destinadas a evitar los riesgos para la salud y la seguridad humana y para la conservación del medio ambiente derivados del uso de organismos infecciosos o genéticamente modificados en investigación y en las prácticas comerciales. Fuente: Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Genéticamente Modificados. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Para mayor información, puede revisarse el siguiente enlace web: http://www.fao.org/3/a-i0110s.pdf.

32 HERBERT, Martha y otros. “Alimentos transgénicos. Incertidumbres y riesgos basados en evidencias”. Revista Acta Académica. Noviembre 2016. Pp. 129-145.

33 LUQUE POLO, Kitiara. “Seguridad Alimentaria y alimentos transgénicos”. Observatorio Medioambiental. ISSN: 1139-1987. Noviembre 2017. Pp. 59-75.

34 LOLAS STEPKE, Fernando. “Biotecnologías y ética: con especial referencia a la ingeniería genética”. ISSN 0716-1840. Revista Atenea. Marzo 2010. Pp. 13-24.

35 Parte del referido Convenio establece lo siguiente:

“(...) Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancias de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”.

36 LEY 27104. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA. Artículo 10º.- Principio Precautorio.

El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que ocasione la liberación intencionada de un determinado OVM y, de existir amenazas, será desautorizada su liberación y uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstáculo técnico o restricción encubierta al comercio.

37 LANEGRA, Iván. “La regulación de la incertidumbre: un análisis crítico del Principio Precautorio”. Derecho & Sociedad. Edición 35. Pp. 99-103.

38 RUBIO CORREA, Marcial. “La vigencia y Validez de las Normas Jurídicas en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Themis. Edición 51. Pp. 8-9.

39 Sentencia del Tribunal Constitucional en el marco del Expediente 0014-2003-AI/TC del 10 de diciembre de 2003.

40 RUBIO CORREA, Marcial. “La vigencia y Validez de las Normas Jurídicas en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Themis. Edición 51. P. 9.

41 RUBIO CORREA, Marcial. “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho”. Décima Edición. Fondo Editorial PUCP. P. 104.

42 Sentencia del Tribunal Constitucional en el marco del Expediente 0017-2005-PI/TC del 22 de enero de 2007.

43 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Disposiciones Complementarias Finales. -

(...)

CUARTA.- Vigencia del Código.

El presente Código entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo señalado en los párrafos siguientes.

Los artículos 36 y 37 entran en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código.

El subcapítulo III del capítulo III del título V sobre el procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor entra en vigencia a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código, y es de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de dicha fecha.

44 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Disposiciones Complementarias Finales. -

(...)

TERCERA.- Reglamentación posterior.

En el plazo de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo expide las disposiciones reglamentarias de lo dispuesto en el artículo 37; del Sistema de Arbitraje de Consumo creado en los artículos del 137 al 144; del Registro de Infracciones y Sanciones establecido en el artículo 119; del fondo para el financiamiento y la difusión de los derechos de los consumidores a que se refieren los párrafos 131.5

y 131.6 del artículo 131; de la reglamentación de los procedimientos judiciales por intereses colectivos de los consumidores a que se refiere el párrafo 131.8 del referido artículo; del artículo 150 sobre el libro de reclamaciones; y de las condiciones del destino del monto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores a que se refiere el párrafo 156.2 del artículo 156.

45 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

46 Mes de marzo de 2018, fecha de presentación de la denuncia formulada por Aspec.

47 ARRIETA PONGO, Alejandro. “Estudio comparativo de los alcances de la doctrina de los actos propios frente al principio de protección de la Confianza legítima”.

Revista: Ita Ius Esto. Año: 2012. Piura, Perú. Pp. 47-48. En dicho artículo, el autor sostiene lo siguiente:

“(...) Para la aplicación del principio de Confianza la doctrina exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que exista una determinada acción estatal generadora de la Confianza que se pretende proteger.

b) Que el particular haya manifestado su Confianza sobre aquella actuación de los poderes públicos mediante signos externos concretos y constatables (realizando gastos o inversiones, por ejemplo).

c) Que la Confianza creada (que será objeto de protección) sea legítima, esto es, conforme con el ordenamiento jurídico.

d) Que exista una actuación estatal posterior que rompe con la Confianza previamente creada o incluso alentada”.

48 Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 15 de diciembre de 1994, en el siguiente enlace web:http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=103371&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=175160.

49 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. “Venire contra factum proprium non valet”. Revista de Documentación Administrativa. Año: 2005. Pp. 228-229.

50 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 114º.- Medidas correctivas. Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de Oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de Oficio o a pedido de parte.

51 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras.

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. (...).

Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.

(...).

52 RESOLUCIÓN 076-2017-INDECOPI/COD. Aprueban Directiva 006-2017/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”. 4.8. De las medidas correctivas.

En los supuestos en que el órgano resolutivo considere lo acordado por las partes durante la relación de consumo al dictar una o varias medidas correctivas; debe atender a que las mismas no contravengan las disposiciones recogidas en los Título II y III del Código referidos a los contratos de consumo y métodos comerciales abusivos.

En caso se ordenen medidas correctivas o medidas cautelares, la Resolución Final deberá apercibir al obligado, a presentar los medios probatorios que acrediten su cumplimiento en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato; bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código.

Si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la administración, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de Oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva conforme a lo establecido en el numeral 4.11 de la presente Directiva.

53 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 110º.- Sanciones administrativas. El órgano resolutivo puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere al artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera: (...)

54 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112º.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.

2. La probabilidad de detección de la infracción.

3. El daño resultante de la infracción.

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

(...)

55 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. TÍTULO IV. CAPÍTULO III. Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento califi cado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

d) EI perjuicio económico causado;

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

56 A modo de ejemplo, ver la Resolución 0219-2018/SPC-INDECOPI del 2 de febrero de 2018.

57 DIRECTIVA 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, NORMAS SOBRE REGISTRO, RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Artículo 26º.- Porcentaje disponible.

La firma del Convenio de Cooperación Institucional otorga la posibilidad al INDECOPI de entregar a la Asociación de Consumidores un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos por afectación a los intereses colectivos o difusos promovidos por ellas. Dicho porcentaje no podrá exceder del 50% del valor de la multa impuesta. Los montos entregados constituyen fondos públicos, de conformidad con lo señalado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

58 DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 7º.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118º del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

59 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 410º.- Costas. Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.

60 CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 411º.- Costos. Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.

61 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 119º.- Registro de infracciones y sanciones.

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

62 DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Artículo 43º.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Ofi cinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modifi cada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Ofi cina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

63 De acuerdo con la definición de la Comisión del Codex Alimentarius, se define a la biotecnología moderna como la aplicación de: (i) técnicas in vitro de ácido nucleico, incluido el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos; o, (ii) la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de reproducción o recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicionales.

64 ORTIZ, Rodomiro. La adopción de la biotecnología moderna y su compatibilidad con una agricultura sustentable. IDESIA. Volumen 30. Pp. 3-10. Año: 2012.

65 LUJAN, José Luis y MORENO, Luis. Biotecnología y Sociedad: Conflicto, Desarrollo y Regulación. Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Pp. 93-105.

66 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – Departamento de Inocuidad de los Alimentos. Biotecnología Moderna de los Alimentos, Salud y Desarrollo

Humano: estudio basado en evidencias. Año: 2005.

67 LEY 27104. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA. Artículo 10º.- Principio Precautorio.

El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que ocasione la liberación intencionada de un determinado OVM y, de existir amenazas, será desautorizada su liberación y uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstáculo técnico o restricción encubierta al comercio.

68 LAPEÑA, Isabel. Genéticamente Modificado. Principio Precautorio y Derechos del Consumidor en el Perú. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 2004. P.

21.

69 Para mayor desarrollo, puede visualizarse el siguiente enlace web: https://www.actualidadambiental.pe/el-abc-sobre-la-moratoria-a-los-transgenicos/.

70 REGLAMENTO 1829/2003. REGLAMENTO SOBRE ALIMENTOS Y PIENSOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. Sección 2. Etiquetado. Artículo 12º.- Ámbito de aplicación.

1. La presente sección se aplicará a los alimentos que vayan a suministrarse como tales al consumidor final o a las colectividades en la Comunidad y que: a) contengan o estén compuestos por OMG, o b) se hayan producido a partir de OMG o contengan ingredientes producidos a partir de estos organismos.

2. La presente sección no se aplicará a los alimentos que contengan material que, a su vez, contenga o esté compuesto por OMG o haya sido producido a partir de estos organismos, siempre que el contenido de dicho material no supere el 0,9 % de los ingredientes del alimento considerados individualmente o de los alimentos consistentes en un solo ingrediente, y a condición de que esta presencia sea accidental o técnicamente inevitable.

3. Para determinar que la presencia de este material es accidental o técnicamente inevitable, los operadores deberán poder proporcionar pruebas a las autoridades competentes que les demuestren de manera satisfactoria que han adoptado las medidas apropiadas para evitar la presencia de dicho material.

4. En su caso, podrán fijarse umbrales adecuados más bajos de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 35, en particular respecto de los alimentos que contengan o consistan en OMG o con objeto de tomar en consideración los avances de la ciencia y la tecnología.

71 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 37º. - Etiquetado de alimentos genéticamente modificados. Los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas.

72 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

73 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. P. 814. Año: 2011.

74 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Tomo II. P. 419. Año: 2019.

75 Expediente 0020-2015-PI/TC correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad iniciado por el Colegio de Abogados de Arequipa contra diversas disposiciones de le Ley 29622, que modifi ca la Ley 27758, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

76 En el caso europeo, además, se impuso una moratoria de facto que duró desde el año 1998 a 2004, la cual se vio justificada por la implementación de una legislación sobre que el etiquetado y seguimiento de productos transgénicos era el adecuado para garantizar el derecho de sus ciudadanos.

77 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ECUADOR. Artículo 13º.- Producción y Transgénica. Si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas.

78 Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano.

79 Reglamento Técnico Ecuatoriano sobre Rotulado de Productos Alimenticios Procesados, Envasados y Empaquetados.

80 Norma Técnica Ecuatoriana sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano.