El cargo de curador es personalísimo e indelegable, en atención a su carácter de oficio privado en defensa y protección de la persona y bienes de un sujeto incapaz. La función, atribuciones y deberes corresponden en forma inequívoca al curador, o tutor si fuese el caso, y no a otro. Sin embargo, una hipótesis distinta se presenta cuando el curador delega actos específicos a un tercero, y no la función misma, pues en tal caso está prevaliéndose del apoderamiento como un mecanismo para facilitar su gestión a través de un intermediario, y en ningún caso para ser reemplazado o sustituido. En consecuencia, es válido que los representantes legales actúen por medio de apoderados para la celebración de actos y contratos específicos, pero en ningún caso puede admitirse que se otorguen facultades generales de representación que podrían fácilmente ser confundidas con una delegación de la curatela misma.