Derecho a la libertad personal: Límites
“La libertad personal es no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, aunque su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. Es por ello que los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que reconoce el derecho, por el conflicto entre un derecho constitucional y uno o más derechos constitucionales, por el conflicto entre un derecho constitucional y uno o varios bienes jurídicos constitucionales, o por la legislación que desarrolle o regule su ejercicio.”
EXP. N.° 4272-2004-HC/TC LIMA
BEATRIZ ROSANA ESPINOZA SOLÍS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Richard Espinoza Solís contra la resolución de la Segunda Sala para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 159, su fecha 18 de octubre de 2004, que declara improcedente la acción hábeas corpus de autos.
DATOS GENERALES
Tipo de proceso:Hábeas Corpus.
Demandante:Richard Espinoza Solís.
Agraviada:Beatriz Rosana Espinoza Solís.
Demandado:Sala Nacional de Terrorismo, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y los Magistrados del Tribunal Constitucional.
Acto Lesivo:La omisión del mandato judicial que ordena la detención de la favorecida.
Derecho demandado:Derecho a la libertad individual (artículo 2°24 de la Constitución y artículo 25° del Código Procesal Constitucional) y derecho al debido proceso (artículo 139°3 de la Constitución y artículo 4° del Código Procesal Constitucional).
Petitorio:Se ordene la inmediata excarcelación de la detenida.
ANTECEDENTES
1.Demanda
El recurrente, con fecha 31 de enero de 2003, interpone acción de hábeas corpus a favor de doña Beatriz Rosana Espinoza Solís, con el objeto que se disponga la inmediata excarcelación de la beneficiaria. Refiere que ésta se encuentra recluida por el lapso de 9 años, siendo procesada y sentenciada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, juicio que fue declaro nulo; y que, habiendo transcurrido más de 15 días hasta la fecha de interposición de la demanda sin que exista orden de detención, o resolución judicial que disponga la apertura de instrucción en contra de la beneficiaria, su detención es arbitraria y vulnera el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, alega que existe un límite para la detención preventiva establecido por el artículo 137.º del Código Procesal Penal; y que dicho plazo es aplicable a la beneficiaria porque al haberse declarado nula la sentencia, su situación jurídica es la procesada, de modo que, habiendo transcurrido más de 9 años de detención sin sentencia, dicho plazo se encuentra vencido, por lo que debe disponerse su inmediata excarcelación.
2.Contestación de la demanda
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con fecha 20 abril de 2004, se apersona al proceso solicitando que se declare improcedente la demanda, alegando que el cuestionado un proceso regular, ante el cual el hábeas corpus no puede ser eficaz.
3.Declaraciones indagatorias
Realizada la investigación sumaria, a cargo del Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, la favorecida se ratifica en el contenido de su demanda. Alega estar detenida sin sentencia desde el 17 de junio de 1993, y que a la fecha han transcurrido más de 10 años. Asimismo, aduce que se ha vulnerado el debido proceso en el extremo del derecho a la legítima defensa, porque en anterior proceso penal seguido en su contra no contó con el patrocinio de abogado defensor.
El Presidente de la Sala Nacional del Terrorismo, señor Pablo Talavera Elguera, refiere que no existe detención arbitraria; y que por disposición del Decreto Ley N.º 922, la detención preventiva se computará desde la fecha en que se dicta el nuevo auto apertorio de instrucción del nuevo proceso, por lo que el plazo límite de detención no ha vencido.
4.Resolución de primera instancia
El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 21 de mayo de 2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que de autos no se acredita el exceso de detención invocado, puesto que, encontrándose la beneficiaria sujeta a instrucción por delito de terrorismo, el cómputo del plazo de detención establecido en el artículo 137.º del Código Procesal Penal se inicia a partir de la resolución que apertura instrucción en el nuevo proceso.
5.Resolución de segunda instancia
Con fecha 18 de octubre de 2004, la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la recurrida, por fundamentos similares.
IV . MATERIAS SUJETAS A ANÁLISIS CONSTITUCIONAL
A lo largo de la presente sentencia, este Colegiado debe llegar a determinar:
(e)Si la detención de la beneficiaria obedece a un mandamiento escrito y motivado del juez.
(f)Si por el tiempo transcurrido en la detención preventiva se ha terminado afectando la libertad personal de la beneficiaria.
FUNDAMENTOS
A De los límites del derecho a la libertad
1.De acuerdo a lo prescrito por la norma constitucional, la libertad personal es no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, aunque su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley.
Es por ello que los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que reconoce el derecho, por el conflicto entre un derecho constitucional y uno o más derechos constitucionales, por el conflicto entre un derecho constitucional y uno o varios bienes jurídicos constitucionales, o por la legislación que desarrolle o regule su ejercicio [1].
2.El caso de autos se encuentra comprendido en el primer tipo de límites.
En efecto, conforme al artículo 2°, inciso 24, literal b) de la Constitución, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Por tanto, para esclarecer la controversia, debe establecerse si el periodo de detención preventiva que cumple la demandante constituye una restricción del derecho a la libertad prevista en la ley y compatible con la Constitución.
La detención por mandato escrito y motivado del juez
3.La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución exige que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Norma Fundamental reconoce se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú.
4.Al respecto, los diversos tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado establecen que: “[t] odo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, y que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (...)” [2].
5.Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho que tiene toda persona a no ser privada de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas [3].
6.Del estudio del expediente acompañado se advierte que la beneficiaria fue procesada y condenada a cadena perpetua por el Tribunal Supremo Militar Especial por el delito de traición a la patria, sentencia que fue recurrida ante el Consejo Supremo Militar Especial, instancia que revocó la apelada y, reformándola, le impuso 30 años de pena privativa de libertad (fojas 292/294).
Dicho proceso, por haber estado a cargo de tribunales militares, fue declarado nulo en mérito a la sentencia N.º10-2003-AI/TC, [4] por vulnerar el derecho que tiene todo justiciable a la observancia del debido proceso en lo que se refiere al juez natural.
7.En tal sentido, de autos se advierte que la declaración de nulidad del proceso seguido a la beneficiaria estuvo a cargo de la Sala Nacional de Terrorismo, que expidió resolución con fecha 7 de mayo de 2003, conforme se acredita de fojas 58 a 64 de autos. Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo, con fecha 14 de mayo de 2003, procedió a formular denuncia penal contra la favorecida por delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de terrorismo agravado (fojas 66/72), lo cual motivó que el Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo dictara auto de apertura de instrucción por delito de terrorismo con fecha 16 de mayo de 2003, expidiéndose mandato de detención (fojas 73/83) .
8.De ello se concluye que la beneficiaria se encuentra detenida por mandamiento escrito y motivado del juez, dictado en un proceso penal seguido en su contra.
De la legitimidad constitucional
9.Resulta importante precisar, conforme a lo puntualizado en reiterada jurisprudencia por este Colegiado, que, si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. [5]
B.La afectación a la libertad individual por exceso de detención
10.El exceso de detención según el demandante
El demandante alega que se ha vencido el plazo máximo de prisión preventiva previsto en el artículo 137.º del Código Procesal Penal, toda vez que la beneficiaria se encuentra detenida hace 9 años sin que se expida sentencia.
11.La legalidad de la detención preventiva, según el demandado
El demandado aduce que la detención de la beneficiaria es legal, aduciendo que “(...) la detención preventiva se computará desde la fecha en que se dicta el nuevo auto que apertura instrucción del nuevo proceso, por lo que el plazo límite de detención no se ha vencido (...)” [6].
12.Los instrumentos internacionales antes mencionados precisan que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que serán juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a “(...) garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo (...) [7].
13.De ello se infiere que la detención preventiva constituye una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales.
La legislación penal en materia antiterrorista
14.El Decreto Legislativo N.º 922, que, conforme a la resolución STC N.º10-2003-AI expedida por este Tribunal Constitucional, regula la nulidad de los procesos por el delito de traición a la patria, establece, en su artículo 4.º, que en los procesos en los que se aplique dicho Decreto Legislativo el plazo límite de detención conforme al artículo 137.º del Código Procesal Penal, se inicia a partir del auto de apertura de instrucción del nuevo proceso.
Asimismo, establece que la anulación declarada conforme con dicho Decreto Legislativo no tendrá como efecto la libertad de los imputados, ni la suspensión de las requisitorias existentes.
Los límites de la detención preventiva
15.El artículo 137.º del Código Procesal Penal señala que el plazo de detención en el proceso penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses, término que se duplicará automáticamente en caso que el proceso sea por delito de terrorismo, tráfico de drogas, espionaje u otros de naturaleza compleja seguido contra más de diez imputados.
16.En tal sentido, conforme consta de las copias certificadas que obran en autos, el auto que apertura instrucción en el nuevo proceso seguido a la beneficiaria fue expedido el día 16 de mayo de 2003, fecha en la cual el Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo dictó mandato de detención, y desde la cual se inicia el cómputo del plazo al que se refiere el artículo 137.º del Código Procesal Penal, cuyo vencimiento, tratándose de un proceso de terrorismo, se produce a los 36 meses, por lo que no puede afirmarse que a la fecha el plazo de detención haya sido superado.
FALLO
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda .
Publíquese y notifíquese.
SS.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
LANDA ARROYO