LÍMITES ENTRE EL ASESINATO POR LUCRO Y EL ASESINATO PARA FACILITAR U OCULTAR OTRO DELITO (

Ricardo César Rojas León (*))

SUMARIO: I. Introducción. II. El homicidio “por lucro”. III. El homicidio “para facilitar otro delito”. IV. Homicidio por lucro y homicidio para facilitar otro delito ¿concurso de agravantes? V. El homicidio “para ocultar otro delito”. VI. A manera de conclusión.

MARCO NORMATIVO:      •     Código Penal: arts. 106 y 108.

     I.     INTRODUCCIÓN

     Como sabemos, el delito de homicidio tipificado en el artículo 106 del Código Penal se agrava cuando concurren las circunstancias calificativas del asesinato que se encuentran tipificadas en el artículo 108 del cuerpo normativo antes acotado(1). Estas circunstancias calificativas del asesinato son:

     1)     Por la motivación: por lucro, por ferocidad, por placer.

     2)     Por la conexión con otro ilícito penal: para facilitar u ocultar otro delito.

     3)     Por el modo de ejecución: la crueldad, alevosía.

     4)     Por el medio empleado: por fuego, explosión, veneno u otro medio capaz de poner en peligro la vida y la salud de otras personas.

     5)     Por la condición de la víctima: miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Amadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el cumplimiento de sus funciones(2).

     La Corte Suprema en una reciente ejecutoria (véase resolución al final de este artículo), si bien de modo correcto, confirmó una sentencia que condena a uno de los autores del evento criminal, por el delito de robo agravado y homicidio calificado; empero, respecto de este último delito –a nuestro criterio– cae en imprecisiones a la hora de determinar en qué circunstancia agravante del homicidio nos encontramos; imprecisiones que repercutieron gravemente a la hora de determinar la pena, pues si se estimó que concurren dos agravantes “el homicidio por lucro” y el “homicidio para facilitar otro delito”, esta concurrencia de agravantes debe tener un reflejo en la pena, que, por demás, en la mencionada resolución no se estima ni fundamenta.

     En el presente estudio se tratará de establecer, primero, una clara delimitación entre el “homicidio por lucro” y “el homicidio para facilitar otro delito”; segundo, se tratará de determinar si en el caso resuelto por la Corte Suprema, nos encontramos frente a un “homicidio para facilitar otro delito” o de “homicidio para ocultar otro delito”, lo que implicará un breve desarrollo de estas circunstancias cualificativas.

     II.     EL HOMICIDIO “POR LUCRO”

     Cabe señalar, de modo preliminar, que en la configuración de esta agravante el legislador patrio se ha apartado de la influencia hispánica y argentina(3); en este sentido, considero incorrecto que en nuestro medio se pretenda restringir la muerte causada “por lucro”(4) a la muerte causada únicamente por “precio, promesa o recompensa”(5).

     Por el contrario, partiendo del significado gramatical del término lucro utilizado por nuestro legislador, cometerá un delito de asesinato “por lucro” aquel que realiza la acción homicida impulsado por el deseo de obtener una ventaja o provecho; por consiguiente, se encontrarían abarcados dentro de este supuesto: i) tanto el comportamiento de aquel que causa la muerte de otro en virtud de un precio, promesa o recompensa económica ofrecida por un tercero; como ii) la del homicida que actúa unilateralmente a fin de alcanzar un provecho económico, por ejemplo, aquel que mata a otro para heredar, para cobrar un seguro, evitar pagar una deuda o librarse de una carga económica, elimina a un competidor, economiza gastos de un orfanato, se deshace de una obligación alimentaria, mata en la creencia de que va a recibir alguna compensación económica por dicho acto, etc.(6).

     En ambos casos el homicida obra impulsado por el beneficio o ventaja que va a obtener, dentro de su plan, directamente de la muerte de otro. Como puede apreciarse, el lucro es el fin, y el homicidio un medio; lo que revela una mayor culpabilidad en el homicida, situación que fundamenta la cualificación de esta circunstancia(7).

     Cabe precisar que la expresión “por lucro” debe ser entendida en un sentido económico; esta interpretación restrictiva, que es la mayoritaria a nivel doctrinal, se justifica ya que si entendemos que cualquier clase de ventaja o beneficio –honorífico o sexual– cualifican el homicidio, entonces esta agravante perdería su fundamentación material, puesto que comúnmente todo delito es realizado con la finalidad de alcanzar una determinada ventaja o beneficio, por esa razón cualquier móvil no es suficiente para cualificar el homicidio, sino aquel que revista connotaciones especiales, lo que se da con el móvil lucrativo entendido como un deseo de obtener un provecho económico(8).

     Por último, para la configuración de esta agravante no es necesario que el homicida actúe con codicia, basta únicamente su ánimo de lucro, es decir basta con el ánimo de obtener dinero o bienes con la comisión del delito. La codicia, según su significado gramatical, es el apetito desordenado de obtener riquezas; en este sentido, implica un comportamiento generalizado por parte del individuo de obtener riquezas, a diferencia del ánimo de lucro que está referido a una determinada acción(9).

     III.     EL HOMICIDIO “PARA FACILITAR OTRO DELITO”

     En este supuesto se puede apreciar un caso de conexidad teleológica, ya que el homicida causa la muerte de una persona (delito medio) a fin de facilitar otro hecho delictuoso (delito fin), que puede ser de naturaleza idéntica al precedente (un homicidio) o de distinta naturaleza (robo o hurto)(10).

     Un homicidio facilita otro delito cuando se comete con la finalidad de suprimir algún obstáculo que se le opone a la realización del último. Así, por ejemplo, el homicida que ingresa al cuarto de una mujer con la intención de violarla sexualmente, y encontrándola acompañada de su hermano, da muerte al hermano que precisamente se disponía a defenderla.

     Para que esta circunstancia calificadora del homicidio concurra, solo se exige que haya una conexidad subjetiva –caracterizada por el propósito concreto de matar para facilitar otro delito–, circunstancia que juega un papel trascendental en la configuración de esta agravante. Así:

     i)     Si no se encuentra presente en el pensamiento del autor al momento de ejecutar el homicidio, esta agravante no se configurará, de modo que esta no concurre cuando el homicida por odio a su enemigo le causa la muerte, y luego aprovecha esta circunstancia para sustraerle sus pertenencias;

     ii)     No interesa para los efectos de esta agravante que el homicidio, objetivamente, en los hechos hubiera facilitado o no la comisión del delito fin, basta con que el homicida haya actuado con esa expectativa; así sucede, por ejemplo, con quien causa la muerte del trabajador de una empresa a fin de apoderarse de las llaves de la caja fuerte, dándose con la sorpresa de que su víctima no portaba las llaves en ese momento;

     iii)     No es la materialización del delito fin sino el fin en sí mismo lo que configura esta agravante, por consiguiente, no es necesario que con relación al delito fin se hayan realizado actos preparatorios, actos ejecutivos, o se logre su consumación por el mismo homicida o por un tercero;

     iv)     En cuanto al aspecto procesal, este elemento teleológico o final del homicida deberá estar acreditado.

     IV.     HOMICIDIO POR LUCRO Y HOMICIDIO PARA FACILITAR OTRO DELITO. ¿CONCURSO DE AGRAVANTES?

     En la sentencia mencionada, la Corte Suprema, en el fundamento 4, señala que se encuentra acreditada la culpabilidad del sentenciado en el delito de asesinato, por el móvil del lucro, “el cual se preordenó a la sustracción”; asimismo, indica que los homicidas “planificaron su accionar en ese sentido (…) de matar a los agraviados para obtener una ganancia o provecho económico: apoderarse del vehículo, lo que también permite sostener la circunstancia de ‘facilitar otro delito’, en tanto relación de medio-fin de la que resulta que el homicidio es el delito medio cometido con el propósito de hacer posible el robo del vehículo”; es decir, que cuando el agente causa la muerte de otro, a fin de perpetrar un delito de robo o de hurto, también actúa bajo el móvil del lucro.

     Esta posición, en nuestro medio, es sustentada por Hurtado Pozo(11), quien precisa que entre estas dos agravantes existe una coincidencia parcial, pues quien mata para robar revela un deseo inmoderado de lucro, sin embargo esta concurrencia de agravantes no tiene mayor relevancia, pues basta que cualquiera de estas dos agravantes concurra, para que se configure el delito de asesinato. Sin embargo, esta posición no zanja la interrogante planteada, es decir, no nos brinda una respuesta racional o dogmáticamente correcta(12) de si en estos supuestos se puede apreciar o no un concurso de agravantes, más allá de la coincidencia parcial a la que se alude.

     Desde otro punto de vista, Castillo Alva postula que cuando el beneficio o provecho económico pretendido sea delito conforme a las normas penales vigentes, se debe subsumir el hecho en la agravante de matar para facilitar otro delito y no en la agravante “por lucro”(13). Esta posición resulta a nuestro criterio confusa, pues un beneficio o provecho económico –que es un efecto– no puede ser calificado de delito.

     Antes de esbozar nuestra posición, considero pertinente precisar que esta problemática no es superflua, tal como lo esboza Hurtado Pozo, pues si bien ambas agravantes cualifican el delito de homicidio, de sostenerse la concurrencia de estas agravantes en los supuestos estudiados, estaríamos en un caso de concurso de agravantes, situación que tiene relevancia en la determinación de la pena.

     Carrara enseñaba que el homicidio cometido con el fin de lucro, en italiano, se llama latrocinio, que se caracteriza por ocasionar la muerte de una persona con el fin de lucro; además señalaba que “el título de latrocinio pertenece al orden de los homicidios, porque el medio prevalece sobre el fin; y el robo (nótese bien) lo califica, no en cuanto a su materialidad, sino en cuanto intervino como fin determinante para el homicidio”(14).

     Sin embargo, esta tesis, no es trasladable a nuestro medio, ya que nuestra ley, por un lado, ha ampliado la antigua figura del latrocinio y, de otro lado, ha distinguido y calificado el homicidio cometido “por lucro”. Por lo tanto, el homicidio cometido para “facilitar” otro delito, queda referido primariamente al hecho de emplear el homicidio como medio para facilitar otro delito, tenga este o no –el delito fin– un carácter lucrativo(15). En este sentido, considero que el homicidio agravado por lucro queda restringido únicamente a aquellos supuestos en los cuales el beneficio o ventaja económica que pretende el homicida se deriva directamente de la muerte de la víctima.

     Conforme es de apreciarse del gráfico 1, en el homicidio por lucro el agente causa la muerte de otro con la finalidad de obtener un beneficio o ventaja económica, que se deriva directamente de este resultado, y que por sí mismo no es delito. Así, por ejemplo, el que mata por precio, promesa o recompensa espera estos beneficios por haber causado la muerte de un tercero, no necesita realizar otro delito. En el caso del que mata para heredar también sucede lo mismo.

     De manera distinta, conforme es de apreciarse del gráfico 2, el homicida mata no porque este hecho le va a permitir obtener un lucro, sino porque le va a facilitar la comisión de otro delito, he ahí el fundamento de su mayor reprochabilidad; el lucro que pretende no se deriva directamente del homicidio sino del delito fin, que, como lo hemos señalado líneas arriba, no necesita realizarse para los efectos de la presente agravante.

     A modo de conclusión, podemos señalar –en contra del razonamiento esgrimido en la aludida ejecutoria–, que no es factible sostener la concurrencia de agravantes –por lucro y para facilitar otro delito– en el caso; y, en general, en todos aquellos casos en los que el homicida ocasiona la muerte de alguien con la finalidad de facilitar un delito contra el patrimonio (v. gr. robo o hurto), debiendo ser subsumidos únicamente en la agravante contenida en el inciso 2 del artículo 108 del Código Penal (“para facilitar otro delito”).

     V.     EL HOMICIDIO “PARA OCULTAR OTRO DELITO”

     En este supuesto se puede apreciar también un caso de conexidad teleológica, ya que el delito de homicidio se comete como consecuencia de otro, con la finalidad específica de ocultar el delito cometido precedentemente, que puede ser de igual o distinta naturaleza (robo o hurto) al consiguiente(16).

     Se busca ocultar un delito cuando se trata de esconderlo, de modo que las autoridades y la sociedad no lleguen a tener conocimiento de él; asimismo, cuando después de consumado un delito de homicidio, de robo o de violación, se da muerte a la víctima o al único testigo que presenció estos hechos o a los cómplices.

     Para que esta circunstancia calificadora del homicidio concurra, al igual que en el asesinato para “facilitar otro delito”, solo se exige que exista una conexidad subjetiva, –caracterizada por el propósito concreto de matar para ocultar otro delito–, circunstancia que juega un papel trascendental en la configuración de esta agravante. Así:

     i)     Si no se encuentra presente en el pensamiento del autor al momento de ejecutar el homicidio, esta agravante no se configura;

     ii)     No interesa, a los efectos de esta agravante, que el homicidio, objetivamente, en los hechos hubiera ocultado la comisión del delito precedente; basta con que el homicida haya actuado con esa expectativa; y

     iii)     En cuanto al aspecto procesal, este elemento teleológico o final del homicida deberá acreditarse.

     VI.     A MANERA DE CONCLUSIÓN

     En la aludida ejecutoria suprema la circunstancia cualificante que se ha acreditado, en contra del condenado, queda expresada en los siguientes términos:

          “(…) que, por consiguiente, está probado que el citado acusado acordó y aceptó el modo de perpetración del delito: el uso de arma de fuego para reducir a los agraviados, despojarlos de sus vehículos, dirigirse a lugares desolados y estrangularlos con pasadores; que, por tanto, se configura una típica coautoría, pues el dominio del hecho se encuentra en todos los encausados en la medida en que actuaron conscientemente y asumiendo funcionalmente roles concretos para la realización del hecho; que, en consecuencia, se encuentra acreditada su culpabilidad en el delito de asesinato (…)”.

     Conforme es de apreciarse, el homicidio en este caso no estuvo preordenado a la facilitación de otro delito, es decir, no se cometió con la finalidad de suprimir algún obstáculo para la realización del delito de robo agravado, sino que estuvo preordenado a la ocultación de este, por lo que consideramos que en el presente caso también se incurrió en un error en la individualización de la agravante que cualifica el homicidio cometido por el condenado.

JURISPRUDENCIA(17)      VISTOS: El recurso de nulidad interpuesto por el acusado Inmer Muñoz Pérez contra la sentencia de fojas quinientos sesenta y ocho de conformidad con el dictamen fiscal de la Señora Fiscal Suprema en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que el recurrente cuestiona la sentencia porque estima que en el proceso no se ha probado que haya participado en el homicidio de Agapito Rufasto Cruz y Américo Julia Malca: agrega que en el tercer considerando de la sentencia recurrida se consignó que se participó en la muerte de José Gil Puelles Salvador, empero ese hecho se viene investigando por la Sala Penal del Distrito Judicial de Amazonas. Segundo: Que se imputa al acusado Muñoz Pérez y a sus coacusados Samuel Córdova Alipali o Samuel Córdova Valladolid, Manuel Flores Flores y un sujeto conocido como Juan Vásquez alias “León” que el día veintisiete de marzo de dos mil tres, solicitaron los servicios del agraviado Rufasto Cruz, propietario del vehículo de placa de rodaje SGX-cuatrocientos ochenta, para que los traslade a la localidad de Pacuyacu en el caserío de la Victoria del Distrito de Amazonas, sin embargo antes de llegar lo amenazaron con un arma de fuego a él y a su acompañante Julia Malca, los redujeron y los estrangularon con los pasadores de sus zapatos, para luego llevarse el automóvil. Tercero: Que el encausado Muñoz Pérez acepta haber participado en el delito de robo agravado, pero circunscribe su impugnación a la imputación por el delito de homicidio calificado; que, dentro de este contexto, se advierte que el citado procesado en sede preliminar –fojas sesenta y uno–, con la concurrencia del representante del Ministerio Público, expuso que el veintiséis de marzo de dos mil tres conjuntamente con sus coimputados se encontraron cerca del río Yuracyacu y acordaron nuevamente robar un vehículo para llevarlo a Piura –en tanto que en este mismo acto relató que el diecinueve de marzo de dos mil tres solicitaron los servicios del agraviado de José Gil Puelles Salvador, a quien encañonaron, estrangularon con un pasador (el procesado Juan Vásquez) y despojaron de su vehículo, encargándose aquel (Muñoz Pérez) de levantar los alambres para arrojar el cadáver–; agregó que se dirigieron al paradero de Naranjillo en “Nueva Cajamarca”, que el encausado Juan Vásquez solicitó los servicios del agraviado Rufasto Cruz –quien viajaba acompañado de Américo Julia Malca–, que todos ingresaron al vehículo, que al llegar a su destino –Pacuyacu– y detener el coche su coimputado Juan Vásquez encañonó a los agraviados con su escopetín, los amarraron y los llevaron a un lugar conocido como el “Arenal” donde los bajan; que Córdova Alipali le colocó al agraviado Julia Malca un cordel color negro en el cuello y lo ahorcó, mientras que Flores Flores y Juan Vásquez hacían lo mismo con Rufasto Cruz, en tanto que el deponente vigilaba el lugar premunido de un escopetín; añadió que por la venta del vehículo le correspondió mil quinientos nuevos soles. Cuarto: Que de las circunstancias descritas se advierte la existencia de un acuerdo de voluntades para la realización del robo y la asunción de las consecuencias lesivas, esto es, la muerte de los agraviados; que de la declaración del acusado Muñoz Pérez se colige que planearon la comisión del evento criminal –acuerdo de voluntades–, el mismo que describe dos hechos realizados bajo la misma modalidad; que, por consiguiente, está probado que el citado acusado acordó y aceptó el modo de perpetración del delito: el uso del arma de fuego para reducir a los agraviados, despojarlos de sus vehículos, dirigirse a lugares desolados y estrangularlos con pasadores–; que, por tanto, se configura una típica coautoría, pues el dominio del hecho se concreta en todos los encausados en la medida en que actuaron conscientemente y asumiendo funcionalmente roles concretos para la realización del hecho–; que, en consecuencia, se encuentra acreditada su culpabilidad en el delito de asesinato, por el móvil del lucro, el cual se preordenó a la sustracción y revela, en tanto circunstancias personal que modifica la culpabilidad y transforma el doble homicidio en asesinato, que los agentes tuvieron la disposición –y planificaron su accionar en ese sentido, no fue de modo episódico– de matar a los agraviados para obtener una ganancia o provecho económico: apoderarse del vehículo, lo que también permite sostener la circunstancia de “facilitar otro delito”, en tanto relación de medio-fin de la que resulta que el homicidio es el delito medio cometido con el propósito de hacer posible el robo del vehículo. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas quinientos sesenta y ocho, su fecha veintidós de marzo de dos mil cinco, que condena a Inmer Muñoz Pérez por el delito contra el patrimonio –robo agravado– y contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado– en agravio de Agapito Rufasto Cruz y Américo Julia Malca a veinticinco años de pena privativa de libertad, y fija en veinte mil nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá abonar a favor de los herederos legales de los agraviados en razón de diez mil nuevos soles para cada uno de los agraviados; con lo demás que contiene y es materia de recurso; y los devolvieron.- SS. SIVINA HURTADO/ SAN MARTÍN CASTRO/ PALACIOS VILLAR/ LECAROS CORNEJO/ MOLINA ORDÓÑEZ

     NOTAS

     (1)     No considero oportuno entrar a la discusión en el presente estudio sobre la autonomía o no del delito de asesinato respecto del homicidio, tema que será analizado posteriormente en otra investigación; basta aquí señalar que partimos de la posición que considera al asesinato como un homicidio calificado.

     (2)     Circunstancia agravatoria introducida mediante la Ley Nº 28878 publicada el diario oficial El Peruano el 17/08/2006.

     (3)     El Código Penal español en su artículo 139 inciso 2 cualifica el homicidio cuando la muerte se causa por “precio, promesa o recompensa”; mientras que el Código Penal argentino en su artículo 80 inciso 3 cualifica el homicidio cuando se mata “por precio o promesa remuneratoria”; en ambos códigos, conforme es de apreciarse, no se hace alusión a la expresión “por lucro” que es mucho más amplia conforme se verá más adelante. Siguen esta tendencia de modo mayoritario en la legislación comparada, el Código Penal de Chile (artículo 391 inciso 1, segundo párrafo: “por premio o promesa remuneratoria”); de Ecuador (artículo 450, segundo párrafo: “por precio o promesa remuneratoria”), de Costa Rica (artículo 112, inciso 7: “por precio o promesa remuneratoria”), de Uruguay (artículo 312 inciso 2 “por precio o promesa remuneratoria”), de Brasil (artículo 121 parágrafo 2 “mediante paga ou promessa de recompensa, ou por otro motivo torpe”), de Bolivia (artículo 252 inciso 4: “En virtud de precio, dones o promesas”); el Código Penal de México, de manera singular, en su artículo 315 califica el homicidio cometido con premeditación que se presume cuando el homicidio se comete por retribución dada o prometida.

     (4)     Utiliza el término “lucro”, para agravar el delito de homicidio el Código Penal del Paraguay (artículo 105, párrafo segundo, inciso 5: “actuare con ánimo de lucro”); el Código Penal de Colombia (artículo 104, inciso 4: “por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil”).

     (5)     Sin embargo, propugnan esta interpretación restringida ROY FREYRE, Luis E. “Derecho Penal”. Tomo 1. A.F.A Editores Importadores S.A. Lima, 1989. Págs. 139-140; VILLA STEIN, Javier. “Derecho Penal. Parte especial”. I-A. Editorial San Marcos. Lima, 2004. Págs. 79-80; PEÑA CABRERA, Raúl. “Tratado de Derecho Penal. Parte especial”. Ediciones Jurídicas. Lima, 1994. Págs. 102-105; BRAMONT ARIAS y GARCÍA CANTIZANO. “Manual de Derecho Penal. Parte especial”. Editorial San Marcos. Lima, 1998. Págs. 53-54.

     (6)     En el mismo sentido SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal. Parte especial”. Idemsa. Lima, 2004. Págs. 91-92; VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Delitos de homicidio”. Gios Editores. Lima, 1991. Págs. 52; de cierta forma HURTADO POZO. “Manual de Derecho Penal. Parte especial”. 1. Ediciones Juris. Lima, 1995. Págs. 53-54; CASTILLO ALVA, José Luis. “Homicidio. Comentario a sus figuras fundamentales”. Gaceta Jurídica. Lima, 2000, quien de modo categórico señala que: “el móvil del lucro consistiría en el matar buscando una ventaja patrimonial o económica ya sea para incrementar el activo o en búsqueda de reducir el pasivo (muerte al acreedor)”. Pág. 171.

     (7)     VILLAVICENCIO TERREROS. Ob. cit. Pág. 50; CASTILLO ALVA. Ob. cit. Pág. 167; HURTADO POZO. Ob. cit. Pág. 56.

     (8)     BAJO FERNÁNDEZ. “Manual de Derecho Penal. Parte Especial”. I. Madrid. Pág. 65: “(…) La interpretación del precio, recompensa o promesa en un sentido genérico, como cualquier ventaja o provecho, convertiría todos los casos de muerte en asesinatos, ya que, salvo las motivaciones fútiles, en todo homicidio el autor trata de obtener alguna ventaja”.

     (9)     El Código Penal alemán califica de asesino aquel que causa la muerte de otro por codicia o por motivos inferiores (parágrafo 211). En nuestro medio, Villavicencio Terreros entiende de modo incorrecto que esta agravante se configura cuando el agente actúa con codicia. Ob. cit. Pág. 51.

     (10)     En la legislación comparada acogen esta agravante el Código Penal de Bolivia (artículo 252 inciso 6); de Colombia (artículo 104 inciso 2); de Costa Rica (artículo 112 inciso 6); de Ecuador (artículo 450 inciso 9); de Francia (artículo 221-2, párrafo segundo); de Paraguay (artículo 105 inciso 6); de Portugal (artículo 132 inciso f); de Uruguay (artículo 312 inciso 4).

     (11)     HURTADO POZO. Ob. cit. Pág. 58.

     (12)     En este mismo sentido, la crítica de CASTILLO ALVA. Ob. cit. Pág. 189.

     (13)     Ídem.

     (14)     CARRARA, Francesco. “Programa de Derecho criminal”. Vol. 1-3. Temis. Bogotá, 1973. Págs. 233-236.

     (15)     En este mismo sentido SOLER, Sebastián. “Derecho Penal argentino”. T. 3. Editorial Tea. Buenos Aires, 1973. Pág. 41.

     (16)     En la legislación comparada acogen esta agravante el Código Penal de Brasil (artículo 121, parágrafo 2-V); de Bolivia (artículo 252 inciso 6); de Colombia (artículo 104 inciso 2); de Costa Rica (artículo 112 inciso 6); de Ecuador (artículo 450 inciso 9); de Paraguay (artículo 105 inciso 6); de Portugal (artículo 132 inciso f); de Uruguay (artículo 312 inciso 5).

     (17)     R.N. Nº 1780-2005-San Martín, del 27/06/2005.