El señor Merino, bachiller en Derecho, desea postular a un empleo en una institución pública; empero, pretende consignar en su hoja de vida que es abogado titulado. Dado que siente recelo de que su conducta pueda configurar el delito previsto en el artículo 362 del CP, nos consulta sobre algunos pormenores de este tipo penal.

      Respuesta:

      El artículo 362 del CP castiga al “que, públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden”.

     Se trata de un delito formal de peligrosidad consistente en una falsedad personal, cuyo objeto de ataque solo puede reconducirse a una vaga fe pública, en tanto vulnerador de la confianza colectiva en la posesión de determinadas aptitudes o condiciones personales, y no así –al menos no directamente– al correcto funcionamiento de la Administración Pública (como sugiere el nomen del Título XVIII que lo contiene).

     En tal sentido, está cercano a las “falsedades genéricas” del artículo 438 del CP (que, entre otros supuestos, castiga al que comete falsedad “usurpando calidad que no le corresponde”) que a un verdadero delito contra la Administración Pública; aunque, a diferencia de aquel, no prevé el requisito limitante referido a que se produzca “perjuicio de terceros”.

     Contra lo que pudiera pensarse a primera vista, el adverbio “públicamente” es exigible no solamente en el primer supuesto (la gente debe “ostentar ‘públicamente  insignias o distintivos de una función o cargo que no se ejerce”), sino también –en lo que aquí interesa– al segundo.

     Esto es, el agente debe “arrogarse ‘públicamente  un grado académico (bachiller, maestro o doctor), título profesional (instrumento acreditativo, otorgado por las universidades a nombre de la Nación) u honores (reconocimientos, grados, títulos honoríficos u otras distinciones) que no corresponden”.

     Gramaticalmente, “arrogarse” es atribuirse, adjudicarse, asignarse o apropiarse indebidamente de cosas inmateriales, como facultades o derechos (o, como en el tipo penal, grados académicos, títulos profesionales u honores).

     El agente debe declarar, o realizar una conducta que ponga de manifiesto “a terceros”, que estos le corresponden o le son propios; lo que se engarza con la exigencia de efectuar la conducta “públicamente”, que implica realizarla a la vista o con conocimiento previsible de varias personas: la atribución debe ser manifiesta, ostensible, suficiente como para ser comunicada a terceros.

     Empero, no es necesario típicamente que la arrogación haga incurrir en error a terceros, basta su potencialidad falsaria.

     Subjetivamente se requiere dolo, esto es, conocimiento de que el grado académico, título profesional u honores que el agente se arroga públicamente no le corresponden.

     Pese a lo indeterminado de aquello que se pretende proteger con esta norma, creemos que no debe ser típica cualquier conducta literalmente subsumible en el tipo penal, y que la legitimidad de su punibilidad comporta poder conectarlas de algún modo a algún grado de perturbación, siquiera indirecto, a la Administración Pública o algún perjuicio a terceros; de lo contrario se echaría de menos la necesaria dosis de lesividad propia de todo ilícito penal.

     En tal línea, y pese a la amplitud del tipo penal, creemos que deben descartarse las conductas motivadas por la mera intención de presumir o el simple exhibicionismo, de las que ningún perjuicio puede predicarse.

      Base legal:
      •     Código Penal: arts. 362 y 438.