ALONSO R. PEÑA CABRERA FREYRE (*) :

     Las modificaciones al delito de conducción en estado de ebriedad

     Las pistas y carreteras del país presentan un panorama desgarrador, producto de las víctimas que día a día cobran las impericias y/o negligencias de los conductores, que en estado de ebriedad causan la muerte de miles de peruanos, enlutando a numerosas familias, que acongojadas, demandan una respuesta enérgica por parte del Estado.

     Es preocupante ver cómo muchos conductores conducen sus vehículos automotores de forma temeraria sea por manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas, sea por conducir a gran velocidad o sin tomar las medidas de precaución necesarias. No se ha tomado conciencia de que un vehículo automotor constituye un instrumento riesgoso para los bienes jurídicos fundamentales. La conducción en estado de ebriedad, se ha convertido en una amenaza latente para los intereses jurídicos más preciados como la vida, el cuerpo y la salud, que se ven constantemente en peligro frente a ese comportamiento.

     Un Estado de Derecho supone que la actuación de los ciudadanos debe someterse estrictamente a los roles que las normas imponen al respecto, es decir, los preceptos jurídicos contienen modelos valiosos de conducta cuya finalidad es de proteger preventivamente bienes jurídicos. Cuando los individuos desobedecen dichas normas, provocan una legítima defraudación a todos los comunitarios, legitimando la reacción inmediata de los medios de control social (formales) y, entre estos, al Derecho Penal que ocupa un sitial privilegiado no solo por sus efectos preventivo-generales, sino también por el despliegue de efectos socio-pedagógicos en la población.

     Cada vez que se presentan hechos de sangre se desencadena una especie de “acción-reacción”. La primera está representada por actos que causan pavor en la sociedad y, la segunda, definido por la actuación del legislador, quien perfila su rol promotor y sancionador de la normativa, a través de la reforma continua de la ley penal. Nadie duda que el Derecho Penal debe cumplir un rol fundamental para intensificar la protección de los bienes jurídicos fundamentales. Nuestros reparos se conducen en otro sendero, en el sentido de que no se puede atribuir únicamente al ius puniendi estatal, la misión de prevenir esta clase de conductas disvaliosas, en tanto estos comportamientos (conducción en estado de ebriedad), obedecen a factores socioculturales o idiosincráticos de la colectividad.

     Debe observarse que los vehículos automotores son considerados como un “bien riesgoso”, como una actividad jurídicamente aprobada, siempre y cuando se realice conforme a los parámetros normativos establecidos. Fue así, que el legislador, en el artículo 1970 del Código Civil, definió la denominada “responsabilidad por riesgo”, es decir, la obligación del daño que se causa, mediante este bien riesgoso, por el solo hecho de su propia actuación.

     De forma que se exige que quien realice este tipo de actividad tenga un especial cuidado y lo haga conforme a las normas pertinentes, adoptando todas las medidas de precaución necesarias a fin de neutralizar cualquier foco de riesgo que pueda menoscabar a un bien jurídico. Estos fueron los motivos que llevaron a penalizar en el artículo 274 del Código Penal el delito de conducción en estado de ebriedad, fundamentado en el pronóstico de que aquel individuo que consume una dosis significativa de alcohol pierde notablemente sus facultades psico-motrices con lo cual debilita sus posibilidades de control y dominio. El delito previsto por el referido precepto constituye pues un delito de peligro abstracto, en tanto basta corroborar la infracción de la norma que contiene una presunción legal de peligro para los bienes jurídicos personalísimos, sin necesidad de verificar una lesión  concreta puesta en peligro de dichos intereses jurídicos, a diferencia de los tipos penales de homicidio y de lesiones.

     Se dice que el Derecho Penal, no tiene por qué esperar a que se produzca la lesión efectiva de los bienes jurídicos fundamentales sino que debe anticiparse (adelantando las barreras a la intervención punitiva) a estadios que ni si quiera han de exteriorizar una puesta en peligro real de dichos bienes. Esto importa una construcción normativa abstracta que (con base en un juicio apriorístico) consiste en la desaprobación de una conducta de mera actividad por lo que se erige un bien jurídico de orden supraindividual, concebido como la seguridad pública, conforme se desprende del Título XII del CP.

     La descripción sociológica –anotada líneas atrás–, generó la sanción de la Ley Nº 27753 del 9 de junio del 2002, que modificó los artículos 111 (homicidio culposo), 124 (lesiones culposas) y 274 (conducción en estado de ebriedad), determinando una sanción punitiva de mayor severidad, cuando el agente –al momento de los hechos– tenía alcohol en la sangre en una proporción mayor de 0.5 gramos-litro. Esta orientación político criminal resulta, en principio, legítima a la luz de las funciones tutelares del Derecho Penal, pero quizá demasiado enérgicas, y contradictoria con los principios de culpabilidad y de proporcionalidad (1).

     La Ley Nº 29439 del 19 de noviembre del 2009, modifica el artículo 274 del CP (2), en los siguientes términos: “Cuando el agente presta servicio de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-litro, o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de sesenta a ciento cuarenta jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7”.

     La referida ley ha dejado incólume el grado de alcohol en la sangre que se requiere para configurar el delito cuando el agente es un conductor de transporte particular. De esa forma se mantiene en el nivel anterior de 0.5 gramos.

     El legislador ha fijado pues una distinción según la actividad que realiza el conductor del vehículo, considerando de mayor gravedad cuando el agente es conductor de un vehículo de transporte público. Es cierto que quienes conducen vehículos automotores dirigidos a la prestación de un servicio público tienen la exigencia de conducirse con gran cuidado, en tanto transportan personas que pueden verse afectados cuando el conductor efectúa maniobras temerarias o no puede controlar el vehículo dada la influencia de la ingesta de alcohol; pero, no es menos cierto, que la penalización de una conducta, según los principios del Estado Constitucional de Derecho, ha de sujetarse al principio de igualdad, esto es, no establecer diferencias donde la ley no lo hace.

     Todos los ciudadanos tienen el deber de conducir vehículos automotores sin estar bajo la influencias de bebidas alcohólicas. En todo caso, dichas circunstancias, pueden ser tomadas en cuenta, en el ámbito de la determinación judicial de la pena, pero no como un elemento de distinción en la construcción punitiva.

     Debe tenerse en cuenta que recientes estadísticas revelan que cuatro de cada diez accidentes fatales, son protagonizados por vehículos de transporte público. Esto quiere decir que más de la mitad de las muertes en nuestras pistas y carreteras, obedecen a la negligencia de conductores particulares. Es posible que los conductores de transporte público, contravengan permanentemente las normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito, pero parece seguro que quienes más incurren en la infracción penal en comentario son los particulares, tal como se pone de manifiesto con los operativos de alcoholemia, que se realizan en zonas estratégicas de las ciudades peruanas.

     Por tal razón creemos que con la modificatoria producida por la Ley Nº 29439 se está asignando al Derecho Penal una tarea que desborda su base legitimadora.

   CÓDIGO PENAL
     Artículo 274

Texto original

“El que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año e inhabilitación según el artículo 36, incisos 6) y 7)”.

Texto modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27753

(09/06/2002)

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de estupefacientes, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año o treinta días-multa como mínimo y cincuenta días-multa como máximo e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36, incisos 6) y 7).

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de transporte pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años o cincuenta días-multa como mínimo y cien días-multa como máximo e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 6) y 7)”.

Texto modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29439

(19/11/2009)

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 7).

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de setenta a ciento cuarenta jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7).