Constituye actividad principal de la empresa usuaria aquella que es consustancial al giro del negocio y sin cuya ejecución no se podría efectuar el desarrollo de este, mientras que constituye actividad complementaria aquella que es de carácter auxiliar, secundaria o no vinculada a la actividad principal, tal como la actividad de vigilancia, seguridad, mantenimiento, mensajería externa y limpieza; lo que obviamente apunta a garantizar el uso adecuado y correcto de la provisión de personal a través de la intermediación laboral, evitando que se vulneren los derechos de los trabajadores cuando por la naturaleza de sus labores y no por la sola discrecionalidad o el mero arbitrio de las partes del contrato de locación de servicios corresponda una contratación directa.

     Jurisprudencia:

     EXPEDIENTE Nº 2008-00246

     DEMANDANTE :     DANIEL ALEXANDER ESPINOZA MENDOZA

     DEMANDADA      :     ELECTRONOROESTE S.A.

     MATERIA     :     NULIDAD DE DESPIDO

     Resolución número CUARENTA Y TRES.-

     Piura, treinta de junio del dos mil ocho.-

     VISTOS; en Audiencia Pública; oído el informe oral del abogado Carlos Cárcamo Ladines por la parte demandante y del abogado César Ricardo Gonzáles Trelles por la parte demandada; habiendo quedado la causa al voto; por los propios fundamentos de la sentencia recurrida que se reproducen de conformidad con el artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, conforme a lo normado por el artículo 364 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en el presente proceso, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente; siendo que la extensión de los poderes de la instancia de alzada están presididos por un postulado que limita su conocimiento, recogido por el aforismo tantum apellatum, quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante; Segundo: Que, vienen en grado de apelación: I) la resolución número veintiuno, expedida en audiencia de fojas quinientos cincuenta y uno a quinientos sesenta, su fecha dieciséis de noviembre del dos mil siete, en los extremos en que declara improcedente la excepción de prescripción extintiva e infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada; y II) la sentencia de fojas setecientos trece a setecientos veintiuno, su fecha dieciséis de abril del dos mil ocho, que declara fundada la demanda sobre Nulidad de Despido interpuesta por Daniel Alexander Espinoza Mendoza contra Electronoroeste S.A. y ordena que esta última cumpla con reponer al demandante en cargo igual o similar al que venía desempeñando a la fecha del despido; Tercero: Que, en virtud de lo previsto por el artículo 36 del TUO de la Ley de Fomento del Empleo - Decreto Supremo 003-97-TR la acción de nulidad de despido está sujeta a plazo de caducidad y no de prescripción, por lo que corresponde confirmarse por tal razón, la resolución venida en alzada con efecto diferido, cuanto más si la excepción de prescripción extintiva de la acción fue propuesta por la demandada Electronoroeste 5.1. estrictamente por los lapsos del supuesto vínculo laboral de octubre a diciembre de 1999 y de enero del 2001 al 01 de mayo del 2002, no obstante lo cual en la sentencia solo se ha reconocido el récord laboral del actor a partir del 02 de mayo del 2002, sin que hubiere sido objeto de apelación por su parte, lo que torna inoficioso cualquier pronunciamiento al respecto; y de otro lado, la existencia misma del vínculo laboral constituye una controversia de fondo a dilucidarse en la sentencia, por lo que carece de amparo la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada Electronoroeste S.A. dirigida a apartarla prematuramente del proceso; Cuarto.- Que, constituyen fundamentos y agravios de la apelación de la sentencia interpuesta por la empresa demandada Electronoroeste S.A.: a) no se ha fundamentado porqué las actividades realizadas por el actor no tendrían carácter complementario y por ende, tendrían que ser consideradas como propias de su actividad principal que según sus estatutos es la venta y distribución de energía eléctrica; b) la denominación de técnico electricista dada al actor es irrelevante cuando las actividades que realizaba eran de tipo complementario, no teniendo vínculo laboral ni con la Cooperativa por ser socio trabajador y menos con la demandada al haber existido un destaque de mano de obra para servicios complementarios; c) jamás el demandante ha recibido órdenes de la demandada sino de la Cooperativa que inclusive ha acompañado documentos consistentes en la solicitud de afiliación, carta de cese de destaque y otras; d) las resoluciones expedida en el expediente administrativo del Ministerio de Trabajo han sido impugnadas judicialmente vía acción contencioso administrativa e inclusive se ha obtenido medida cautelar que suspende los efectos de tales resoluciones; e) los servicios prestados no han reunido los requisitos propios de un contrato de trabajo; f) la orden de inspección le fue notificada recién el día 26 de abril del 2007, según sello de recepción, por lo que tuvo conocimiento de su reclamo ante la Autoridad de Trabajo con posterioridad al término de su destaque por parte de la Cooperativa Santo Domingo, no existiendo despido nulo por represalia sino que el actor inició el trámite administrativo cuando se enteró del término de su destaque; Quinto.- Que, la controversia central gira, primero, en torno a la existencia real del vínculo laboral directo entre el actor y la empresa demandada Electronoroeste S.A., no obstante su supuesta vinculación como socio trabajador con la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo “Santo Domingo” Ltda..; y segundo, la evidencia de que el actor hubiere sido despedido como consecuencia de haber recurrido ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para electos de solicitar la verificación de tal vínculo laboral directo, la antigüedad de su tiempo de servicios y su inclusión en las planillas de la empresa demandada; Sexto.- Que, aun cuando el contrato primigenio de Locación de Servicios Complementarios entre la demandada Electronoroeste S.A. y la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo “Santo Domingo” Ltda., de fojas ciento veinticinco a ciento veintiocho, en que “la tocadora se obliga a la prestación de servicios complementarios de supervisores y técnicos electricistas con personal idóneo y calificado para el apoyo de las actividades que se realicen en el ámbito de la prestación del servicio a la comitente”, se suscribió el 02 de enero del 2002 en el marco de lo previsto, entre otras normas, por el artículo 50 y siguientes de la Ley de Formación y Promoción Laboral - Decreto Supremo 002-97-TR, esto es, días antes de su derogatoria dispuesta por la Quinta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 27626 que regula la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores, del 09 de enero del 2002, no es menos cierto que el objeto de la prestación de los servicios fue sucesivamente modificado, a saber; a) por Adenda del 31 de marzo del 2002, el contrato original fue adecuado a las exigencias de la Ley 27626 “brindando servicios varios de naturaleza complementaria, entre ellos los de mantenimiento, reparación, almacén, control técnico, control de pérdidas, servicios de electricidad, servicios administrativos, conexión y reconexión de medidores, líneas de transmisión, medidores eléctricos, redes eléctricas, servicio de conducción de vehículos, entre otros; b) por Adenda del 01 de abril del 2003, de fojas ciento treinta y uno y ciento treinta y dos, se acordó modificar la cláusula segunda del contrato original, incluyendo las labores de “auxiliares, teleoperadoras y servicios de caja”; c) por Adenda del 06 de abril del 2005, se amplía el alcance los servicios complementarios incluyéndose a las labores de “atención al cliente, apoyo secretarial, cobranzas, auxiliares administrativos, servicios contables, supervisión de proyectos, asistentes legales, seguridad y almacén”; d) por Adenda del 31 de diciembre del 2006, se describe como labores meramente complementarias y/o especializadas las de analista de planificación, asistente de oficina, apoyo de call center, asistente legal, asistente administrativo, asistente de costos, asistente de control de morosidad, apoyo fiel del cliente, auxiliar de atención de clientes, apoyo recaudación coordinador zona Talara, digitación de actas, técnico de mantenimiento, técnico de reparaciones, técnico de cortes, reconexiones, técnico de verificaciones, técnico de toma de lectura, especialista en planificación, especialista gix maximus, orientadora, especialista de proyectos, especialista de calidad de productos, inspector de obra e inspector de mantenimiento”, advirtiéndose, en esta última adenda que se expresa como fundamentación de la naturaleza complementaria de las labores aludidas que constituyen labores meramente complementarias, secundarias y no vinculadas a la actividad principal de la comitente que es la venta de energía eléctrica; Sétimo.- Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley 27626: “La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria solo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa”; precisando el artículo 1 del Decreto Supremo 003-2002-TR –en su texto originario vigente en la época de la prestación de los servicios del actor por lo que resulta aplicable por razón de temporalidad–, que constituye actividad principal de la empresa usuaria aquella que es consustancial al giro del negocio y sin cuya ejecución se afectaría el desarrollo del mismo y, constituye actividad complementaria, aquella que es de carácter auxiliar, secundaria o no vinculada a la actividad principal, tal como la actividad de vigilancia, seguridad, mantenimiento, mensajería externa y limpieza; lo que obviamente apunta a garantizar el uso adecuado y correcto de la provisión de personal a través de la intermediación laboral evitando que se vulneren los derechos de los trabajadores cuando por la naturaleza de sus labores y no por la sola discrecionalidad o el mero arbitrio de las partes del contrato de locación de servicios, corresponda una contratación directa, como ha ocurrido en este caso toda vez que en el extenso y diverso elenco de las actividades que en el contrato de locación de servicios y sus sucesivas modificaciones se califican como complementarias, no solo es notorio que fácilmente pueden comprenderse muchas de las actividades relacionadas con la organización, administración y la propia comercialización de la energía eléctrica, vaciando así de contenido a esta actividad principal, sino que en esa vasta descripción, las labores de Técnico Electricista para las que fue destacado el actor, realizando labores específicas de reparación del servicio eléctrico en las redes y reparaciones internas y externas en los domicilios de los usuarios - según reza el anexo del Acta de Requerimiento - Hechos Comprobados del 23 de abril del 2007, que obra a fojas ciento sesenta y tres del expediente administrativo N° Al 102-2007, para no recurrir a lo verificado en el otro expediente administrativo N° IP-077-2006 objeto de la acción contencioso administrativa aún pendiente de pronunciamiento final -, están estrechamente vinculadas al normal suministro del servicio de energía eléctrica y no son prescindibles sino por el contrario, indispensables o necesarias para el normal funcionamiento y desarrollo de la actividad principal y permanente de la empresa consistente en la distribución y/o comercialización de un servicio esencial para la comunidad como es la energía eléctrica, cuanto más si el actor utilizaba las herramientas de propiedad de Electronoroeste S.A. como verificador de campo, megómetro, pinza amperimétrica, probador de tensión, cascos, botas, guantes y otros implementos de seguridad, según se deja constancia en la aludida Acta, lo que razonablemente traduce un nivel de subordinación técnica y/o reglamentaria y no de sola coordinación entre la comitente y la locadora respecto a la ejecución efectiva de los servicios, cuanto más si la fundamentación de la naturaleza complementaria del servicio prestado por el actor en relación con el giro de la empresa usuaria, tal como lo exige el artículo 26.2 de la citada Ley 27626, es tardía y ambigua al limitarse a señalar que las actividades son complementarias o secundarias porque no están vinculadas a la actividad principal de la empresa sin establecer mayores criterios específicos de distinción; Octavo.- Que, en tal sentido, es de aplicación en este caso lo previsto por la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la glosada Ley 27626 al sancionar que: “En los casos en que mediante, contratos o subcontratos de naturaleza civil se provean trabajadores para desarrollar labores que correspondan a la actividad principal de la empresa usuaria, se entenderá que tales trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria desde su respectiva ficha de iniciación de labores en dicha empresa”, para concluir que el trabajador tuvo realmente un vínculo laboral directo con la demandada Electronoroeste S.A. y no un vínculo asociativo laboral con la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo “Santo Domingo” Ltda., siendo para tales efectos irrelevante que el actor hubiere suscrito la carta y solicitud de afiliación o la carta de renuncia de fojas ciento cincuenta y tres, ciento ochenta y dos y ciento ochenta y cuatro - ciento ochenta y cinco que lo vinculaban aparentemente como socio trabajador de la Cooperativa en mención o incluso que se le hubieran practicado depósitos o expedido boletas de pago en tal sentido, desde que aun cuando mediara su voluntad formal, al haberse establecido que tenía en calidad un vínculo laboral directo con la empresa usuaria, se contravino el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que es “(...) justamente el que prohíbe que los actos de disposición del titular de un derecho recaigan sobre derechos originados en normas imperativas y sanciona con la invalidez la transgresión de esta regla” (Javier Neves Mujica; “Introducción al Derecho del Trabajo”; ARA Editores, 1era Edición, Lima; 1997, pp. 109); principio que consagra el numeral 2) del artículo 26 de la Constitución y que esta Jurisdicción del Trabajo debe tutelar a tenor del numeral 111 del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, máxime si tal como lo tiene establecido en reiterada jurisprudencia la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República: “si bien el artículo sesenta y dos de la Constitución Política del Estado establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con el artículo dos inciso catorce de la Carta Magna que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público; por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso no solo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no portar pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamental, Sino un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos” (Casación N° 1004-2004 TACNA - MOQUEGUA; El Peruano; 05/01/07), Noveno.- Que, el despido es nulo cuando resulta lesivo de los derechos fundamentales del trabajador encontrándose sus causales taxativamente previstas por el artículo 29 del Decreto Supremo 003-97-TR o Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de manera tal que queda configurado como una clase de despido nítidamente diferenciado del despido arbitrario, al que el ordenamiento jurídico-laboral dispensa la máxima tutela restitutoria dada la trascendencia de los bienes: jurídicos que resultan lesionados con su materialización, exigiendo el artículo 52 del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo Decreto Supremo 001-96-TR que cuando menos uno de los motivos a que se contraen las causales establecidas en la ley, sea expresamente invocado y acreditado por el trabajador como razón del despido; Décimo.- Que, el denominado despido represalia a que se contrae el numeral c) del artículo 29 del Decreto Supremo 003-97-TR - TUO de la Ley de Fomento del Empleo o Ley de Productividad y Competitividad Laboral –que invoca el actor como sustento de su demanda sosteniendo haber sido objeto de represalia por haber recurrido ante la Autoridad Administrativa de Trabajo reclamando la constatación de su vínculo laboral con la empresa demandada, de su tiempo de servicios, las remuneraciones percibidas, la labor realizada y la desnaturalización de la intermediación laboral entre otros extremos–, consiste en aquel despido que tiene por motivo el presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes; Décimo Primero.- Que, en tales términos y como lo ha delineado en estos casos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República: “es el trabajador quien tiene la carga de la prueba de la nulidad del despido, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 27 de la Ley Procesal del Trabajo, por lo que deben acreditarse dos hechos: a) Que el autor de la queja, reclamo o demanda sea el propio trabajador despedido; y b) Que el despido tenga nexo de causalidad con el reclamo, tanto en el tiempo como en las circunstancias” (Casación N° 2141-97-PIURA; El Peruano; 02.07.99), a lo que se añade la recomendación del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997 en el sentido de que en los procesos en que se ventile la nulidad del despido, si bien el Juez no puede utilizar las presunciones, deberá apreciar, evaluar y determinar el mérito de los indicios que se aporten con los medios probatorios, para poder determinar objetivamente la causa real que motivó el despido; Décimo Segundo.- Que, tal como consta del expediente administrativo N° Al 102-2007 que se tiene a la vista, la orden de inspección solicitada por el actor y otro compañero de trabajo en la empresa Electronoroeste S.A. y el requerimiento de comparecencia dictados por la Autoridad de Trabajo con fecha 11 y 12 de abril del 2007 respectivamente, le fue notificada a esta empresa el día 12 de abril del 2007, según aparece de los cargos y sellos de recepción a nombre de Jorge Chuquipoma Rojas Jefe de Administración UN Paita ENOSA de fojas ciento diecinueve y ciento veinte, de forma tal que tuvo conocimiento del reclamo laboral del trabajador en tal fecha y no recién el 26 de abril del 2007 como se sostiene en la apelación, por lo que existen suficiente probanza e indicios de que el impedimento del ingreso del trabajador al centro de labores ocurrido con fecha 24 de abril del 2007 tal como se acredita de la certificación policial de cincuenta, expedida por la Autoridad Policial al amparo de la atribución otorgada por el artículo 45 del Reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo - Decreto Supremo 001-96-TR, obedeció a una actitud de represalia por la denuncia formulada ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, acreditándose el nexo de causalidad circunstancial y temporal que tipifica la causal de nulidad de despido invocada y que razonablemente apuntaba a impedir arbitrariamente el reclamo del trabajador, cuanto más si tal conducta no necesariamente debe ser precedente en el tiempo, tanto así que la propia Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido que: “El supuesto contenido en el artículo 47 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, referido a que la queja o reclamo debe necesariamente encontrarse precedida de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores, excede el marco de la Ley reglamentada, pues no interpreta o reglamenta estrictamente, sino que agrega un supuesto de hecho no contenido en la norma principal” (Casación N° 2402-2005 CALLAO; El Peruano; 30-11-07), siendo además indiferente para efectos legales que la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo “Santo Domingo” Ltda. le hubiere cursado al actor la carta notarial de fojas ciento ochenta y seis, sobre su cese de destaque en la empresa Electronoroeste S.A. con fecha 11 de abril del 2007, en tanto aquel sindica como su real empleadora a la citada empresa y no a la Cooperativa en cuestión y efectivamente así ha quedado establecido que sucedió en la realidad; máxime si lo contrario conduciría a violentar el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución según el cual “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”, imponiendo de este modo una cláusula de salvaguarda de sus derechos, en concordancia con el artículo 1 de la propia Ley Fundamental que prescribe que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del Estado”; Décimo Tercero.- Que, siendo así, los argumentos vertidos en la apelación en nada desvirtúan el sustento de la apelada que se ha expedido con arreglo a lo actuado y a la ley mereciendo ser confirmada.- En consecuencia, por tales consideraciones: CONFIRMARON la resolución número veintiuno, expedida en audiencia de fojas quinientos cincuenta y uno a quinientos sesenta, su fecha dieciséis de noviembre del dos mil siete, en los extremos en que declara improcedente la excepción de prescripción extintiva e infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada; CONFIRMARON la sentencia de fojas setecientos trece a setecientos veintiuno, su fecha dieciséis de abril del dos mil ocho, que declara fundada la demanda sobre Nulidad de Despido interpuesta por Daniel Alexander Espinoza Mendoza contra Electronoroeste S.A. y ordena que esta última cumpla con reponer al demandante en cargo igual o similar al que venía desempeñando a la fecha del despido; con lo demás que contiene y MANDARON se devuelvan los autos al juzgado de origen. Vocal Ponente señor Rodríguez Manrique.

     SS. Reyes Puma; Fernández Concha; Rodríguez Manrique

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     CASACIÓN N° 6210-2008-PIURA

     Lima, veintiocho de enero del dos mil nueve.-

     VISTOS; el recurso de casación interpuesto por la demandada, verificados los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 57 de la Ley Procesal de Trabajo, modificada por la Ley N° 27021; y ATENDIENDO: Primero: En cuanto a los requisitos de fondo la recurrente denuncia como causales de su recurso: a) Infracción al debido proceso, por las razones que expone; b) interpretación errónea de la Ley 27626 y sus normas reglamentarias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2002-TR, aduciendo que las sentencias debieron partir de una evaluación y valoración conjunta de los medios de prueba que cita; c) Inaplicación del Convenio N° 181 de la OIT y Decreto Supremo N° 008-2007-TR; Segundo: En lo concerniente a la denuncia contenida en el acápite a), conforme lo determinan los artículos 54 y 56 de la Ley N° 26636 (Ley Procesal del Trabajo), que delimitan el modelo de casación laboral, este recurso se encuentra estrictamente reservado para el examen de normas de naturaleza material, a diferencia del modelo de casación civil, que sí contempla causales referidas al debido proceso y a las formas procesales; en consecuencia al no contemplar el artículo 56 de la acotada Ley Procesal (que delimita en números clausus las causales para la postulación del recurso de casación en el proceso laboral) la causal de contravención al debido proceso, la denuncia invocada deviene en improcedente; Tercero: Con relación a la denuncia señalada en el acápite b), se debe tener en cuenta que la causal de interpretación errónea se presenta cuando el juez, aún reconociendo la existencia y la validez de la norma pertinente al caso, se equivoca al momento de interpretarla, otorgándole un sentido y alcance que no tiene; y de la argumentación expuesta en el recurso que nos atiende, se aprecia que el impugnante, lo que pretende es una nueva calificación de los hechos, por lo que tal pretensión colisiona frontalmente con la naturaleza y fines del recurso extraordinario de casación; fundamentos por los cuales esta denuncia es improcedente; Cuarto: Sobre la causal referida en el acápite c), no resulta procedente la denuncia de las normas contenidas en el Convenio N° 181 de la OIT, toda vez que contienen preceptos genéricos; y en lo referente al Decreto Supremo N° 008-2007-TR, el recurrente no cumple con señalar de manera precisa, qué artículos de esta norma se habrían inaplicado, careciendo esta denuncia de claridad y precisión, por lo que deviene en improcedente; Por estas consideraciones, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la citada Ley Procesal, Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas ochocientos dieciocho interpuesto por ELECTRONOROESTE contra la sentencia de vista de fojas ochocientos tres su fecha treinta de junio del dos mil ocho; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de Tres Unidades de Referencia Procesal, así también al pago de las costas y costos originados por la tramitación del presente recurso; en los seguidos por Daniel Alexander Espinoza Mendoza; sobre nulidad de despido; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley; Vocal ponente señor Sánchez - Palacios Paiva; y, los devolvieron.

     S.S. ALMENARA BRYSON; SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA; YRIVARREN FALLAQUE; TORRES VEGA; ARAUJO SÁNCHEZ

     - COMENTARIO

LA DESNATURALIZACIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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