RESUMEN

En el presente artículo se abordan los derechos genéricos de los accionistas desde las diversas clasificaciones efectuadas por la doctrina y los individuales asumiendo la clasificación en función de las clases de acciones, que generan una desigualdad entre las acciones de una misma sociedad anónima, puesto que unas serán acciones con derecho a voto y otras sin voto, o serán ordinarias o comunes, y otras, por tener mayores derechos o privilegios, serán consideradas como preferenciales o privilegiadas.

MARCO NORMATIVO

Ley General de Sociedades: arts. 82 a 110.

PALABRAS CLAVE: Junta general / Quorum / Acciones / Derechos patrimoniales / Derechos políticos

Recibido: 02/09/2019

Aprobado: 09/09/2019

I. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

Como bien se sabe, la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad conformado por los titulares de las acciones representativas del capital social, ya sean personas naturales o jurídicas, en cuyo seno se tratan, deliberan y resuelven aquellos asuntos que señala la ley, o que se establecen en el estatuto.

En su calidad de órgano jerárquico supremo, aprueba o desaprueba la gestión social, elige a los integrantes del directorio, acuerda el destino a darse a las utilidades, y resuelve aquellos otros asuntos de trascendencia señalados por la ley o el estatuto.

Conforme a lo regulado en el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Nº 26887 vigente en nuestro país desde el 1 de enero de 1998 (en adelante, simplemente LGS), por ser un órgano colegiado, los accionistas constituidos en junta general, debidamente convocada y con el quorum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la ley, los asuntos propios de su competencia. Por ser la sociedad anónima una típica sociedad de estructura capitalista, cada acción da derecho a un voto, tomándose los acuerdos por mayoría de votos, y una vez adoptados estos, son obligatorios por cuanto configuran la voluntad social, sometiendo inclusive a los disidentes y a los que no hubieren participado en la reunión.

Respecto a las clases de juntas, es importante señalar que en la LGS se ha eliminado la distinción tradicional entre junta general ordinaria y junta general extraordinaria que había prevalecido en nuestra legislación desde la Ley de Sociedades Mercantiles N° 16123 del año 1966. Al respecto, la Comisión Redactora que tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de la LGS consideró necesaria la eliminación de esa distinción, dado que ella estaba fundamentalmente referida a la época en que se realizaba la junta general ordinaria, es decir, al final del ejercicio, o en aquellas otras oportunidades que estuvieran previstas en el estatuto; en cambio, la junta extraordinaria era aquella que se realizaba en cualquier época del año, sea por iniciativa del directorio, o porque así se lo solicitase un grupo de accionistas que representase, cuando menos, el 20 % del capital pagado.

Considerando que ambas juntas son en el fondo lo mismo, y con los mismos integrantes, la legislación actualmente vigente se refiere únicamente a la junta general de accionistas, aun cuando con la distinción contenida en el artículo 114 de la LGS se aluda a la realización de la llamada junta obligatoria anual. Como se sabe, esta es la que se realiza una vez al año con motivo del cierre del ejercicio económico, y es la sesión en la que los accionistas deben pronunciarse sobre la gestión social, el balance, y los resultados económicos expresados en los estados financieros del ejercicio anterior, la distribución de utilidades, si las hubiere, la elección del directorio y la retribución a acordarse a sus miembros, si ella no estuviera prevista en el estatuto, la designación de los auditores externos y cualquier otro que le sea propio, o que se haya consignado en la convocatoria, debiéndose realizar la sesión dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, salvo imponderables.

Sin embargo, el estatuto puede prever la realización obligatoria de otras juntas generales de accionistas de carácter obligatorio, ya que en el mencionado artículo 114 establece expresamente que “la junta general se reúne obligatoriamente, cuando menos una vez al año”.

Los otros asuntos que la Ley anterior sometía a la decisión de la junta general extraordinaria están ahora considerados como de competencia de la propia junta general de accionistas, en razón de haberse eliminado la distinción entre juntas ordinarias y extraordinarias, correspondiendo al órgano supremo societario pronunciarse, en la oportunidad en que se ha convocado, sobre la remoción de los directores, la modificación del estatuto, el aumento o reducción del capital, la emisión de obligaciones, disponer investigaciones y auditorías especiales, la transformación, fusión, escisión, reorganización, y disolución y liquidación de la sociedad, etc.

Respecto a la convocatoria a juntas generales de accionistas, por no ser un órgano permanente, los accionistas deben ser convocados a una sesión a través de un aviso en el cual se especifique el lugar, día y hora de celebración de la junta general, así como los asuntos a tratar, pudiendo constar asimismo en el aviso, el lugar, día y hora en el que si así procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deben mediar no menos de tres ni más de diez días.

Lo normal es que la convocatoria se haga por iniciativa del directorio en razón de que este último órgano social tiene a su cargo la administración y gestión de la sociedad y, por tanto, conoce de cerca su problemática, lo que le permite identificar los problemas que se susciten, y en los casos que se necesite, por el nivel de competencia, requerir de una decisión de la junta general, para lo cual hace la convocatoria respectiva.

No obstante lo expuesto, el artículo 117 de la LGS establece que también es posible que uno o más accionistas que representen no menos del 20 % de las acciones suscritas con derecho a voto pueden solicitar notarialmente la celebración de la junta general, en cuyo caso el directorio debe publicar el aviso de convocatoria dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar, debiendo celebrarse la junta dentro del plazo de quince días de la fecha de publicación de la convocatoria.

Si fuere el caso de que la mencionada solicitud fuese denegada, o transcurriesen más de quince días de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, podrán solicitar al juez de la sede de la sociedad o al notario público que ordene la convocatoria por el proceso no contencioso. En caso de que el juez o el notario público amparase la solicitud, ordenará la convocatoria, señalará lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quién la presidirá, y el notario que dará fe de los acuerdos.

También prevé la LGS una convocatoria judicial a pedido del titular de una sola acción suscrita con derecho a voto, en los casos en que la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto, no se convoque dentro del plazo y para sus fines, o en ellas no se traten los asuntos que correspondan, en cuyo caso será convocada por el notario o por el juez del domicilio social, mediante trámite o proceso no contencioso.

Respecto a las formas y plazos en los que se llevarán a cabo las juntas generales de accionistas, tratándose de la junta obligatoria anual, el aviso de convocatoria debe ser publicado con una anticipación no menor de diez días al de la fecha fijada para su celebración, y en los demás casos, la anticipación de la publicación será no menor de tres días. Adviértase al respecto que, para ciertos casos específicos como el acuerdo de fusión o escisión, la anticipación de la publicación es de diez días.

Con relación a las denominadas junta universal y junta especial de accionistas, que no son iguales, se entiende por junta universal aquella en la cual están presentes accionistas o personas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y que además aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar, en cuyo caso, la junta general se entiende convocada y válidamente constituida sin necesidad de convocatoria previa, y se entiende por junta especial aquella que se celebra con la participación de accionistas titulares de una clase determinada de acciones, cuando se puedan prever futuros acuerdos de la junta general que pueda afectar los derechos particulares de dicha clase de acciones. Para estos casos, la junta especial es como si fuera una junta previa en la que participan únicamente los titulares de acciones de la clase afectada, para adoptar la posición que llevarán a la junta general de accionistas aplicándose las reglas generales que se aplican al órgano supremo de la sociedad sobre convocatoria, quorum y acuerdos.

En cuanto al derecho de concurrencia a las sesiones de juntas generales de accionistas debidamente convocadas y a su representación, tienen derecho a concurrir a la junta, los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre, en la matrícula de acciones con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la junta general. En el caso de una sociedad anónima abierta, conforme con el artículo 256 de la LGS, la anticipación con que deben estar inscritas las acciones es de diez días.

Ahora bien, no es obligatoria la asistencia a la junta general, razón por la cual, de acuerdo con el artículo 122 de la LGS, cualquier accionista con derecho a participar en ella puede hacerse representar por otra persona, pudiendo el estatuto limitar esta facultad, reservando la representación a favor de otro accionista, o de un director o gerente. Este artículo precisamente le permite a las sociedades familiares impedir que terceros no accionistas conozcan el manejo interno de la sociedad.

En cuanto a la formalidad de la representación, esta debe constar por escrito y con carácter especial para cada junta general, siendo suficiente una carta poder simple. Es posible también que los poderes se otorguen de manera permanente por escritura pública. En cualquier caso, los poderes deben ser presentados ante la sociedad con una anticipación no menor de venticuatro horas a la hora fijada a la celebración de la junta general.

Asimismo, la representación ante la junta general es revocable. En efecto, la asistencia personal a la junta del accionista representado producirá la revocación del poder conferido tratándose de poder simple, y dejará en suspenso el otorgado por escritura pública, salvo que se trate de poderes irrevocables, los que, según el artículo 153 del Código Civil, tienen una vigencia de un año.

En relación con la lista de asistentes, de acuerdo con la LGS, una sesión de junta general de accionistas debe ser planificada de forma tal que se sepa con antelación quiénes son las personas que tienen derecho a concurrir directamente o a través de un representante. Al efecto, el artículo 123 de la LGS señala que, antes de la instalación de una junta general de accionistas, se debe elaborar una lista de asistentes que exprese el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con las que tienen derecho a concurrir, agrupándolas por clases si las hubiere. De esta manera, una vez elaborada la lista, se debe conocer perfectamente cuántas acciones representa cada persona concurrente a la junta y el porcentaje que agrupa respecto de su total, o respecto del capital social, indicando –cuando fuere el caso– el porcentaje respecto de cada una de las clases de acciones que hubiere.

En lo relativo a las normas sobre el quorum de las juntas, este es el porcentaje mínimo de acciones que tiene que estar presente o representado para que se pueda instalar la sesión. Con la legislación societaria anterior ya derogada, el quorum siempre se computaba sobre la base del “capital pagado”, lo cual complicaba la adopción de acuerdos cuando, al mismo tiempo que existían acciones íntegramente suscritas y pagadas, también existían acciones pagadas en diferentes proporciones. En este supuesto, el cómputo se realizaba sin considerar las acciones de la junta y, por ello, el cómputo se establecía mediante el importe pagado de cada acción, reflejándose dicha situación en el voto y, por ende, existía una discriminación indebida a los accionistas que se habían acogido a una facilidad de la ley y que, sin haber incurrido en mora, aún debían los saldos de las acciones parcialmente desembolsadas. Es pertinente señalar que a dichos saldos deudores se les denomina en la ley como “dividendos pasivos”.

En la LGS se ha rectificado este criterio, estableciéndose que se computan las acciones suscritas, con prescindencia de los montos pagados por ellas, en tanto a que, si la propia sociedad ha otorgado a sus accionistas facilidades para el pago del valor que corresponde a las acciones y el titular se encuentra al día en los pagos acordados, no existe ninguna razón por la cual se tenga que efectuar el cómputo sobre la base del capital pagado. De esta forma, se trata de una rectificación saludable, dejando atrás el anterior criterio que, además, simplifica la celebración de las juntas, ya que todas las acciones suscritas generan los mismos derechos para sus titulares.

Diferente es el caso del accionista moroso, vale decir, de aquel que –al vencimiento del plazo máximo establecido en el pacto social o por la junta general– no cumple con cancelar los dividendos pasivos, en cuyo caso las sanciones establecidas en el artículo 79 de la LGS son muy severas: impedimento para ejercer el derecho de voto y el derecho de suscripción preferente; sus acciones no se computan ni para el quorum, ni para las votaciones; y los dividendos que les corresponden se aplican a amortizar o cancelar los dividendos pasivos.

De otro lado, y específicamente en el caso de las sociedades anónimas, la LGS distingue con absoluta claridad asuntos trascendentales en la vida de una sociedad que requieren de quorum y de mayoría calificada, de aquellos otros asuntos no trascendentales, que requieren de quorum simple y de mayoría no calificada.

Desarrollando dicha distinción, el artículo 126 de la LGS, remitiéndose expresamente a los casos de los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115 de la LGS, exige que –para que la junta se reúna en primera convocatoria– deben estar presentes o representados accionistas que representen 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto, es decir, el 66.66 % del total de las acciones con voto y, en segunda convocatoria, exige la concurrencia de al menos 3/5 partes de tales acciones, es decir, el 60 %, pero esta norma sobre el quorum está acompañada además de una norma adicional concurrente y complementaria contenida en el artículo 127 de la LGS, la cual establece que para la adopción de acuerdos trascendentales se requiere que este cuente con el voto favorable de un número de acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta del total de las acciones suscritas con derecho a voto.

En el caso de acuerdos no trascendentales se exige un quorum simple, lo que significa que la junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentren representadas cuando menos el 50 % del total de las acciones suscritas con derecho a voto; y, en segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritos con derecho a voto.

Es importante señalar al respecto que, tratándose del quorum y de la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos, a través del estatuto se pueden establecer porcentajes mayores a los señalados anteriormente, pero nunca inferiores.

Otra innovación interesante introducida por la LGS es la que se refiere al cómputo del quorum que, de conformidad al artículo 124 de la LGS, se establece al inicio de cada junta, de forma tal que una vez comprobado este, el presidente la declara instalada. Esta norma evita tener que computar el quorum cada vez que se tenga que votar algunos de los temas de la agenda, lo cual en la práctica ha facilitado la adopción de los acuerdos, ya que el quorum se computa una sola vez, al inicio, y, si con posterioridad a ello los accionistas se retiran de la junta, es bajo su responsabilidad. Asimismo, el mencionado artículo establece que en las juntas generales convocadas para tratar asuntos que conforme a la ley o al estatuto requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, a su solicitud, sus acciones no serán computadas para establecer el quorum requerido para tratar alguno o algunos de los asuntos trascendentales que requieren de quorum y mayoría calificada.

Adicionalmente, sobre el quorum, también se ha incluido como innovación regulatoria el hecho de que en los casos de accionistas que ingresen a la junta después de haberse instalado, y después de haberse formulado la lista de asistentes, sus acciones no se computarán para establecer el quorum, pero sí se podrá, respecto de ellas, ejercer el derecho de voto.

En lo relacionado con el derecho de información de los accionistas, el artículo 130 de la LGS señala a la letra lo siguiente: “Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta general deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad o en el lugar de celebración de la junta general, durante el horario de oficina de la sociedad.

Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la junta general, o durante el curso de la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria. El directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudique el interés social. Esta excepción no procede cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la junta que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto”.

Ahora bien, el derecho de información se encuentra vinculado con el de voto, y se refiere a la posibilidad de que, antes de asistir a las deliberaciones y emitir su voto en la junta general, el accionista cuente con los elementos de juicio suficientes. Por ello, se establece con carácter imperativo la obligación para la sociedad de poner a disposición de los accionistas, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta a celebrarse desde el día de la publicación de la convocatoria; es decir, en las sociedades anónimas ordinarias, diez días antes de la reunión para el caso de la junta obligatoria anual, o de las demás previstas en el estatuto, y tres días, tratándose de otras juntas. En el caso de la sociedad anónima abierta, la información debe ser puesta a disposición de los accionistas veinticinco días antes de la celebración de la junta.

La norma bajo comentario tiene por objeto proteger a los accionistas minoritarios, quienes podrían verse afectados por maniobras poco transparentes de quienes detentan el control de la sociedad.

Nótese que en el segundo párrafo del artículo 130 de la LGS se establece una excepción a la obligación del directorio de entregar información a los accionistas que la soliciten; la cual se configura cuando –a criterio del propio directorio– la publicidad de la información solicitada pueda perjudicar los intereses de la sociedad. Sin embargo, en caso de que la solicitud sea efectuada por accionistas presentes en la junta que representen por lo menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la excepción antes mencionada no procede.

Asimismo, debe precisarse que el derecho de información de los accionistas no es irrestricto, sino que debe ejercerse de buena fe y con la intención de contar con mayores elementos de juicio para participar en las juntas. Hacemos esta salvedad porque la posesión de cierta información por parte de accionistas inescrupulosos obtenida en virtud del derecho aquí comentado, podría poner en peligro a la sociedad e, incluso, servir para revelar secretos industriales o comerciales a sociedades competidoras. Compete al directorio de las sociedades anónimas analizar, en cada caso concreto, la procedencia de entregar la información solicitada por los accionistas.

Respecto al derecho de pedir el aplazamiento de la junta general, este está estrechamente relacionado con el derecho de información del accionista, y se encuentra consagrado en el artículo 131 de la LGS, que a continuación transcribimos:

A solicitud de accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la junta general se aplazará por una sola vez, por no menos de tres ni más de cinco días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados. Cualquiera que sea el número de reuniones en que eventualmente se divida una junta, se la considera como una sola, y se levantará un acta única. En los casos contemplados en este artículo es de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124.

Si bien es cierto que la norma comentada es similar, en el fondo, a su antecesora, contenida en la legislación societaria anterior, ya derogada, presenta algunos cambios e innovaciones. En primer lugar, la norma anterior otorgaba la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la junta a accionistas que representen la tercera parte del capital pagado en la junta; actualmente se habla del veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, y asimismo la nueva norma concede un plazo más amplio para efectuar la solicitud de aplazamiento que el contemplado en la norma anterior, que era solo de tres días.

El hecho de considerar a la junta general de accionistas como una sola, y levantar un acta única, independientemente del número de sesiones en que esta pueda dividirse, constituye una novedad de la LGS. Debe tomarse en cuenta que a los casos contemplados en el artículo 131 de la LGS se aplica lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de la misma ley, según el cual el quorum se computa y establece al inicio de cada junta; una vez comprobado el quorum, el presidente la declara instalada.

Definitivamente, esta ha sido la manera más sana que ha encontrado la LGS para salvar la eventualidad de que los accionistas asistan insuficientemente informados a la junta y, por consiguiente, sin suficientes elementos de juicio para decidir sobre su voto. Así, a través del aplazamiento de la junta, los accionistas que invoquen la falta o insuficiencia de información pueden exigir a los administradores que les proporcionen los datos que requieren.

De hecho, al exigirse una proporción mínima del capital social para poder aplazar la junta, se entiende que lo que se pretende es la protección de la minoría. Sin embargo, sobre la base del principio del que puede lo más, puede lo menos, la mayoría podría solicitar el aplazamiento de la junta, convirtiendo este recurso en una maniobra malintencionada. Por ello, la mayoría deberá demostrar que el aplazamiento solicitado tiene como finalidad obtener mayor información sobre los puntos a discutir en la junta.

Otro aspecto importante a destacar es que, de la redacción del artículo 131 de la LGS, se deduce que el aplazamiento de la deliberación y votación se referirá a los asuntos específicos respecto de los cuales los accionistas no se encuentran debidamente informados; sobre las demás mociones y asuntos, la junta deberá seguir discutiendo y deliberando hasta llegar a los acuerdos y decisiones que les sean convenientes.

Finalmente, en cuanto a las actas, libros y copias certificadas, uno de los aspectos formales al que con frecuencia se presta poca atención es el referido a las actas de las sociedades en general y, en el caso de las sociedades anónimas, a las actas de las juntas generales y del directorio. Ocurre muy a menudo que quienes incursionan en la actividad empresarial suelen cumplir con los trámites formales para la constitución de la sociedad, pero luego, por falta de tiempo o por desconocimiento, descuidan las formalidades relacionadas con su funcionamiento.

Cada una de las actas de los libros respectivos son instrumentos en los que se plasma de manera precisa la marcha de la sociedad, pues en las actas de juntas generales de accionistas consta la voluntad social. De esta manera, constituyen importantes medios de prueba de lo acontecido al interior de la sociedad durante toda su existencia, sirviendo de base también para el ejercicio de los derechos de los socios y para supervisar y recordar los acuerdos relacionados con el devenir de la sociedad.

Respecto a la junta general de accionistas, el artículo 134 de la LGS señala que los acuerdos adoptados en ella deben constar en actas que expresen un resumen de lo acontecido en la reunión. A nuestro modo de ver, esta precisión es importante toda vez que antes las actas prácticamente transcribían textualmente el desarrollo de la junta, las intervenciones de los accionistas y los demás hechos acaecidos en la junta, todo lo cual ahora es innecesario, ya que lo primordial es el texto de los acuerdos en sí mismos.

Tales actas pueden presentarse en un libro especialmente abierto debidamente legalizado, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley.

Además de constar en el acta el lugar, fecha y hora en que se realizó la junta, debe indicarse si se celebró en primera, segunda o tercera convocatoria, el nombre de los accionistas presentes o de sus representantes, el número y clases de acciones de las que son titulares, el nombre de quienes actuaron como presidente y secretario, los detalles sobre los avisos de convocatoria y la forma y resultado de las votaciones.

Todos los demás detalles respecto a la metodología para la aprobación de las actas están señalados en el artículo 135 de la LGS, destacándose lo siguiente:

- Cualquier accionista concurrente a la junta está facultado para solicitar que quede constancia en el acta el sentido de su voto y la sustentación del mismo, lo cual es muy importante cuando se desee ejercitar el derecho de separación al que se refiere el artículo 200 de la LGS, o el derecho de impugnación de los acuerdos.

- Las actas tienen fuerza legal desde su aprobación.

Si fuere el caso en que, por alguna circunstancia, no se pueda sentar el acta en el libro o en hojas sueltas, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la LGS, ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes en un documento especial que se adherirá o transcribirán en el libro o en las hojas sueltas, cuando estos se encuentren disponibles.

Un derecho especial que tienen los accionistas es el contenido en el artículo 137 de la LGS, por el cual, aunque no hubiesen asistido a la junta, pueden solicitar copia certificada del acta correspondiente o de la parte específica que señale, en cuyo caso el gerente general de la sociedad está obligado a extenderla bajo su firma y responsabilidad en un plazo no mayor de cinco días contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Es importante señalar al respecto que, en caso de incumplimiento en la entrega, el accionista puede recurrir al juez del domicilio de la sociedad por la vía del proceso no contencioso, a fin de que este exhiba el acta respectiva, con la finalidad de que el secretario del juzgado expida la copia certificada para su entrega al accionista solicitante, siendo los costos y costas del proceso de cargo de la sociedad.

II. LOS DERECHOS GENÉRICOS DE LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

A manera de un enfoque general y de marco legal global, nos referiremos a los derechos genéricos de los accionistas, y en ese sentido, cuando se adquiere tal calidad, es decir, el estatus de accionista, nace entre ellos y la sociedad anónima, una relación jurídica de la cual se generan derechos y obligaciones recíprocas.

Ahora bien, la adquisición del estatus de accionista puede ser originaria, cuando se suscriben acciones en la constitución de sociedades anónimas, o en los aumentos de capital, o por causal sobreviniente o derivada, al adquirirse acciones como resultado de negocios jurídicos intervivos, que pueden ser compraventas, dentro o fuera de la bolsa de valores, permutas, daciones en pago, donaciones o fideicomisos, entre otros negocios jurídicos, o también por sucesión mortis causa. En consecuencia, quien invierte en una sociedad anónima, o se involucra en ella por alguna razón, y se convierte en accionista, adquiere un conjunto de derechos, los cuales están protegidos legal y estatutariamente.

Una característica de las acciones es su libre circulación, salvo restricciones legales o estatutarias, así como la facilidad como estas se negocian dentro o fuera de la bolsa de valores. Al respecto Uría (1982) señala que:

La cualidad de socio en la sociedad anónima es de carácter fungible, pudiendo ser sustituidos unos socios, por otros, con la simple transmisión de las acciones, porque ellos son expresión de esa condición jurídica o estatus de socio, como conjunto de derechos y obligaciones corporativos. (p. 12)

Por ello, teniendo el estatus de accionista carácter fungible, se puede afirmar que ser accionista no es una cualidad personal, sino más bien es coyuntural o circunstancial, y que no necesariamente se consolida una relación permanente y eterna entre el accionista y la sociedad. Asimismo, sabemos que el accionista es un acreedor subsidiario de la sociedad de último rango, pues su derecho de crédito no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento de plazo, modo, tiempo o lugar, estando supeditada la percepción de su acreencia a un escenario en el cual como producto de la liquidación de la sociedad, resulte un remanente o haber social, y recién en ese hipotético caso se distribuirá este, proporcionalmente entre los accionistas.

En relación específicamente con los derechos que se generan a favor de los accionistas por la relación jurídica con la sociedad anónima, en la doctrina se han desarrollado múltiples clasificaciones y para el presente trabajo únicamente hemos escogido únicamente seis. La primera de ellas es la de Uría (1982), pues para él existen de un lado derechos de carácter económico patrimonial como el derecho al dividendo, el derecho a participar en la liquidación y el derecho de suscripción preferente de acciones en los casos de aumento de capital, y de otro lado, derechos de carácter político y natural, como los derechos de voz y voto (p. 213).

La segunda clasificación es la de Joaquín Garrigues (1984), quien clasifica los derechos del accionista según los tres siguientes criterios:

i. Como primer criterio, por su contenido, los derechos del accionista son derechos patrimoniales, dentro de los cuales se encuentran el derecho al dividendo, el derecho a la cuota de liquidación, el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, el derecho a transmitir su cualidad de socio; o también son derechos administrativos, encontrándose aquí los derechos a colaborar con la Administración, el derecho a asistir y votar en las asambleas, el derecho a impugnar acuerdos de la misma, y el derecho de información.

ii. Como segundo criterio, por la forma de su ejercicio, los derechos del accionista son derechos que se ejercen aisladamente y por separado, como el derecho al dividendo, el derecho a la información que se ejerce fuera de la junta general de accionistas y el derecho de impugnación de acuerdos de la junta general. También se encuentran los derechos que se ejercen colectivamente, y son todos aquellos que se ejercen en la junta general mediante el régimen de mayorías, y además todos aquellos que exigen un porcentaje mínimo de acciones para poder ejercerlos, como son todos los derechos consagrados a las minorías.

iii. Como tercer criterio, es aquel que se refiere a la revocabilidad de los derechos del accionista, y según este criterio se trata de derechos generales o derechos individuales, es decir, derechos que no dependen de la soberanía de la junta, sino que son modificables únicamente con el consentimiento de los titulares (p. 518).

Una tercera clasificación es la de René de Sola, quien señala que:

[L]os derechos del accionista se dividen en derechos subjetivos y derechos objetivos: los primeros son aquellos que repercuten directamente en su patrimonio (percepción de dividendos, copropiedad de las reservas, participación en la liquidación del activo, cesibilidad del título, etc.), los segundos son en cambio aquellos derechos que son los medios de los que provee la ley para mantener incólumes y hacer efectivo los primeros (derecho a voto, a asistir a las asambleas, de información y fiscalización de las actuaciones del directorio, y el derecho de impugnación de los acuerdos de las asambleas). (citado por Gregorini Clusellas, 1959, p. 16)

Una cuarta clasificación es la de Ramón Castillo, quien clasifica los derechos de los accionistas en fundamentales, esenciales y los de orden secundario; siendo los fundamentales los derechos intangibles, aquellos que bajo ningún motivo pueden ser modificados, ni siquiera por acuerdo mayoritario de la asamblea de accionistas, ya que identifican a la sociedad, y su modificación alteraría las bases de esta, y son por ejemplo: exigir mayor responsabilidad a los accionistas o cambiar la nacionalidad a la sociedad, a fin de someterla a leyes y jurisdicción distintas de las de su creación. Los derechos esenciales son aquellos que tampoco pueden ser modificados ni alterados, pero sí pueden ser reglamentados, como el derecho al dividendo, al voto, a la participación y a la inspección de las cuentas; pues si bien son derechos inherentes al accionista, la sociedad los reglamentará a fin de orientar su ejercicio de acuerdo a los intereses de esta, y de los mismos accionistas. En cuanto a los derechos de orden secundario, son aquellos que se reconocen en el estatuto de la sociedad, siendo reglamentados por este mismo y son los que responden a las necesidades de una mejor organización y administración de los negocios sociales y de la vida de la sociedad (citado por Gregorini Clusellas, 1959, p. 16).

La quinta clasificación es la de Arturo Davis (1966), para quien los derechos de los accionistas se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar, los derechos de administración y control, dentro del cual se encuentra el derecho de voto y el derecho a voz, es decir, el poder de participar en las asambleas generales; y, en segundo lugar, se encuentran los derechos que el mencionado autor denomina derechos de propiedad, ya que derivan del interés que tiene el accionista por el desarrollo de la actividad social y se trata del derecho a inspeccionar los libros y documentos de la sociedad, el derecho de retirarse de la sociedad en forma justa ejerciendo su derecho de separación, el derecho a la participación en los dividendos de la sociedad, y el derecho de ejercer determinadas acciones judiciales.

La sexta y última clasificación es la que formula Ascarelli, y que es la más explícita y por ello un poco más extensa, pues abarca de manera general a todos los derechos del accionista, y divide estos en dos grandes clases: i) derechos patrimoniales y ii) derechos de consecución. A su vez, los derechos patrimoniales se dividen en dos rubros, es decir, directos e indirectos. Son derechos directos los referidos al derecho al dividendo, típico derecho patrimonial, y los indirectos.

III. LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS ACCIONISTAS

Al hablar del estatus o calidad de accionista enumeramos una serie de derechos que fueron clasificados por distintos tratadistas, quienes señalan que existe un grupo de derechos individuales de los accionistas, denominados así no porque se ejerzan exclusivamente de manera individual, sino porque pertenecen al accionista en su calidad de tal.

Garrigues (1984) nos da una definición de los derechos individuales de los accionistas:

Sobre la base de los textos legales formula la doctrina el concepto de los derechos individuales del accionista, que constituyen un mínimo igual para todos los socios y que no pueden serle arrebatados sin su voluntad. Es así que quien invierte aportando en una sociedad gozará de este mínimo de derechos invulnerables, que no podrán ser modificados ni alterados. (p. 415)

El tratadista César Vivante (1932) señala que estos derechos individuales, a los que nos referimos, son derechos autónomos que forman parte del patrimonio del accionista concretando su calidad de tal manera que son inalienables e insuperables (p. 231).

Quienes apoyan la tendencia clásica contractualista afirman que quienes son parte en un contrato, sobre todo cuando este confiere derechos, no podrán verse privados de estos, ya que son irrenunciables; y lo peculiar de esto es que no cabe pactar derechos inferiores a este mínimo legal de derechos que protege al accionista.

Hemos señalado que se trata de derechos inalienables, subjetivos, personales, esenciales, fundamentarles; pero ¿cómo compatibilizar todas estas características de los derechos individuales con el poder soberano conferido a la asamblea general de accionistas, la cual en virtud al principio mayoritario rige la vida de la sociedad e incluso es capaz de modificar el estatuto social; la respuesta es la propia ley la que confiere al accionista estos derechos, y es la que los protege, y por ello ni la asamblea podrá modificarlos, pues al alterar estos derechos se alterará la calidad misma de accionista.

Se trata, en consecuencia, de derechos determinados por el ordenamiento legal y que no son derechos determinados por los accionistas en asamblea general, ni por los administradores de la sociedad, ni por el directorio; estos derechos no pueden quedar determinados por la apreciación o el libre arbitrio de ninguna persona u órgano social.

Si no se hubiera apreciado la necesidad de determinar estos derechos, se hubiera dado carta abierta a la mayoría dentro de la sociedad, para que actúe discrecionalmente, aprobando situaciones que podrían generar perjuicio a los pequeños inversionistas minoritarios, pues si bien es la mayoría quien toma las decisiones, existe un freno que es el interés social, del cual participan los grandes y los pequeños accionistas.

Siguiendo con este tema, para el tratadista Antonio Brunetti (citado por Davis Arturo, 1966), los derechos individuales son los siguientes:

i. El derecho a la conservación de la calidad de accionista hasta el fin de la existencia de la sociedad, ya que no cabe ejercer presión alguna para que el accionista transfiera sus acciones y por ende su calidad de accionista.

ii. El derecho a la limitación de la responsabilidad, hasta el importe de la aportación realizada; situación que de no darse, desnaturaliza la posición de accionista de una sociedad anónima, donde la responsabilidad limitada es elemento de vital importancia.

iii. El derecho a obtener de la sociedad un documento que compruebe la participación del accionista.

iv. El derecho al ejercicio del derecho de voto en las asambleas o juntas generales de accionistas, ya que es la forma en la que el accionista tiene la oportunidad de participar y de formar la voluntad social que regirá la vida de la sociedad.

v. El derecho de receso, que se relaciona con el primero de los derechos señalados, ya que el accionista se encuentra libremente facultado a abandonar la sociedad cuando así lo considere prudente, obteniendo por sus acciones el pago según el valor de las mismas.

vi. El derecho al dividendo acordado, derecho de especial importancia, pues representa el fin para el cual el accionista participó en la sociedad.

vii. El derecho a impugnar los acuerdos ilegales que se adopten en las asambleas o juntas generales de accionistas, que representen un medio de defensa del accionista frente a los accionistas mayoritarios, quienes por representar a la mayoría en la asamblea pueden acordar

en virtud a sus intereses, y no en concordancia con la ley o el estatuto social.

viii. El derecho de opción en los aumentos de capital, el cual otorga al accionista la oportunidad de obtener, si así lo desea y lo considera positivo, mayor participación, suscribiendo acciones de la nueva emisión.

iv. El derecho al reparto en la liquidación de la sociedad, ya que como accionista participará en esta, hasta el fin de su existencia.

x. El derecho a inspeccionar los libros de la sociedad y los documentos que considere necesarios a fin de participar en el control de los administradores y de sus funciones, y el derecho a intervenir en la elección de las autoridades de fiscalización de la misma, señalando también el derecho a ejercitar acciones de responsabilidad y acciones judiciales a fin de defender sus derechos individuales (p. 527).