En virtud de esta Ley, el artículo 168-A que tipifica el delito de Atentado contra las Condiciones de Seguridad e Higiene Industriales se redefine, tanto en su precepto como en su sanción, al establecer una serie de exigencias las cuales se deben dar de manera concatenada, ergo, su no cumplimiento puede dar paso a una causal de atipicidad.

Así tenemos que el legislador incorpora un adverbio de modo al describir el accionar del sujeto activo, cuando señala que la conducta tiene que haberse producido “deliberadamente”, entendiendo como tal aquel proceso y resultado en el cual el agente evalúa los pros y contras relevantes con el objeto de adoptar una decisión determinada, es decir, su proceder se realiza teniendo la plena intencionalidad y propósito (dolo) de infringir, sea por acción u omisión, las normas de seguridad y salud en el trabajo las cuales debe cumplir por estar obligado legalmente.

De igual modo, se impone un requisito al inicio de la acción penal, al exigir que el empleador haya sido notificado previamente de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, con lo cual el tipo penal in comento reafirma su carácter de norma penal en blanco, al establecer (i) la necesidad de un procedimiento administrativo (extrapenal) en donde se haya evidenciado el incumplimiento; y (ii) que como consecuencia de este accionar, se haya puesto en peligro “inminente” la vida, salud o integridad física de los trabajadores, significándose que no se trata de un simple riesgo o potencialidad, sino que la amenaza que recae sobre ellos,esté pronto a suceder, lo cual marca una gran diferencia con relación a la disposición normativa anterior.

Bajo este orden de ideas, se presume que será la autoridad administrativa quien establezca no solo la inobservancia a las normas laborales, sino también será la que determine la exposición al peligro inminente; lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Se debe esperar que la autoridad competente determine la infracción a través de una resolución firme y consentida?, o ¿el inicio del procedimiento administrativo será suficiente para criminalizar la conducta? De ser este el último caso, ¿qué ocurre si se llega a establecer en vía extrapenal la inexistencia de la supuesta conducta infractora/ilícita, y paralelamente el proceso penal se encuentra en fase acusatoria o, peor aún, ya se ha dictado sentencia condenatoria?