I. INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020, ante los alarmantes niveles de propagación, gravedad y serios niveles de inacción por parte de los Estados, la OMS determinó que la COVID-19 podía considerarse una pandemia, por lo que el director general de la OMS instó a los países a que adopten medidas urgentes y agresivas, reconociendo que la COVID-19 no era solo una crisis de salud pública, sino que esta afectaría a todos los sectores (OMS, 2020), haciendo un llamamiento para que las naciones activen y amplíen sus mecanismos de respuesta a esta emergencia.

A octubre del presente año, la COVID-19 ha cobrado la vida de más de un millón de personas y ha infectado a más de 43 millones, siendo que el número de infecciones sigue aumentando y existen preocupantes indicios de nuevas oleadas. En este contexto, se evidenció que nuestro país no estaba preparado para una emergencia sanitaria, ya que existen sistemas de salud inadecuados, así como enormes brechas en materia de protección social. Así, esta pandemia le está costando a la economía mundial 375 000 millones de dólares al mes; asimismo, hasta el momento se han perdido unos 500 millones de puestos de empleo. (Naciones Unidas 2020, p. 3)

El primer caso de la COVID-19 en el Perú se registró el 6 de marzo de 2020 y el primer fallecimiento confirmado se registró el 19 de marzo. A finales del mes de octubre de 2020 se han confirmado 890 574 casos positivos y más de 34 977 muertes¹, habiendo el Perú llegado a ser el país con mayor mortalidad del mundo por COVID-19².

Posterior a la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, así como al Estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID-19, el Gobierno peruano dictó las primeras medidas para afrontar la pandemia, entre ellas, el Decreto de Urgencia N° 033-2020, del 27 de marzo de 2020, a través del cual se autorizó a los gobiernos locales a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria, disponiendo de un presupuesto total ascendente a S/ 213 650 000,00.

Dicho Decreto de Urgencia estableció los montos de recursos por asignar a cada una de las 1874 municipalidades, para atender a las familias con mayores niveles de pobreza dentro de su jurisdicción, oscilando estos montos entre los 100 mil y 2 millones de soles para cada gobierno local. Así, por ejemplo, en el caso de la capital, a las municipalidades distritales de Ate y San Juan de Lurigancho se les; otorgó un presupuesto ascendente a S/ 2 millones; Carabayllo y Comas de S/ 1 millón; Lima Metropolitana, Los Olivos y Lurín de S/ 500 mil; Santiago de Surco de S/ 200 mil; a La Molina de S/ 100 mil; y a Miraflores y San Isidro de S/ 50 mil.

Al Decreto de Urgencia lo acompañaron diversos dispositivos como el Comunicado N° 203-2020-CG-GCOC y el documento Buenas Prácticas en Control Interno N° 001 “Gestión de Riesgos en el marco del COVID-19 de la Contraloría General de la República”; la Guía de orientación gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID- 19, de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM); el Protocolo para los Gobiernos Locales para la adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco del Estado de Emergencia Nacional, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); la Nota de Prensa N° 116/OCII/DP/2020 de la Defensoría del Pueblo sobre pautas para orientar a municipalidades en la adquisición y entrega de la canasta básica familiar, entre otros. Todos estos instrumentos fueron emitidos con fines orientativos para la contratación y distribución de las canastas que se adquirirían a favor de la población en situación de vulnerabilidad por la presencia de la COVID-19.

Sin embargo, a pesar de que se brindaron lineamientos de orientación, protocolos y guías para que los gobiernos locales puedan gestionar y distribuir las canastas familiares, la realidad superó lo previsto en tales dispositivos y aquellos no fueron debidamente aplicados, ya que se identificaron diversas fallas operativas en la entrega y distribución de canastas, observaciones relacionadas a una incorrecta identificación y priorización de los beneficiarios, además de presuntos actos de corrupción en la compra de los productos que dieron pie al inicio de investigaciones administrativas y fiscales contra los funcionarios y servidores públicos a cargo de dicha gestión.

En dicho contexto, resulta necesario identificar y evaluar la problemática que ha adolecido la gestión de entrega y distribución de canastas familiares a cargo de los gobiernos locales y proponer recomendaciones para lograr un sistema más eficiente. En efecto, resulta imperioso saber si los municipios tienen planes bien diseñados y si están debidamente equipados con las herramientas operativas, logísticas y tecnológicas para atender este encargo.

Además, resulta importante dar una mirada a las estrategias desarrollas en otros países, destacando las más acertadas, y ajustarlas a nuestra realidad social y económica con la finalidad de plantear soluciones concretas para contribuir con los objetivos de la política pública de otorgamiento de bienes de primera necesidad a la población vulnerable afectada con la COVID-19.

II. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, indicó que empresas de todos los tamaños ya han cesado sus operaciones, han reducido las horas de trabajo y despedido al personal. Muchas están al borde del colapso, a medida que van cerrando tiendas y restaurantes se cancelan vuelos y reservas de hoteles, y las empresas optan por el trabajo a distancia. A menudo, los primeros en quedarse sin trabajo son aquellos cuyo empleo ya era precario: vendedores, camareros, personal de cocina, limpiadores o los que ayudan con el equipaje (Ryder, 27 de marzo de 2020).

En el Perú, la política pública de respuesta a la COVID-19 tuvo que tomar en cuenta que un gran número de trabajadores están en empleos informales y no tienen acceso a recursos básicos para su familia, por lo que el principal desafío en el Estado de emergencia involucró diseñar mecanismos para brindar a los grupos vulnerables apoyo económico, como asistir con víveres de primera necesidad a las familias más necesitadas del país (OIT, 2020).

Al mes de octubre de 2020, 1874 municipalidades han entregado 2 540 001 canastas básicas familiares, con un presupuesto ejecutado de S/ 269 730 897,84 (valor referencial de la canasta S/ 90,00).

Sin embargo, “la Contraloría General de la República ha detectado deficiencias en la distribución de canastas de productos básicos, demoras en la adquisición de productos, padrones de beneficiarios incompletos y escasa focalización de las familias vulnerables, además del incumplimiento en el registro del proceso de contratación de canastas básicas familiares” (Llerena y Sánchez, 2020, p. 3).

Así, por ejemplo, la Guía de orientación para la gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID-19, de la PCM, definió ciertos criterios para identificar y priorizar las familias a ser atendidas con las canastas básicas familiares, como sectorizar la jurisdicción de la municipalidad para determinar las zonas donde se ubica la población en situación de pobreza, haciendo uso de la información de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad, de las organizaciones de la comunidad, de las iglesias y otras instituciones locales; utilizar los mapas elaborados por el INEI que serían distribuidos a las ULE por el MIDIS en colaboración con la PCM, además de aplicar criterios complementarios; estableciendo además que la PCM, en colaboración con el MIDIS, brindaría a las municipalidades información complementaria que contribuya a la priorización; sin embargo, como es de apreciarse, nos encontramos ante un escenario de información dispersa dentro del Estado, es decir, en la práctica, no obstante los gobiernos locales requieren respuestas inmediatas y oportunas, no cuentan con registros idóneos y unificados para ejecutar dicha gestión, por lo que a pesar de que la PCM definió ciertos criterios de identificación y priorización, las municipalidades no estaban preparadas para ejecutar dicha gestión ni contaban con las herramientas para tal fin.

Asimismo, se advirtieron fallas en la trazabilidad de los productos al no llegar a los beneficiarios, es decir, las municipalidades no tenían claro qué comprar, cuánto, dónde almacenar los productos y cómo repartirlos, lo cual revela una vez más que si bien el Gobierno central transfirió los recursos económicos, los gobiernos locales no contaba con la asistencia técnica o colaboración respectiva para ejecutar el presupuesto, lo cual generó grandes contingencias. Otro problema importante fue que los registros de beneficiarios no estaban completos ni actualizados, ya sea desde las direcciones hasta los nombres, presentándose diversas contingencias como la entrega de canastas a ciudadanos fuera del ámbito de competencia de la municipalidad. Otra contingencia, según Benavidez Pontex (2020), “fue el almacenamiento de los bienes que integraban las canastas, si bien es cierto que fueron adquiridos de forma inmediata, las municipalidades los almacenaban donde podían de manera que no cumplían con las normas sanitarias pertinentes”. Así, se advierten fácilmente problemas en la programación y dimensionamiento para este encargo, problemas relacionados con la información y con la data necesaria para tal fin, problemas logísticos como espacios de almacenamiento, entre otros aspectos, dentro de un contexto de emergencia sanitaria y de cuarentena obligatoria.

Asimismo, otra alerta de incumplimiento la dio la Contraloría General de la República en su Comunicado N° 255-2020-CG-GCOC, al señalar que si bien el 27 de marzo el Gobierno autorizó a los gobiernos locales a que procedan a la compra de víveres de primera necesidad para las familias más necesita[1]das del país, y que se instó a los alcaldes a registrar de manera obligatoria, la Rendición de Cuentas de Gastos para la compra y entrega de canastas básicas a través de la plataforma virtual diseñada para la fiscalización posterior, al 16 de mayo mostraba que el 15 % (290 municipios) no habían registrado la cifra de beneficiarios y 5 % (95 municipalidades) aún no habían cumplido con registrar el monto ejecutado para la compra y entrega de canastas, situación que limitaba las labores de control y obstaculizaba la rendición de cuentas oportuna de los recursos públicos asignados.

A esta observación se suma lo indicado en el Comunicado N° 334-2020-CG-GCOC, en el que la Contraloría General de la República detectó que 4212 funcionarios y servidores públicos habían sido beneficiados con canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/ 1200 y los S/ 10 000 mensuales. Con ello, se evidencia que no existe a la fecha un sistema de información adecuado que haya pedido alertar a los funcionarios municipales que se encargaban de la distribución de canastas que estaban entregando una canasta a un “servidor público” que no calificaba como “vulnerable”.

Aunado a lo anterior, la Contraloría General de la República pudo detectar que la Municipalidad de Tumbes (como parte del Megaoperativo de Emergencia Sanitaria 2020), no había elaborado un padrón de beneficiarios previo a la entrega de canastas de productos de primera necesidad. Los auditores, en el desempeño de sus funciones, realizaron una visita de control al almacén de la municipalidad y el titular de la entidad indicó que la estrategia utilizada fue identificar los sectores más vulnerables a través de las áreas de Defensa Civil, Gerencia de Inclusión Social y Gerencia de Desarrollo Social, y realizar la entrega de canastas en estas zonas; es decir, el padrón se elaboraba con la información de las actas de entrega de los beneficiarios que recibían la ayuda. Este procedimiento no permitió identificar a cada beneficiario de la canasta ni verificar si cumplían con los criterios mínimos de selección³. Así, se advierte que ciertos gobiernos locales han entregado a su discrecionalidad las canastas, a consecuencia de las propias limitaciones para priorizar y seleccionar a los hogares beneficiarios dentro de su jurisdicción.

Cabe señalar, además, que la Contraloría General de la República emitió un documento orientador denominado Buenas Prácticas en Control Interno N° 001 Gestión de Riesgos en el marco del COVID-19⁴, en el cual, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno, se puso a disposición de las municipalidades la matriz de riesgos que podrían afectar la entrega eficaz y transparente de las canastas de alimentos y, a la par, se propusieron medidas de control para mitigar esos riesgos. Vista la matriz elaborada por la Contraloría General de la República se advierte que los 11 riesgos identificados se relacionan con la falta o indebida entrega de canastas, la distribución inoportuna de las mismas, los precios sobrevalorados de productos, el incumplimiento de disposiciones sanitarias, los ambientes inadecuados de almacenaje, la omisión en el registro de información en la plataforma de la Contraloría o en los aplicativos del MEF y del OSCE, la distribución de canastas sin contar con medidas de seguridad y resguardo para evitar desorden, entre otros. A su vez, como medidas de mitigación, se planteó la verificación de la existencia de un padrón de familias actualizado permanentemente; que las familias cumplan trasparentemente con el perfil; solicitar recursos adicionales al MEF, de corresponder; supervisar en coordinación con las juntas vecinales o comunales la incorporación de nuevas familias; verificar que se cuente con la capacidad operativa necesarias para la distribución de canastas; entre otros relacionados a la supervisión y verificación interna.

Sobre el particular, es necesario preguntarnos si conociendo la alta probabilidad de riesgos y las deficiencias técnicas y operativas de las municipalidades para mitigarlos, resultaba la opción más eficiente encargar esta gestión a las mismas y asumir posteriormente los altos costos que irroga la fiscalización posterior.

Asimismo, se detectaron casos de irregularidades en la adquisición y entrega de las canastas investigadas por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, por presunta sobrevaloración en la adquisición de las canastas, deficiente elaboración de padrones de beneficiarios, deficiencias en el almacenamiento, beneficiarios duplicados que ya habían recibido otros subsidios, propaganda del alcalde, entre otros⁵.

Otro tema a evaluar es la ausencia de planeamiento para implementar la entrega de canastas en lugares con mayor nivel de pobreza. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas que reclamaron al Estado que la entrega realizada por los municipios se realizó sin la debida planificación, elaboración e implementación de estrategias que atiendan la especificidad del problema en sus territorios. A partir de informes de las federaciones y sus comunidades se observó que no se siguieron los protocolos de seguridad incrementando el riesgo de contagio para los pueblos indígenas⁶.

En tal sentido, existen varias limitaciones y problemas que han enfrentado los gobiernos locales al momento de implementar el encargo otorgado por el Decreto de Urgencia N° 033-2020, siendo necesario evaluar alternativas de solución y propuestas de mejoras al sistema de apoyo alimentario a los hogares, con ocasión de la pandemia por la COVID-19, la cual aún está en auge y amerita medidas inmediatas.

III. DISCUSIÓN Y PLANTEAMIENTO DE POSIBLES SOLUCIONES

Una vez descritas las diversas limitaciones y falencias del proceso de entrega y distribución de canastas básicas familiares por parte de los gobiernos locales, resulta razonable preguntarnos si estas obedecen a la carencia de medios digitales y logísticos para su cumplimiento. Así, por ejemplo,

(…) aunque en materia de gobierno digital los municipios son el primer eslabón entre los gobiernos y sus ciudadanos, siguen siendo los que registran niveles más bajos de digitalización. Aun contando con recursos financieros y compromiso político, la brecha de conectividad es muy alta. (Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, 2020)

En el Perú, se han registrado casos exitosos de gobiernos locales en los que se han implementado soluciones y herramientas tecnológicas que están al servicio de los ciudadanos y que han permitido más eficiencia y modernización en la gestión, pero aún siguen siendo la minoría. Conforme aumente el acceso a Internet, será imperativo apostar por su uso, con innovación, buenas prácticas y, sobre todo, con voluntad política para alcanzar una verdadera y duradera transformación digital. (Ford, 2020, p. 20)

En tal sentido, la brecha digital puede ser un factor importante de la poco eficiente gestión en la entrega y distribución de canastas, por lo que creemos que reducir esa brecha resulta uno de los retos importantes de las municipalidades, para lo cual consideramos que aún existen gestiones pendientes como la constitución y actuación de Comités de Gobierno Digital en cada municipalidad, como único mecanismo de gobernanza responsable de gobierno digital a cargo de, entre otras funciones, liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad en cumplimento de la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM de Creación del Comité de Gobierno Digital, modificada mediante la Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM, así como que los gobiernos locales, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector en materia de gobierno, transformación y confianza digital, participen de las estrategias de codiseño para la Política y Estrategia Nacional de Transformación Digital anunciada en el discurso presidencial del 28 de julio de 2020.

Asimismo, otra mejora importante es contar con información en una plataforma digital unificada como la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado (Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM), la cual fue creada como una infraestructura tecnológica administrada por la Secretaría de Gobierno Digital que permita, entre otros, el intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles y que actualmente es utilizada por más de 450 entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Dicha plataforma hubiera sido una herramienta importante para las municipalidades para identificar y priorizar a las familias a ser atendidas y descartar a funcionarios públicos en listas de beneficiarios u otras personas que no cumplían con las condiciones para calificar.

Esto revela que aún falta mucho por desarrollar en el área de interoperabilidad de información, unificación de registros, reutilización de datos y funcionalidades, cooperación entre entidades de la administración, que permita atender de manera ágil las necesidades y reducir los costos económicos y los tiempos, siendo que cuando logremos dicho desarrollo estaremos mejor preparados para atender este tipo de emergencias.

Por otro lado, somos conscientes que reducir la brecha social es un asunto importante a resolver; así, por ejemplo, existen muchos otros hogares rurales que tienen que enfrentar la lejanía territorial y brecha social que les impide o dificulta acceder a beneficios otorgados por el Estado para mitigar el impacto de la COVID-19. En estos casos, los gobiernos locales no pueden seguir las guías o lineamientos regulares con el que atienden a los hogares urbanos, sino, por el contrario, deben desarrollar estrategias sui géneris coordinadas con las mismas autoridades de la comunidad, además de implementar políticas que permitan mejorar la identificación de hogares viviendo en pobreza, además de fortalecer su sistema de protección social, así como su capacidad de respuesta ante emergencias. Esta es una tarea retadora pendiente de los gobiernos locales, que implica sincerar las cifras en estas poblaciones a fin de que puedan recibir la ayuda del Estado en igualdad de condiciones.

Respecto a las irregularidades encontradas relacionadas a presuntos actos de corrupción, debemos recordar que la lucha contra la corrupción es un mandato que se desprende de los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución Política del Perú, y el Estado ha reafirmado este compromiso al suscribir y ratificar la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en las que se proponen la aplicación de un conjunto de medidas para detectar, investigar y sancionar las conductas corruptas, así como la promoción de acciones preventivas y de cooperación internacional.

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, debe ser la bitácora de los gobiernos locales para desarrollar mecanismos que garanticen la prevención y sanción de la corrupción, estando dentro de los objetivos de esta política garantizar la transparencia y el acceso a la información pública y consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción.

Sobre el particular, creemos que las irregularidades presentadas en la entrega y distribución de canastas es un ejemplo de la falta de implementación en los gobiernos locales de esta Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ya sea porque no existe información accesible ni actualizada sobre el destino de los recursos otorgados para dicho fin, ni se cuenta con un adecuado sistema integrado de recolección y procesamiento de datos que permita revelar alertas en la contratación de los bienes, ni con información cualitativa ni cuantitativa del estatus socioeconómico de los ciudadanos del distrito que permita clasificarlos, configurar mapas de necesidades y vulnerabilidad y delimitar el target de acceso al programa de canastas o, en todo caso, la información que se encuentra disponible no es debidamente procesada con la finalidad de facilitar su utilización o no es debidamente publicada, o no se hace uso de las alternativas que ofrecen las tecnologías de la información.

Frente a estos casos de corrupción, la OCDE ha propuesto medidas que pueden aplicar los gobiernos para proteger a los programas de beneficios sociales del fraude y el error para garantizar que los servicios lleguen a los beneficiarios, a medida que los efectos de la crisis de la COVID-19 continúan. La OCDE (2020) recomienda:

Usar los sistemas y controles existentes, tales como vincular los criterios de elegibilidad de otros servicios públicos para llegar a aquellos que necesitan apoyo como resultado de la pandemia, y ayudar a reducir los retrasos en la provisión de servicios o apoyos financieros; asegurar que personal con experiencia contra el fraude esté inmerso en el diseño e implementación de provisiones de emergencia para elaborar evaluaciones de riesgo de fraude; evaluar y comunicar una tolerancia bien definida de riesgo para actividades específicas o áreas de operaciones, lo cual ayuda a garantizar que cualquier ajuste o adaptación de los controles no sea ad hoc, sino que se base en criterios predeterminados y juicios compartidos, y asegurar canales apropiados para denunciar, poniendo a disposición del personal y el público en general canales para reportar sospechas de fraude. (p. 5)

Por lo antes expuesto, los gobiernos locales tienen un importante reto de reducir tanto la brecha digital como la social e implementar la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como adoptar las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE para proteger los programas de apoyo social del fraude y corrupción.

Sin perjuicio de las reflexiones antes expuestas sobre las posibles alternativas de solución a la problemática en cuestión, resulta necesario repasar otros métodos de ayuda alimentaria aplicada en otros países con ocasión de la COVID-19.

IV. PRÁCTICAS INTERNACIONALES

En el mundo se han podido evidenciar diversas medidas de protección social en respuesta a la COVID-19, como transferencias de efectivo, pensiones sociales, programas de cupones/alimentos en especie, alimentación escolar, soporte de obligaciones financieras y de servicios públicos y trabajos públicos, siendo una de las intervenciones más utilizadas por los Gobiernos, los programas de entrega de bienes de primera necesidad. Por ejemplo, en países como Argentina y Uruguay se utilizó la emisión de tarjetas alimentarias o bonos, según asignaciones por hijo, una medida que forma parte de una serie de disposiciones para fortalecer las políticas alimentarias.

Una de las ayudas más importantes fue la desplegada por el gobierno de Italia: “En Italia, a través de Protección Civil Nacional, se transfirieron 400 millones de euros a 7904 municipios para comprar cupones de alimentos y/o necesidades alimentarias básicas sobre criterios de población e ingresos” (Gentilini y otros, 2020, p. 50).

Por otro lado, Reino Unido, ante el efecto devastador de la COVID-19, realizó la emisión de bonos:

En el Reino Unido, el gobierno lanzó un bono para garantizar que los 1,3 millones de niños en edad escolar tengan acceso a comidas durante los cierres de escuelas provocados por la COVID-19; siendo que, según el plan, cada niño recibiría un cupón de £ 15 por semana, los cupones se podían canjear en supermercados, y las familias con niños en edad escolar podían conocer su elegibilidad a través del sitio web del Gobierno. (Gentilini y otros, 2020, p. 106)

Asimismo, podemos conocer las prácticas realizadas en Norteamérica:

En Estado Unidos, la ciudad de Seattle proporcionó $ 5 millones en vales de comestibles para ayudar a familias afectadas. Esto incluyó $ 800 por cupón a 6250 familias para ayudarlos a comprar alimentos, artículos de limpieza y otros artículos para el hogar en los supermercados. El programa benefició a familias elegibles que estaban inscritas en programas de atención y programas de asistencia alimentaria. Los vales de comestibles eran distribuidos en dos cuotas de $ 400 por correo. (Gentilini y otros, 2020, p. 109)

Asimismo, vemos que otros países involucraron a otros actores y agentes voluntarios, así como otras fuentes de financiamiento para gestionar esta labor. Así, por ejemplo, “en Brasil, una ley permitió a los alcaldes utilizar el fondo federal para la alimentación escolar, a fin de comprar y distribuir canastas de alimentos a los estudiantes” (Gentilini y otros, 2020, p. 19). Mientras que “El Gobierno chileno diseñó un sistema de entrega de alimentos en autobuses especiales, en escuelas o desde sitios de distribución alternativos; asimismo, algunas escuelas permanecieron abiertas solo para la distribución de alimentos” (Gentilini y otros, 2020, p. 26). España hizo algo similar con la apertura de escuelas específicas como puntos de distribución.

Siguiendo con la línea de ayuda, “en Colombia, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entregó canastas de alimentos reforzadas para niños y mujeres en riesgo a 1,7 millones de hogares beneficiarios de los programas del ICBF” (Gentilini y otros, 2020, p. 29).

En Japón, el Ministerio de Asuntos Locales coordinó con panaderías locales para entregar pan gratis a las familias puerta a puerta en autobuses que patrullaban las localidades, escoltados por agentes de policía y; en Rusia, “(…) se recibió el apoyo del Fondo del Pueblo de Rusia (ONF), la Roscongress Foundation y Rostelecom. Los voluntarios son del Movimiento ‘Médicos Voluntarios’ y la Asociación de Voluntarios (…)” (Gentilini y otros, 2020, p. 82).

Como podemos apreciar, en otros países han utilizado como mecanismos de entrega y distribución de productos de primera necesidad y alimentación, las tarjetas, vales o cupones, cuyo modelo podría haber funcionado bien en el área urbana con acceso a supermercados, considerando que la población que vive en dichas zonas representa el 79,3 % de la población nacional⁷, al ser una alternativa mucho más eficiente, considerando sus ventajas como el ahorro y optimización del presupuesto y el tiempo, que podría asegurar el uso correcto para las compras relacionadas a los productos de primera necesidad. Esta medida hubiera ahorrado bastantes problemas en la compra, entrega y almacenamiento de los productos esenciales que, como hemos visto, constituyó una de las falencias de la gestión de los gobiernos locales.

Así también, a fin de responder de manera eficiente a emergencias, siempre ha resultado una opción más eficiente realizar un trabajo coordinado con varios socios estratégicos como escuelas, agencias humanitarias, sociedad civil, Policía, operadores privados y organizaciones gubernamentales en general. Consideramos que el programa de entrega y distribución de canastas alimentarias si bien pudo ser liderado por los gobiernos locales, debió incluir la participación de los mencionados actores para alcanzar sus objetivos, ya sea con el apalancamiento de su financiamiento y, sobre todo, de sus experiencias y conocimientos.

V. CONCLUSIONES

A pesar de los diversos dispositivos de orientación y de gestión de riesgos emitidos por el Gobierno a propósito del Decreto de Urgencia N° 033-2020, se detectaron varias deficiencias por parte de los gobiernos locales en la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad a favor de la población en situación de vulnerabilidad con ocasión de la propagación de la COVID-19, como una inadecuada identificación y priorización de beneficiarios, retrasos en la adquisición y entrega de productos, problemas logísticos de abastecimiento, incumplimiento de registro de procesos de contratación y rendición de cuentas, presuntos actos de corrupción, entre otros.

Dichas deficiencias de gestión obedecen a la brecha digital, consistente en un inadecuado sistema integrado de recolección y procesamiento de datos, la ausencia de registros unificados para identificar y clasificar a las familias beneficiarias, déficit de apoyo logístico y de recursos humanos, la ausencia de mapas de vulnerabilidad, entre otros.

Otra de las dificultades de gestión se genera por la brecha social, al existir hogares rurales dentro de la jurisdicción de los gobiernos locales de difícil acceso por lejanía territorial o por el hecho que las guías o lineamientos emitidos por el Gobierno están más diseñados para la atención de hogares urbanos y no se adecuan a las realidades de los hogares rurales, lo que dificulta que accedan a los beneficios otorgados por el Estado para mitigar el impacto de la COVID-19.

Los presuntos actos de corrupción identificados en la entrega y distribución de canastas básicas revelan que aún los gobiernos locales tienen mucho camino por recorrer en la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción como garantía de la prevención y sanción de la corrupción.

VI. RECOMENDACIONES

Los gobiernos locales deberían evaluar y adoptar en lo sucesivo prácticas de programas alimentarios que han funcionado eficientemente en otros países, como la entrega de tarjetas, vales o cupones de bienes de primera necesidad, así como generar alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas como escuelas, agencias humanitarias, sociedad civil, Policía, operadores y organizaciones gubernamentales en general que aporten con financiamiento y con sus experiencias.

También se deberían adoptar recomendaciones de organismos internacionales con una mirada de nuestra realidad social y económica que coadyuven en la promoción e implementación de políticas públicas y planes de emergencia como el apoyo a las familiares vulnerables con la entrega de bienes de primera necesidad.

REFERENCIAS

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