I. INTRODUCCIÓN

El cierre de brechas de infraestructura es el elemento clave de todo país que intente cruzar el umbral del desarrollo; en ese sentido, la priorización que desde el Estado se le brinde a disminuir esas brechas existentes puede significar para una nación dar el gran salto al desarrollo.

El Perú no es ajeno a ello, y buscar disminuir los déficits de infraestructura debe ser una prioridad permanente de la agenda nacional, debido a que, como gestor público y como ciudadano, el lograr priorizar cerrar dichas brechas puede contribuir con el desarrollo de aspectos que enrumben a nuestro país en la modernidad. Por ello, un factor clave para medir el éxito que han tenido los modelos de desarrollo de las naciones ha sido el de un crecimiento sostenido de su infraestructura, ya que la misma permite cerrar las brechas existentes en el acceso a servicios públicos de calidad, a su vez que son el motor fundamental en el sostenimiento de los ciclos económicos positivos que llevan a lograr el bienestar de una nación.

En nuestro país, antes de ser afectado por la pandemia de la COVID-19, se lograron obtener cifras de crecimiento económico sostenido desde los primeros años del siglo XXI, las cuales iban acompañadas de cifras macroeconómicas ejemplares, las que han sido motivo de análisis de investigadores y economistas de otros países, con la finalidad de revisar las causas del llamado “milagro peruano”. Sin embargo, todo este avance en las cifras de crecimiento no nos ha permitido hasta la fecha salir de la condición de país en vías de desarrollo.

Lo señalado se ratifica aún más cuando observamos los déficit de infraestructura en sectores claves como salud, educación, transportes, entre otros, lo cual no nos ha permitido tener mejores respuestas ante un escenario de crisis como el de la pandemia de la COVID-19, en que la precariedad, por ejemplo, en nuestro sistema de salud ha hecho que se manifieste la alta vulnerabilidad que tenemos como país, lo cual no permite hasta el momento controlar de la manera más óptima los embates de este flagelo.

Por ello, un aspecto fundamental para entender por qué es tan importante el cierre de brechas es responder la siguiente pregunta: ¿qué diferencia lo que es crecimiento de lo que es desarrollo? La primera y fundamental diferencia es que el crecimiento económico de un país es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo. Es precisamente ello lo que hace que dichos conceptos sean aspectos muy importantes a tener en cuenta, para visualizar qué es lo que nos falta como país para lograr el anhelado desarrollo. Nuestro país ha mostrado cifras de crecimiento envidiables durante casi dos décadas del presente siglo, pero aun con ello no ha logrado reducir significativamente los déficits de infraestructura de sectores tan importantes como transporte, salud, educación, etc., lo que implica que todavía somos un país con una gran desigualdad para el acceso a servicios prioritarios y que, por tanto, hay aún mucho camino por recorrer para lograr convertirnos en una nación que brinde a sus ciudadanos bienestar, confort y, lo que es aún más importante, oportunidades para todos.

¿Y ello por qué se da? Porque muchas veces nuestros gobernantes, y también nosotros, tenemos lo que se denomina “miopía del desarrollo”, en la cual solo consideramos importante crecer y pensamos que el desarrollo será una consecuencia del crecimiento sin reparar en que para desarrollarnos en cualquier estamento, ya sea como país, institución o persona, no basta con que crezcan nuestros ingresos, sino que los mismos deben ir acompañados de una evolución en lo que deben ser los conocimientos, valores y prioridades que nos establezcamos en cualquiera de los estamentos mencionados.

Lo señalado nos permite visualizar la importancia que tiene para el Estado, el poder contar con un Sistema de Inversión Pública robusto y consolidado. Ello, precisamente, es lo que buscó lograrse cuando se reemplazó el llamado SNIP por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - SNPMGI a fines del año 2016, ya que dicho sistema es clave para que el Estado impulse el crecimiento de su infraestructura a través del desarrollo de proyectos que permitan cerrar brechas de inversión y solucionar integralmente los problemas que afrontan los diferentes sectores ya sean sociales o productivos, además la finalidad más importante de su creación tal vez sea la de garantizar que los recursos económicos del Estado sean utilizados de la manera más eficiente y eficaz posible.

Estos aspectos permiten afirmar que la diferencia fundamental de lo que significa cre cimiento y desarrollo se sostiene en que los países desarrollados han logrado entender que desarrollo es una suma de esfuerzos programados y simultáneos que permiten a un Estado conseguir tal estado de bienestar y que el crecimiento solo es un motor adicional que permite sostenerlo. Por ello, si queremos que nuestro actual crecimiento económico sea el motor de nuestro futuro desarrollo, debemos acompañar al mismo fortaleciendo nuestras instituciones emblemáticas, impulsando la infraestructura, mejorando nuestro sistema educativo en todos los niveles y promoviendo una cultura de respeto y valores que alcance a toda nuestra sociedad.

II. ¿Y CÓMO ESTAMOS?

Nuestro país es una nación que, a pesar del crecimiento sostenido que experimentó en las últimas décadas, posee aún muchas brechas en los servicios que el Estado debe proveer, limitando con ello su desarrollo y el brindar una mejor calidad de vida a todos los peruanos.

Por tal razón, es común escuchar en países como el nuestro sobre las necesidades que tiene nuestra población, en especial en la que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, respecto a la ausencia de servicios básicos esenciales como son agua, desagüe, electricidad, servicios de salud, acceso a una educación de calidad, así como de otros servicios que también podrían considerarse básicos tomando en cuenta la dinámica de la vida moderna como son los servicios de telecomunicaciones y de transporte. La ausencia de servicios de infraestructura o la parcial atención de la demanda de los mismos hacia nuestras poblaciones representa un déficit que emerge como un limitante para lograr el ansiado crecimiento y desarrollo económico.

En tal sentido, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, sucesor del que fue el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, como sistema administrativo del Estado peruano, es un elemento que tiene como misión filtrar y controlar la calidad de los proyectos de inversión pública, debiendo ser también un elemento que coadyuve a la mejora del Sistema de Planeamiento en el Estado, con la finalidad de fortalecer la capacidad de articulación en los 3 niveles de gobierno (nacional, regional y local), buscando con ello mejorar la eficiencia del gasto público.

Por tanto, se debe tener la capacidad necesaria para conocer y manejar adecuadamente el SNPMGI, ya que de la viabilidad que se otorgue a los proyectos de inversión y la gestión de inversiones es que se contribuirá positivamente al cierre de brechas que existen entre los diversos servicios que ofrece el Estado, en especial el referido al reducir el déficit de infraestructura que tiene nuestro país. En tal sentido, se deben impulsar los esfuerzos para que los proyectos de inversión estén necesariamente integrados con los esfuerzos de promover el desarrollo de nuestro país, para que la inversión pública sea un elemento que promueva la eficiencia y la eficacia en sus intervenciones.

En todo país que ha cruzado la línea del desarrollo, como Japón, Alemania, Corea del Sur, Singapur y la irrupción de China, entre otros, los avances sostenidos en cerrar sus brechas de infraestructura se han constituido en uno de los pilares fundamentales que les han permitido sostener el crecimiento y desarrollo en dichas naciones. En tales casos, un análisis prospectivo acompañado de políticas públicas eficaces los ha llevado a tener economías desarrolladas con altos índices de desarrollo humano, aunque también es conveniente señalar que no siempre se da una mejora en la misma magnitud en las ratios que miden la desigualdad en la distribución del ingreso, como es el caso de sus coeficientes de Gini.

Por tal razón, en el Perú para lograr tal objetivo es necesario que se tenga una visión estadista de lo que buscamos en nuestro anhelado desarrollo como nación, el cual debe estar necesariamente articulado en sus esfuerzos, tanto por los sectores públicos como en los privados. Para ello es fundamental que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE y el sector privado se constituyan en los elementos motores para que los proyectos de infraestructura que se lleven adelante permitan lograr la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico con miras a convertirnos en un país desarrollado en el mediano plazo.

III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

1. Estrategia de articulación

Se conoce que el desarrollo de la infraestructura en una nación es un elemento básico que sirve para consolidar el crecimiento económico que la misma puede tener. En el caso del Perú, el crecimiento económico que hemos vivido de manera continua durante más de una década, a pesar de su desaceleración actual, no ha estado acompañado al menos en la misma velocidad con el cierre de nuestras brechas de infraestructuras en los diferentes sectores de la economía e incluso este crecimiento puede llevar a que aparezcan necesidades de nuevos servicios que al carecer en su planificación inicial de un enfoque prospectivo llevan a que haya aumentado nuestro actual déficit.

El SNPMGI o INVIERTE.PE, como sistema administrativo del Estado, podríamos decir, a diferencia de lo que en su momento fue logrando el SNIP, aún se encuentra en etapa de implementación y de la aplicación beneficiosa de sus alcances (se necesita fortalecer las capacidades en el Estado sobre el manejo y gestión de dicho sistema). Sin embargo, resulta necesario que el mismo sea visto no solo como una herramienta de gestión, que siguiendo su enfoque metodológico nos lleve a formular proyectos en los diferentes niveles de gobierno, sino que también se necesita que este sistema sea visto como la herramienta que realmente es: la de planificación del desarrollo nacional, motivo por el cual urge que sus esfuerzos logren articularse desde los más altos niveles de decisión del Estado, para que la abundante cartera de proyectos de que dispone el sistema actualmente, realmente sean priorizada de modo articulado, para evitar la duplicidad de esfuerzos y, sobre todo, para que dichos proyectos de inversión pública sean la demostración de implementación de políticas públicas de desarrollo que se reflejen en el bienestar de la sociedad.

En tal sentido, resulta necesario que exista el respaldo de la clase política para impulsar que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ente rector del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, asuma de manera efectiva su rectoría y permita que los esfuerzos que se realizan a través de los proyectos públicos que se aprueban a través del INVIERTE.PE, las concesiones, las alianzas público privadas y la importante participación del sector privado, conlleve a que el desarrollo de la infraestructura de nuestro país comience con un cierre progresivo de brechas, haciendo de ello una condición necesaria, pero no suficiente, para mantener el crecimiento económico que gozamos en la actualidad, los que articulados con esfuerzos del Estado y el sector privado permitan disminuir los índices de desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini) y mejorar los accesos a salud y educación como sectores clave, lo que podría permitir lograr nuestro ansiado desarrollo como nación en las siguientes décadas. Lo señalado lo podemos visualizar en el gráfico Nº 1.

Como fortalecimiento de lo que debe ser el SNPMGI, el mismo debe estar necesariamente

articulado al Sistema de Planeamiento Nacio nal, lo podemos ver especificado en los instrumentos de gestión del gráfico Nº 2.

2. Planificación estratégica

Las metodologías para desarrollar procesos de planificación estratégica son variadas y encontramos en la literatura diversos enfoques. Desde el punto de vista de las organizaciones públicas no existe en general un modelo a seguir y encontramos esquemas metodológicos que tienen mayor o menor complejidad. A diferencia de la programación operativa y el presupuesto, la planificación estratégica tiene menor grado de rutinas y protocolos estandarizados. Desde esta perspectiva, ahora, nuestras organizaciones públicas se reinician dejando el paradigma del presupuesto por programas, reorientándose ahora al paradigma del presupuesto por resultados.

La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que ayuda al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias, a la definición de los recursos que son necesarios para lograr los resultados esperados, no obstante su mayor valor, el de ser un proceso productor y acumulador de conocimiento para el desarrollo. Por lo tanto, el plan estratégico, como marco de referencia, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Desde esta perspectiva debe contar con estándares de confiabilidad para identificar aspectos claves que apoyen la gestión organizacional, tales como marco normativo e institucional, una definición de la visión, misión, objetivos estratégicos, estrategias y definición de indicadores.

Por ello, en el gráfico Nº 3 pueden visualizarse los componentes que deben desarrollarse y posee todo proceso de planificación estratégica.

3. El análisis sectorial y la gestión

El análisis sectorial salva la distancia entre lo macroeconómico de la gestión nacional de inversión y lo microeconómico de los proyectos individuales. Es indispensable, para resolver cuestiones de elección, considerar la prioridad y las interrelaciones entre proyectos. Pero es una actividad que en muchos países se pasa por alto. En comparación con la elaboración de teorías y modelos para la planificación de inversión nacional o el análisis de costos-beneficios y otras técnicas para el análisis de proyectos, las directrices teóricas y prácticas para la conducción del análisis sectorial están mucho menos desarrolladas. No obstante, muchas cuestiones sectoriales son analizables, la capacidad analítica está aumentando con la experiencia, y el número de países que efectúan una labor sistemática de sectores está aumentando continuamente.

El análisis sectorial es útil, evidentemente, para los organismos externos de crédito –incluido el Banco Mundial, que ha contribuido a introducirlo en muchos de sus países miembros– como guía en la selección y diseño de proyectos, pero no es menos importante para los funcionarios de los ministerios y los organismos operativos en países en desarrollo que, como es bien comprensible, pueden perder de vista los amplios objetivos, necesidades y prioridades de un sector sumergidos en las tareas cotidianas de la administración de reglamentaciones, la gestión de presupuestos y las crisis.

El análisis sectorial sirve para varios propósitos:

a) Ofrece una mejor comprensión de las políticas y las cuestiones de desarrollo en el sector, lo cual es útil tanto al mejorar la contribución que el sector pueda aportar a la estrategia global para el desarrollo económico y para la planificación de la inversión pública, como para garantizar que el marco para la política del sector es conducente para una sólida labor de proyectos como para la política macroeconómica.

b) Hace posible la determinación de prioridades de inversión en el sector, lo cual sirve de guía para la identificación y selección de proyectos específicos.

c) Evalúa la capacidad de las principales instituciones en el sector para poner en ejecución políticas, programas y proyectos que se deseen.

d) La mayor parte del análisis sectorial entra en una de dos amplias categorías: estudios comprensivos de todo un sector (o de un subsector importante) y estudios especiales de temas particulares dentro de un sector. Como el primero tiende a dar bajo rendimiento debido a la fuerte inversión en recursos humanos y de otra índole se aconseja dedicar la mayor parte de la labor sectorial a un programa de estudios especiales nítidamente enfocados en cuestiones de alta prioridad. Un buen análisis sectorial exige que se disponga del personal calificado y de otros recursos por largos periodos, y esto a su vez exige que haya un compromiso sostenido de parte de las altas direcciones del Gobierno. Cuando estas no son propicias, también sufre la calidad del trabajo de proyectos.

Cada uno de los principales sectores tiene características que los distinguen así como también objetivos y problemas de desarrollo diferentes. Al mismo tiempo, los sectores tienen en común tres campos de acción básicos: mejoramiento de política, fortalecimiento institucional y mejor selección, diseño, análisis y gestión de proyectos de inversión, estos cuatro últimos implican el mejoramiento operativo.

IV. PROPUESTAS DE ACCIONES

Para presentar las propuestas de acciones, y con la finalidad de visualizar el impacto positivo que puede tener el que el cierre de brechas esperado en la infraestructura de los diferentes sectores se sustente en el fortalecimiento del INVIERTE. PE, nos basaremos en la siguiente hipótesis:

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE será un pilar en impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país solo si incorpora el análisis de prospectiva en su metodología formando parte integral del Sistema de Planificación Nacional.

1. La financiación para el desarrollo

Es recomendable, según los principales organismos multilaterales del mundo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo para América Latina [ex-CAF]), que el mismo Estado, con la finalidad de reducir sus brechas de un modo que acerque su inversión a las de los países desarrollados o los del sudeste asiático, programe tener inversiones del orden de al menos 7 % de su PBI, lo que para el Perú representaría una inversión anual de 14 210 millones de dólares, lo cual representa más del 27 % del presupuesto general de la República del 2021, que supera los 51 000 millones de dólares.

¿Está nuestro país en la capacidad económica de asumir tal nivel de inversión? Obviamente, no lo está porque realizarlo implicaría reducir drásticamente la inversión social que como nación debemos preservar para que la mayor parte de compatriotas gocen de los beneficios del crecimiento y desarrollo. En tal sentido, se deben explorar diversos mecanismos de f inanciamiento que permitan que las brechas existentes puedan ir reduciéndose en menores plazos.

Es imprescindible que los tres niveles de gobierno estructuren proyectos de concesión que sean negociables financieramente con la finalidad de atraer a inversionistas con experiencia y la solvencia suficiente para que tengan éxito. El que puedan ser negociables depende de manera fundamental del flujo de caja económico proyectado que tenga el proyecto independientemente de su fuente de financiamiento.

2. Acciones propuestas

Modalidades de inversión privada

i. Privatización

ii. Concesión

iii. Asociaciones público-privada

iv. Outsourcing

v. Contrato de gerencia

vi. Asociación en participación

vii. Joint venture

Las modalidades de inversión privada que nuestro país ha utilizado desde la década del noventa se inician con el establecimiento del marco legal necesario para el inicio del proceso de privatización, el cual se dio con el Decreto Legislativo N° 674 (Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado), la cual ha pasado por diversas etapas, siendo la primera en la que se utilizó el mecanismo de privatización. Sin embargo, luego de los primeros años en que se vendieron diversas empresas públicas, es el mecanismo de concesión el que se muestra como el que mejores conveniencias nos puede traer como país.

La concesión está definida como el acto administrativo mediante el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos por un plazo establecido (artículo 3 del Decreto Supremo Nº 060-96-PCM).

Las concesiones pueden ser de dos tipos: autosostenibles, las que se financian a través de las tarifas o precios que pagan los usuarios de los servicios de infraestructura, y las cofinanciadas, que son las que requieren de desembolso único o periódico de recursos públicos o del otorgamiento de garantías financieras o no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.

El régimen legal que se aplica a las concesiones de infraestructura es el normado en el Decreto Legislativo N° 658 (normas para la promoción de las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos), siendo las principales normas que regulan el sistema de concesiones el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM (Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos –en ade lante, nos referiremos a esta norma como el TUO–), el Decreto Supremo Nº 060-96-PCM (Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos –en adelante, nos referiremos a esta norma como el Reglamento del TUO–), el Decreto Supremo Nº 132-97-EF (Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos) y la Ley Nº 26885 (Ley de Incentivos a las Concesiones de Infraestructura y de Servicios Públicos).

Precisamente, las normas legales señaladas en el párrafo precedente resaltan a dos actores: la entidad concedente (el Estado) y el concesionario (personas jurídicas nacionales o extranjeras), sobre ello podemos señalar que en la práctica aparecen otros actores de vital importancia que al no considerarse, podrían dar una visión limitada a efectos de obtener el financiamiento de la concesión.

Por tal consideración, si visualizamos a una concesión como un negocio para los concesionarios podemos observar que intervienen otros actores de importancia singular para lograr el éxito del proyecto, ya que permiten mitigar los riesgos del mismo, permitiendo que la concesión pueda resultar atractiva para lograr su financiamiento. En el esquema mostrado en el cuadro siguiente se aprecia que la relación Estado (el concedente) - concesionario es solo una de las varias relaciones contractuales que se generan en una concesión (ver cuadro Nº 1).

Un aspecto importante que podemos señalar para el éxito de una concesión es que un elemento clave es la utilización de la project finance (financiación de proyectos), la cual es un mecanismo que permite atraer financiamiento internacional en el área de infraestructura, en proyectos a gran escala, en donde lograr su financiamiento depende de los flujos de caja futuros esperados del proyecto en sí, es decir, al evaluarlo como una Unidad Económica Independiente (UEI) podríamos tratarlo como un Plan de Negocios de un Proyecto, el cual, lógicamente, persigue obtener rentabilidades atractivas para los inversionistas en donde los flujos de caja proyectados (flujo de caja económico es lo que determina si el proyecto genera valor para los inversores independientemente de su fuente de financiamiento) son los que precisamente justifican dichas rentabilidades.

Con el propósito de respaldar el proyecto con los fondos necesarios, los accionistas de la sociedad a cargo de la UEI deben realizar una adecuada estructura de financiamiento a tasas atractivas que resulten de interés para potenciales financistas e inversionistas (es decir, el flujo del financiamiento del proyecto debe agregar valor al mismo), con ello se garantiza contar con los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto de concesión.

Reducir los riesgos que conlleva ejecutar un proyecto de la magnitud de una concesión de infraestructura puede lograrse si como estrategia de ejecución se plantea que se celebren un grupo de contratos que permitan que la UEI se encuentre menos expuesta a los riesgos del proyecto, al compartirlos con otros actores se reduce su exposición al riesgo.

Lo señalado se puede mostrar también a través de un ejemplo: si en un contrato de construcción llave en mano y a suma alzada se incorporan cláusulas que permiten que el concesionario comparta los riesgos de la construcción de las obras de infraestructura con una empresa especializada, este concesionario reduce sus riesgos, ya que indudablemente será dicha empresa especializada la que se responsabilice del riesgo de que se presenten mayores costos y se hará cargo de las penalidades por demoras o defectos que se presenten en la ejecución de las obras. Lógicamente, el constructor debe ser compensado por el riesgo que asume y por ello debería cobrar una suma mayor a la que cobraría para obras similares bajo una modalidad contractual diferente (en suma alzada, cobra una “prima de riesgo”). Asimismo, otros riesgos como el de disponibilidad de insumos se reducen también a través de la celebración de contratos de suministro a largo plazo.

Como se puede deducir, el éxito de llevar adelante proyectos de infraestructura bajo la modalidad de concesiones no pasa solamente por la decisión política de otorgar las mismas, sino fundamentalmente por que nuestro Estado sea capaz de estructurar proyectos de concesión que sean bancables en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y ello se logra justamente si es que dichos proyectos son atractivos económicamente para los concesionarios a través de sus flujos de caja económicos proyectados.

Por tanto, el elemento clave para lograr el éxito en estas modalidades de financiamiento es que nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, que evalúa los proyectos a través de sus diferentes unidades formuladoras y que prioriza los mismos en sus Programas Multianuales de Inversiones - PMI a través de propuestas de sus Oficinas de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - OPMI, considere también al análisis prospectivo como un criterio fundamental en su evaluación, ya que el mismo podría aceptar un proyecto que bajo las condiciones vigentes o actuales no sería viable, pero que bajo condiciones que se irían incorporando y desarrollando en el tiempo sí lo sería, o rechazar proyectos que aparentemente serían actualmente viables, pero que con el desarrollo tecnológico que podría esperarse en el futuro ya no lo sería, convirtiéndose de dicha manera en una inversión inútil para el Estado.

Un ejemplo muy conocido y cercano para los que residimos en Lima es la Vía Expresa del Paseo de la República, conocida en sus años iniciales como el Zanjón de Bedoya, en honor al alcalde de Lima que promovió su construcción en 1967. Dicha vía fue cuestionada durante sus primeros años como un “elefante blanco”, ya que su utilización no justificaba la gran inversión realizada. Para analizar ello podríamos suponer que hubiera existido el INVIERTE.PE, es probable que, en aquellos años, por las condiciones del entorno y con una población de alrededor de 2 millones de habitantes en la ciudad de Lima, el proyecto hubiera sido rechazado y la capital del país no hubiera contado probablemente con dicha obra en su infraestructura actual.

Sin embargo, con un análisis prospectivo bien realizado, la obra se justificaba; no debemos olvidar que dicha vía realmente colapsó de alguna forma solo a finales de la década del noventa, lo cual –con más de treinta años– es un tiempo razonable para que sucediera, ya que el desarrollo de la infraestructura debería ser un tema de preocupación permanente y para evitar ello se deben realizar obras complementarias, las que el proyecto inicial sí contempló, en las que incluso se tenía previsto un segundo tramo de la vía expresa que debería llegar a la Panamericana Sur.

Este último aspecto, en diversas oportunidades, se ha conocido la intención del municipio limeño de impulsarlo, pero a pesar de ello, y cumpliéndose ya más de cincuenta años desde que se inauguró dicha obra, aún no ha sido realizado.

Lo descrito en el ejemplo es la perspectiva que debe tener nuestra planificación estratégica y nuestro INVIERTE.PE, y la visión que deben tener tanto los actores políticos como los formuladores y evaluadores de los PIP, solo así el INVIERTE.PE cumplirá su misión actual de busca optimizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, garantizando la sostenibilidad de los proyectos y los servicios públicos de calidad para el bienestar de la población.

V. CONCLUSIÓN

Finalmente, podemos señalar que el cierre de brechas en el desarrollo de la infraestructura nacional es un elemento clave para el desarrollo del país y el fomento de su competitividad.

Para ello es de vital importancia que se incluya el análisis prospectivo tanto en el sistema de planificación del Estado como en la metodología de formulación y evaluación que contempla el SNPMGI - INVIERTE. PE, en donde este último se convierta en un instrumento integrante de nuestro sistema de planeación con la finalidad de que a través de estos esfuerzos integrales permitan cumplir las prioridades de desarrollo nacionales.

REFERENCIA

Roselló, R. y Ronceros, M. (2004). El financiamiento de las concesiones. Problemas y Retos. Revista Peruana del Derecho de la Empresa.