Coleccion: Gestion Publica - Tomo 20 - Articulo Numero 3 - Mes-Ano: 8_2021Gestion Publica_20_3_8_2021

La nueva agenda de la gestión 2021-2026 desde el enfoque de descentralización

Dávila Gagliardo, Miguel Luis

La cuarentena mostró debilidades institucionales, así como diferencias en la eficiencia de gestión pública que no permiten una adecuada articulación y con ello generan una inadecuada apropiabilidad de políticas de desarrollo local. El nuevo gobierno ha propuesto en su Plan del Bicentenario y discurso presidencial sus principales metas con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo económico sostenible, con un enfoque descentralizado. El presente documento integra dos propuestas de política pública a favor de las inversiones, digitalización y desarrollo económico de las mipymes, con participación descentralizada.

KEYWORDS:Agenda de gestión // Descentralización // Gestión pública // Gobierno // Políticas

Ficha técnica:

Ficha técnica:
Revista N°: 20
Mes: Agosto
Año: 2021
Página(s): 31-41
Sección: Especial: Desafíos para la Gestión Pública 2021-2026
Revista : Gestión Pública y Control
Autor: Dávila Gagliardo, Miguel Luis

I. UN PROBLEMA DE ENFOQUE Y GESTIÓN PÚBLICA

Es prioritario construir gobiernos subnacionales con instituciones estables, con políticas y reglas claras y, sobre todo, con permanencia en el tiempo. Eso de cambiar las políticas y las reglas cada cuatro años (lo que dura el periodo de los gobiernos subnacionales) o en cada quinquenio (lo que dura la influencia del Gobierno central), juega en contra de la gestión pública, restando confianza a la población, afecta negativamente la generación de empleo, y a través de este último factor impacta negativamente en el combate a la pobreza y la delincuencia.

Una gestión pública adecuada y articulada contribuye, sin duda, a la generación de riqueza en su zona de influencia, y con ello a la reducción de la pobreza. En este país es posible, porque es rico en recursos; se necesita que los cuadros profesionales se orienten a generar valor, en alianzas públicas (tres niveles de gobierno) y privadas (universidad-empresa). Se necesita generar las condiciones para el desarrollo y un factor de importancia es incrementar el conocimiento a la acción emprendedora, con liderazgo, investigación, desarrollo e innovación.

Es necesario que se formen nuevos cuadros de líderes en el mediano y largo plazo, que vayan participando en sus municipios, en los gobiernos regionales y sean parte de un Estado renovado y moderno. Que esas experiencias vayan formando a futuros líderes políticos, con vocación de servicio y conocimiento cabal de las necesidades de sus propios territorios. Es importante la formación de verdaderos gestores públicos desde los partidos políticos, que se apropien de las políticas públicas que se hayan implementado y que las concluyan de acuerdo a cómo hayan sido estas iniciadas, y no generen cambios que provoquen involuciones en la senda del desarrollo.

Estos nuevos gestores deben administrar los recursos antes de politizarlos, deben tener competencias claras en negociación; no es necesario que se llegue a tomas violentas de carreteras para lograr acuerdos. Una gestión adecuada de gobiernos subnacionales debería lograr el entendimiento a través del diálogo y la negociación, sin llegar a una situación extrema. Es más eficiente anticiparse a los problemas que ir resolviendo los mismos cada vez que se reproducen de forma regular, como representantes de su territorio deben tener un rol más protagónico.

El Perú debe ser proactivo para integrarnos a este mundo, que por la COVID-19 ha acelerado la revolución digital. El mundo ya cambió. Hemos entrado a una nueva era de la humanidad. Habrá que conocer qué uso se darán a los datos que digitalmente se van construyendo en esta economía digital. Conocer las aplicaciones de la inteligencia artificial y el big data para procurar un desarrollo sostenible. Saber dónde termina la inteligencia artificial y dónde comienza la creatividad humana.

Los gobiernos subnacionales deben ser responsables económicamente, para ahora que vivimos dependientes de una salud global, podamos destinar los recursos y capacidades necesarias para brindar salud como un bien social, situando a las personas en el centro de las políticas. Hay mucha desigualdad en los servicios que se brindan en el Perú en materia de salud, educación, seguridad, desarrollo, entre otros. Es abismal la diferencia entre los servicios que brindan el sector público y el sector privado, y la principal diferencia no es el acceso a los recursos, sino el enfoque de sus políticas institucionales y la capacidad de los gestores con los que cuentan.

II. EL NUEVO GOBIERNO Y LA DESCENTRALIZACIÓN

1. Gestión descentralizada en el Plan del Bicentenario

El Gobierno que acaba de iniciar su gestión el 28 de julio 2021 tiene como hilo conductor de su política de Estado el Plan del Bicentenario en el que se hace referencia de un actuar articulado entre los tres niveles de gobierno que tiene como objetivos inmediatos los siguientes.

1.1. Movilización y emergencia nacional en salud

Conformación del “Comando Nacional Unificado de Lucha contra el COVID”, presidido por el MINSA e integrado por colegios profesionales, trabajadores de salud, facultades de medicina y autoridades regionales y municipales, serán conformados a nivel regional y provincial. Estos comandos unificados serán complementados con las “asambleas locales de salud” con la participación abierta y transparente de la ciudadanía organizada, para el diagnóstico y ejecución del plan de salud local. Estas asambleas estarán conformadas por el jefe del establecimiento de salud, el alcalde distrital o delegado y representantes directos de la comunidad. Esta política se fundamenta en que: “con el pueblo organizado y movilizado con el respaldo de su gobierno se puede cambiar la tristeza en esperanza”.

En el marco de esta movilización en pro de la salud, se ha previsto la implementación de las “casas RESPIRA”, que son centros de aislamiento y atención temporal en el primer nivel de atención, que proveen internamiento con la finalidad de acceder a una provisión de oxígeno para afectados de COVID-19 en estadios iniciales.

1.2. La agricultura como prioridad nacional

El Plan del Bicentenario tiene atención preferente en la agricultura (familiar y comunitaria) con la participación de sus propias organizaciones territoriales de gestión de sus tierras y del agua pública y privada. Para ello se ha previsto:

- Concertar con gobiernos regionales y municipalidades, revisar el acaparamiento y monopolio de tierras, promover la reserva de tierras para pequeña y mediana agricultura, y que un porcentaje se destine a la producción de panllevar.

- Fortalecer el sistema de planeamiento estratégico e información agraria desde las realidades locales.

- Instaurar el instrumento de gestión “Presupuesto Territorial concertado para el desarrollo rural y agrario”.

- Organizar los alcances y precisión del seguro agrario.

- Restablecer y descentralizar la labor de extensión rural y agraria en los tres niveles del Estado.

- Organizar las decisiones del uso de las tierras desde los niveles locales de microcuencas hacia un ordenamiento territorial basado en el desarrollo local.

1.3 La educación como principal preocupación

Como parte de esta política se promoverá la movilización nacional para un retorno seguro a la educación presencial, retorno a clases flexible, voluntario y diferencial, según las condiciones físicas, culturales y epidemiológicas de cada territorio.

Se trata de impulsar la presencialidad, allí donde se pueda, conforme avance la vacunación y se establezcan sinergias entre la comunidad y los docentes; estará involucrado el gobierno central, el MINEDU, los gobiernos regionales, los municipios, las organizaciones territoriales y los padres de familia.

2. Gestión descentralizada en el discurso presidencial

Como parte de su discurso el Presidente de la República, en seguimiento de lo normado en el numeral 3 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú - CPP: “Dirigir la Política

General de Gobierno”, ha hecho alusión a las siguientes medidas de acción que tienen carácter regional y gestión descentralizada. A continua ción, un recuento de cada una de ellas.

2.1. En materia de salud

Reconociendo que es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar, indicó que la salud física y mental será la primera prioridad en el Gobierno. Para ello se pretende un Sistema de Salud Universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo, con prioridad en la atención médica primaria para fortalecer la prevención y acercar la salud a la población. En ese sentido se pretende mejorar la capacidad de atención de centros y postas de salud e impulsar la conformación de 5000 equipos de atención comunitaria integral “(…) que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica”.

Se fortalecerá la atención hospitalaria a nivel regional, indicando para ello que, al término de su mandato, entregará “hospitales especializados por región”, entre los que se priorizarán los que tengan servicios: materno-infantil, neoplásico, clínicos quirúrgicos, de medicina tropical y de salud bucal. Recalcó que para lograr estas metas se tiene que trabajar articuladamente entre todos los niveles de gobierno, cada uno desde su función, dejando la tarea a los actuales gobernadores regionales de elaborar sus expedientes y ubicar los terrenos donde se construirán estos hospitales; manifestando: “Debemos terminar con el centralismo que provoca que millones de peruanos tengan que viajar a Lima por una consulta médica”.

Como parte de la gestión descentralizada de la salud que inicia con su gobierno, convocó a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia, frente a una posible tercera ola de contagios, donde los centros y postas de salud deben garantizar la atención médica, laboratorio y exámenes con real gratuidad, “sean o no asegurados”. Cabe señalar que en los cuatro meses que se viene vacunando a la población, se cuenta a la fecha con un 16 % de la población vacunada con dos dosis, siendo un gran desafío para el gobierno que inicia llegar a fin de año (cinco meses más) a su meta de tener al 70 % de la población vacunada (todos los mayores de edad) y lograr a protección comunitaria.

2.2. En materia de reactivación económica

- El presidente propone crear un millón de empleos de manera inmediata en un año implementando las siguientes medidas:

- Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal desde todas las regiones. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país.

- Transferir S/ 3000 millones a las municipalidades y gobiernos regionales para la aceleración de inversiones.

- S/ 1000 millones para rehabilitación de trochas carrozables a los centros poblados.

- S/ 700 millones para el programa Trabaja Perú de pequeñas obras municipales intensivas en empleo.

- Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de S/ 700 a cada familia vulnerable a nivel nacional, para mitigar los costos en educación y salud que la pandemia ha generado y el alza de precios que afecta la alimentación familiar.

2.3. En materia agropecuaria e industrialización

El presidente propone la modernización e industrialización del campo implementando las siguientes medidas en los tres niveles de gobierno:

- Plan Nacional de Industrialización y Mejora Productiva del Campo, con la participación de los gobiernos regionales y gobiernos locales, redireccionando fondos públicos para entregar equipos y tecnología de punta a los agricultores organizados.

- Plan Nacional de Repoblamiento Ganadero, que devolverá productividad a más de 1,7 millones de familias ganaderas en costa, sierra y selva.

- Priorizar los proyectos de irrigación, asimismo proyectos de siembra y cosecha de agua aprovechando la biodiversidad peruana para el desarrollo productivo agrario e industrial.

2.4. En materia de seguridad ciudadana y control

Con respecto a seguridad ciudadana uno de los problemas más sentidos por la población, el presidente indicó que si bien la Policía Nacional del Perú es el actor principal, no es suficiente, pues a pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo siguen campeando las pandillas, las bandas, los robos callejeros y las agresiones físicas. Manifestó que para los niveles regionales y locales correspondientes donde no exista personal policial suficiente se debe expandir el sistema de las rondas campesinas, en la forma de población organizada que presta seguridad a toda la población.

Estas rondas campesinas tendrán asignado un presupuesto para dotarlos de logística necesaria y tendrá objetivos de seguridad ciudadana y de f iscalización a las autoridades subnacionales en la ejecución de la inversión pública en sus comunidades, a manera de un órgano de control ciudadano anticorrupción.

2.5. En materia de protección social

En este marco se aprobará la política de desarrollo e inclusión social centrada en las personas y con una lógica de articulación y coordinación con otros sectores y los tres niveles de gobierno. Se fortalecerán los programas sociales y se buscará mejorar el sistema de focalización de hogares para atender a la población más vulnerable del país.

Los sistemas públicos y privados de pensiones, así como la atención de la salud de la población en ESSALUD y el MINSA, están en crisis y por ello manifestó que se deben priorizar políticas de “aseguramiento” al acceso y derecho pleno a la salud y pensiones. “Con este objetivo impulsaremos la consolidación de un solo sistema de prevención en salud unificando ESSALUD, el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos en un solo gran sistema que preste el servicio a todas los habitantes del país”.

Con respecto a la seguridad alimentaria, se implementará el programa Hambre y Desnutrición Cero, con salud y reactivación económica, promoviendo el consumo de productos sanos ecológicos. Para ello, el Gobierno impulsará los programas de compras estatales con productos regionales y locales, con el objetivo de combatir de forma inmediata el hambre en las zonas rurales y urbanas. Las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores populares serán reconocidas e integradas a ese programa.

2.6. En materia de vivienda

Se facilitará a la población el acceso al programa nacional Techo Propio y el Gobierno ampliará significativamente el número de beneficiarios. Para ello, se promoverá la formalización de predios rurales y urbanos a través de un trabajo conjunto con los gobiernos locales, se simplificará la normativa sobre titulación de predios y se firmarán convenios interinstitucionales para realizar el levantamiento catastral urbano en menos tiempo.

2.7. En materia de transportes y comunicaciones

En una real articulación con los gobiernos subnacionales, se fomentará como prioridad de la gestión la construcción y mejoramiento de caminos rurales, el mejoramiento del transporte público con sistemas integrados y nuevos corredores viales, que permita ahorrar horas de viaje y mejorar la calidad de vida de la población. En esta línea anunció el inicio de dos megaproyectos: Tren Inca, que comprenderá el trayecto de Cajamarca a Puno; y Tren Grau, de ámbito longitudinal por toda la costa Tumbes-Tacna, esto en la voluntad de integración de mercados locales.

Asimismo, se procederá a la digitalización de los tres niveles de gobierno, con el uso inmediato de la Red Dorsal: Red Nacional del Estado peruano REDNACE, en modo intranet, orientada a la integración de todas las entidades del Estado a nivel nacional, permitiendo una gestión eficiente.

III. GESTIÓN PÚBLICA HACIA EL 2026

Las actuales circunstancias del país reiteran la importancia del quehacer de la gestión descentralizada. Para ello es prioritario analizar las propuestas del Gobierno expresadas en su plan de gobierno y en el discurso de instalación, desde una perspectiva que atienda las diversidades de cada territorio, que incluya una gestión pública que respete las competencias otorgadas por Ley a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), responsabilidades que los dirijan a la entrega de servicios adecuados y eficientes en favor de su población, una adecuada gestión descentralizada que conlleve el desarrollo integral, equitativo y sostenible del país.

La gestión pública descentralizada es la gestión de las necesidades y recursos en un territorio, realidades y características departamentales, provinciales y distritales, cuyo diagnóstico inicia en las diferencias de oportunidades de desarrollo social y económico y su solución en la atención de los problemas públicos de la pluralidad de comunidades que habitan en el territorio, aprovechando sus propios potenciales.

La situación actual del país exige no solamente mejorar los servicios vitales como la salud y la educación, sino reactivar la economía, donde un esfuerzo conjunto de gestión descentralizada de la inversión pública debería generar y aprovechar las sinergias de las capacidades de los tres niveles de gobierno.

El Gobierno nacional debería propiciar y facilitar la programación multianual de inversiones para cerrar brechas a nivel local, regional y nacional. Reactivar los CONECTAMEF para que estos apoyen y faciliten la evaluación de proyectos desde el Gobierno nacional, así como la formulación y desarrollo de proyectos desde el nivel regional y local en materia de salud, educación, transportes, agricultura, vivienda y saneamiento.

A la vez, se debe propender la generación de capacidades para la ejecución de la inversión a través de asistencia técnica en la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, tanto como los procesos de adquisición y contrataciones relacionadas a estos.

Una tarea prioritaria para este nuevo Gobierno es centrarse en la descentralización, siendo esta más que un reto, una oportunidad de apoyo compartido de los gobiernos subnacionales, para fortalecer la labor del Gobierno nacional, para atender los principales servicios públicos que se necesitan con urgencia dentro del marco actual de crisis sanitaria, educativa, social, de seguridad y posiblemente alimentaria, así como apoyar en el sostenimiento de las mipymes, sector económico que ha sido muy afectado los últimos meses y que necesita un poco de oxígeno en sus economías.

Para ello, a continuación, se propone dos herramientas que permiten: i) facilitar la inversión pública y la transferencia tecnológica; y, ii) modernizar y desarrollar a las mipymes, ambas en el ámbito territorial descentralizado.

1. Facilitando las inversiones públicas subnacionales

La inversión pública se realiza mayormente mediante Proyectos de Inversión Pública (PIP). Existen también otras metodologías NO PIP por las que se puede canalizar el gasto de Gobierno, pero todo depende de las necesidades, dimensionamiento, tipo de intervención, para decidir entre unas u otras. En esta decisión también puede contar el atraso en los niveles de ejecución de inversiones.

El filtro de programación del INVIERTE.PE es su pieza fundamental, representada en el PMI (Plan Multianual de Inversión), ha devenido a ser el principal escollo para acelerar la inversión desde los gobiernos subnacionales. Dado que los PMI se tienen que programar un año antes, las autoridades nuevas (cerca de 1800 alcaldes y gobernadores que entraron en funciones en enero 2019) prefirieron dejar de lado el PMI de las autoridades salientes y hacer el suyo propio (era lógico, casi nadie quiere continuar lo que propuso el otro, es parte de nuestra idiosincrasia). A mediados del 2019 se fueron completando los PMI de muchas municipalidades, pudiéndose iniciar al fin el proceso de preinversión el segundo semestre (generar los proyectos y expedientes técnicos), para luego lanzar las licitaciones y contratar la ejecución de los mismos. Es claro, entonces, por qué la inversión del 2019 en manos de los gobiernos subnacionales fue muy baja; el 2020 se vislumbraba como el año para ejecutar dichas inversiones, pero la pandemia afectó enormemente este deseo. Hoy, en lo que va del 2021, la ejecución conjunta de los gobiernos regionales llega solo al 34,1 % y la de los municipios, a 35,8 %.

Pero no todo está perdido, existen otros caminos cortos disponibles para ejecutar proyectos a nivel subnacional en el periodo 2021-2026, los llamados NO PIP, de los que por su facilidad de uso e implementación debo destacar dos: i) los IOARRS; y, ii) los PROCOMPITE.

Mediante las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) todas las instituciones públicas, entre ellas los gobiernos subnacionales, pueden comprar equipos, maquinarias, pequeñas infraestructuras, entre otros, relacionados a PIP en ejecución o terminados, ampliando u optimizando la intervención, o inclusive equipos de necesidad estratégica (no sujetos a ningún PIP) que hayan cumplido su vida útil, de allí que su nombre incluya las palabras: optimización, ampliación, reposición y rehabilitación. La ejecución por medio de IOARR se puede realizar hasta en tres meses.

Por su parte, los PROCOMPITE, herramienta creada en el marco de la “Ley que establece Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva” (Ley N° 29337), son otra alternativa NO PIP para ejecutar inversión pública, en este caso destinados a inversión productiva en ámbitos donde la inversión privada sea escasa o nula. Esta herramienta es solo para uso exclusivo de los gobiernos subnacionales (regionales, provinciales y distritales), estando facultados a redirigir hasta un 10 % de sus recursos presupuestados para inversión en el presente ejercicio (vía acuerdo de consejo), hacia la implementación de un fondo concursable de planes de negocio, para el desarrollo de proyectos productivos por parte de la comunidad. Una implementación de este tipo, desde la idea hasta su llegada al campo, implica un mínimo de 5 meses.

Tal como vemos, estas herramientas son un muy buen vehículo para facilitar y acelerar la inversión, los pasos iniciales pasan solamente por la voluntad política de las autoridades institucionales: ministros, viceministros, directores y jefes en el caso del Gobierno nacional, y de gobernadores, alcaldes y sus respectivos consejos, en el caso de los gobiernos subnacionales, solo es cuestión de decisión, el marco legal ya existe.

2. Digitalizando para desarrollar las mipymes regionales

Las denominaciones Industria 4.0 y cuarta revolución industrial implican una nueva macroevolución a nivel global, donde las tecnologías de fabricación digital forman parte de toda o gran parte de la cadena productiva de las empresas productoras de bienes y servicios.

La actual Industria 3.0 es la que conocemos todos, fábricas que diseñan productos como respuesta a un estudio de mercado, para los que instalan líneas de producción que demandan una inversión inicial (por lo general elevada, lo que en economía se denomina “alta barrera de entrada”), para luego adquirir insumos e iniciar la producción, que logra competitividad a una mayor escala, lo que implica mantener un stock de estos bienes y su posterior distribución y venta. Todos nosotros, consumidores, estamos acostumbrados a esta práctica que existe desde f inales del siglo XIX y nos limitamos a adquirir lo que el mercado oferta, teniéndose muchas limitaciones hacia la personalización, pues esta es costosa dentro de la actual estructura.

En contraposición, la Industria 4.0, implica una línea de producción muy flexible, tan flexible que casi toda la producción podría ser personalizada y aun así no perdería competitividad. Esto solo es posible con la tecnología de fabricación digital que permite que la producción individual de productos también sea competitiva, siendo que el concepto de “economías de escala” empiece a rendirse ante el reinado del mercado que cada vez, con mayor tenacidad, busca productos personalizados. Básicamente, la fabricación digital se circunscribe a cinco equipos de producción: i) computadora con software de diseño 3D; ii) cortadora láser; iii) escáner 3D; iv) impresora 3D; y, v) ruteadora CNC. Con estos equipos, cualquier mipyme o personas, no importando su edad ni conocimientos previos, puede llevar a la realidad en minutos cualquier idea que tenga, es decir, ser flexible y producir el producto que demande su mercado de acuerdo a cada realidad territorial.

La Industria 4.0 no es ciencia ficción, ya es una realidad, basta con ver la gran cantidad de páginas web vinculadas a la llamada “cultura maker” o cultura de “hágalo usted mismo”, donde Pinterest, YouTube, Facebook e Instagram son ya una plataforma global donde las ideas son compartidas y pueden ser tomadas por cualquiera y reproducidas, de la misma forma como hoy tomamos una foto con nuestro celular, la imprimimos a color en la impresora de nuestra casa y la colocamos en un marco en nuestra sala en minutos. Recordemos que hace no más de quince años esto no era posible y aún Kodak, AGFA, Fuji, entre otras, se encargaban del proceso. Hoy las líneas fotográficas de estas empresas son historia, sucumbieron ante la cultura maker.

Desde hace más de diez años está presente en nuestro país la red de Fab Lab, un proyecto del MIT (Massachusetts Institute of Technology), que ha logrado colocar en el mundo más de 2000 Fab Lab y unos 20 en Perú, incluso a nivel regional. Un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital que tiene el objetivo de democratizar el acceso a las tecnologías de fabricación digital, y tanto lo ha logrado que hoy es posible comprar un kit de materiales y con el apoyo del Fab Lab construir en sus propias empresas una impresora 3D o un router CNC con sus propias manos. Es decir, se podría iniciar una nueva línea de producción o un nuevo emprendimiento, con un muy bajo costo, o con una muy baja barrera de entrada.

Reiteramos en este punto que no es necesaria una gran inversión para que una empresa o un emprendimiento haga su primera inmersión en la Industria 4.0, ejemplos hay muchos. La empresa textil que antes tomaba medidas a mano, hacia patrones a mano, marcaba la tela a mano para luego cortarla, también a mano, y con los pliegos habilitados, finalmente hacer la costura. Ahora las medidas se pueden realizar con un escáner 3D (mucho menos invasivo), para luego, con más de 200 medidas precisas, generar los diseños electrónicos y mostrarlos al cliente en pantalla de la computadora en minutos, quien será el “codiseñador” de todo el proceso, hasta lograr el producto final; solo luego de este proceso a unos pocos minutos de distancia, una máquina de corte láser termina por hacer los cortes precisos de los patrones digitales que pasarán a costura; el resultado: un producto único en menor tiempo y con una calidad de producción masiva. También está la empresa de metal mecánica y/o la de cuero y calzado que antes cortaban uno a uno el material de sus productos de “fabricación masiva”, con una estandarización de dudosa calidad y con muy baja competitividad. Al digitalizar el cortado con una cortadora láser han pasado ahora a tener productos realmente estandarizados y a un costo menor.

Lo mejor de todo es que esto sucede hoy en día en nuestras ciudades. Basta abrir los ojos y fijarnos más en el entorno. Justo en frente de las principales universidades (en varias regiones del país) están los típicos quioscos o librerías, que ahora ofrecen entre sus productos la impresión 3D, el corte láser y el ruteado CNC a precios accesibles a estudiantes. Muchos ya están en contacto con productos que han pasado por esta fabricación, algunos tienen en sus manos lapiceros grabados y personalizados a láser, o han sido invitados a un matrimonio donde la mesa de dulces contaba con bandejas talladas por un router CNC, o incluso chocolates con los nombres impresos de los novios, o quizá acaban de comprar el piso protector para la habitación de su hijo, o tienen una sortija con diseños innovadores, sin duda todo eso ya es parte de la denominada Industria 4.0, ya está con nosotros.

Debemos reflexionar sobre el rol del Estado en sus tres niveles de gobierno como promotor de las tecnologías de fabricación digital, dado que hoy por hoy, la oferta de estas solo se circunscribe al ámbito privado. El Ministerio de Producción debería ser el primero en tomar acción al respecto, dado que este nuevo hito en el desarrollo industrial marcará importantes cambios económicos y sociales en los próximos años, con cadenas de producción mucho mejor comunicadas entre sí y con los mercados volcados a la demanda. Si el país no inicia una promoción formal de estas tecnologías, pronto su competitividad se verá reducida, sucumbiendo ante las importaciones que las hayan integrado en su producción.

Se propone que el Estado, en su rol promotor, democratice estas tecnologías a través de: i) maquila que baje las barreras de entrada a nivel subnacional; ii) financiamiento flexible para la adquisición de este tipo de maquinaria (por ejemplo, a través de PROCOMPITE); y iii) soporte técnico y de gestión para lograr la sostenibilidad de la estrategia, pasos que detallamos a continuación:

1. El Estado, por ejemplo: desde la RED CITE del ITP de PRODUCE, los Tambos y PIAS del programa PAIS del MIDIS, podrían proveer las facilidades de maquilado (fabricación de los productos del emprendedor o mipyme), lo que reduce las barreras de entrada de nuevas mypes o emprendimientos al mercado. Eso sí, ese servicio de maquilado subsidiario debería restringirse a un tiempo adecuado (quizá un máximo de 1 año) para no propiciar la competencia desleal desde el Estado a otras empresas constituidas con inversión propia.

2. A la par de apoyar la producción de acuerdo al numeral anterior, estas plataformas podrían proveer asistencia técnica y acompañamiento para que las mypimes y/o emprendimientos puedan acceder a beneficios y/o financiamientos como PROCOMPITE (en manos de gobiernos regionales y municipales), Innovate Perú (CONCYTEC y PRODUCE), Agroideas del MINAGRI, entre otros, que con ciertas facilidades puedan facilitarles el acceso a bienes de capital (maquinarias, equipos, herramientas, insumos, pequeñas infraestructuras), que les permitan, en principio, formalizar su producción, y como segunda derivada, dar un salto hacia la mayor productividad y competitividad.

3. Finalmente, a través de otros programas de apoyo a la formalización de las mipymes, en manos de PRODUCE, del Ministerio de Trabajo, de la SUNAT, entre otros, proveer las facilidades técnicas de gestión que les permita conocer ampliamente sus costos (de producción y operación) y cómo estos impactan en su producción y qué parte de ellos pueden ser manejados. Asimismo, cómo dirigir saludablemente la gestión financiera y tributaria, que son el talón de Aquiles que termina por aniquilar una empresa poco preparada.

Los programas y plataformas del Estado ya existen, las normas que propician la inclusión de la innovación también, solamente falta voluntad y trabajo multisectorial y descentralizado.

IV. CONCLUSIÓN

Como hemos identificado en las manifestaciones del actual Gobierno, la nueva agenda de la gestión 2021-2026, desde el enfoque de descentralización, plantea varios retos referidos a: i) la movilización y emergencia nacional en salud; ii) la agricultura como prioridad nacional; iii) la educación como principal preocupación. Estas líneas de política articulan acciones a nivel descentralizado en materia de: salud, reactivación económica, agropecuaria e industrialización, seguridad ciudadana y control, protección social, vivienda, transportes y comunicaciones.

- Para desarrollar un modelo de gestión descentralizado se puede utilizar lo que dispone la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 49 del Título de Relaciones de Gobierno, en el cual establece que el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales mantienen relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades.

- Finalmente, el rol promotor del Estado en sus tres niveles de gobierno debe generar políticas de Estado sostenibles para: i) facilitar las inversiones públicas subnacionales; y para ii) modernizar y desarrollar las mipymes a nivel nacional. Ya existen las normas que permiten estas iniciativas, solamente falta voluntad y trabajo multisectorial y descentralizado; con ello lograremos situarnos en el camino hacia un real desarrollo sostenible en el presente quinquenio.

REFERENCIAS

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley N° 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.


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