I. CONTEXTO

La corrupción constituye un grave problema enquistado en nuestro país, sobre todo en la administración pública. Muestra de ello es la crisis evidenciada durante la pandemia, en la cual muchas autoridades, valiéndose de su cargo, realizaron un mal uso del poder para obtener beneficios indebidos, económicos o no, mediante ventajas directas o indirectas, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.

II. LA IDENTIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA

Evidentemente, cuando esta se extiende por el Estado no solo afecta a los destinatarios de los servicios públicos, esto es, a la población, sino también afecta a la gestión pública, reflejándose en el mal empleo de los recursos del Estado al incumplimiento de los objetivos de las políticas públicas (sumado muchas veces a su mal diseño), así como a la entidad en la cual se comete el hecho delictivo, perjudicándolo no solo a nivel presupuestario, sino también a una pérdida de legitimidad frente a la población.

Si bien el Estado está considerado como agraviado en los delitos de corrupción, es primordial que durante la investigación se identifique a la entidad pública directamente afectada con el comportamiento delictivo. Esta correcta identificación permitirá un mejor análisis de los impactos dentro del aparato estatal y permitirá orientar medidas de fortalecimiento para prevenir y contrarrestar este problema. En ese sentido, la Procuraduría Especializada en Delitos de corrupción, en el 2019, pudo identificar el número de casos acontecidos en distintas entidades de la administración pública:

III. MEDIDAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

Como se puede apreciar, el mayor número de casos se concentra en los gobiernos locales y regionales. Sin duda, el identificar los actos de corrupción por entidades permitirá analizar estrategias adecuadas para fases preventivas de la corrupción, permitiendo implementar medidas tales como:

a. Gestión de riesgos: permite identificar los procesos o prácticas vulnerables a los actos de corrupción, siendo una herramienta destinada a la mejora continua de las entidades públicas, identificando puntos específicos en los distintos procesos administrativos en donde pueden ocurrir actos de corrupción con la finalidad de evitarlos.

b. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas: de conformidad con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, esta medida constituye una herramienta de prevención, mediante la integración de tres componentes: a) una página web (transparencia activa); b) procesos claros para brindar la información requerida (transparencia pasiva); y, c) criterios claros respecto a la clasificación de información secreta, confidencial y reservada.

c. Canal de denuncias: el cual permitirá a los servidores o afectados reportar la denuncia de una práctica cuestionable, pudiendo esta ser anónima, ya que debe de garantizar la protección al denunciante.

d. Oficinas de integridad pública: estas oficinas, que constituyen un modelo en construcción, permitirán apoyar en la identificación de riesgos, proponer acciones de integridad, dirigir la estrategia institucional y coordinar con los órganos de control interno. Sin duda, este modelo, que será obligatorio para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los gobiernos regionales y locales y los organismos a los que la Constitución confiere autonomía, requerirá un esfuerzo de la alta dirección a fin de lograr los objetivos mencionados.