I. INTRODUCCIÓN

La pandemia por la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía mundial y, como secuela, en la del Perú, habiendo puesto en evidencia que nuestros sistemas de respuesta no estaban preparados para enfrentar los efectos desfavorables en la salud y economía de los ciudadanos.

Ante ello, el Estado tuvo que responder adoptando diversas medidas, y si bien en el Perú la política gubernamental sanitaria, económica y social está dirigida por el Poder Ejecutivo, es de indicar que las municipalidades tuvieron un rol determinante en respuesta a la pandemia y hasta la fecha vienen efectuado “acciones claves y directas”, a favor de la población, desde una política descentralizada.

II. ROLES DE LAS MUNICIPALIDADES DURANTE LA COVID-19

Durante la pandemia, los gobiernos locales, además de continuar prestando los servicios públicos esenciales de serenazgo, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines, actividades de coordinación y apoyo vinculadas a la salud, entre otros, cumplió un rol importante de control y fiscalización del cumplimiento de las medidas dispuestas dentro de su jurisdicción, como continuar promoviendo y vigilando las prácticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria, el control de aforos, la vigilancia de actividades deportivas al aire libre y uso de playas, así como la promoción de uso de espacios públicos, acondicionándolos a fin de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y mental de las personas, asegurar el respeto a las reglas de distanciamiento y priorizar el desplazamiento peatonal y no motorizado.

Asimismo, los gobiernos locales debieron demostrar que, a pesar de estas medidas necesarias para cautelar la salud pública, estaban a la altura de llevar a cabo sus respectivas campañas tributarias; realizar las actividades regulares administrativas y de gestión, priorizando el trabajo remoto; continuar con la gestión de inversiones; desarrollar programas y buenas prácticas que coadyuven en la mejora de las condiciones de la salud física y mental de los ciudadanos; tomar pruebas de descarte; entre otros. Sin embargo, además de todas las medidas mencionadas, hoy en día se debe desarrollar y promover las prácticas y acciones orientadas a la “reactivación económica”.

Durante el año 2020, a pesar de las dificultades propias de la pandemia, las municipalidades debieron desplegar sus mejores esfuerzos de gestión, capacidad logística, recursos humanos y operativos, y principalmente, de un trabajo articulado con los dirigentes de la comunidad, de las fuerzas del orden, y de la misma población, para la entrega de canastas básicas familiares a favor de la población vulnerable. Para tal fin, para la identificación de los beneficiarios de las canastas, las municipalidades podían emplear los padrones de asistencia social con los que cuentan y se debía publicar en su portal institucional o, en su defecto, en lugar visible, la lista de beneficiarios.

Otro rol importante durante la pandemia fue la promoción y apoyo logístico en las jornadas de vacunación contra la COVID-19. Al respecto, en muchos distritos la participación de las municipalidades en las “vacunatones” ha sido crucial, al poner a disposición espacios, personal y logística para hacer posible esta cruzada. Así, a noviembre de 2021, en el Perú más de 16 millones 500 mil personas se han vacunado contra la COVID-19, de las cuales más de 3 millones 500 mil han recibido solo la primera dosis y más de 37 millones de dosis aplicadas en total, existiendo aún una demanda pendiente para continuar y ampliar el proceso de vacunación en todo el país (La República, 2021). A raíz de ello, las municipalidades son las llamadas a desplegar sus mejores esfuerzos para reforzar las medidas de prevención en el ámbito de sus competencias y de cooperar con el Ministerio de Salud para que se realicen campañas masivas de vacunación contra la COVID-19 en tiempo récord.

Por otro lado, en el contexto de pandemia y de la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional, se hizo imperiosa la necesidad de implementar medidas de bioseguridad y control tendientes a disminuir y evitar nuevos contagios y diseminación de la COVID-19 a nivel jurisdiccional. Los gobiernos locales están a cargo de esta labor, debiendo realizar la limpieza y desinfección de las calles y espacios públicos, priorizando las zonas de mayor afluencia, como los alrededores de centros de salud, mercados de abastos, tiendas, centros comerciales, centros de distribución de alimentos, paraderos y principales calles y avenidas, entre otros. Es así que las municipali dades desarrollaron planes de emergencia de limpieza pública contra la COVID-19, estableciendo medidas de vigilancia, prevención, control y protección sanitarias, aplicándose mecanismos de control y fiscalización, garantizando un servicio de atención con higiene, inocuidad, prevención de riesgos y protección de la vida humana y de la salud pública en general.

Además, los gobiernos locales desplegaron sus fuerzas de seguridad ciudadana a través del serenazgo, como apoyo de la Policía Nacional, para el cumplimiento de las medidas dictadas por el Gobierno, además de la labor preventiva y disuasiva de actos delictivos.

Por otro lado, si bien antes de la pandemia se realizaban campañas tributarias para estimular el pago de tributos, durante la misma las municipalidades tuvieron que doblegar esfuerzos y volverse creativas para acercarse al vecino a través de medios digitales y call centers, a efectos de facilitar el pago de arbitrios y demás impuestos, que vinieron acompañados de facilidades de pago, exoneraciones o fraccionamientos. Al respecto, se debe tener presente que los arbitrios e impuestos constituyen los principales ingresos de las municipalidades, además de estar asociados al pago por la prestación de servicios públicos que brindan a sus contribuyentes.

En ese escenario, la baja recaudación de arbitrios durante la pandemia ha tenido un impacto en el presupuesto municipal, ya que reduce los recursos para cubrir sus gastos y puede afectar la línea de productividad de servicios locales que brinda. Así, por ejemplo, durante los meses de marzo y abril de 2020, que fueron los más difíciles por la cuarentena obligatoria y la paralización de las actividades económicas, se dieron casos que la continuidad del recojo de residuos sólidos estuvo en riesgo por la baja recaudación tributaria a nivel nacional, advirtió la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

Frente a ello, la solución más viable por parte de las municipalidades fue conceder a sus contribuyentes beneficios tributarios para pagar sus obligaciones municipales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, habiéndose implementado programas de incentivos tributarios para el pago de tributos en sus jurisdicciones, como condonación de intereses moratorios y multas, descuentos en la tasa y facilidades de fraccionamiento.

Las municipalidades desplegaron también acciones respecto al control del transporte y movilidad como, por ejemplo, se supervisaba el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas sanitarias o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional. Asimismo, las municipalidades han venido promoviendo el transporte de vehículos no motorizados y se han creado diversas ciclovías, siendo las bicicletas una alternativa de transporte ecoamigable y que sirvió para que la ciudadanía evite el transporte público, el cual constituía un riesgo potencial de contagio del virus.

Una de las causas del aumento de muertes por COVID-19 en el Perú fue la escasez de oxígeno medicinal para el tratamiento de los pacientes. Esta falta de oxígeno, sumada a la saturación de pacientes en los hospitales, generaba largas colas, donde las personas desesperadas buscaban una recarga para un familiar enfermo con la COVID-19. Dada la problemática de la provisión del oxígeno medicinal, cuyo consumo se elevó considerablemente, diversos gobiernos locales, a efectos de reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria en su jurisdicción, gestionaron la adquisición de plantas de oxígeno medicinal y su respectivo compresor de oxígeno, dentro del marco de la emergencia sanitaria por la expansión de la COVID-19.

Todas estas acciones fueron claves para palear el embate de la pandemia y tuvieron resultados alentadores para los vecinos y ciudadanos; sin embargo, en el escenario actual, los gobiernos locales deben apuntar a desplegar estrategias enfocadas propiamente a la reactivación económica, como el fomento de los negocios y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

III. BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Los gobiernos locales, considerando su cercanía al ciudadano, adoptaron diversas iniciativas orientadas, principalmente, a controlar el proceso de contagio de la COVID-19, gestionar elementos esenciales de la vida de sus comunidades, como los mercados y el transporte público, garantizar la provisión de productos y servicios esenciales para la comunidad, apoyar a las familias vulnerables y afectadas por la cuarentena, transparentar el uso de los recursos públicos en la gestión de la emergencia, entre otros (PCM, 2021, p. 2).

Así, por ejemplo, en Áncash la Municipalidad Provincial de Casma convirtió su Centro de Operaciones de Emergencia Local en un Comando de Operaciones de Emergencia (COE) COVID-19, a fin de desarrollar un sistema de información que permitiese tomar decisiones a partir de datos reales y de manera articulada con los principales actores públicos y privados involucrados en la gestión de la emergencia, como el hospital de apoyo San Ignacio de Casma, las juntas vecinales, la Beneficencia Pública de Casma y la Policía. Para ello, a través del COE COVID-19 de Casma se desplegaron “monitores comunitarios”, así como servicios de telesalud, a fin de que la comunidad reciba recomendaciones y que se pudiesen supervisar en tiempo real el comportamiento de los contagiados o sospechosos de contagio con la COVID-19.

En Apurímac, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo promovió, en coordinación con los productores de la localidad, un “mercado móvil” que circulaba y ofrecía la oferta de los productores de las comunidades para abastecer a la zona urbana, y una “feria móvil” destinada a la zona rural del distrito, ambos respetando los protocolos de bioseguridad necesarios, evitando así aglomeraciones y el riesgo de contagio.

En Pasco, la Municipalidad Distrital de Yanacancha desarrolló una estrategia dentro de los mercados consistente en –complementariamente a las medidas de desinfección y control previas al ingreso– instalar cortinas plásticas protectoras en todos los puestos de ventas de los comerciantes. Esta medida de bajo costo y fácil adaptación permitió aislar y separar a los comerciantes y su mercadería de los clientes para que estos no puedan manipular los productos y para limitar la interacción entre vendedores y compradores.

Por su parte, en la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima obtuvo el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 y recibió una distinción en la categoría Seguridad ciudadana, con el programa Lima Metropolitana Interconectada, el cual es el resultado del proceso de implementación, planificación y operatividad del Centro de Integración de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana (CIC-SC), que agiliza la atención de emergencias e incidencias en los 43 distritos de la capital peruana (Andina, 2021).

La misma comuna limeña instaló en la Plaza de Acho un albergue temporal, denominado La Casa para Todos, para brindar un techo permanente a las personas en situación de calle durante la cuarentena, especialmente para las personas adultas mayores, población que era más vulnerable ante el virus. Este proyecto, al tener una importante acogida y demanda, se tuvo que expandir y se readaptaron tres albergues adicionales durante toda la cuarentena: Casa de Paso, destinado exclusivamente para hombres solos; Hogar de Paso Sur, destinado a hospedar a parejas y familias conformadas por padre, madre e hijos; y la Casa de la Mujer, para mujeres madres con hijos, embarazadas y víctimas de violencia doméstica.

Por otro lado, según la Guía provisional de limpieza y desinfección de superficies ambientales en el contexto de la COVID-19, publicada por

la Organización Mundial de la Salud, “(…) rociar desinfectantes, incluso en espacios abiertos, puede ser perjudicial para la salud humana”. En ese sentido, el problema a resolver era cómo asegurar la limpieza y desinfección de los espacios públicos con productos inocuos para la salud de la población y para el medio ambiente. En respuesta, la Municipalidad de San Isidro implementó la utilización de equipos VAP TOTAL 2020 (desinfección con vapor de agua) y JAQUES UCV 2020 (desinfección con rayos UVC y ozono), ambas innovaciones peruanas tienen el beneficio de ser efectivas en la desinfección de espacios a la vez que son ecoamigables, es decir, no son nocivas a la salud humana ni al medio ambiente, a diferencia de otros sistemas tradicionales de limpieza. Cabe precisar que esta actividad se logró realizar en las calles del distrito, sobre todo en el mobiliario urbano, a través de equipos, con una sustancia no tóxica para los ciudadanos ni para las mascotas.

IV. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Una vez hecho un recuento de los roles desempeñados por las municipalidades durante la pandemia, identificando las buenas prácticas de gestión municipal, vemos necesario plantear algunas oportunidades de mejora que fortifiquen su labor, en un enfoque de mejora continua de la gestión.

Así, por ejemplo, dentro de la problemática detectada en el país para la entrega de bienes de primera necesidad durante la pandemia se advirtió que las municipalidades encontraron

limitaciones para elaborar los padrones por falta de bases confiables de la población vulnerable. En respuesta a ello, lo que corresponde es desarrollar mecanismos de estímulo o fortalecimiento de los gobiernos locales –que en la práctica son, a través de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), el principal brazo operativo del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), ya que identifican, atienden e informan a los solicitantes del sistema y reciben e impulsan a nivel local el recojo de información necesario para realizar el cálculo de la clasificación socioeconómica– y con ello definir a los beneficiarios de programas de ayuda económica. Una propuesta de mejora sería impulsar el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) y proponer una meta dirigida a la mejora de la gestión de empadronamiento a cargo de las ULE de las municipalidades, para la clase de municipalidades que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) identifique como las que deben mejorar sus niveles y calidad de empadronamiento.

Así también, las municipalidades, de acuerdo con sus políticas institucionales de provisión de servicios de la mejor calidad a sus ciudadanos y contribuyentes, deben emprender el compromiso de alinear sus esfuerzos hacia los desafíos del gobierno digital que se requiere dentro de los nuevos paradigmas de innovación y transformación digital centrados en el ciudadano, y que hoy son tendencia con ocasión de la pandemia. Para ello, las municipalidades tienen el reto de adecuarse a las nuevas necesidades que deja la pandemia de la COVID-19 e invertir en proyectos tecnológicos modernos tanto para el despliegue de las actividades internas de sus recursos humanos como los dirigidos a satisfacer las necesidades del vecino, como los trámites y procedimientos administrativos en línea, participación vecinal, recaudación tributaria, y otras distintas muestras de interacción de la municipalidad con el ciudadano. Asimismo, las iniciativas de proyectos tecnológicos en las municipalidades deben enfocarse en optimizar los servicios locales que brindan de cara al vecino, como salud, seguridad ciudadana, limpieza pública, autorizaciones y control urbano, desarrollo urbano, seguridad vial, cultura, fiscalización, entre otros.

Los municipios deben invertir en el diseño de proyectos tecnológicos, en el marco del gobierno digital, para el despliegue de trámites y procedimientos administrativos online, entre otras interacciones con los usuarios, acorde a las nuevas necesidades que deja la pandemia, para cumplir con las peticiones administrativas.

Por otro lado, en materia de movilidad urbana, hemos visto el éxito que están teniendo las ciclovías, como alternativa acertada para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19 al evitar el uso del transporte público, pero además como buena práctica ecoamigable que favorece la descongestión del tránsito, y ayuda a la salud de las personas y el medio ambiente. Para que esto se dé en el Perú es necesario, en principio, que el Gobierno central defina una política general de movilidad urbana y establezca una regulación específica, con estándares de calidad de las ciclovías, límites de velocidad de las bicicletas, espacios permitidos y señaléticas, fiscalización y control, siendo los gobiernos locales los llamados a ser los pioneros y quienes estén a cargo de esta reforma, como hemos visto avances en la capital y provincia. Asimismo, se deben impulsar convenios o mecanismos de cooperación entre municipalidades colindantes para desarrollar redes interconectadas a nivel local y así ir ampliando las ciclovías, que muchas veces se ven interrumpidas porque algunos distritos no participan en tales proyectos.

De lo visto hasta ahora, creemos que también hacen falta incentivos para que los gobiernos locales y sus colaboradores mejoren su desem peño y se vuelvan cada vez más creativos y empeñosos para desarrollar estrategias y buenas prácticas de gestión municipal, especialmente en estos tiempos de pandemia que ha revelado ciertas falencias y debilidades en los sistemas de atención de emergencias, y donde las municipalidades han tenido y tienen hasta ahora desafíos importantes y brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos aún por cubrir. Si bien existe hoy en día en Perú el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública que organiza la ONG Ciudadanos al Día - CAD, este certamen abarca todas las entidades de la administración pública, por lo que creemos que se debe estimular concursos focalizados en gobiernos locales para generar una “sana competencia” y se presenten propuesta de proyectos de desarrollo local en beneficio de los ciudadanos.

V. APOYO EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo con el artículo VI de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Sobre la base de este encargo, los gobiernos locales son los llamados a trabajar en la reactivación económica que demanda la población, para superar los efectos adversos que deja la pandemia en la economía. Así, el camino para una reactivación económica sólida es aumentar la inversión privada para que se eleve el empleo, los ingresos y el consumo, siendo necesaria la participación de los gobiernos locales para su promoción.

En dicho contexto, los gobiernos locales deben redoblar sus esfuerzos y brindar un acompañamiento y asistencia técnica al empresariado para impulsar las actividades económicas en sus jurisdicciones, como se hizo en años anteriores, cuando existía dentro de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) el desarrollo de los negocios, en donde se medían los resultados y tiempo de atención para entrega de licencias de funcionamiento y permisos de actividades comerciales.

Asimismo, la reactivación económica depende mucho de la ejecución de proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos locales, ya que aumenta la capacidad de brindar servicios de calidad, genera empleo, promueve un desarrollo sostenible del país, entre otros beneficios. De acuerdo con el Portal de Transparencia Económica, a nivel de gobiernos locales, en el año 2019 se tuvo una ejecución del gasto de 59,5 % en proyectos de inversión pública, el 2020 se redujo a 51,7 % y en lo que va del 2021 (al 25 de noviembre) se tiene un avance de 50,8 %. Esta reducción puede obedecer a los efectos de la pandemia que interrumpieron la cadena de producción y el consumo, como las paralizaciones de obra y, en general, todo lo relacionado con sobrecostos acontecidos. Por lo tanto, los gobiernos locales deben ayudar a revertir esta situación a través de la optimización de sus procesos de contratación pública, destrabar cualquier tipo de carga administrativa para los inversionistas, generar predictibilidad y simplificar sus trámites, logrando así mejores resultados en la reactivación económica.

Además, durante la pandemia, las municipalidades tuvieron que enfocar sus inversiones y gasto corriente en implementar espacios dedicados a contener la COVID-19, como vacunatorios, mercados itinerantes, plantas de oxígeno, entre otros; sin embargo, hoy en día, la pandemia está cediendo y los gobiernos locales deberían adoptar un rumbo hacia la reactivación económica. Por lo tanto, otra contribución importante es la apertura de espacios ligados a actividades recreativas, deportivas o culturales, con protocolos de acción para un retorno responsable, pero sin retroceder en lo avanzado en materia de salud, es decir, a través de una transición sin bajar la guardia en prevención de infecciones respiratorias agudas como la COVID-19, y conservando estos espacios de cuidados de salud, como centros médicos y de rehabilitación, además de seguir contando con personal de la salud especializado, sobre todo continuando con el control epidemiológico que corresponda.

Otro punto importante son las actividades de fiscalización por parte de las municipalidades, las que ayudarán a que la población advierta un adecuado “control” en el desarrollo económico en el distrito, beneficiando así la asistencia de público, al evidenciarse el cumplimiento y supervisión de protocolos COVID-19. Se considera que las actividades de fiscalización en este periodo pospandemia deberían ser de tipo persuasivo antes que punitivo, desarrollando estrategias informativas y de coordinación con los empresarios o comerciantes, ya que de por sí la situación económica de los mismos se ha visto afectada por la pandemia y no sería recomendable que la potestad sancionadora de las municipalidades sea vista con fines recaudatorios, más que correctivos o disuasivos.

Por último, se opina que las municipalidades no deben retroceder en el aprendizaje obtenido luego de afrontada la pandemia y, además, deben fomentar la reactivación económica, la misma que debe ir acompañada de medidas de control y fiscalización para un retorno responsable a las actividades cotidianas de la ciudadanía.

VI. CONCLUSIONES

- La propagación de la COVID-19 obligó al Estado peruano a adoptar una serie de medidas para intentar contener su expansión, involucrando decisiones radicales con un impacto significativo en la economía de los hogares peruanos, como el cese de actividades comerciales, la inmovilización social obligatoria, respecto a lo cual las municipalidades tuvieron un rol importante para no interrumpir la prestación de servicios locales necesarios a favor de la población confinada.

- Asimismo, la municipalidades tuvieron un importante papel en adoptar acciones que permitieran resolver la crisis social y económica de la población a través de la provisión de ayuda económica, canastas básicas familiares, brindar espacios para los vacunatorios, contribuir con la difusión y sensibilización a los vecinos del uso de espacios públicos, adoptar medidas de seguridad en establecimientos comerciales y mercados, prestar los servicios de limpieza y desinfección de espacios públicos, mantenimiento de áreas verdes y de infraestructura, seguridad ciudadana, operaciones de fiscalización, entre otras estrategias públicas para no interrumpir la continuidad de los servicios locales.

- Se destacan determinadas buenas prácticas en gestión municipal para atender de manera eficiente la problemática ocasionada por la COVID-19 y reducir en la mayor medida los inconvenientes con los vecinos como, por ejemplo, lo relacionado a programas de seguridad ciudadana, mercados itinerantes, movilidad y espacios públicos sostenibles, limpieza y desinfección de superficies, implementación de ciclovías, entre otros.

- Los gobiernos locales, como responsables de promover el desarrollo económico local, son pieza clave en la reactivación económica del país, por lo que deben enfocar sus esfuerzos a brindar las facilidades necesarias para la inversión privada y el desarrollo de los proyectos de inversión pública, que aumentan el empleo, los ingresos y el consumo, sin descuidar lo aprendido en materia de servicios de salud.

VII. RECOMENDACIONES

- Las municipalidades deben ver como una oportunidad de mejora las actuales circunstancias que deja la pandemia de la COVID-19 y realizar una evaluación ex post de sus intervenciones, rescatando lo mejor e impulsando reformas en los distintos ámbitos de intervención, según las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de gestión municipal, con la finalidad de salir institucionalmente más fortalecidas y lograr satisfacer las necesidades y expectativas de los vecinos, gestionar de modo más eficiente los recursos públicos para brindar los servicios locales, mejorar el rendimiento de sus recursos humanos e impulsar una mejora continua de sus procesos.

- Además, se pueden adoptar buenas prácticas en materia de entrega de ayuda económica, en la gestión del empadronamiento a cargo de las unidades locales de empadronamiento, implementación del gobierno digital, desarrollar estrategias coordinadas y articuladas entre municipalidades y con otros actores públicos y privados, para generar valor en los servicios de salud, seguridad ciudadana, limpieza pública, entre otros.

- Las municipalidades deben apostar por la interoperabilidad y dar estabilidad a la colaboración interinstitucional para enfrentar la pandemia y hacerlo una práctica constante, concediendo facilidades para el acceso, intercambio e integración de información.

- Considerando el éxito de las ciclovías durante la pandemia, resulta oportuno que el Gobierno central, con el apoyo de los gobiernos locales, impulse una reforma y defina una regulación de movilidad urbana ecoamigable, con vías integradas, bajo estándares técnicos óptimos, que se vayan desplegando a nivel nacional y se adopten modelos exitosos de otros países.

- En materia de fiscalización, las municipalidades deben impulsar un enforcement de tipo persuasivo antes que punitivo, y desarrollar estrategias informativas y de coordinación con los empresarios o comerciantes, a efectos de que la fiscalización tenga un fin correctivo o disuasivo y no un objetivo ligado a la recaudación.

- Las municipalidades deben continuar con las actividades de fiscalización de las actividades económicas, las que ayudarán a que la población advierta un adecuado “control” en el desarrollo económico en el distrito, beneficiando así la asistencia de público al evidenciarse el cumplimiento y supervisión de protocolos COVID-19.

REFERENCIAS

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