El reconocido y fallecido historiador Alfonso Quiroz, en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, define la corrupción como “(…) el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones” (Quiroz, 2013) y presenta un país afectado por la corrupción.

Es sabido que la corrupción que existe en la gestión pública no es de los últimos años y menos aún se viene extinguiendo, pero ¿qué hacemos contra ello?; ¿los funcionarios y servidores públicos están preparados para enfrentar los actos de corrupción?; ¿dónde está la ética pública?; ¿dónde están los valores?

Una de las desviaciones principales, en definitiva, está en la ética pública, la misma que si bien se encuentra en la letra, es decir, redactada en las normas que aprueban la ética pública y en su reglamentación, existen serias dudas de si los funcionarios públicos la conocen: ¿la han la internalizado?; ¿la practican?; ¿se cumple?; ¿se verifica permanentemente su cumplimiento?

En muchos casos se atribuye toda la responsabilidad a los funcionarios públicos, que si bien muchos de ellos la tienen, no es menos cierto que los encargados de dirigir las entidades del Estado deben tener claros los objetivos nacionales e institucionales, basados en estos valores que comentamos y deben tomar las medidas para transmitirla a todos los funcionarios de la entidad. En ese sentido, si reflexionamos sobre lo que sabemos de cómo vamos a participar en la labor pública sin saber siquiera cuál es la misión ni la visión institucional, entonces, si no sabemos o no tenemos claro esto… ¿cómo podemos mejorar una institución?

Por otro lado, para evitar actos de corrupción de servidores públicos, funcionarios y autoridades debemos tener valores y principios éticos que nos permitan tener claro que solo somos personas que están encargadas de recursos públicos del Estado y que, más aún, los cargos son temporales. Debe existir en todo momento información clara, transparente y pública, las normas institucionales como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el Código de Ética de la Función Pública, su Reglamento y las normas de control no deben ser letra muerta. Asimismo, es necesaria la existencia de un control social que esté en todo momento atento a los actos de posibles desviaciones que pudieran afectar la transparencia de la gestión pública y que en los últimos años ha dado reveladores resultados de actos de corrupción.

Consideramos de vital importancia, de conformidad a lo comentado en el párrafo precedente, que las autoridades al momento de seleccionar a sus funcionarios de confianza lo hagan valorando su experiencia profesional y personal, siendo estrictos en ambas evaluaciones, desterrando las evaluaciones subjetivas. Los funcionarios o servidores seleccionados deben tener experiencia profesional y valores para los encargos de función a los que estarían sometidos.

Está claro que debemos hacer un alto y evaluar si estamos por el camino correcto, es necesario destacar que en el Gobierno central estamos a pocos meses de un cambio y en los gobiernos locales y regionales en camino próximo. Por tanto, es importante que las autoridades sepan cuál es la misión y visión de la entidad que lideran y, asimismo, ¿sus funcionarios lo saben?; ¿todos tienen claro el Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento?; ¿tienen el Código de Ética de la institución?; ¿lo saben?; ¿lo aplican?

Es hora de hacer un alto y reflexionar para evaluar lo mencionado, estamos a tiempo, si no siempre seguiremos viendo actos de corrupción y no haremos nada.