I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo expone una crítica sobre la reforma procesal penal en nuestro país (en adelante, la reforma) y se anima a brindar algunas propuestas para interiorizar la esencia del modelo acusatorio en el quehacer de los operadores del sistema de justicia penal.

La aplicación del Código Procesal Penal de 2004 (en adelante, CPP) en diferentes regiones del territorio nacional –cada una con sus diversos matices– debe servir como inevitable referente en su último y decisivo tramo de implementación (Distrito Judicial de Lima), lo cual significa un enorme reto para las autoridades del Poder Judicial (en adelante, PJ), Ministerio Público (en adelante, MP), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, MINJUSDH) y Ministerio del Interior (en adelante, Mininter), dado que la capital acusa serios problemas de recurrencia y variedad delictiva, a los cuales cabe añadir otros como inadecuado perfil y deficiente capacitación de algunos operadores, así como una insuficiente capacidad logística de tales instituciones.

Para consolidar exitosamente la reforma, en su última fase debemos definir claramente el modelo procesal penal asumido en el CPP, el cual debe servir de fundamento para la asunción de correctas políticas institucionales que recalen en adecuadas prácticas entre los operadores, así como la interpretación de las normas procesales con base en los principios de evidente contenido constitucional contemplados en su Título Preliminar (en adelante, TP).

De otro lado, pese a las bondades que nos ha traído la “reforma” –en comparación con aquella lamentable realidad que la precedía–, entre las que podemos destacar la transparencia (cimentada en la oralidad) y el contradictorio, aún subsisten serios problemas que acusa la justicia penal y que, como no podía ser de otra manera, padecen los justiciables, principalmente el imputado y la víctima. El primigenio entusiasmo de la reforma –traducido en el cumplimiento de los plazos procesales– se transformó en desánimo y malestar en los usuarios a raíz de la cada vez menor celeridad que se generó por el incremento de la carga procesal y la inadecuada gestión de los casos en sede fiscal y judicial, sin perjuicio de que se presenta escasa proclividad al uso de salidas alternativas, sobre todo la terminación anticipada; todo lo cual genera malestar y poca confiabilidad del ciudadano hacia las instituciones medulares en la aplicación del CPP.

Este álgido panorama merece, a mi modesto entender, un replanteamiento de la función que despliegan en la actualidad los diferentes operadores inmersos en el sistema, con miras a imprimir mayor dinamismo y garantía –sin perder eficiencia en su desenvolvimiento– a sus distintas actuaciones; así como correspondería incorporar algunas instituciones y reajustar otras que se encuentran regladas, a través de una modificación de lege ferenda.

II. LA REFORMA ADOPTA EL MODELO ACUSATORIO Y PROPONE ESTABLECER UN CAMBIO TRASCENDENTE DE LA JUSTICIA PENAL

No debería quedar duda de que la reforma viene aparejada con la asunción del modelo acusatorio. Esta apuesta es trascendente porque reafirma la posición de un Estado constitucional de Derecho de abandonar los efectos perversos de un modelo inquisitivo que se encontraba instalado –o se encuentra en no pocos casos– en la concepción cultural y funcionarial de la inmensa mayoría de los agentes del sistema penal peruano.

Está claro que no es un modelo acusatorio puro, tampoco el adversarial system anglosajón. Bien podría afirmarse que, en cuanto al modelo asumido, el CPP –como ocurre con el resto de países latinoamericanos– ha sido fuertemente influenciado por los códigos alemán, italiano y portugués, los dos últimos tras la reforma producida el año 1989, la cual fue receptiva de importantes instituciones procesales británicas y norteamericanas. Sin perjuicio de considerar que, en la Europa continental, se ha suscitado un progresivo proceso de convergencia entre las tradiciones del civil law y del common law.

Lo anotado precedentemente determina que el CPP, enmarcado en la reforma latinoamericana, se afilió –guardando algunas peculiaridades, claro está, que será necesario abordar– a un especial modelo acusatorio de influencia europea continental, especialmente alemana, la que a su vez ha recibido importantes contribuciones del Derecho inglés. Para el profesor Duce (2016):

A este sistema lo podríamos llamar, más correctamente, como “sistema acusatorio moderno”. Sus características centrales estarían constituidas por la existencia de un juicio oral, público y contradictorio como etapa central del procedimiento; la separación de funciones jurisdiccionales y persecutorias y, consiguientemente, la diferenciación de roles entre jueces y fiscales (en este modelo la dirección de la investigación no es jurisdiccional y, por tanto, se entrega a los fiscales); y el reconocimiento de los derechos básicos del debido proceso a favor de los imputados. (p. 40)

En esta línea argumentativa, si bien estamos en condiciones de descartar la denominada “americanización” de la reforma; no es menos cierto que deberíamos contagiarnos de algunas prácticas de la justicia adversarial, que asume la conducción de los procesos con mayor dinamismo y pragmatismo, lo cual ayudaría a descongestionar la ingente carga procesal que nos agobia; sin descuidar, claro está, la necesaria rigurosidad en la definición de los conflictos penales, evitando caer en la excesiva criminalización y en la impunidad. Es importante resaltar, entre otros aspectos del modelo norteamericano, el reducido número de audiencias en fase preliminar, la cobertura que se le otorga a la defensa en la obtención de fuentes de prueba de descargo, la amplia negociación auspiciada por la fiscalía para finiquitar el proceso (entre las que destaca el plea bargaining) y la centralidad del juicio. Cabe destacar que, en el ámbito de las garantías, opera el no double jeopardy, es decir la prohibición de enjuiciar a un acusado dos veces por un delito respecto del cual ya fue juzgado.

Reafirmar categóricamente la afiliación de la “reforma” al sistema procesal acusatorio es de suyo importante por lo siguiente: a) involucra a todos los operadores en la tarea común de desterrar las nocivas prácticas inquisitivas, que se imponían en la realidad precedente a la implementación del CPP, especialmente la búsqueda de la “verdad” en la autoincriminación del inculpado que se obtenía a través de sendos interrogatorios de corte inquisitorial provenientes de la policía, fiscalía y del propio juzgador, quien poseía amplia iniciativa probatoria; b) sin perder eficacia en la persecución, el nuevo modelo tiene una vocación garantista, es decir enfatiza el respeto a las garantías constitucionales y legales que favorecen al imputado; c) se revalora a la víctima dentro del proceso penal y le confiere derechos en cuanto a su desenvolvimiento; d) le otorga primacía al juicio oral como etapa estelar del proceso penal, en tanto se presente controversia; de lo contrario, se otorga un importante abanico de salidas alternativas basadas en la idea de consenso; y e) también introduce un régimen de audiencias que fomenta una comunicación más ágil de los discursos de las partes y las declaraciones de los órganos de prueba por medio de la oralidad que facilita el desenvolvimiento de otros principios, como el contradictorio y la inmediación.

III. FALTA DE LIDERAZGO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA

Debemos partir indicando que el ente rector de la política pública vinculada al sector justicia (penal) es el MINJUSDH y, como tal –adicionalmente de asumir los temas que recaen directamente en su sector, como la organización y la coordinación de la DP y el Instituto Nacional Penitenciario (en adelante, INPE)–, le corresponde articular las políticas institucionales de todas las entidades estatales comprometidas con la reforma.

De un tiempo a la fecha, asistimos a lo que serían –en mayor o menor medida– esfuerzos aislados del PJ, el MP, la DP y la Policía Nacional del Perú (en adelante, PNP), en ese orden estricto, para la implementación de medidas más o menos eficientes que buscan solucionar los problemas que aquejan tales instituciones en lo que concierne a la aplicación del CPP; sin embargo, no advertimos un liderazgo del MINJUSDH para definir una verdadera política que articule a todas ellas y establecer esfuerzos organizados y orgánicos con miras a la consolidación de la reforma.

Es claro que subsisten inconvenientes de comunicación interinstitucional, entre los que cabe destacar el procesamiento y traslado de la información desde la PNP, pasando por el MP –que incluye a la defensa del imputado y de las víctimas– y culminando en el PJ, lo cual se hace más patente en supuestos de flagrancia delictiva por delitos graves, donde los plazos son irremediablemente perentorios para definir no solo el inicio del procesamiento formal, sino la eventual imposición –previo requerimiento de la fiscalía– de una medida coercitiva personal.

La falta de una adecuada comunicación se agudizó, como era obvio, durante los meses más álgidos del estado de emergencia (cuarentena focalizada impuesta desde el 15 de marzo hasta el 15 de julio de 2020, retomada en algunas regiones en diferentes periodos) decretado a raíz de la pandemia desatada por el COVID-19; ello porque las entidades del sector justicia no estaban preparadas para afrontar, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, la ingente crisis que viene desde entonces azotando nuestro país.

El PJ fue el que desplegó los mayores esfuerzos –tanto a nivel del Consejo Ejecutivo (en adelante, CEPJ) como de las Cortes Superiores de Justicia– para el reinicio de las actividades jurisdiccionales, impulsando productos informáticos que procuraron atender los requerimientos y solicitudes provenientes de los sujetos procesales, guardando las concernientes medidas de bioseguridad que la situación ameritaba. Muy poco en el MP y prácticamente nulo en la DP y la PNP. Ante tal situación, el MINJUSDH no asumió el rol convocante de las instituciones para superar los mencionados problemas de comunicación y propiciar un eficiente entendimiento interinstitucional que redundaría favorablemente en el usuario del sistema de justicia.

Considero que las reuniones y acuerdos interinstitucionales, bajo la batuta del MINJUSDH, deben convocarse periódicamente para que se establezcan acuerdos sobre temas donde las actuaciones de las entidades convergen y, sobre todo, en aquellos supuestos donde hayan surgido discrepancias, correspondiendo a dicho sector realizar un seguimiento eficiente de las soluciones planteadas y, de ser el caso, elevar propuestas de reforma al Congreso de la República de las correspondientes disposiciones del CPP, así como propiciar modificaciones de los reglamentos que rigen en las instituciones vinculadas a la reforma del proceso penal.

IV. NECESIDAD DEL FISCAL DE CONSTRUIR UNA TEORÍA DEL CASO DESDE LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN QUE COADYUVE A UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD

El régimen de trabajo corporativo implementado en el MP a partir de la “reforma” impone que el fiscal coordinador gestione adecuadamente los escasos recursos a su disposición y distribuya equitativamente los casos que, en gran escala, ingresan al sistema.

Es necesario remarcar que la dirección de la investigación la asume el fiscal desde que se le asigna la denuncia, lo cual importa que realice un estudio de los actuados y formule una teoría del caso, es decir, la estrategia que deberá trazar a lo largo del proceso. Resulta recomendable que el representante del MP elabore un cuadro donde se consignen las proposiciones fácticas que se obtienen o derivan de los hechos denunciados, a cada una de las cuales le corresponderá un presupuesto –objetivo y subjetivo– del tipo penal (teoría jurídica) y se conectarán con los elementos de convicción que las apoyen. También podrá incluir, en su teoría, las fortalezas y las debilidades del caso, en este último supuesto para fortalecer su investigación. Manejar adecuadamente estos aspectos le permitirá a la fiscalía mayor versatilidad, claridad y orden en la toma de decisiones como director de la investigación preliminar y preparatoria, así como afrontar con mayor éxito el juicio oral, cuando corresponda.

No podemos perder de vista que, si bien es cierto, la teoría del caso es construida con base en una denuncia que tiene contenido penal y sobre la cual se presenta una hipótesis delictiva; también lo es que el fiscal debe actuar, en todo momento, bajo los parámetros impuestos por el principio de objetividad que recoge el artículo IV.2 del Título Preliminar del CPP, el cual me permito transcribir:

El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

Recordemos que el fiscal es un funcionario dotado de amplia autoridad, por lo que la disposición invocada busca dosificar el poder que le ha sido conferido, así tenemos que una de las manifestaciones del control jurídico que debe asumir ante las actuaciones policiales concierne en evaluar si las fuentes de prueba se obtuvieron sin vulneración al contenido esencial de los derechos fundamentales del ciudadano, de no ser así deberían ser excluidas del acervo probatorio de cargo. Asimismo, durante los actos iniciales de investigación, el representante del MP deberá realizar una actividad indagatoria para establecer, cuando el caso lo amerite, el nivel de conciencia (normal o disminuida) o inconsciencia en que se habría encontrado el imputado, en cuya situación deberá disponer que se practiquen actos de investigación para comprobar o descartar estado de embriaguez o drogadicción, a efecto de invocar –objetivamente– alguna causal de exención o de eximente incompleta de responsabilidad penal o, en tanto corresponda, agravar el comportamiento en los delitos contemplados en los artículos 108-B, inciso 9; 111, segundo párrafo; 121-B, inciso 8; 122; 124, segundo párrafo; y 170, inciso 13.

De otro lado, conviene recordar que el principio de objetividad sirve de límite a la función del fiscal respecto de otras decisiones que adopta a lo largo del proceso. Así, para formalizar la investigación preparatoria, deberá existir “sospecha reveladora”; es decir, contar con indicios –por lo general concurrentes– que apoyen la denuncia o notitia criminis, no siendo suficiente –para ejercitar la acción penal– que los hechos se subsuman en determinado tipo legal. Por su parte, para formular acusación necesitará de “sospecha fundada”, que se traduce en haber acumulado un importante bagaje de elementos de convicción de cargo –recogidos válidamente durante la investigación preliminar y formal– que le permitan establecer, con alto grado de probabilidad, que obtendrá una sentencia condenatoria; de no ser así, corresponderá requerir el sobreseimiento del proceso. Adicionales manifestaciones del principio comentado se presentan cuando el fiscal provincial o su adjunto no impugnan las resoluciones expedidas por los jueces de primera instancia –incluyendo la sentencia absolutoria–, al considerar que las mismas se encuentran correctamente emitidas; y cuando, en la audiencia de apelación, el fiscal superior se desiste del recurso impugnatorio interpuesto por el inferior en grado.

V. LA DEFENSA DEBE FORMULAR UNA CORRECTA TEORÍA DEL CASO DESDE QUE EL IMPUTADO ES DETENIDO O TOMA CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA

Al igual que ocurre con la fiscalía, el abogado defensor del imputado debe formular una teoría del caso para propiciar un adecuado contradictorio desde los actos iniciales de la investigación. Así, para Gimeno Sendra (2007), “como uno de los derechos instrumentales del más amplio derecho de defensa, se reconoce constitucionalmente el derecho a la asistencia de abogado, garantizado tanto en las diligencias policiales como en las judiciales” (p. 233).

Ahora bien, podría ocurrir que, tras evaluar la solvencia de los elementos de convicción de cargo, el abogado proponga –con la anuencia de su patrocinado– una salida alternativa que puede ser un principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o una terminación anticipada, con los beneficios procesales que ello conlleva, tanto para el fiscal que se libera de un caso, como para el imputado que se acoge al derecho premial con la reducción de la pena concreta.

Otro aspecto importante es que, por lo general, los abogados de la DP aconsejan a los detenidos guardar silencio; sin embargo, ello no siempre es lo más recomendable, porque, en ocasiones, una buena defensa material –contenida en una declaración indagatoria– puede tener favorable receptividad en los jueces cuando corresponda decidir asuntos como la prisión preventiva.

De otro lado, los abogados defensores deben asumir una posición más determinante en la obtención de las fuentes de prueba de descargo.

La DP debe instruir a los defensores públicos para que tengan un rol más proactivo en la etapa intermedia, especialmente en la oferta probatoria y que sean rigurosos en evaluar si corresponde o no interponer recursos de apelación o casación contra autos dictados en audiencias interlocutorias que no ponen fin al proceso, para evitar sobrecargar innecesariamente el sistema de recursos. La misma exhortación corresponde hacer desde esta tribuna a los abogados de libre elección.

VI. CORRESPONDE A LOS JUECES DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y DE JUZGAMIENTO ASUMIR ENFÁTICAMENTE SU FUNCIÓN DE GARANTE DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES PROCESALES

Frente a los eventuales excesos de poder o arbitrariedades en que pudieran incurrir la PNP y el MP, los jueces de la investigación preparatoria se convierten en órganos jurisdiccionales de garantías, para corregir –cuando resulte necesario– las anomalías que pueden suscitarse en las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria.

Ser juez de garantías importa la asunción de deberes a favor de los derechos y las garantías que les corresponden a las partes, especialmente al imputado, debiendo verificar la validez en la obtención de las fuentes de prueba, la exhaustiva comprobación de los requisitos formales y materiales de la prisión preventiva, controlar los plazos de la investigación, entre otros. En términos acuñados por Aguilar López (2018): “La función de impartir justicia en la democracia tiene como necesidad constituirse en un contrapeso al ius puniendi del Estado y ser una especie de poder emergente y garante de la vigencia de los Derechos Humanos” (p. 233).

El mismo juez en la etapa intermedia cumple una función ordenatoria; es decir, viabilizar el tránsito del proceso hacia la fase del juicio oral o, en su defecto, disponer el sobreseimiento de la causa. Resulta sumamente importante que en esta etapa el juez cumpla con el control sustancial –además del formal– que le asigna el CPP; es decir, no basta con verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la acusación, sino que debe ingresar a evaluar si dicho requerimiento contiene una “sospecha fundada” que justificaría la discusión del caso en el juzgamiento; de lo contrario tendría que amparar el sobreseimiento solicitado por el abogado defensor o decretarlo de oficio, lo cual redundará favorablemente en la descarga procesal. Asimismo, deberá propiciar la celebración entre las partes de convenciones probatorias para no congestionar el debate en el acto oral con pruebas no controvertidas.

A nivel de juicio oral, el juez penal deberá pautar a las partes procesales y órganos de prueba con miras a agilizar el debate; asimismo, recabará los elementos de prueba que surjan del contradictorio para cumplir con una correcta deliberación, debiendo expedir la sentencia que ponga fin a la instancia con especial rigor en la valoración de la prueba y respetando los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, cuando corresponda.

Cuando se trate de audiencias interlocutorias o de fondo, los jueces deben dirigir el debate con solvencia, cuidando los tiempos, a efecto de que las mismas no se dilaten innecesariamente. Para ello debe cuidar que las partes incorporen en sus discursos –de manera coherente, clara y simple– hechos o argumentos que sean relevantes para la dilucidación del asunto. Debe intentar que se busque precisión en las comúnmente extensas –y a veces infructuosas– alegaciones de fiscales y abogados, a quienes se les debe recordar que corresponde debatir solo en función a hechos controvertidos, lo cual conduciría a reducir la duración de las audiencias y, por ende, disponer un mayor agendamiento de las mismas. El propio juez debe ser preciso en la fundamentación oral de sus resoluciones, evitando –además de argumentos reiterativos– incorporar terminología engorrosa e innecesaria para la justificación de la decisión.

VII. MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE PROPONGO PARA OTORGARLE MAYOR GARANTÍA Y DINAMISMO AL PROCESO PENAL

Resulta evidente que, pese a los más de quince años transcurridos desde la entrada en vigencia del CPP, no se ha logrado internalizar, en la dimensión esperada, el modelo acusatorio. De otro lado, en la implementación del moderno instrumento procesal, se han advertido falencias respecto a la función que cumplen los principales operadores del sistema. Estos aspectos deben ser abordados con reiterada capacitación y compromiso de las instituciones vinculadas, bajo el liderazgo del MINJUSDH. Sin embargo, también apreciamos que existe una exorbitante sobrecarga procesal que denota no solo la inadecuada gestión de los recursos, sino la escasa proclividad de los sujetos procesales al uso de las salidas alternativas, las cuales constituyen un pilar fundamental en los procesos de reforma, orientadas a brindar pronta solución a los conflictos penales y evitar que pasen a la etapa de juicio oral las causas donde el imputado acepta libremente los cargos. Asimismo, el CPP contempla un amplio número de audiencias interlocutorias en fase de investigación, lo cual supone un desgaste de esfuerzos de los sujetos procesales. Ello exige, a mi modo de ver, un reajuste normativo y, como tal, una modificación legislativa sobre algunos temas que desarrollaremos a continuación.

1. Audiencia de formulación de cargos

En nuestro país, la formalización de la investigación preparatoria es un acto procesal unilateral del MP sin control oficioso del juez; pues, tal como lo prevé el artículo 336, inciso 1, del CPP, el fiscal “dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria” si de los recaudos preliminares aprecia que “aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito”, disposición que comunicará al Juzgado, conforme preceptúa el artículo 3 del mismo Código. Además, nuestro CPP no prevé un escenario donde las partes puedan debatir, frente un juez, sobre la imputación formulada por el MP, realidad distinta a la que se presenta en la mayoría de países latinoamericanos que incorporan la audiencia de formulación de cargos.