El autor expone sucintamente los alcances del recientemente aprobado Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 (D.S. N° 005-2014-JUS, del 5 de julio de 2014), destacando su valor como herramienta para la articulación del quehacer del Estado desde un enfoque de los derechos humanos, y cuyos lineamientos estratégicos son, entre otros, la promoción de una cultura de derechos humanos en el país, y el fortalecimiento de políticas públicas de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La reciente aprobación del “Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016”, mediante D.S. N° 005-2014-JUS, constituye un aporte importante del gobierno del presidente Ollanta Humala para la consolidación del Estado Constitucional de Derecho, toda vez que tiene como finalidad impulsar las transformaciones que aún hacen falta para fortalecer el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos y hacer de nuestro país una nación más justa, inclusiva y próspera.

El tema de los derechos humanos (en adelante: DD.HH.) ha tenido una presencia permanente en el debate público nacional. No es para menos. Hoy en día, el respeto que se les brinda supone el parámetro desde el cual se suele evaluar la legitimidad con que se ejerce el poder público. Recuerdo un trabajo titulado: El tiempo de los derechos del profesor Norberto Bobbio, en el que sostiene que la existencia de un debate actual cada vez más generalizado sobre los derechos humanos es prueba del progreso moral de la humanidad.

Además, su garantía efectiva nos permite vislumbrar el nivel de vida que se tiene en un determinado país. Vivimos, sin duda alguna, en un mundo global. Pero la globalización no puede significar solamente libertad para que a través de las fronteras se trasladen mercancías, divisas y señales de televisión. Debe suponer también y sobre todo, el respeto de los DD.HH.

El influyente libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo 21, que aborda la creciente desigualdad en muchos de los países, plantea dos factores que parecen contrarrestar la tendencia hacia un mundo menos equitativo como es la inversión en las personas, es decir en sus habilidades y capacitación.

Hacer una descripción pormenorizada de todos los ámbitos en los que son cotidianamente violados los DD.HH. en el Perú nos llevaría muchísimas páginas. Por ello, como gobierno y recogiendo los anhelos de la sociedad civil, decidimos delinear cuatro ejes estratégicos, los cuales a partir de hoy ya tienen encendidas todas las alarmas por la necesidad de adoptar acciones en unos casos y, en otros, prevenir la gravedad de las violaciones y su persistencia.

Esos cuatro ejes estratégicos son: promoción de una cultura de DD.HH.; la transversalización del enfoque de los DD.HH. en la gestión pública; el diseño y ejecución de políticas a favor de grupos de especial protección y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico con estándares de los instrumentos internacionales.

Si bien el Plan en sus propuestas tiene el mayor de los alcances, no pretende ser exhaustivo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno; aspira a ser perfectible, como lo ha señalado el doctor Salomón Lerner; por ello sigue siendo necesario revisar y analizar temas que no se han contemplado en este ejercicio. Los indicadores de impacto incluidos en el Plan han sido acordados con todos los sectores del Poder Ejecutivo. De igual forma, el Plan Nacional de DD.HH. contempla una serie de metas sumamente exigentes, pero posibles de cumplir con un horizonte temporal al año 2016.

Veamos algunos ejemplos. Nos hemos puesto como meta país pasar del lugar número 81 en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale, a ubicarnos entre los lugares 60 y 70. La rectoría de este punto específico recae en el Ministerio del Ambiente, pero no es exclusivamente su responsabilidad. Todos y todas desde nuestras respectivas funciones debemos contribuir a materializar la meta previamente citada. Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación, Energía y Minas, gobiernos regionales y sociedad civil, entre otros, deben incrementar los niveles de articulación de sus intervenciones de cara a este objetivo.

Otro ejemplo es reducir a entre 5 y 10 % la sobrepoblación de los penales. En este caso, la rectoría recae en el Ministerio de Justicia y DD.HH., a través del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, otras políticas contribuyen a esta meta. Podemos citar, solamente por mencionar algunas, la lucha contra la violencia hacia la mujer, la creación de más y mejores espacios públicos, una oferta educativa de calidad, descentralización de las oportunidades laborales, etc.

Una política trascendental del Plan Nacional de DD.HH. es reducir el número de muertes por accidentes de tránsito en el Perú. En este aspecto es importante destacar que dichos accidentes son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, y que según proyecciones elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), será la principal causa de fallecimientos en economías emergentes en las próximas décadas. Ante tal escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe elaborar un Plan Nacional de seguridad vial, comprometiendo a otros ministerios como el de Comercio Exterior, Producción, Educación, a autoridades regionales, etc., con la finalidad de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas.

El Ministerio de Justicia no es ente rector en salud, educación o transporte, pero sí es responsable en propiciar que las intervenciones del Estado cuenten con un enfoque basado en DD.HH. y que dialoguen y se enmarquen en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte.

Debido a su naturaleza, los DD.HH. están presentes en todas las actividades del Estado y en todos los ámbitos en los que este tiene injerencia. Por esto, un Plan de DD.HH. no puede ni debe estar desvinculado o aislado del resto de la planeación del Estado, sino que debe ubicarse en relación con el resto de sus programas y políticas públicas.

Este documento rector en materia de DD.HH., gestionado por el Viceministerio de DD.HH. y acceso a la justicia e impulsado por el gobierno, se sumará a otras herramientas que están en construcción y otros en ejecución como: i) el Plan Nacional de educación en derechos y deberes; ii) el observatorio para los derechos humanos, y iii) un sistema legal de seguimiento y evaluación de las recomendaciones internacionales, que muy pronto estaremos operando con el propósito de elaborar con mejores estándares los enfoques cuantitativos y cualitativos sobre los informes-país en derechos humanos.

Toda esta nueva visión de los DD.HH. responde a la voluntad del gobierno de respetar la Constitución Política del Perú, lograr una verdadera inclusión social, honrar los compromisos del Acuerdo Nacional y las obligaciones internacionales. El Plan de DD.HH. lleva una bandera que tiene como lema el reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación. Este principio constituye la clave de bóveda en relación con los fundamentos de los derechos humanos en una sociedad moderna y democrática.

La Constitución de 1993 proclama una lista de derechos cuyos contenidos se fueron convirtiendo en realidad mediante la aprobación de sus respectivas leyes, por medio de la aplicación de los mecanismos de garantía constitucionales frente a sus posibles vulneraciones, a través de jueces y, sobre todo, gracias a su Máximo Intérprete, un renovado Tribunal Constitucional con magistrados cultos y de lujo.

El Plan es una herramienta para la planeación, programación, coordinación y articulación del quehacer del Estado desde un enfoque de DD.HH. Permitirá a las y los servidores públicos tener un marco de referencia común, así como una mayor claridad en relación con las políticas públicas y la legislación que competen a cada instancia para la realización de los derechos en el país. Se espera que facilite el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, y que ayude a reducir la brecha entre la realidad y el pleno respeto de los DD.HH.

Se trata de reforzar, a través de compromisos políticos, los medios de protección de nuestros derechos. El plan no quiere ni debe omitir a nadie; es para todos los habitantes del país; tiene vocación educativa, abierto, estratégico; intentará ser versátil para que pueda mirar todos los hechos sucedidos en el pasado y también mirará al futuro; es un Plan entendido como un proceso en marcha, orientado a realizarse, a ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos compromisos.

Buscará darle sentido a los derechos en un Estado Constitucional de Derecho. Pretende que estos sean divulgados, conocidos, comprendidos e interiorizados por la sociedad en su conjunto, para comprender la importancia de que tanto los derechos propios como los de los demás sean respetados. Intenta trabajar en la construcción de unos referentes éticos compartidos que, a la altura de la moral del tiempo actual, permita compartir los valores esenciales propios de una sociedad moderna, inclusiva y democrática.

La política está aprobada. Ahora, en el proceso de ejecución, será imprescindible la participación del Congreso, el Poder Judicial, los diferentes organismos constitucionales, así como las organizaciones de la sociedad civil, universidades y actores sociales que trabajan en nuestro país por los derechos de las personas. Asimismo, en la ejecución del Plan estará muy presente la coordinación y cooperación con los gobiernos regionales y locales y el apoyo de la cooperación internacional.

Junto al manejo responsable de nuestra economía, el mejoramiento de la infraestructura y la disminución de la pobreza, la gran revolución política del siglo XXI será el proyecto de extender de forma efectiva los DD.HH. a todas las personas. Hemos avanzado en temas importantes; queda mucho todavía por hacer, pero vamos en el camino correcto. Valoraremos las recomendaciones que se formulen, como las de Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), del Defensor del Pueblo y de importantes intelectuales y líderes de opinión. El plan no tiene espacio para las críticas destructivas. Es tiempo para la acción.

Tenemos la confianza de que los resultados de esta política coadyuvarán en una mayor justicia e inclusión social. La protección y garantía de los DD.HH. es una responsabilidad de todas y todos. La realización y perfeccionamiento del sistema de derechos de un país dependen del compromiso cívico y político cotidiano que asuman cada uno de nosotros como funcionarios y titulares de los poderes públicos y sus ciudadanos.

Este compromiso ético-político significa estar atentos a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico. Y es ese compromiso el que llevará a nuestro país a adoptar una posición y acciones coherentes con ella, para situarse a la vanguardia de quienes asumen el reconocimiento y la protección de los derechos humanos como prioridad de su acción política.

Nuevamente, en palabras del profesor Norberto Bobbio, los DD.HH. se han convertido en un “signo de los tiempos”: no cabe duda de que, en nuestros días, la modernidad los reclama inexcusablemente como su signo distintivo.

Esa es la ruta para fomentar una cultura que deje firme que el respeto y el cumplimiento de los derechos y deberes plasmados en la ley, no son una simple característica discursiva de la modernidad política, sino la mejor garantía de un desarrollo con bienestar y paz sociales.

Estaremos supervisando de cerca los progresos en nuestro Estado durante los próximos años para cerciorarnos de que estamos en el camino correcto. Esto es lo que les puedo comunicar desde el Ministerio de Justicia y DD.HH. hasta ahora. Nos gustaría conocer sus apreciaciones, críticas constructivas y recomendaciones. Compártalas con nosotros.

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* Magíster en Derecho Penal y Doctor en Filosofía. Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.