Con ocasión de la falsificación de la firma y sellos de un notario público, se nos consulta si la incorporación de dichos elementos a un contrato privado de compraventa de vehículo con firmas legalizadas ante notario, puede constituir delito de falsedad de documento público.

RESPUESTA:

Las normas del Derecho Penal forman parte del sistema jurídico y, en tal sentido, deben de concordar y armonizarse con otros ámbitos del Derecho. Incluso, en ocasiones, el alcance o idea de un término jurídico-penal requiere que recurramos a normas de otros cuerpos legales que los desarrollan o son más explícitos (ello –claro está sin perjuicio de que puedan elaborarse “definiciones penales” en determinados casos, conforme a sus necesidades).

Así sucede, por ejemplo, con el concepto de “documento público” al que se refiere el ar-tículo 427 del CP, cuyo significado –no previsto en el texto punitivo– debe extraerse del artículo 236 del Código Procesal Civil.

La precisión no es irrelevante en modo alguno, entre otras razones, porque la consecuencia penal que –conforme al artículo 427– acarrea la falsificación de un documento público –atendiendo a los intereses jurídicos afectados– es marcadamente más gravosa que la de un documento privado. Así, el que falsifica un documento es reprimido:

i)Con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador, y

ii)Con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado.

En ese sentido, el artículo 235 del Código Procesal Civil señala que documento público es: “1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y, 2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda”.

Concordando los dos preceptos mencionados, tenemos que el autor del delito de falsificación de un documento público debe: i) Hacer, en todo o en parte, un documento público falso, o ii) Adulterar un documento público verdadero. Es decir, debe “hacer de la nada” un documento falso (creando un documento que no existía anteriormente) o “alterar el contenido” (modificar un documento verdadero preexistente)(1). Se tratará, por ende, de hacer o adulterar:

i)Un documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones,

ii)Una escritura pública u otros documentos otorgados ante o por notario público.

iii)La copia del documento público certificada por un auxiliar jurisdiccional respectivo, un notario público o fedatario, según corresponda.

Dicho ello, verifiquemos si el caso planteado se adecua a uno de los mencionados supuestos típicos [partimos de la hipótesis más adaptable: ii), que involucra –como en el caso– a un notario público].

El hecho de que el agente haya falsificado la firma y los sellos de un notario público incorporándolos al documento, a fin de hacerlo aparecer como un contrato de compraventa con firmas legalizadas ante notario:

i)No implica la alteración de un documento otorgado ante o por notario público preexistente (pues precisamente no preexistía como tal un documento público, sino solo un documento privado).

ii)Pero sí implica la creación de un documento (otorgado ante o por notario público) falso.

En efecto, al insertar al contrato la firma y los sellos de un notario público, el agente creó o hizo un contrato de compraventa con firmas legalizadas ante notario (falso), el cual –a tenor del artículo 235 del Código Procesal Civil– constituye un documento público (al tratarse de un documento otorgado ante notario público), que no existía anteriormente.

De ese modo, estimamos que se satisfacen los requisitos típicos exigidos para afirmar la falsificación de un documento público en su modalidad de “hacer” un documento falso.

Cabe precisar que no es aplicable al caso lo establecido en el artículo 236 del Código Procesal Civil, según el cual “la legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público”, supuesto pensado para las hipótesis de legalización o certificación de copias literales.

BASE LEGAL:

Código Penal: art. 427

Código Procesal Civil: arts. 235 y 236

NOTAS:

(1)En ambos casos, debe verificarse, además, que la falsificación puede dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, que el agente tiene el propósito de utilizar el documento, y que de su uso puede resultar algún perjuicio.