El autor analiza la figura de la representación negocial, sus patologías y sus remedios, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Código Civil. Así, parte por diferenciar la representación directa e indirecta; posteriormente hace alusión al exceso, la ausencia y la violación de los poderes de representación, así como la subsiguiente inoponibilidad de los efectos por parte del representado. Luego de ello, formula una crítica al pronunciamiento de la Corte Suprema en la Casación N° 886-2015-Lima.

MARCO NORMATIVO

Código Civil: arts. 149, 154, 156, 160, 161, 162, 164, 1313, 1806, 1809 y 1810.

PALABRAS CLAVE: Representación / Legitimación / Ineficacia / Inoponibilidad / Ratificación

Recibido: 26/05/2019

Aprobado: 14/06/2019

Introducción

Canaris (citado por Palacios Martínez, 2017) señalaba que “la dogmática no puede ser abordada como una forma cerrada de entender la fenomenología jurídica (…), ninguna teoría puede prescindir de la constatación casuística” (p. 115). En este sentido, el presente trabajo tiene como propósito abordar el fenómeno representativo de fuente negocial y específicamente las patologías que se derivan de su ejercicio, así como los remedios jurídicos que resultan aplicables. Finalmente, examinaremos la Casación N° 886-2015-Lima, de fecha 28 de diciembre de 2015, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, a fin de determinar si las categorías jurídicas que rodean esta materia han sido aplicadas correctamente.

I. La representación negocial

1. Nociones generales

Las relaciones interpersonales, principalmente aquellas de índole económico, han puesto en evidencia la imposibilidad de que una persona pueda estar en dos o más lugares a la vez. Piénsese, por ejemplo, “en las grandes dificultades prácticas que numerosos ‘operarios’ económicos tendrían que afrontar si hubieran de atender íntegros sus asuntos personalmente y no pudieran confiar a colaboradores de confianza la tarea de estipular los contratos” (Bigliazzi, Breccia, Busnelli & Natoli, 1995, p. 703).

En este contexto, la representación se presenta como una institución que permite “a un sujeto (representante) cooperar con otro (representado) en el desenvolvimiento de una actividad que concierne a la esfera de intereses jurídicos del representado, al mismo tiempo que se proyecta (…) frente a terceros” (Bigliazzi, Breccia, Busnelli & Natoli, 1995, p. 703). Dicho de otro modo, la representación importa la legitimación de una persona denominada representante para que pueda celebrar negocios jurídicos en nombre e interés de otra denominada representado, con la consecuencia de que este último será el destinatario de los efectos jurídicos prácticos o finales de tales actos.

Resulta imprescindible, entonces, asociar la institución de la representación con la categoría de la legitimación, que consiste en la posibilidad para afectar la esfera jurídica ajena “en nombre propio o en nombre ajeno. Esta última legitimación recibe el nombre de poder de representación” (Bianca, 2007, p. 87). Por ejemplo, en el caso de un sujeto que transfiere directamente a otro un bien inmueble de su propiedad, estamos ante una legitimación en nombre propio, pues es el mismo titular del derecho subjetivo (derecho de propiedad) quien celebró el negocio jurídico y, por tanto, provocó un cambio en su esfera jurídica. De otro lado, si aquel propietario hubiese autorizado a otra persona para que, en su nombre e interés, celebre ese mismo negocio jurídico, nos encontraríamos en presencia de una legitimación en nombre ajeno, cuya virtud es que produciría una afectación a la esfera jurídica ajena como si lo hubiese realizado el propio titular del derecho subjetivo.

Un aspecto que no puede pasar desapercibido es que si bien la representación consiste en la cooperación de un sujeto (representante) en favor de otro (representado), existe otro componente adicional: una relación de confianza entre ambos. Y es que es lógico pensar que “si un sujeto permite que otro lo vincule jurídicamente resulta evidente que este último no pueda ser un sujeto extraño a él en cuanto actúa su esfera jurídico-patrimonial” (Palacios Martínez, 2017, p. 113).

La representación voluntaria, que es la que estamos abordando en el presente trabajo, tiene como fuente “[e]l negocio de apoderamiento, llamado ‘procura’ por toda la doctrina italiana” (Palacios Martínez, 2017, p. 116). Se trata de un negocio jurídico unilateral, en virtud del cual “el representado confiere al representante la legitimación a emplear su nombre en la celebración de un contrato” (Navarretta, 2011, p. 346) y que “se perfecciona con la manifestación de voluntad de su autor sin que sea menester que concurra el consentimiento del destinatario” (Bianca, 2007, p. 103).

2. La representación directa e indirecta

En doctrina se suele diferenciar la representación directa de la representación indirecta. La primera se caracteriza “por la actuación del representante en nombre del representado y por la imputación de la relación contractual exclusivamente a este; la segunda [es] caracterizada por la actuación del representante en nombre propio, pero por cuenta del representado, y por la responsabilidad personal del representante frente al tercero contratante” (Bianca, 2007, p. 93).

El poder o procura implica una representación directa, en tanto y en cuanto el representado es el destinatario de los efectos producidos por el negocio jurídico celebrado por el representante, conforme el artículo 160 del CC: “El acto jurídico celebrado por el representante, dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido, produce efecto directamente respecto del representado”. Por su parte, la exigencia de que el representante actúe en nombre del representado (contemplatio domini) está prevista en el artículo 164 del CC cuando se señala que “el representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado”. Si no lo hiciese de este modo, es decir, si el representante actuase en nombre propio, los efectos de los negocios jurídicos que celebre simplemente recaerían sobre él sin que afecte la esfera jurídica del representado.

Por el lado de la representación indirecta tenemos al contrato de mandato que se caracteriza porque la actuación del mandatario es a nombre propio, pero en interés del mandante. En este supuesto los efectos jurídicos recaen sobre el mandatario y luego deberán ser retransmitidos al mandante. Efectivamente, el artículo 1809 del CC establece que “el mandatario que actúa en nombre propio adquiere los derechos y asume las obligaciones derivados de los actos que celebra en interés y por cuenta del mandante, aun cuando los terceros hayan tenido conocimiento del mandato”; asimismo, el artículo 1810 del mismo cuerpo normativo dispone que “el mandatario queda automáticamente obligado en virtud del mandato a transferir al mandante los bienes adquiridos en ejecución del contrato”.

Otras diferencias entre el poder y el mandato son las siguientes: i) El poder es un negocio jurídico unilateral, mientras que el mandato es un contrato; ii) el poder no requiere del consentimiento del representante, mientras que el mandato, al ser un contrato, requiere necesariamente del consentimiento del mandante y mandatario; y, iii) del mandato “se deriva la ‘obligación’ para el mandatario de concluir el negocio que se asuma por el mandato; el segundo atribuye un potere respecto de terceros” (Trabucchi, 1967, p. 155), teniendo el representante la posibilidad de renunciar, conforme al artículo 154 del CC.

Ahora bien, es importante resaltar que el mandato puede venir acompañado de una representación, conforme el artículo 1806 del CC; supuesto en el cual resultan aplicables las normas jurídicas referidas a esta última institución ubicadas en el Libro de Acto Jurídico. Efectivamente, “[a] veces el poder se comprende dentro de otros negocios (como el mandato). Pero se distingue siempre del negocio que lo contiene por su naturaleza diferente y por los efectos jurídicos que le son propios” (Revoredo Marsano, 2015, p. 339).

Por último, existe una doctrina que discrepa de esta distinción entre representación directa e indirecta, con la cual estamos de acuerdo. Se sostiene así que “la denominada representación directa lleva una adjetivación superflua, porque no es otra que (…) la única representación real; mientras que la representación indirecta no es realmente representación” (Roppo, 2009, p. 252). En efecto, solamente estaremos ante una representación en sentido estricto cuando se actúe en nombre ajeno y cuando los efectos jurídicos finales del negocio jurídico recaigan sobre el dominus; por lo tanto, la representación indirecta resulta ser una categoría artificiosa, cuya utilidad probablemente sea la de definir, por contraposición, los rasgos característicos de la representación directa.

3. Límites de la actuación representativa

El artículo 160 del CC establece claramente que “el acto jurídico celebrado por el representante, dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido, produce efecto directamente respecto del representado”. Esto quiere decir que, si bien la representación importa una relación de cooperación y confianza, el representante no tiene absoluta libertad para vincular a su representado con terceros, sino que los contornos de su campo de actuación vienen definidos por las facultades que le hayan sido otorgadas. El representado, pues, “no solo elige al representante, sino conforma sus poderes imponiendo a su operar límites, directivas, prescripciones que pueden continuar hasta reducir drásticamente y casi cancelar la esfera de decisión del representante” (Roppo, 2009, p. 259); por lo tanto, el representado puede ampliar las facultades conferidas al representante, como también disminuirlas o incluso revocar el poder otorgado en cualquier momento, de conformidad con el artículo 149 del CC.

Lo descrito, sin embargo, no debe ser asumido como un control excesivo sobre el representante que lo limita a “acatar un contenido contractual ya determinado: nuncio, sino como una actividad autónoma, aunque dentro de los límites del encargo conferido y el respeto de la satisfacción prioritaria del interés del representado” (Navarretta, 2011, p. 344). Estos dos elementos configuran los límites del ejercicio de la representación.

En relación con los límites del encargo conferido, Palacios Martínez (2017) ha desarrollado la siguiente clasificación:

a) con relación al tiempo, cuando a la procura se le inserta un plazo inicial o final o cuando sea sometida a condición suspensiva (por lo que el negocio celebrado por el representante antes del plazo inicial o después de transcurrido el plazo final deberá considerarse celebrado por persona privada de poderes representativos, mientras que el negocio cumplido antes de la verificación de la condición suspensiva deberá a su vez considerarse como suspensivamente condicionado deviniendo eficaz solo cuando se verifique la condición); b) con relación a la persona que asumirá la posición de parte negocial (tercero) en el negocio celebrado por el representante, cuando a este le sea impuesto o le sea prohibido tratar, exclusivamente o no, con determinadas personas; y c) con relación al objeto, para lo cual viene en consideración la distinción entre procura general, que es aquella conferida para todos los asuntos del representado, pero que no comprende los actos que excedan la administración ordinaria, salvo que sean expresamente indicados, y procura especial que viene conferida para la realización de una o más categorías de actos específicamente indicados (por ejemplo, la estipulación de contratos de locación de los departamentos de un determinado complejo inmobiliario) y procura especialísima (que se refiere a uno o más actos específicamente indicados). (pp. 126-127)

Por otro lado, la satisfacción prioritaria del interés del representado también constituye un límite en la actuación del representante, de manera que será considerado un abuso de representación si “el representante, respetando los límites formales del poder de legitimación que se le ha conferido, persigue, en la conclusión del contrato, un interés propio o de terceros en conflicto con el interés del representado” (Navarretta, 2011, p. 348). Un ejemplo que grafica perfectamente el supuesto que venimos describiendo es el siguiente:

Se piensa el caso en el cual el representante haya tenido el encargo de vender un departamento por un precio no inferior a 240.000 euros. Si el representante, habiendo encontrado un adquirente dispuesto a pagar 280.000 euros, vende el bien a una conocida al precio mínimo fijado por el representado, es claro que, habiendo respetado los límites formales del encargo, no actuó en interés del representado, sino del tercero. (Navarretta, 2011, p. 348)

Es evidente que en el ejemplo citado el representante actuó dentro de las facultades que le fueron conferidas, esto es, no vendió el departamento por un precio menor al monto estipulado por el representado; por lo tanto, cumplió formalmente con el encargo. Sin embargo, también ha quedado claro que el representante no ejercitó el poder de representación en interés del representado, pues era mucho más beneficioso para él vender el departamento por la suma 280.000 euros que por la cantidad que pagó su conocida. Por consiguiente, abusó del poder que le fue otorgado en interés de un tercero.

II. Supuestos patológicos derivados del ejercicio de la representación negocial

De acuerdo con el artículo 160 del CC, la representación producirá efectos directamente en cabeza del representado, en la medida en que el representante actúe dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido y en interés del representado. La representación negocial que se ejercite sin respeto de estos parámetros establecidos por la norma jurídica dará lugar a las patologías previstas en el artículo 161 del CC: ausencia de poder, exceso de poder, y violación (o abuso) de poder.

1. Ausencia de legitimación representativa: inexistencia de poder y exceso de poder

Hemos dicho que la representación está vinculada con la legitimación. Un sujeto tendrá “legitimación contractual si tiene el poder de determinar los efectos jurídicos en el contrato” (Bianca, 2007, p. 86). Bajo este razonamiento, no estará legitimado aquel que no tenga poder o que teniéndolo se exceda de las facultades que le fueron otorgadas. En ambos escenarios, “quien actúa en nombre ajeno es un falso representante; [y] el titular del nombre por el que se actúa es un falso representado” (Roppo, 2009, p. 285).

Cabe precisar, sin embargo, que la doctrina suele agrupar a estos dos supuestos como “representación sin poder”; y es que, si bien en el caso del exceso de facultades existe un poder, no es menos cierto “que se da una ausencia del poder en lo que respecta a los actos específicamente ejecutados. O, en otros términos, que a ese título aquel no es representante, pero que sí lo es en lo que hace a otra esfera de competencia” (Bigliazzi, Breccia, Busnelli y Natoli, 1995, p. 729). En suma, tanto el sujeto que excede de las facultades otorgadas como aquél que no tiene poder, son supuestos patológicos específicos que deben ser subsumidos dentro una patología más general: ausencia de poder en sentido amplio.

En esta línea de pensamiento, el supuesto patológico específico de exceso de poder regulado en el primer párrafo del artículo 161 del CC “implica superación de los límites de un poder representativo existente” (Roppo, 2009, p. 285). Imagínese, por ejemplo, que al representante únicamente le fue conferida la facultad de arrendar un bien inmueble, pero sobrepasándose de este límite decide venderlo. Puede notarse que en este caso hace total sentido la tesis señalada según la cual debe entenderse al exceso de poder como una subcategoría de la ausencia de la legitimación representativa por falta de poder, pues claramente el falso representante dispuso del bien inmueble sin tener la competencia para ello; es decir, sin el poder de representación que se requiere para lograr una incidencia directa en la esfera jurídica del falso representado.

Por otro lado, el supuesto patológico de ausencia de poder en sentido estricto se configura cuando: i) el sujeto que actúa en nombre del falso representado nunca tuvo poder de representación; ii) cuando se ha conferido un poder, pero este adolece de algún hecho impeditivo, por ejemplo, la nulidad de un poder para realizar negocios de disposición que no cumplió la formalidad preestablecida por ley (artículo 156 del CC), o el caso de un poder sujeto a una condición suspensiva que impide la transferencia de legitimación a favor del representado hasta el acaecimiento de determinado evento; y, iii) cuando el poder se ha extinguido, lo cual puede producirse por las siguientes razones:

a) del contenido mismo del acto que confiere la legitimación representativa; b) de actos de voluntad del representante o del representado; c) de eventos posteriores relativos a la persona y a la capacidad de ambos. En las hipótesis sub a entran: la ejecución del negocio, el advenimiento de la condición resolutoria, la expiración del término; en las hipótesis sub b: la revocación del representado y la renuncia del representante; y en las hipótesis sub c: la muerte, la interdicción, la inhabilitación y la quiebra del representado (…); la muerte, la interdicción y la inhabilitación del representante (en todo caso). (Bigliazzi, Breccia, Busnelli y Natoli, 1995, p. 717).

En consecuencia, sea que se trate de un supuesto específico de exceso de poder o de ausencia de poder en sentido estricto, el falso representante adolecerá de legitimación; por lo tanto, los efectos que irroguen los negocios jurídicos celebrados por este no vincularán al falso representado. La legitimación representativa resulta ser, entonces, un concepto que apunta a “impedir incisiones no autorizadas de las esferas jurídicas ajenas” (Roppo, 2009, p. 285).

2. La violación (o abuso) del poder

Otro de los parámetros que limitan la actuación del representante es el interés del representado; de este modo se viola (o abusa) del poder de representación cuando el representante actúa para favorecer su propio interés o de un tercero, en perjuicio del interés de su representado (conflicto de intereses). Recuérdese el caso citado anteriormente en el que un representante tenía la facultad para vender un departamento por no menos de 240.000 euros; sin embargo, pese a que encontró una mejor oferta de alguien que estaba dispuesto a pagar una suma considerablemente mayor, el representante optó por venderlo a una conocida por el monto establecido por el representado.

Asimismo, estaremos a una violación del poder cuando el representante descuida o lesiona el interés del representado, o se aparta de las instrucciones establecidas por el representado para el ejercicio de la representación (Bianca, 2007, p.118). Este último supuesto, sin embargo, no debe ser confundido con el exceso de facultades tratado en el punto anterior, toda vez que “la facultad consiste en qué es aquello que el representante puede hacer, las instrucciones indican cómo es que el representante debe actuar” (Priori Posada, 2007, p. 525).

Finalmente, resulta de enorme relevancia advertir que la violación o abuso de poder no califica como un supuesto de ausencia de poder como sí ocurre con el exceso de facultades o la ausencia de poder en sentido estricto. En la violación de poder sí existe legitimación en cabeza del representante, de manera que su actuación tendría la potencialidad de incidir sobre la esfera jurídica de su representado; sin embargo, al haberse desviado del interés de este último, el negocio jurídico celebrado devendría en ineficaz conforme al artículo 161 del CC. La razón de esto es que “para nuestro Código Civil, el interés del representado sería relevante a efectos de determinar la eficacia del negocio jurídico” (Priori Posada, 2007, p. 525). Por su parte, en los casos de ausencia de poder en sentido amplio (exceso de poder o ausencia de poder en sentido estricto), el falso representante sí carece de legitimación para vincular al representado con los efectos jurídicos de los negocios que celebre. En este mismo sentido, Roppo (2009) refiere que el “abuso de la representación, que es mal ejercicio de un poder representativo existente, debe distinguirse del defecto de representación, que en cambio, implica la inexistencia del poder ejecutado” (p. 274).

Por lo expuesto, los supuestos patológicos derivados del ejercicio de la representación negocial pueden graficarse de la siguiente manera:

III. Implicancias jurídicas que generan los supuestos patológicos estudiados

1. La inoponibilidad de los negocios jurídicos celebrados por el pseudorrepresentante