SUMILLA

La indemnización por omisión dolosa viene a ser el silencio malicioso que guarda una de las partes para inducir a la otra a error, esto es, consiste en omitir una circunstancia que, por la ley, los usos del comercio o la naturaleza del negocio, debía ser revelada a la otra parte.

JURISPRUDENCIA

Casación Nº 2731-2018-Lima

Lima, dos de agosto del dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: con el expediente principal; vista la causa, en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por María del Milagro Ramírez Mayuri abogada de la sucesión de José Guillermo Piccini Martín de fecha 28 de marzo de 2017 (fojas 1091), contra la sentencia de segunda instancia del 17 de junio de 2016, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 1059), que confirmó la sentencia apelada su fecha 4 de junio de 2013 (fojas 874) que declaró infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

José Guillermo Piccini Martín, por escrito de fecha 29 de setiembre de 2008 (fojas 41), interpone demanda contra Julio Fernando Piccini Larco y Julio Roberto Piccini Larco alegando lo siguiente:

- Pretensión principal.- Solicita se ordene a los demandados cumplan con pagarle como indemnización por daños y perjuicios la suma ascendente a setecientos mil dólares americanos (US$ 700.000.00), por el daño causado a consecuencia de un acto jurídico celebrado con mala fe y dolo incidental. El daño económico ha sido consecuencia de la celebración del acto jurídico contenido en el contrato de compraventa de 1886 acciones de propiedad del recurrente en la empresa Upacá Ecovida S.A., cuyas condiciones, específicamente el precio, fue establecido sin tener en consideración información relevante que los compradores –los demandados– omitieron entregarle dolosamente, a efectos de beneficiarse económicamente.

- Pretensión subordinada.- Que los demandados le paguen la suma de setecientos mil dólares americanos (US$ 700,000.00) al haber obtenido beneficio del engaño del que ha sido víctima por el tercero al Contrato de Compraventa de 1886 acciones de la empresa Upacá Ecovida S.A. celebrado con fecha 21 de febrero de 2006.

Fundamentando su demanda, el demandante sostiene:

- Alega que los daños y perjuicios se derivan de la celebración del contrato de compraventa de 1886 acciones de propiedad que el recurrente tenía en la empresa Upacá Ecovida S.A., cuyo precio fue establecido sin considerar la información que los demandados, en su calidad de compradores, omitieron dolosamente entregar, a fin de beneficiarse económicamente, siendo esta información privilegiada de conocimiento del ex gerente general Luis Felipe Piccini Delgado.

- En el año 2005, con los accionistas Julio Fernando Piccini Martín, Eduardo Martín Piccini Raschio, Luis Felipe Piccini Delgado, hubo diferencia de opiniones sobre la administración de la empresa, hecho que aunado al diagnóstico de una grave enfermedad que padece, motivó que se ausentara de la empresa por un tiempo, originando que desconociera los detalles de su administración.

- En julio del 2005, cuando se encontraba en reposo por orden del médico, Luis Felipe Piccini Delgado, accionista, ex gerente y miembro del directorio de la empresa, le envió una carta realizándole una oferta de compra de todas sus acciones, siendo la respuesta que no había inconveniente, pero que le envíen la información completa y actualizada sobre la situación de la empresa, cuyos ingresos provienen de los dividendos que recibe en su calidad de accionista de Relima.

- El gerente administrativo financiero de Relima comunicó a Luis Felipe Piccini Delgado sobre el acuerdo de pago que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la suma de treinta y cinco millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y seis con 93/100 (S/ 35’941,646.93), la cual sería cancelada mediante un cronograma de pagos de 120 cuotas, con fecha de inicio 30 de setiembre de 2005 y fecha de término 31 de agosto de 2015.

- Este crédito se sustentaba en el laudo arbitral de 1 de julio de 1998, seguido entre Relima y la Municipalidad Metropolitana, el cual desconocía.

- Entre otros postores interesados de adquirir sus acciones apareció Julio Fernando y Julio Roberto Piccini Larco, hijos de Julio Piccini Martín y sobrinos de Luis Felipe Piccini Delgado, quienes habían recibido información de Miguel Garro Berrera, gerente administrativo y financiero de Relima, sobre la existencia de futuros ingresos a la empresa Upacá Ecovida S.A.

- Los demandados aprovechando su posición en la administración de la empresa y su acceso a la información con la colaboración de terceras personas, celebraron con el demandante el contrato de 26 de febrero de 2006, por el cual vendió sus acciones antes referidas por el precio de quinientos veinte mil dólares americanos (US$ 520,000.00) cuando su precio real era de un millón doscientos veinte mil dólares americanos (US$ 1’220,000.00)

2. Contestación de demanda

Julio Fernando Piccini Larco y Roberto Piccini Larco, por escrito de fecha 21 de febrero de 2009 (fojas 148) contestan la demanda alegando lo siguiente: Si bien pretende se le pague la suma demandada, lo cierto es que de los fundamentos expuestos en la misma no se evidencia conexión entre lo peticionado y lo alegado, toda vez que espera se le resarza un daño causado por la acción de un tercero, esto es, Luis Felipe Piccini Delgado, sobrino del demandante, quien a su entender ha ocultado información para la valorización de las acciones del presente proceso sin que los emplazados hayan tenido participación alguna.

3. Despacho saneador y fijación de puntos controvertidos

Mediante Resolución Nº 07 de fecha 10 de marzo de 2009 (fojas 182), declaró la existencia de una relación jurídicamente válida y saneado el proceso.

Por Resolución Nº 08 del 6 de abril de 2009 (fojas 194), el juez de la causa fijó como puntos controvertidos los siguientes:

a) Determinar si como consecuencia de la celebración del contrato de compraventa de acciones del 21 de febrero de 2006, se ha causado daño patrimonial (lucro cesante) al demandante.

b) Determinar si en la celebración del mencionado contrato los demandados han incurrido en mala fe y dolo incidental.

c) Determinar si amerita que los demandados indemnicen al demandante con la suma de US$ 700,000.00 e intereses legales.

d) Determinar si en la celebración del mencionado contrato los demandados han obtenido beneficio económico y si amerita que indemnice al demandante con la suma solicitada.

4. Sentencia de primera instancia

El juez del Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Nº 60 del 4 de junio de 2013, declaró infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios, tras considerar lo siguiente:

a) Conforme lo analizado por la juez de la causa, concluye que los demandados no han informado al demandante respecto a hechos que podían tener incidencia en cuanto a la cotización de las acciones materia de venta.

b) No obstante lo expuesto, es de apreciarse de la Resolución Nº 13 expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que declara nula la sentencia por cuanto es de criterio que el “dolo o mala fe no se configura por la mera omisión de información, sino que, por el contrario, requiere de necesaria probanza”.

c) En otros términos, la ausencia u omisión de información no comporta mala fe y menos genera automáticamente indemnización por daños y perjuicios, de ahí la importancia de dejar en claro si existió o no mala fe invocada por el actor como fundamento de su pretensión.

d) En tal sentido, la juez no percibe engaño, más aún si el señor Robert Bruce Balarezo (fojas 303, testigo, intervino en la elaboración del contrato de compraventa), a la pregunta de la parte demandada ¿para que diga si el declarante participó o asesoró a alguna de las partes en la negociación de la compraventa de acciones? Contestó: Intervino en la elaboración del contrato; las partes ya tenían un precio para esta operación, solo se limitó a su elaboración. Y el señor Mario Pasco Lizárraga a la pregunta: para que diga si conoce si el demandante realizó una revisión de los estados financieros y demás documentos de la empresa Upaca Ecovida y de la empresa Upaca para determinar el precio por el que ofreció sus acciones a los demandados, contestó: El demandante revisó la documentación que se les había entregado; luego al contestar la siguiente pregunta dijo: Lo que él conoce como portavoz, es que el señor José Piccini ofertó ese precio de buena fe, porque consideró ajustado a lo que en ese momento debían valer las acciones con la información con la que contaba, con un castigo razonable derivado de la posición desventajosa en que se encontraba la compañía y de problemas de salud que había atravesado.

e) Luego el fallecido demandante, a la pregunta ¿para que diga el declarante si los demandados o su padre le habían en algún momento hecho ofertas para comprarle sus acciones o si fue el que ofreció venderlas? Contestó: nunca ellos le ofrecieron comprar, razón por la cual le pidió al doctor Mario Pasco Cosmópolis que reflexione sobre la mayoría que estaban perdiendo en caso de comprársele, situación que entendieron perfectamente y compraron inmediatamente.

5. Recurso de apelación

La sucesión de José Guillermo Piccini Martín, por escrito de fecha 4 de julio de 2013 (fojas 919) interpone recurso de apelación alegando lo siguiente:

- Solicita se revoque la sentencia, por cuanto sin mayor motivación a lo ordenado por la Sala Superior, el juez cambia de criterio declarando infundada la demanda sin mayor análisis de los hechos y del derecho.

- El juez debió emitir pronunciamiento sobre si la omisión fue o no de mala fe.

- Lo que ordenó la Sala Superior fue realizar un análisis suficiente y en conjunto de los medios probatorios actuados, y con base en ello construir un razonamiento lógico jurídico que demuestre sí la omisión invocada fue o no de mala fe.

- La venta de las acciones fue realizada incurriendo en dolo incidental, al haber los demandados ocultando información relevante, la cual afectó su decisión y que conlleva el derecho a ser indemnizado.

6. Sentencia de vista

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia de vista de fecha 17 de junio de 2016 (fojas 1059), confirmó la sentencia impugnada que declaró infundada la demanda al considerar lo siguiente:

- No ha existido ni omisión de información, ni mala fe por parte de los demandados.

- Tanto el demandante como los demandados eran accionistas de la empresa Upaca Ecovida S.A., por lo que ambas partes se encontraban en igualdad de condiciones para tomar conocimiento de la situación económica y financiera de la empresa; si el demandante hubiese sido diligente en esta clase de negocios, hubiera solicitado a título personal la obtención y revisión de la información que ahora reclama, no obrando en autos medios probatorios que acrediten que se hayan realizado las gestiones necesarias para hacerse de dicha información; no siendo razonable que se haya conformado con la información brindada por el comprador de sus acciones, más aún si solo se limitó a ofrecer el precio; además que el demandante siempre tuvo conocimiento que la empresa posee como únicos ingresos los que recibe como accionista de Relima, lo que denota su falta de diligencia.

- Cabe resaltar que tanto el demandante (audiencia fojas 449) y su apoderado Mario Pasco Lizárraga (audiencia fojas 301), sostienen que en ningún momento le pidieron información a los demandados sobre la situación económica de la empresa y el valor de las acciones que serían materia de venta.

- El mero hecho que Luis Felipe Piccini Delgado sea familiar de los demandados no es suficiente para concluir fehacientemente que estos últimos también tuvieron conocimiento del ingreso adicional que percibiría la empresa, puesto que este también es familiar del demandante, y en la audiencia de fojas 301 respondió que no informó de tal situación a los demandados. En consecuencia, aun en el supuesto que se haya acreditado que los demandados conocían de la información relativa al ingreso que tendría la empresa, ello no quebranta lo que impone el principio de buena fe contractual, ya que el demandante pudo conocer de dicha información usando una diligencia ordinaria, situación que hace cesar aquel deber.

- No se desprende un actuar de mala fe de los demandados, porque no se advierte un aprovechamiento de desconocimiento en que se habría encontrado el demandante, puesto para que se configure se hace necesario cuando menos cierta presión psicológica sobre el otro contratante, con la cual exprese el aprovechador su voluntad de sacar partido de la situación de debilidad o desventaja ajena en que se encuentra este último.

- Ello se habría verificado, por ejemplo, si los demandados hubiesen ofrecido la venta de las acciones tomando iniciativa en la fijación del precio de venta; lo que no sucedió en el presente caso, pues conforme declaró el demandado Julio Roberto Piccini Larco en la audiencia fojas 452, señaló que: “El demandante mandó a sus dos abogados en ese momento su consuegro y su hijo político, quienes propusieron el valor de la venta el cual nunca fue negociado y el cual aceptamos”; mientras que el apoderado del demandante, expresó que los demandados no recibieron la oferta de venta de las acciones del demandante, ni expresaron una contraoferta. Situaciones que también fueron valoradas por el a quo para desvirtuar la mala fe de los demandados. Finalmente, lo que excluye un proceder de mala fe por parte de los demandados es que estos aceptaron aumentar el precio de venta fijado originalmente, conforme se desprende de la adenda de fojas 14.

- No se puede imputar responsabilidad civil a los demandados por el hecho omisivo de un tercero –Luis Felipe Piccini Delgado–, que no tuvo participación en el contrato de compraventa suscrito entre las partes demandante y demandados.

III. PROCEDIMIENTO CASATORIO

Esta Sala Suprema Civil Permanente, mediante resolución de fecha 22 de setiembre de 2017, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la sucesión de José Guillermo Piccini Martín, por las siguientes causales:

a) Infracción normativa de los artículos 139 numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, I del Título Preliminar, 50 numeral 6), 122 numeral 3) del Código Procesal Civil y 212 del Código Civil. Alega que, la Sala Civil ha vulnerado el debido proceso al incurrir en vicios de motivación aparente, ya que la sentencia de vista tiene una incoherencia interna, pues en los primeros considerandos comparte lo expuesto por el juez, respecto a que –en la contratación– existió omisión de información –relevante– por parte de los demandados compradores de las acciones (que formaban parte del directorio) hacia el demandante vendedor (que solo era accionista) –sobre la negociación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima con Relima que implicarían un significativo ingreso económico, lo cual devendría en un mayor valor de las acciones negociadas y transferidas–, lo que quiebra la buena fe contractual, es decir, –los demandados– conocían la información de la negociación, pero, maliciosamente, no se la proporcionaron al demandante, porque, adujeron que, este no se la solicitó, explica que, los demandados reconocieron la omisión de la información –de la negociación– (dolo omisivo o negativo) hacia el demandante –ahora recurrente–, quien –sin dicha información– transfirió sus acciones a un valor considerablemente menor y dejó de percibir una mayor suma de dinero por la venta de sus acciones; sin embargo, la Sala Civil, con una arbitraria motivación, llegó a la conclusión que no existió omisión de información ni mala fe por parte de los demandados; en ese sentido, acota que, la Sala Civil no realizó un análisis de porqué considera que los demandados no actuaron de mala fe sobre la conveniente omisión de la información mencionada que los benefició, lo cual la Sala tampoco tuvo en cuenta al momento de resolver; que, en ese entender, la Sala Civil en la sentencia de vista no ha tenido en consideración el artículo 212 del Código Civil, según el cual: “La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa”. Reafirma su imposibilidad diligente de prever un acontecimiento inusual como el ocurrido y conocer la negociación, que no era de su dominio, pues el conocimiento de las negociaciones reservadas era de dominio único y exclusivo de quienes participaron en ellas y, luego, de los demandados, por ello, no solicitó información; expone que, la sentencia afecta su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues llega a la conclusión que el recurrente (quien vendió las acciones) no actuó de manera diligente y que los demandados (compradores de las acciones) no tenían el deber de informar a su contraparte –el recurrente–; acota que, la Sala Superior ha hecho caso omiso al mandato de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, contenido en la Casación Nº 3888-2014-Lima, del quince de octubre de dos mil quince (fojas 1015 al 1026), respecto a las cartas mediante las cuales solicitó que se le provea toda la información –privilegiada– relativa a la situación de la compañía.

b) Infracción normativa del artículo 1362 del Código Civil. Aduce que, la Sala Civil ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 1362 del Código Civil, sobre el principio de la buena fe contractual, ya que el recurrente no tuvo la posibilidad de conocer las negociaciones absolutamente privadas que la empresa Relima (empresa en la cual no era accionista) realizó con la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el pago de la deuda reconocida por laudo arbitral, las desconocía; negociaciones que sí conocieron los demandados, conforme lo determina la propia sentencia de vista al sostener que sí existió ocultamiento de información por parte de los demandados en la fase de negociación del contrato, pero que ello fue sin mala fe; sin embargo, los demandados –compradores– sí tenían el deber de actuar con buena fe e informar de las negociaciones que realizaba Relima con la Municipalidad Metropolitana de Lima, al recurrente –vendedor– quien no tenía la posibilidad de saber de la existencia de tales negociaciones; de lo que, el recurrente, colige el dolo y la mala fe con la que actuaron los compradores, razón por la cual deben cumplir con resarcir el daño causado. Agrega que, el razonamiento de la Sala resulta absurdo, al conllevar a una causa-efecto, siendo la causa, que el demandante –recurrente– no solicitó información y el efecto, que no existe mala fe de los compradores, concluye que, no existe coherencia entre ambas premisas.

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE

La materia jurídica en debate en el presente caso se centra en determinar si el razonamiento sobre el cual descansan las decisiones adoptadas guarda correspondencia con el principio de congruencia para amparar la demanda incoada, ello tenido en cuenta las reglas de la debida motivación de las resoluciones jurisdiccionales.

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA

Primero: Al momento de calificar el recurso de casación se ha declarado la procedencia por la causal de infracción normativa por vicios in procedendo e iudicando, como fundamentación de las denuncias; y, ahora al atender sus efectos, es menester realizar previamente el estudio y análisis de la causal referida a infracciones procesales (de acuerdo al orden precisado en la presente resolución y conforme al recurso interpuesto), dado a los alcances de la decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es, si se declara fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el proceso a la instancia de origen para que proceda conforme a lo resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 388 numeral 3) del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 29364, que exige: “(...) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio se precisará si es total o parcial y si es este último, se indicará hasta dónde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en que debe constituir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviere ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado”, en ese sentido la casacionista Margarita Herminia Ahumada Prabia de Rojas, indicará que su pedido es anulatorio, por consiguiente esta Sala Suprema Civil, en primer orden, se pronunciará respecto a la infracción normativa procesal en virtud a los efectos que la misma conlleva y teniendo en cuenta los alcances regulados por el artículo 396 primer párrafo del Código Procesal Civil.

Segundo: Existe infracción normativa, cuando la resolución impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio lógico-jurídico –ratio decidendi– en el que incurre el juzgado (interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso) perjudicial para la resolución de la controversia y nocivo para el sistema jurídico, que se debe subsanar mediante las funciones del recurso de casación.

Tercero: Fundamentando su denuncia procesal, la sucesión de José Guillermo Piccini Martín alega que existe incongruencia interna, pues la Sala de mérito por un lado comparte la idea de que existió omisión en la información por parte de los demandados, para luego concluir que no existe omisión ni mala fe, sin motivar las razones a las que arriba, y como consecuencia de ella, afecta su derecho a la tutela jurisdiccional.

Cuarto: Al subsumir la denuncia precedente (contenida en el tercer fundamento jurídico) cabe anotar que la misma guarda relación con la vulneración al principio probatorio, así como la afectación al debido proceso y la motivación de las resoluciones jurisdiccionales. En ese sentido, es menester indicar que el Derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139 numeral 3) de la Constitución Política del Estado, comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron; norma que resulta concordante con lo preceptuado por los artículos 122 numeral 3) del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quinto: Del mismo modo debe precisarse que la exigencia de la motivación suficiente, prevista en el numeral 5) del referido artículo, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también principios de rango constitucional.

Sexto: Siendo así, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, una de cuya expresiones es el principio de congruencia, exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes y los hechos del proceso y lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo que significa que tienen la obligación de pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y, por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se produce una incongruencia, que altera la relación procesal, transgrediéndose las garantías del debido proceso.

Sétimo: Analizando la causal procesal, esta Sala Suprema advierte que si bien el órgano de mérito concluye que la presente demanda es infundada, porque no se acreditó los supuestos para establecer la responsabilidad civil en los demandados por el daño ocasionado, pues la parte actora como accionista de Upaca Ecovida S.A. debió agotar los medios para tomar conocimiento sobre la situación financiera de la empresa, tal y como lo hizo en el año dos mil cinco y conforme a las cartas notariales de fojas cientos dieciséis a ciento diecisiete, y que aun en el supuesto que los demandados hubiesen contado con la información relativa al ingreso que tendría la empresa no quebranta el deber de información que impone el principio de buena fe contractual toda vez que el demandante pudo hacerse de dicha información usando la diligencia ordinaria, no se evidencia incongruencia formal alguna, toda vez que la decisión se basa sobre la pretensión formulada en la demanda y en respecto a la controversia establecida por el juez de la causa en la audiencia respectiva. Tampoco, se evidencia afectación al principio de tutela jurisdiccional efectiva, ya que, de la revisión de autos, la actora ha podido, a través de los mecanismos que la ley confiere, hacer uso de los mecanismos procesales para hacer valer su derecho, por lo que el recurso de casación en cuanto a este aspecto debe ser declarado infundado.

Octavo: Habiéndose desestimado la infracción procesal, corresponde proceder con el análisis de la norma material de los artículos 212 y 1362 del Código Civil.

Noveno: Fundamentando la infracción del artículo 212 del Código Civil, la recurrente refiere que la Sala Superior inaplicó dicha norma, pues no es posible reafirmar su diligencia para prever un acontecimiento inusual como el ocurrido y conocer la negociación, el cual no era de su dominio.