NUESTRA OPINIÓN
La legitimidad para obrar es un concepto que sigue siendo materia de debate por los procesalistas. Quizá la definición más elaborada es la que “expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor o del demandado, y la persona abstracta a quien la ley le concede acción y contra quien la concede”1. Siendo la legitimidad activa y pasiva una relación lógica, no debe descansar sobre el supuesto de quien posee una situación jurídica material que solo podrá ser esclarecida en la sentencia, sino en una mera atribución de titularidad que corresponda con las exigencias del derecho material.
Por ello bastará en pretensiones indemnizatorias alegar que se sufrió un determinado daño y que tal evento es atribuible a una determinada persona. Aquella detentará legitimidad para obrar activa, y la persona demandada será el legitimado pasivo. La conexión lógica está construida para dar vida a la relación jurídico procesal, independientemente que después se compruebe que el demandado no fue el responsable del daño.
En el caso concreto se cuestiona la legitimidad pasiva del demandado porque su calidad de propietario del bien no basta para atribuirle responsabilidad por los daños ocasionados, sino que es la empresa que tuvo a cargo la remoción de tierra. Al respecto, bien hizo el excepcionante al solicitar la integración de la empresa, pero la determinación de que si tiene responsabilidad o no, se dilucidará en sentencia.
Como bien se expresó en la Cas. Nº 1545-2010-Lima, en el que se discutía la legitimidad pasiva de Backus & Johnston por los incidentes de la denominada “Fiesta Barena”, se expresó que el “hecho de tener legitimidad no conlleva necesariamente que la demanda sea declarada fundada”, por lo que no puede considerarse que los órganos jurisdiccionales hayan adelantado algún tipo de opinión sobre el objeto de la controversia.
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1 Luis Loreto citado por TICONA POSTIGO, Víctor. Análisis y comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I, Grijley, Lima, 1998, p. 260.